Hidrocarburos
«Implementar modelos de Bolivia y Ecuador ahuyentarían inversiones y pondrían en riesgo reservas petroleras y gasíferas»
Los modelos boliviano y ecuatoriano no deben replicarse en la industria hidrocarburífera peruana, por sus fracasos y grandes riesgos que plantean para el crecimiento de la inversión, la producción y las reservas petroleras y gasíferas.
Así lo señalaron el exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli Monrroy y el ex Secretario de Hidrocarburos de Ecuador, Andrés Donoso Fabara, durante su participación en el foro virtual “Modelos de Desarrollo para el Sector Hidrocarburos implementados en Bolivia, Ecuador y Perú”, organizado por la Escuela de Post Grado GĚRENS.
El economista y exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, explicó que entre los años 2005 y 2014, la participación del fisco en la exploración y explotación de hidrocarburos -el llamado upstream- se incrementó debido a la aprobación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos- (IDH), equivalente al 32% de la producción bruta de las empresas, y en menor medida, a la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos, que se produjo en el 2006 durante el gobierno de Evo Morales.
Comentó que el gobierno del expresidente Morales estableció que la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) participará de hasta un 32% adicional de la producción de hidrocarburos en aquellos campos de gas natural que producían 100 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) al año 2005.
Bajo este esquema, -anotó- a las regalías del orden de18% se añadió el IDH ascendiente al 32%, y en algunos casos, también se consideró la participación de YPFB que fluctuó entre 10% y 15%, con lo que la participación total del Estado boliviano en algunos campos llego a ingresos en boca de pozo que oscilaban entre 60 y 65%.
Asimismo, se tomó el control y la regulación de toda la cadena operativa del sector, desde la explotación, refinación, transporte, almacenaje, hasta la comercialización.
Estas medidas -sostuvo- provocaron un incremento efímero de los ingresos fiscales para el Estado boliviano. “Esto se produjo no solamente como resultado de la nacionalización, sino también como consecuencia del aumento de la producción de proyectos que ya estaban en marcha antes de la llegada de Evo Morales; y por el alza de los precios internacionales en la segunda mitad de la década del 2000 (el precio del gas se multiplicó por 10 y el barril de petróleo cotizó sobre los US$ 100)”, añadió.
Medinaceli dijo que en dicho periodo no se brindó ningún tipo de incentivos a la inversión privada y que más bien la política del gobierno se focalizó en la sobreexplotación de los campos gasíferos ya descubiertos, más no se alentaron nuevos proyectos que garanticen la reposición de las reservas de gas natural.
“Las reservas de gas natural disminuyeron de 24 trillones de pies cúbicos en el 2005 a 10 trillones en el 2018, por lo que el Gobierno boliviano se vio obligado a renegociar los contratos de exportación de gas hacia Argentina y Brasil, debido a su incapacidad para cumplir con los compromisos establecidos”, comentó.
Medinaceli, remarcó que, “todas las reformas de corte fiscal y político partidario que se aplicaron en Bolivia dañaron seriamente la estructura institucional del sector hidrocarburífero, generando mayores trabas a la inversión y prácticamente la política energética perdió claridad y horizonte”.
Por el contrario, en el Perú -señaló- aún existe un ordenamiento legal e institucional que permite reglas claras y transparentes, lo que facilita las labores de control y regulación; y da garantías para que el sector privado realice inversiones con un menor riesgo.
Por su parte, Andrés Donoso Fabara, ex Secretario General de Hidrocarburos de Ecuador, manifestó que los cambios que imprimió el ex presidente Rafael Correa en la política energética de su país a partir del 2017 frenaron el crecimiento de la inversión privada en la industria hidrocarburífera.
“Mientras que los precios del petróleo eran bajos, el Estado ecuatoriano estuvo de acuerdo y fomentó la suscripción de contratos de participación que auspiciaban las inversiones de riesgo de las compañías operadoras, pero cuando los precios del petróleo se incrementaron internacionalmente, el Gobierno optó de manera arbitraria por llevar adelante renegociaciones con el fin de adoptar la modalidad actual de prestación de servicios, donde existe el pago de una tarifa por barril producido”, indicó.
Asimismo, explicó que al igual que el caso boliviano la bonanza de los precios internacionales del petróleo significó una mayor captura de la renta petrolera que fue destinada al gasto social; no obstante este esquema se cayó ante la drástica reducción del precio del petróleo en los últimos años, mermando los ingresos fiscales.
Donoso subrayó que el modelo de contratación (en el sector de hidrocarburos) ecuatoriano ha traído serias desventajas a la inversión privada nacional y extranjera por la falta de claridad, certeza y seguridad jurídica que han estado asociados a los constantes cambios normativos, así como a los desincentivos para la fase de exploración.
“Los límites impuestos a las actividades de exploración y explotación han ocasionado que en la actualidad Ecuador sufra una gran incertidumbre en torno a sus reservas petroleras. No se ha descubierto ningún campo significativo, ni se ha desarrollado ningún nuevo horizonte en las regiones en donde se estima que hay un potencial hidrocarburífero”, citó.
En tanto, Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía del Perú, expresó que no es exacto que la industria del gas y petróleo obtiene muchas ganancias y deja poco para nuestro país.
“Las operaciones de producción de hidrocarburos en la industria del gas y el petróleo en el Perú aportan cada año, entre impuestos, contribuciones y otros pagos al Estado, entre el 56% y el 67.7% de sus utilidades en promedio. La carga fiscal efectiva del Lote 88 de Camisea ascendería a un máximo de 75% de sus utilidades”, destacó.
Además, refirió que esta industria genera aproximadamente el 3% del PBI y que en los últimos 12 años el valor agregado generado por el sector asciende a US$ 58,315 millones.
Vásquez expresó que el Modelo Peruano de Gestión de la Industria Hidrocarburífera constituido a partir de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 1993 ha generado recursos suficientes para que las autoridades públicas realicen obras que permitan cerrar las brechas sociales en las zonas de extrema pobreza del país.
“En los últimos 20 años el sector hidrocarburos ha contribuido con S/. 99,177 millones de soles en tributos internos y regalías. Además, se han redistribuido a los gobiernos regionales y locales S/. 47,120 millones de soles entre 1991 y el 2020 por concepto de canon y sobrecanon petrolero y gasífero. Solo en el Cusco, los recursos generados por la industria del gas natural han financiado más del 50% del presupuesto de los gobiernos regional y locales en esta región del sur del país”, precisó.
Sin embargo, -anotó- que la falta de capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales para invertir de manera oportuna y eficiente los fondos provenientes por la explotación de los hidrocarburos es un reto que debe abordar el Estado peruano en su conjunto, a fin de contribuir a la lucha contra la pobreza, cerrar las brechas sociales, y mejorar la calidad de vida de los peruanos.
Lima, 14 de Mayo 2021.
OFICINA DE PRENSA.
Ucayali tiene inventarios para entre 1.5 y 3 días de consumo. Se busca elevarlos a por lo menos 7 días y habilitar temporalmente infraestructura adicional de almacenamiento.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en Ucayali, debido a la capacidad limitada capacidad de almacenamiento y la vulnerabilidad de la cadena de suministro en la región.
La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 352-2026-MINEM/DM, tendrá una vigencia de hasta un año, contado desde el día siguiente de su publicación.
El Gobierno señaló que la disposición permitirá adoptar medidas de corto plazo para brindar mayor seguridad al suministro en la región y contribuir a garantizar la continuidad de actividades económicas, básicas y esenciales necesarias para el desarrollo y bienestar de Ucayali.
Riesgo de interrupciones
Según el informe de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) que sustenta la resolución, Ucayali presenta una vulnerabilidad estructural en el abastecimiento de combustibles líquidos. La infraestructura disponible para almacenar Diesel B5 y Gasolina Regular resulta insuficiente para mantener inventarios que permitan enfrentar eventuales interrupciones en el sistema logístico.
Durante el pronunciamiento conjunto del Ejecutivo, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que actualmente Ucayali cuenta con inventarios equivalentes a entre 1.5 y 3 días de consumo.
Frente a esta situación, el Ejecutivo busca generar las condiciones para elevar esa disponibilidad a por lo menos siete días, de manera que la región cuente con un mayor margen de respuesta ante eventuales interrupciones en la cadena logística y se reduzcan condiciones que puedan favorecer la especulación de precios.
Hidrocarburos
Gobierno acelera acuerdos con privados para reforzar abastecimiento de combustibles en Ucayali
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció la declaratoria de emergencia en el abastecimiento de hidrocarburos en la región Ucayali, como respuesta a las dificultades de suministro y al incremento de los precios de los combustibles. La medida busca elevar los inventarios disponibles en Pucallpa de tres a siete días, reducir la vulnerabilidad del mercado regional y frenar la especulación de precios.
Shinno señaló que la declaratoria será oficializada mediante una resolución ministerial, que permitirá adoptar medidas extraordinarias para fortalecer la disponibilidad de combustibles en la región.
Habilitarán infraestructura para aumentar las reservas
Entre las principales acciones se contempla el uso temporal de infraestructura de almacenamiento que actualmente tiene otros usos industriales, priorizando su acondicionamiento para almacenar diésel 2 y ampliar la capacidad de reserva disponible en Ucayali.
En esta línea, el Gobierno viene coordinando con empresas privadas para incorporar capacidad adicional al sistema de abastecimiento regional.
Aguaytía Energy cederá tanques a Petroperú
Uno de los acuerdos anunciados contempla que Aguaytía Energy ceda temporalmente dos tanques de almacenamiento a Petroperú, con el objetivo de incrementar la capacidad de reserva de la empresa estatal en Pucallpa.
La medida permitirá disponer de infraestructura adicional mientras se implementan soluciones de mayor plazo para garantizar un suministro más estable de combustibles en Ucayali.
Evaluarán instalaciones de Maple Gas
El Minem también inició una evaluación técnica de antiguas instalaciones de almacenamiento, entre ellas las que pertenecieron a Maple Gas, para determinar si pueden ser recuperadas y acondicionadas para contribuir al abastecimiento regional.
Paralelamente, el sector Energía y Minas revisará las disposiciones relacionadas con el contenido de azufre de los combustibles comercializados en la Amazonía, considerando las particularidades logísticas y de abastecimiento de esta zona del país.
Gobierno evalúa subsidio temporal para la selva
Como parte de las medidas de contingencia, el Minem coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de implementar un subsidio temporal y focalizado que permita mitigar el incremento de los costos de los combustibles en la selva.
El conjunto de medidas busca atender la emergencia inmediata, reforzar los inventarios y reducir la exposición de Ucayali a interrupciones en las rutas de abastecimiento, mientras se desarrollan soluciones estructurales para mejorar su seguridad energética.
Hidrocarburos
Viceministra del Minem plantea una política energética de Estado para reforzar la seguridad energética
Antes de asumir nuevamente como viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas expuso en Perú Energía 2026 su visión sobre los principales desafíos del sector, destacando la necesidad de una política energética de largo plazo, mayor redundancia en la infraestructura de hidrocarburos y una reducción de las barreras burocráticas para impulsar nuevas inversiones.
Uno de los principales problemas identificados por Cárdenas es el déficit de infraestructura energética crítica, situación que, a su juicio, limita la competitividad del país y representa un riesgo para la seguridad energética.
En particular, advirtió que los sistemas de transporte de hidrocarburos presentan una insuficiente redundancia física, por lo que resulta necesario desarrollar rutas alternativas y mecanismos de respaldo que permitan mantener el suministro frente a eventuales emergencias o interrupciones.
En este escenario, planteó la necesidad de implementar sistemas tipo looping y otras soluciones que permitan contar con una infraestructura más robusta, descentralizada y capaz de responder ante contingencias.
Hidrocarburos seguirán teniendo un papel estratégico
Cárdenas también puso énfasis en la elevada dependencia de los hidrocarburos que mantiene la matriz energética nacional. Consideró que, pese al proceso de transición energética, en el corto y mediano plazo estos recursos continuarán siendo fundamentales para atender las necesidades energéticas del país.
Por ello, planteó que su papel debe ser definido expresamente dentro de una política energética de Estado, estableciendo una visión clara sobre su desarrollo, aprovechamiento y contribución a la seguridad energética nacional.
La definición de esta estrategia permitiría, además, evitar que las decisiones fundamentales del sector queden sujetas a los cambios de gobierno y a las prioridades de cada administración.
Una política energética que trascienda los gobiernos
Para Cárdenas, el país necesita establecer una política energética de largo plazo, con objetivos que sean respetados por los gobiernos sucesivos y mecanismos que permitan evaluar periódicamente su cumplimiento.
Uno de los elementos propuestos es establecer una rendición de cuentas anual sobre los avances de dicha política, de modo que exista seguimiento sobre las metas relacionadas con infraestructura, inversiones, abastecimiento y desarrollo energético.
La planificación debería ser liderada por el Estado mediante un enfoque integrado, pero su construcción tendría que involucrar a distintos actores políticos y sociales. En particular, consideró necesario generar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar continuidad y estabilidad.
Equilibrio económico, social y ambiental
La política energética también debería incorporar un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental, especialmente en proyectos que involucran recursos ubicados en zonas sensibles o protegidas.
En ese sentido, el desarrollo de infraestructura y el aprovechamiento de los recursos energéticos deben considerar tanto las necesidades de crecimiento económico como los impactos sociales y ambientales asociados a cada proyecto.
Una visión de largo plazo permitiría, además, establecer mecanismos para que los recursos provenientes de los hidrocarburos contribuyan al cierre de las brechas del país, particularmente en infraestructura y servicios esenciales, bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.
Burocracia: una barrera para las inversiones
Otro de los problemas identificados está relacionado con la excesiva burocracia y los largos plazos de los procedimientos administrativos, que pueden retrasar la exploración, el desarrollo de proyectos y las inversiones en infraestructura energética.
Entre los casos señalados se encuentra el levantamiento de líneas base para los estudios ambientales, proceso que puede extenderse hasta dos años. Cárdenas consideró que, tomando en cuenta la experiencia acumulada y el conocimiento existente sobre las actividades y sus impactos, estos procedimientos podrían desarrollarse en plazos considerablemente menores, sin reducir las exigencias ambientales.
La propuesta apunta a mejorar la eficiencia y predictibilidad del sistema regulatorio, evitando que los tiempos administrativos terminen postergando proyectos necesarios para atender la demanda energética futura.
Consulta previa y generación de consensos
En relación con la consulta previa, Cárdenas planteó la necesidad de diferenciarla de los procesos de evaluación de impactos ambientales. Desde su perspectiva, el mecanismo debe concentrarse específicamente en la posible afectación de los derechos colectivos de las comunidades.
Asimismo, consideró necesario que el Estado pase de una visión centrada exclusivamente en el cumplimiento de procedimientos hacia una estrategia de generación de consensos técnicos y sociales.
En esta línea, los instrumentos de gestión ambiental deberían mantener su carácter técnico y permitir procesos más ágiles, sin que ello implique reducir los estándares de protección ambiental o los derechos de las poblaciones involucradas.
El reto de convertir la visión en una hoja de ruta
Los planteamientos de Cárdenas configuran una visión que coloca la seguridad energética, la infraestructura, la inversión y la sostenibilidad como elementos centrales de una estrategia nacional de largo plazo.
Ahora, tras su retorno al Viceministerio de Hidrocarburos, el desafío será determinar cómo estas propuestas pueden traducirse en políticas, proyectos y medidas concretas para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, garantizar el abastecimiento energético y generar condiciones que permitan nuevas inversiones.
El objetivo de fondo es avanzar hacia una política energética que no dependa de los ciclos políticos y que permita al país tomar con anticipación las decisiones necesarias para cerrar las brechas entre la oferta y la demanda, fortalecer su seguridad energética y aprovechar de manera sostenible sus recursos hidrocarburíferos.
DESIGNACIÓN
El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Iris Marleni Cárdenas Pino como viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-EM. La funcionaria retorna a una posición que ya ocupó entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 y reemplaza a Joe Alberto Peralta Pérez.
Economista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Cárdenas cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético, con especialización en desarrollo sostenible y diseño de políticas energéticas.
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