Con 11 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Energía y Minas consideró que no resulta viable delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en asuntos vinculados con el sector. El pronunciamiento será remitido a la Comisión de Constitución, que evalúa la solicitud presentada por el Gobierno.

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados emitió una opinión desfavorable respecto al pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en materias relacionadas con el sector minero-energético. La decisión fue aprobada por 11 votos a favor y ocho en contra.

Según el informe elaborado por el grupo de trabajo, los asuntos vinculados principalmente con la actividad minera requieren un debate amplio y la participación de los diferentes actores políticos, sociales y ciudadanos, debido a sus posibles repercusiones ambientales, económicas y sociales.

El pronunciamiento será enviado a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, instancia que tiene a su cargo el análisis de la solicitud de delegación de facultades presentada por el Gobierno.

¿Qué propone el Ejecutivo?

Entre las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo figura una modificación de las normas relacionadas con la actividad minera, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a las empresas dedicadas a la explotación de minerales. Sin embargo, el pedido no precisa cuáles serían exactamente los cambios que se aplicarían.

Asimismo, el Gobierno solicita facultades para promover una mayor participación de empresas privadas en la exploración, extracción y almacenamiento de petróleo y gas. Para ello, plantea simplificar los procedimientos relacionados con contratos y permisos del sector hidrocarburos.

Debate entre oficialismo y oposición

La decisión de la comisión estuvo precedida por un intercambio de posiciones entre representantes del oficialismo y la oposición.

El diputado Jaime Abensur, de Fuerza Popular, cuestionó la conclusión del informe y sostuvo que la negativa constituye un rechazo sin fundamentos suficientes. Según señaló, el proyecto del Ejecutivo cumple con los requisitos formales y el documento elaborado por la comisión no habría considerado adecuadamente los argumentos expuestos por el Gobierno.

Desde la otra posición, se defendió la necesidad de analizar estos temas con mayor amplitud y con participación de los sectores involucrados. La postura mayoritaria fue que las reformas no deberían aprobarse de manera acelerada debido al impacto que pueden generar en el país.

Ministro de Energía y Minas deberá acudir al Congreso

En la misma sesión, la Comisión de Energía y Minas acordó convocar al ministro Guillermo Shinno para que exponga los principales planes de su cartera y los lineamientos de la Política General del Sector Energía y Minas.

La presentación está prevista para el 15 de setiembre y contará con la participación del titular del sector durante una sesión del grupo de trabajo. La convocatoria fue respaldada por 18 integrantes de la comisión.

Shinno también deberá informar sobre los avances en la elaboración y presentación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Además, los legisladores solicitaron información sobre la situación de las comunidades afectadas por actividades mineras, así como sobre el estado de los recursos naturales que podrían verse afectados por la explotación de estos recursos.

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora Yenifer Paredes, modificó su plan de trabajo luego de las críticas y observaciones formuladas por integrantes de distintas bancadas. Entre los principales cambios, se retiraron las visitas inopinadas a empresas mineras privadas y se amplió la participación de representantes de diferentes sectores de la actividad minera.

El primer plan, presentado la semana anterior, contemplaba la posibilidad de realizar visitas sin previo aviso a empresas privadas y abrir espacios de participación a organizaciones de mineros artesanales. Estas propuestas generaron cuestionamientos de algunos parlamentarios, quienes advirtieron sobre un eventual favorecimiento a determinados sectores de la minería informal y sobre los límites constitucionales del control político sobre empresas privadas.

Tras estas observaciones, el lunes 7 de setiembre los integrantes de la comisión recibieron una nueva versión del documento, que fue sometida a votación al día siguiente. La propuesta modificada fue aprobada por unanimidad.

Se elimina el control sobre empresas privadas

Uno de los principales cambios fue retirar del plan la posibilidad de efectuar visitas inopinadas y acciones de control político directamente sobre empresas mineras privadas.

En el documento anterior, la comisión había planteado realizar visitas de campo a obras públicas y privadas en ejecución, así como a establecimientos vinculados con los sectores minero y energético.

La nueva versión limita estas acciones a obras públicas y establecimientos públicos relacionados con dichas actividades.

Asimismo, el documento establece que cualquier ingreso a instalaciones o propiedad de una empresa privada deberá contar con autorización expresa del titular de la compañía.

Mayor participación del sector minero

El nuevo plan, de 22 páginas, también amplía la representación en las audiencias públicas descentralizadas.

Además de los pequeños mineros y mineros artesanales formales, ahora se contempla la participación de titulares de empresas de mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales, organismos públicos especializados y gremios empresariales vinculados al sector.

De esta manera, la comisión busca incorporar una representación más amplia de los actores relacionados con la actividad minera.

En el plan original, de 16 páginas, se priorizaba la participación de mineros artesanales en las sesiones descentralizadas y mesas de trabajo, disposición que fue cuestionada por la posibilidad de beneficiar a organizaciones vinculadas con la minería informal.

Control político con límites

El nuevo documento precisa que la comisión ejercerá control político sobre organismos e instituciones públicas y autónomas del sector minero-energético.

También realizará seguimiento a las actividades ilegales relacionadas con estas actividades, especialmente la minería ilegal. Sin embargo, deja expresamente establecido que estas acciones no reemplazarán las funciones de fiscalización administrativa que corresponden a entidades como Osinergmin, OEFA, Sunafil y otros organismos del Poder Ejecutivo.

Diputados plantean nuevas prioridades

Durante la sesión, el legislador Frank Krklec, de Renovación Popular, recordó que su bancada había planteado modificaciones al documento inicial y destacó que las observaciones también habían sido expuestas públicamente.

Por su parte, Haydee Poma, de Juntos por el Perú, solicitó que constara en actas su propuesta para que la comisión concentre su labor en dos aspectos: priorizar la Ley Mape y convocar a funcionarios del sector Energía y Minas para abordar las brechas de infraestructura y otros problemas pendientes.

Antes de finalizar la sesión, la comisión acordó convocar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para el 15 de setiembre, con el objetivo de que exponga la política general de su sector ante los integrantes del grupo de trabajo.

Expertos consideran positivo el cambio

El especialista en temas mineros César Ipenza consideró que la comisión debe escuchar a todos los sectores involucrados, incluyendo a las poblaciones afectadas por los impactos de la minería ilegal, y no únicamente a quienes desarrollan esta actividad.

Asimismo, calificó como una corrección positiva la eliminación de las visitas a propiedades privadas, al considerar que los legisladores no tienen atribuciones judiciales para ingresar a instalaciones particulares sin autorización.

En la misma línea, el especialista Iván Arenas sostuvo que la comisión corrigió favorablemente el borrador inicial, aunque consideró necesario coordinar acciones con otras comisiones parlamentarias para abordar problemas complejos como la minería ilegal y sus efectos en las comunidades nativas.

Luego de que un informe de un medio de comunicación revelara cuestionamientos al plan de trabajo de la Comisión de Energía y Minas por una eventual apertura hacia la Confederación Nacional de Federaciones de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros (Confemin), integrantes del grupo parlamentario plantearon modificaciones al documento.

Una de las bancadas que presentó observaciones fue Renovación Popular, mediante los legisladores Félix See Hung Chang, Frank Krklec, José Baella y Gustavo Segura. Los parlamentarios remitieron un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva, Yenifer Paredes Navarro, con una serie de propuestas para reformular la hoja de ruta de la comisión.

Según explicaron, sus aportes buscan mejorar el diagnóstico de la situación del sector minero-energético, especialmente en asuntos relacionados con la minería ilegal, el Reinfo, la Ley MAPE, la seguridad jurídica y la transición energética.

También plantearon que la visión, misión, objetivos y actividades de control, audiencias y visitas sean ajustados a las competencias que corresponden a una comisión ordinaria del Parlamento.

Entre sus propuestas figura además incorporar espacios de diálogo con las autoridades del sector, gremios empresariales y los distintos actores vinculados a la actividad minera y energética. Asimismo, solicitaron establecer principios de actuación, ejes estratégicos y una agenda legislativa propia.

Cuestionamientos al control sobre privados

Renovación Popular no fue la única bancada que expresó reparos. Diethell Columbus, integrante de la Comisión de Energía y Minas por Fuerza Popular, señaló que el pasado 31 de agosto remitió un oficio a Paredes Navarro para solicitar cambios al documento.

Uno de los principales puntos señalados por Columbus fue el alcance del control político. Según sostuvo, esta facultad parlamentaria debe estar dirigida a organismos públicos y no a empresas privadas.

“Yo pedí los ajustes la semana pasada. Antes de la sesión. De forma personal como integrante de la comisión”, afirmó.

Las observaciones coinciden con varios aspectos advertidos previamente por El Comercio, particularmente la propuesta de incorporar a mineros artesanales en las sesiones, lo que habría generado cuestionamientos por un eventual favorecimiento a la Confemin, así como la posibilidad de fiscalizar empresas vinculadas con los sectores minero y energético.

El plan de trabajo será debatido este martes a las 9 de la mañana.

Proponen limitar las facultades de fiscalización

En la propuesta presentada por Renovación Popular se plantea que la comisión ejerza control político únicamente sobre organismos e instituciones públicas y autónomas vinculadas al sector minero-energético.

Asimismo, se propone realizar seguimiento a actividades ilegales, especialmente a la minería ilegal, sin asumir funciones que corresponden a entidades como Osinergmin, OEFA y Sunafil, ni interferir en las labores de investigación del Ministerio Público y el Poder Judicial.

La propuesta inicial de la presidencia de la comisión señalaba, en cambio, que el control político podía alcanzar a organismos públicos, autónomos y privados que desarrollen actividades mineras y energéticas.

Otro punto observado corresponde a las audiencias públicas. Renovación Popular planteó que estos espacios tengan una participación plural, incluyendo a pequeños mineros y mineros artesanales formales, empresas de mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales, organismos públicos especializados, organizaciones de trabajadores y gremios empresariales.

La bancada también precisó que el plan no debe adelantar una posición sobre los futuros dictámenes relacionados con la Ley MAPE y la continuidad del Reinfo.

En el documento original se destacaba principalmente la participación de pequeños mineros y mineros artesanales en las audiencias descentralizadas, debido a su participación en las actividades de exploración y explotación de recursos naturales.

Visitas a empresas privadas

Las visitas inopinadas a instalaciones mineras también fueron materia de observación. Los legisladores de Renovación Popular propusieron que cualquier ingreso a propiedad privada o instalaciones de empresas particulares cuente previamente con la autorización expresa de su titular.

El plan original contemplaba visitas inopinadas a obras públicas y privadas en ejecución, así como a establecimientos vinculados con los sectores minero y energético, con el objetivo de verificar el adecuado uso de recursos públicos.

Desde Fuerza Popular también se pidió mantener una postura equilibrada frente al debate sobre la Ley MAPE y el Reinfo.

Columbus cuestionó que el documento otorgue un “rol protagónico” a los pequeños mineros y mineros artesanales sin reconocer de manera similar a otros actores, como trabajadores, comunidades, consumidores, universidades, gobiernos regionales y empresas formales.

En ese sentido, consideró que las visitas a instalaciones privadas deben efectuarse de manera coordinada y con el consentimiento correspondiente o en conjunto con las entidades supervisoras competentes.

También planteó corregir la inclusión de Petro-Perú y Perú-Petro como ejemplos de “entes privados”, debido a que ambas son empresas estatales que operan bajo un régimen empresarial.

Debate sobre el control político

Renovación Popular sustentó sus observaciones señalando que el control político parlamentario se aplica sobre los actos de gobierno y la administración pública, y no directamente sobre particulares.

“Las empresas privadas del sector no son sujetos pasivos de control político parlamentario”, señalaron los legisladores.

No obstante, precisaron que la comisión sí tiene la facultad de invitar a representantes del sector privado para participar en sus actividades, aunque no correspondería citarlos bajo la figura del control político.

Respecto a la participación de los pequeños mineros y mineros artesanales en audiencias y mesas de trabajo, la bancada sostuvo que el documento original individualiza a un solo grupo de actores.

A su juicio, si se reconoce expresamente la participación de los pequeños mineros y artesanales, también deberían ser considerados los representantes de la mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales y organismos públicos especializados.

El especialista en temas mineros César Ipenza consideró relevantes las observaciones formuladas por ambas bancadas. A su juicio, la modificación resulta necesaria porque la convocatoria exclusiva o predominante a mineros artesanales podría dar la impresión de que el plan está orientado a favorecer a la Confemin.

Ipenza sostuvo que el debate debería incorporar diferentes perspectivas y no concentrarse únicamente en un sector, por lo que consideró necesario convocar también a especialistas y otros actores afectados por las actividades mineras.