La propuesta del Congreso de la República para restringir el acceso al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) únicamente a los hogares pobres validados por el SISFOH no solo ha generado críticas por su impacto social: también encendería una grave distorsión en el mercado energético peruano. De aprobarse el Proyecto de Ley 09268/2024-CR, el principal beneficiado sería el sector del GLP, un combustible que el Perú importa en más del 70%, mientras que el gas natural —producido localmente y más económico— perdería competitividad justo en pleno proceso de masificación.

Subsidio solo para el GLP

Juan Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Instaladoras, advierte que la medida crearía un desequilibrio evidente: el GLP seguiría recibiendo el subsidio del Vale FISE, mientras que las conexiones al gas natural por red dejarían de estar respaldadas por el Estado.

Esto implica que, en la práctica, el GLP estaría subsidiado y el gas natural desincentivado, incluso cuando el primero depende del mercado internacional y es más susceptible a variaciones de precio. El gas natural peruano, por el contrario, es un recurso nacional, abundante y más económico.

El GLP ya tiene terreno ganado

En varias regiones del país, el GLP viene recuperando presencia debido al lento avance de la masificación del gas natural. Si el subsidio para conexiones por red se elimina:

• miles de familias permanecerán atadas al cilindro de gas,
• enfrentarán precios más altos y mayor volatilidad,
• y se frenará la expansión del gas natural domiciliario, pese a que el Perú sí produce este energético.

“El proyecto provocaría un encarecimiento artificial del gas natural, justo cuando se busca una matriz más limpia y barata”, enfatiza Fernández.

El impacto es significativo

El impacto no solo recaerá en hogares. Comercios, pequeñas empresas y transportistas serían fuertemente golpeados:

• Hoy, cerca de 30.000 negocios acceden a tarifas de gas natural con apoyo del FISE.
• Con el recorte, muchos tendrían que volver al GLP o a combustibles aún más costosos.
• Las conversiones vehiculares a GNV —que ya superan las 300.000— se paralizarían al desaparecer el subsidio.

Esto afectaría directamente la transición hacia un transporte urbano más económico y menos contaminante, una meta que el país viene persiguiendo hace más de una década.

¿Y la seguridad energética?

El riesgo más grave es estratégico: darle ventaja a un combustible importado mientras se penaliza uno producido en el Perú. Para los especialistas, este escenario contradice cualquier política de soberanía energética.

“¿Por qué privilegiar un energético importado en un país que produce gas natural?”, cuestionan los gremios. La respuesta, por ahora, sigue sin claridad en el Congreso.

El Congreso de la República continúa evaluando el Proyecto de Ley 09268/2024-CR, que propone restringir el acceso al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) únicamente a los hogares pobres validados por el SISFOH. Sin embargo, documentos oficiales revelan que desde diciembre de 2024 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ya había concluido que esta iniciativa “no resulta viable”, tras remitir su análisis técnico a la Comisión de Energía y Minas mediante el Oficio Nº 258-2024/MINEM/DM.

En aquella oportunidad, la Comisión -entonces presidida por el congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona- solicitó opinión técnica sobre la propuesta legislativa. La respuesta del MINEM fue categórica: el SISFOH no es un mecanismo adecuado para focalizar la pobreza energética, y su uso podría dejar sin atención a millones de hogares actualmente beneficiarios del FISE.

El SISFOH no mide pobreza energética

El MINEM sostuvo que el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), administrado por el MIDIS, clasifica a la población en función de su pobreza monetaria. Sin embargo, ese parámetro no identifica si un hogar enfrenta pobreza energética, es decir, si carece de acceso a energéticos modernos y seguros para necesidades básicas como iluminación, cocción o refrigeración.

El informe también advirtió que el SISFOH presenta deficiencias operativas y limitaciones presupuestales previamente señaladas por la Contraloría y el propio MIDIS. Por ello, utilizarlo como filtro para el FISE no garantizaría una selección eficiente ni oportuna de beneficiarios.

Más de 1.6 millones de hogares rurales quedarían fuera del FISE

Según el análisis del MINEM, si el Congreso aprobara la modificación, más de 1.6 millones de hogares rurales -equivalentes a 6.5 millones de personas en pobreza o vulnerabilidad- perderían el acceso al FISE.

Estas familias están entre las más expuestas a la pobreza energética, dado que en zonas rurales la mayoría aún utiliza biomasa para cocinar, lo que incrementa riesgos sanitarios y limita su acceso a energías limpias.

2.5 millones de hogares urbanos vulnerables también serían excluidos

El informe agrega que, si bien en las ciudades la proporción de hogares que usan biomasa es menor, el proyecto de ley propone priorizar únicamente a zonas rurales. Bajo ese criterio, más de 2.5 millones de hogares urbanos con señales de pobreza energética quedarían descartados del subsidio, pese a que necesitan apoyo para dejar de usar leña o carbón en la cocción de alimentos.

Usar el SISFOH haría ineficiente la lucha contra la pobreza energética

El MINEM enfatizó que el SISFOH no solo mide otra realidad (pobreza monetaria), sino que además enfrenta problemas de actualización, operatividad y financiamiento. Por ello, la propuesta legislativa:

• no permitiría identificar correctamente a quienes carecen de acceso energético,
• reduciría el impacto social del FISE,
• y dificultaría la expansión de programas como el Vale de Descuento GLP o las conexiones subsidiadas al gas natural.

El informe jurídico del ministerio -basado en el Informe Nº 0228-2024/MINEM-DGH-FISE de la Dirección General de Hidrocarburos- concluyó formalmente que el Proyecto de Ley 09268/2024-CR no es viable en términos técnicos, sociales ni operativos.

Pese a las advertencias, el Congreso reactivó el debate

A pesar de contar con esta posición oficial desde diciembre de 2024, el Congreso reactivó el debate del proyecto en 2025, generando preocupación en el sector energético y entre especialistas que alertan del riesgo de retroceder en los avances de masificación del gas natural y en la reducción de la pobreza energética en el país.

Si el Parlamento decide aprobar la iniciativa, el Perú podría enfrentarse a uno de los mayores retrocesos en acceso a energía limpia y asequible en la última década.

El Congreso de la República debate el Proyecto de Ley 09268/2024-CR, una iniciativa que busca limitar el subsidio del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) solo a los hogares pobres registrados en el SISFOH, una medida que, según especialistas, encarecería las conexiones al gas natural y podría detener el proceso de masificación en varias regiones del país.

Juan Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Instaladoras advierte que el cambio elevaría la conexión doméstica a un promedio de 2.280 soles solo por un punto básico de gas. 

Este aumento afectaría directamente a hogares de estratos medios que hoy dependen del subsidio para acceder al servicio. El gremio señala que la falta de inversión y paralización de nuevas redes ya tiene al sector al borde del colapso.

El proyecto plantea que solo los hogares pobres según el SISFOH sean beneficiarios del FISE. Pero en Perú, miles de familias de estratos 1, 2 y 3 no están registradas formalmente, lo que provocaría una exclusión automática. ¿Qué ocurriría con todas esas familias que hoy pagan menos de 40 soles en recibo de gas gracias al subsidio?

De aplicarse, la restricción afectaría especialmente a regiones donde la expansión del servicio recién empieza: Ayacucho, Ica, Puno, Cusco, Junín, Huancavelica, Andahuaylas y Ucayali, además de Áncash, Piura, Tumbes, Cajamarca y Trujillo. En el sur, Arequipa, Moquegua y Tacna también enfrentarían retrasos forzados.

Crisis

El sector de las empresas instaladoras de gas enfrenta un escenario crítico. De las más de 650 empresas instaladoras que existían hace algunos años, solo quedan 480 activas, y muchas sobreviven con dificultades debido a la falta de nuevos proyectos, paralizaciones y baja inversión en redes regionales. El gremio advierte que miles de empleos podrían desaparecer.

La incertidumbre también golpea a provincias del norte chico de Lima, como Chancay, Huacho y Huaral, donde la expansión del gas natural lleva años de retraso y ahora corre riesgo de descontinuarse.

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