El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó para consulta pública el proyecto del nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, una propuesta que busca actualizar el marco normativo vigente desde hace más de 20 años e incentivar nuevas inversiones en la industria del petróleo y gas.

La iniciativa reemplazará al Decreto Supremo N.° 032-2004-EM e incorpora disposiciones acordes con los estándares internacionales y las tecnologías que actualmente utiliza la industria, con el propósito de fortalecer la competitividad del sector hidrocarburífero.

La actualización normativa llega en un contexto de descenso de la producción nacional de petróleo. En mayo de 2026, el país registró una producción de 36,463 barriles diarios, cifra insuficiente para cubrir la demanda interna. De acuerdo con Perupetro, actualmente operan 24 contratos de explotación y solo cinco de exploración.

Cinco ejes de la propuesta

Según Gonzalo Raffo, socio del área de Petróleo y Gas de Hernández & Cía., el proyecto introduce cinco cambios clave orientados a modernizar la actividad y hacer más atractivo al Perú frente a otros mercados productores.

Uno de los principales cambios es la incorporación de un capítulo específico para las operaciones offshore en aguas profundas y ultraprofundas. Este apartado establece requisitos para el uso de sistemas de posicionamiento dinámico, define distancias mínimas de seguridad respecto a las actividades pesqueras e incluye protocolos especializados para la atención de posibles derrames.

Asimismo, la propuesta reconoce el uso de tecnologías empleadas en la industria internacional, entre ellas la perforación direccional, el fracturamiento hidráulico en determinados escenarios y la posibilidad de reevaluar pozos previamente abandonados bajo condiciones específicas.

Más flexibilidad y control tecnológico

El reglamento también propone otorgar mayor flexibilidad regulatoria al permitir que el OSINERGMIN apruebe medidas alternativas o compensatorias, siempre que estas garanticen niveles de seguridad iguales o superiores a los exigidos por la normativa vigente.

Del mismo modo, la Dirección General de Hidrocarburos podrá autorizar la aplicación de nuevos estándares técnicos conforme evolucionen las mejores prácticas internacionales, sin necesidad de modificar el reglamento.

Otra disposición establece que las empresas que se encuentren en etapa de explotación tendrán un plazo de 180 días para presentar un diagnóstico de sus instalaciones y un cronograma de adecuación a las nuevas exigencias. En el caso de las operaciones marítimas, también deberán remitir información técnica a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).

La propuesta incorpora además el Sistema Nacional de Supervisión de la Medición Remota de Hidrocarburos, que permitirá reportar de manera electrónica la producción fiscalizada una vez que entre en funcionamiento la plataforma desarrollada por Perupetro.

Fortalecer la competitividad del sector

Para Raffo, la actualización del reglamento representa una oportunidad para mejorar el atractivo del mercado peruano, considerando el potencial de recursos existentes tanto en la Amazonía como en la costa, incluidas las cuencas offshore.

Sin embargo, precisó que el incremento de las inversiones dependerá también de factores como la estabilidad jurídica, la predictibilidad regulatoria, la simplificación de los permisos y una mayor coordinación entre las entidades públicas.

El especialista sostuvo que, si se implementa de manera efectiva, el nuevo reglamento contribuirá a impulsar nuevos proyectos de exploración, incrementar la producción nacional de hidrocarburos y reducir la dependencia del país de los combustibles importados.

Mientras Petroperú espera el financiamiento anunciado, la Refinería Talara ha paralizado sus operaciones por el cierre de los puertos de la bahía de Talara y por las dificultades financieras para abastecerse de petróleo crudo.

Petroperú anunció la paralización temporal de las operaciones de la Refinería Talara debido a dos factores: el cierre de los puertos de la bahía de Talara por oleaje anómalo y las dificultades que enfrenta la empresa para abastecerse de petróleo crudo, la materia prima utilizada para producir combustibles como diésel, gasolina y GLP, debido a las restricciones de liquidez que enfrenta, léase como la poca disponibilidad de recursos en caja para adquirir este insumo.

Recordemos que la petrolera estatal está a la espera de un financiamiento, anunciado por el Gobierno hace más de dos meses, que contempla una inyección privada de US$2.000 millones, con un «primer tramo puente» de US$500 millones que, en palabras de Proinversión, «tienen como destino la compra de crudo para abastecer las refinerías de Petroperú y asegurar la producción de combustibles en el país». Transcurrido dos meses, este hecho aún no se ha concretado. 

Petroperú prevé reanudar operaciones el 5 de agosto

Según la estatal, la reapertura de las instalaciones portuarias está prevista para el 31 de julio. Una vez que ello ocurra, podrá descargar el petróleo crudo importado y recuperar los inventarios necesarios para reiniciar las operaciones. 

Petroperú estima que las maniobras para poner nuevamente en funcionamiento las unidades de proceso comenzarán a partir del 5 de agosto.

Durante la paralización, la empresa aprovechará para ejecutar trabajos de mantenimiento en distintos sistemas de la refinería, entre ellos el sistema de agua de mar, el circuito cerrado de enfriamiento y cubículos eléctricos, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad de las operaciones.

Petroperú asegura abastecimiento de combustibles

Pese a la suspensión temporal de las operaciones, Petroperú afirmó que dispone de inventarios suficientes de combustibles para abastecer con normalidad a sus clientes a través de su red de plantas de ventas y terminales.

La empresa afirmó que el suministro al mercado no se verá afectado y que las operaciones se normalizarán una vez se restablezcan las condiciones marítimas y se complete el abastecimiento de petróleo crudo.

Responsabilidades

Para Sutpedarg el responsable de la falta de liquidez en Petro-Perú es ProInversión por su ‘inacción’ en librar los recursos financieros prometidos en el marco del Decreto de Urgencia N° 003-2026, del 11 de mayo del 2026.

Como se sabe, dicho DU dispone hasta US$2.000 millones para la estatal, pero condicionado a la conformación de una sociedad o vehículo de propósito especial (SPV) que será manejado exclusivamente por ProInversión. Esto, previa aprobación del Directorio de Petro-Perú.

De hecho, se sabe que el SPV debió haber sido aprobado por el Directorio de la estatal hace dos semanas, de tal manera que la empresa pudiera contar con un adelanto inmediato de US$500 millones para “comprar crudo y pagar a sus proveedores”.

Esta demora motivó que ProInversion dirigiese (20 de julio) una misiva a Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petro-Perú, instándolo a sostener una reunión para inquirir el porqué de la demora y “evitar mayores dilaciones”.

En su misiva, la agencia de promoción de las inversiones alertaba que la falta de formalización de los actos societarios “afecta directamente la estructuración e implementación de los instrumentos requeridos para la canalización de recursos”.

Y añadía que “esta indefinición pone en inminente riesgo la capacidad operativa de la compañía, debido a las repercusiones inmediatas que generan dichos retrasos sobre la cadena de pagos”.

Trascendió que la reunión entre Petro-Perú y ProInversión, pactada para el 22 de julio, no se llevó a cabo debido a “un inconveniente de fuerza mayor” alegado por la petrolera.

Al respecto, esta precisóque la reunión se concretó el 24 de julio y que en ella se coordinaron aspectos vinculados al proceso de reorganización patrimonial.

Fuente: El Comercio / RPP

El proyecto de ley que solicita delegación de facultades legislativas al Congreso incorpora medidas orientadas a simplificar procedimientos, otorgar mayor seguridad jurídica a las inversiones y fortalecer el marco normativo del sector hidrocarburos, con el objetivo de acelerar proyectos estratégicos para el país.

Delegación de facultades incluye medidas para el sector hidrocarburos

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para que se le deleguen facultades legislativas por un plazo determinado en diversas materias económicas, de inversión y modernización del Estado. Dentro de los ejes planteados, el documento incorpora expresamente al sector hidrocarburos, proponiendo fortalecer su marco normativo y regulatorio como parte de la estrategia para dinamizar la inversión privada.

La iniciativa sostiene que es necesario actualizar las normas que regulan actividades estratégicas para brindar mayor predictibilidad a los inversionistas y facilitar el desarrollo de proyectos vinculados a la exploración, explotación, transporte y distribución de recursos energéticos.

Simplificación administrativa y mayor seguridad para las inversiones

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la implementación de medidas destinadas a reducir la burocracia y agilizar la aprobación de proyectos de inversión.

Para ello, el Ejecutivo plantea aprobar normas que permitan:

• fortalecer la presunción de veracidad y el silencio administrativo positivo;
• garantizar la estabilidad de permisos y autorizaciones ya otorgados;
• simplificar procedimientos para la obtención de licencias, autorizaciones y títulos habilitantes;
• eliminar superposiciones e interferencias administrativas que retrasan el desarrollo de proyectos de infraestructura e inversión.

Asimismo, propone optimizar el marco de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos, redefiniendo competencias entre entidades públicas e incorporando mecanismos que otorguen mayor seguridad jurídica a la inversión privada.

Fortalecimiento normativo para hidrocarburos

En lo que respecta al sector hidrocarburos, el proyecto plantea fortalecer el marco legal con el propósito de facilitar la ejecución de inversiones consideradas estratégicas.

Si bien el texto no modifica directamente la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sí solicita facultades para emitir normas que permitan:

• mejorar la regulación aplicable a proyectos de inversión;
• reducir cargas administrativas;
• agilizar permisos y autorizaciones;
• brindar mayor estabilidad regulatoria para inversionistas;
• fortalecer la seguridad jurídica durante la ejecución de proyectos.

Estas medidas buscan responder a uno de los principales problemas señalados por el sector energético: la demora en la tramitación de permisos y la falta de predictibilidad regulatoria que afectan el desarrollo de nuevas inversiones.

Reforma del Estado y protección de proyectos estratégicos

El proyecto también contempla una reforma orientada a modernizar la administración pública, incluyendo la reorganización de entidades del Poder Ejecutivo, el fortalecimiento de la meritocracia y la creación de mecanismos que otorguen mayor seguridad jurídica a los funcionarios que participan en la aprobación y ejecución de grandes proyectos de inversión.

Además, propone establecer mecanismos de participación técnica institucional cuando procesos judiciales puedan afectar la continuidad o ejecución de contratos de concesión, APP o proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.

Normas podrían aprobarse mediante decretos legislativos

El proyecto establece que, de aprobarse la delegación de facultades, los decretos legislativos y sus normas reglamentarias estarán exceptuados de diversos procedimientos previos de mejora regulatoria, como la agenda temprana, la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio ex ante, aunque deberán contar con su respectiva exposición de motivos e informes técnico, legal y presupuestal.