Luego de que un informe de un medio de comunicación revelara cuestionamientos al plan de trabajo de la Comisión de Energía y Minas por una eventual apertura hacia la Confederación Nacional de Federaciones de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros (Confemin), integrantes del grupo parlamentario plantearon modificaciones al documento.

Una de las bancadas que presentó observaciones fue Renovación Popular, mediante los legisladores Félix See Hung Chang, Frank Krklec, José Baella y Gustavo Segura. Los parlamentarios remitieron un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva, Yenifer Paredes Navarro, con una serie de propuestas para reformular la hoja de ruta de la comisión.

Según explicaron, sus aportes buscan mejorar el diagnóstico de la situación del sector minero-energético, especialmente en asuntos relacionados con la minería ilegal, el Reinfo, la Ley MAPE, la seguridad jurídica y la transición energética.

También plantearon que la visión, misión, objetivos y actividades de control, audiencias y visitas sean ajustados a las competencias que corresponden a una comisión ordinaria del Parlamento.

Entre sus propuestas figura además incorporar espacios de diálogo con las autoridades del sector, gremios empresariales y los distintos actores vinculados a la actividad minera y energética. Asimismo, solicitaron establecer principios de actuación, ejes estratégicos y una agenda legislativa propia.

Cuestionamientos al control sobre privados

Renovación Popular no fue la única bancada que expresó reparos. Diethell Columbus, integrante de la Comisión de Energía y Minas por Fuerza Popular, señaló que el pasado 31 de agosto remitió un oficio a Paredes Navarro para solicitar cambios al documento.

Uno de los principales puntos señalados por Columbus fue el alcance del control político. Según sostuvo, esta facultad parlamentaria debe estar dirigida a organismos públicos y no a empresas privadas.

“Yo pedí los ajustes la semana pasada. Antes de la sesión. De forma personal como integrante de la comisión”, afirmó.

Las observaciones coinciden con varios aspectos advertidos previamente por El Comercio, particularmente la propuesta de incorporar a mineros artesanales en las sesiones, lo que habría generado cuestionamientos por un eventual favorecimiento a la Confemin, así como la posibilidad de fiscalizar empresas vinculadas con los sectores minero y energético.

El plan de trabajo será debatido este martes a las 9 de la mañana.

Proponen limitar las facultades de fiscalización

En la propuesta presentada por Renovación Popular se plantea que la comisión ejerza control político únicamente sobre organismos e instituciones públicas y autónomas vinculadas al sector minero-energético.

Asimismo, se propone realizar seguimiento a actividades ilegales, especialmente a la minería ilegal, sin asumir funciones que corresponden a entidades como Osinergmin, OEFA y Sunafil, ni interferir en las labores de investigación del Ministerio Público y el Poder Judicial.

La propuesta inicial de la presidencia de la comisión señalaba, en cambio, que el control político podía alcanzar a organismos públicos, autónomos y privados que desarrollen actividades mineras y energéticas.

Otro punto observado corresponde a las audiencias públicas. Renovación Popular planteó que estos espacios tengan una participación plural, incluyendo a pequeños mineros y mineros artesanales formales, empresas de mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales, organismos públicos especializados, organizaciones de trabajadores y gremios empresariales.

La bancada también precisó que el plan no debe adelantar una posición sobre los futuros dictámenes relacionados con la Ley MAPE y la continuidad del Reinfo.

En el documento original se destacaba principalmente la participación de pequeños mineros y mineros artesanales en las audiencias descentralizadas, debido a su participación en las actividades de exploración y explotación de recursos naturales.

Visitas a empresas privadas

Las visitas inopinadas a instalaciones mineras también fueron materia de observación. Los legisladores de Renovación Popular propusieron que cualquier ingreso a propiedad privada o instalaciones de empresas particulares cuente previamente con la autorización expresa de su titular.

El plan original contemplaba visitas inopinadas a obras públicas y privadas en ejecución, así como a establecimientos vinculados con los sectores minero y energético, con el objetivo de verificar el adecuado uso de recursos públicos.

Desde Fuerza Popular también se pidió mantener una postura equilibrada frente al debate sobre la Ley MAPE y el Reinfo.

Columbus cuestionó que el documento otorgue un “rol protagónico” a los pequeños mineros y mineros artesanales sin reconocer de manera similar a otros actores, como trabajadores, comunidades, consumidores, universidades, gobiernos regionales y empresas formales.

En ese sentido, consideró que las visitas a instalaciones privadas deben efectuarse de manera coordinada y con el consentimiento correspondiente o en conjunto con las entidades supervisoras competentes.

También planteó corregir la inclusión de Petro-Perú y Perú-Petro como ejemplos de “entes privados”, debido a que ambas son empresas estatales que operan bajo un régimen empresarial.

Debate sobre el control político

Renovación Popular sustentó sus observaciones señalando que el control político parlamentario se aplica sobre los actos de gobierno y la administración pública, y no directamente sobre particulares.

“Las empresas privadas del sector no son sujetos pasivos de control político parlamentario”, señalaron los legisladores.

No obstante, precisaron que la comisión sí tiene la facultad de invitar a representantes del sector privado para participar en sus actividades, aunque no correspondería citarlos bajo la figura del control político.

Respecto a la participación de los pequeños mineros y mineros artesanales en audiencias y mesas de trabajo, la bancada sostuvo que el documento original individualiza a un solo grupo de actores.

A su juicio, si se reconoce expresamente la participación de los pequeños mineros y artesanales, también deberían ser considerados los representantes de la mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales y organismos públicos especializados.

El especialista en temas mineros César Ipenza consideró relevantes las observaciones formuladas por ambas bancadas. A su juicio, la modificación resulta necesaria porque la convocatoria exclusiva o predominante a mineros artesanales podría dar la impresión de que el plan está orientado a favorecer a la Confemin.

Ipenza sostuvo que el debate debería incorporar diferentes perspectivas y no concentrarse únicamente en un sector, por lo que consideró necesario convocar también a especialistas y otros actores afectados por las actividades mineras.

Los usuarios residenciales y comerciales del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) mantendrán sin modificaciones sus tarifas eléctricas durante setiembre de 2026, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), luego de efectuar la revisión mensual prevista por la normativa vigente.

De acuerdo con la evaluación realizada, las tarifas del SEIN conservarán los mismos valores aplicados en agosto. En consecuencia, desde el 4 de setiembre no se producirán aumentos ni reducciones en los recibos de electricidad. Los montos establecidos consideran los costos eficientes correspondientes a la generación, transmisión y distribución de energía.

Una situación distinta se presentará en los Sistemas Eléctricos Aislados, que abastecen a localidades que no se encuentran interconectadas al SEIN. En estos sistemas, los usuarios residenciales afrontarán una variación promedio de 0,84%, mientras que para los usuarios comerciales e industriales el ajuste será de 1,09%.

Osinergmin explicó que estas modificaciones responden a la aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, las cuales toman en cuenta diversos factores económicos, entre ellos la evolución del Índice de Precios al por Mayor (IPM) y los precios de los combustibles, como el diésel.

La revisión de las tarifas eléctricas se realiza de manera mensual y considera variables que pueden incidir en los costos de generación, transmisión y distribución. Entre ellas figuran el IPM, el tipo de cambio, el precio del gas natural, los combustibles y las cotizaciones internacionales del cobre y el aluminio.

También se toman en consideración los contratos celebrados entre las empresas generadoras y distribuidoras para garantizar el suministro de electricidad a los usuarios. Con este mecanismo, la actualización tarifaria busca que los precios reflejen la evolución de los costos y condiciones económicas contempladas en el marco regulatorio.

El organismo regulador señaló que continuará desarrollando sus funciones con criterios de predictibilidad y seguridad, con el propósito de generar confianza, favorecer inversiones sostenibles en el sector eléctrico y proteger los intereses de los usuarios.

o   Gobernadora regional Gilia Gutiérrez reconoció la decisión política del gobierno en tomar acciones para atender la problemática ambiental.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) suscribieron un convenio de asignación para la elaboración del expediente técnico y la ejecución física del proyecto de remediación de los componentes ambientales declarados incumplidos en la ex Unidad Minera Florencia Tucari, ubicados en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua.

“Este convenio es un paso firme y necesario para atender una problemática ambiental que durante años ha significado una preocupación legítima para las comunidades y población que dependen de las aguas de la cuenca del río Coralaque”, sostuvo la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, durante su participación en este acto.

Acotó que el MINEM a través de este Convenio, ha asumido el compromiso de garantizar la disponibilidad y sostenibilidad presupuestal del proyecto, habiendo previsto la transferencia de recursos para los estudios, habilitar los recursos conforme se den los avances y efectuando conjuntamente con la ANIN, el seguimiento riguroso de la ejecución del proyecto.

A su turno, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, reconoció la decisión política del gobierno en hacer lo que por muchos años los moqueguanos estaban esperando. “Tomar acción y darle solución a una problemática como es la contaminación del río Coralaque”, remarcó.

En ese sentido, la autoridad regional saludó la decisión de la suscripción de este convenio, por cuanto va a permitir “recuperar la confianza de los ciudadanos que poco a poco la fueron perdiendo ante un Estado que poco hizo en los años anteriores por Coralaque”, puntualizó.

En tanto, Hernán Yaipén Arestegui, jefe de la ANIN, precisó que su entidad asume un desafío complejo con responsabilidad, pues ofrecen una intervención que requiere planificación, ingeniería, gestión ambiental, y capacidad de ejecución.

“Agradecemos al MINEM por la decisión política de encargarnos de este proyecto. Sabemos que recuperar un territorio afectado no ocurre de un día a otro para otro. Requiere decisiones técnicas, responsabilidad rigorosa, seguimiento permanente y continuidad en el tiempo”, puntualizó.

El convenio fue suscrito por la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, en representación del MINEM, y Sergio Atarama Martínez, gerente general de la ANIN, ante la presencia de altos funcionarios del GORE Moquegua, la ANIN y del MINEM.