El pasado 10 de setiembre, el directorio de Petroperú, que presidía Oliver Stark, presentó su renuncia ante la falta de respuesta del Gobierno para decidir una salida a la crisis por la que atraviesa.

Dicho directorio había enviado un comunicado, semana antes, informando que la empresa estaba en medio de una crisis financiera, insostenible.

La única respuesta del Gobierno fue “lanzarle otro salvataje” que implican unos $750 millones.

El economista y congresista Carlos Anderson, dijo el no nombrar un directorio es un mensaje muy malo del Gobierno.

“No les importa porque no es plata de ellos, si fuera plata de sus bolsillos no serian tan generosos para soltarla. Hay una tremenda irresponsabilidad con el país”, comentó.

Afirmó que no se puede haber entregado $3,500 millones a una empresa, en menos de tres años, sin pedir nada a cambio.

Chancay

Así, comparó lo que se está invirtiendo en Chancay, $1300 millones, que está transformando el norte chico, creando un polo de desarrollo.

“Con lo entregado a Petroperú se construían dos puertos de Chancay y medio, se pudo dinamizar el país, que tanto lo necesita, sobre todo generar empleos para los jóvenes”, manifestó.

Anderson indicó que los responsables dela situación de Petroperú son los ministros de Economía (José Arista) y de Energía y Minas (Rómulo Mucho).

“Ellos deberían asistir este jueves al Congreso para que respondan a las interrogantes sobre la situación de Petroperú”, precisó.

El economista recordó que el Gobierno anunció que nombraría un nuevo directorio (durante la semana pasada), pero hasta la fecha se desconoce alguna decisión.

Dijo que el Gobierno insiste en aplicar un manejo político, no técnico, en la empresa.

“Ha soltado nombre de toda la gente que son realmente medio responsables de la crisis, no presentables para la situación”, aseveró.

Fuente: Diario Correo

La construcción de la petroquímica en Arequipa, sigue siendo una prioridad para el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, quien solicitó la mediación del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, para que esta se haga realidad en el menor tiempo posible.

El gobernador del Gobierno Regional de Arequipa, fue citado a dicho ministerio para comunicarle los avances que se tiene en la viabilización del proyecto que permitirá ampliar las líneas de ductos de gas natural hacia las regiones del sur del país.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que permitirá la instalación de la petroquímica en Arequipa y con ello, la fabricación de insumos para la agricultura y muchos otros productos asociados.

El gobernador Sánchez, también comentó al titular de Energía y Minas sobre los acuerdos que se tiene con los empresarios canadienses respecto a la instalación de la planta de Hidrógeno Verde, con una inversión de dos mil 500 millones de dólares, que implica la instalación de 3 mil millones de paneles solares en un terreno de las pampas de La Joya.

A dichos proyectos se suma la construcción de una central eólica de 20 MW y generar electricidad para el primer Parque Minero Metalúrgico que desarrollará actividades mineras a pequeña escala, respetando los estándares ambientales en sus etapas y procesos, el que estará ubicado en la provincia de Caravelí.

Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho -Chosica y Ventanilla, son los distritos de Lima y Callao que entrarán en estado de emergencia por 60 días, según lo anunciado por el Ejecutivo para garantizar la seguridad ciudadana en el marco del paro de transportistas. De esta manera, corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas.

Esta medida entrará en vigor una vez publicada en las Normas Legales del diario El Peruano, y de ameritarlo podría extenderse a otros distritos de la capital. Pero, ¿qué implica el estado de emergencia? ¿Las empresas podrán continuar sus actividades económicas? ¿Los trabajadores podrán laborar con normalidad?

Carlos Cadillo, socio de Miranda & Amado, señala que el anuncio de la declaratoria del estado de emergencia responde a una coyuntura de inseguridad ciudadana. El año pasado existió una declaratoria similar por una justificación parecida, la cual se aplicó en determinadas provincias y departamentos por un plazo determinado inicial, que se fue prorrogando.

En aquella ocasión, se suspendieron los derechos constitucionales a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Además, se establecieron reglas de inmovilización social obligatoria, en uno de los departamentos y al inicio, durante algunos días. Sin embargo, no existieron reglas específicas para el ámbito laboral, recuerda.

En esta oportunidad, el anuncio de la declaratoria del estado de emergencia tampoco incluye medidas específicas para las empresas y los trabajadores. Se tendrá que esperar a la publicación del decreto supremo. Sin embargo, parece que las actividades económicas y laborales se desarrollarán con regularidad en los distritos en mención; pues, el mensaje se enfoca en medidas específicas para garantizar el orden interno. En todo caso, al tratarse de un estado de emergencia es una medida excepcional y de duración temporal, precisa el especialista en derecho laboral.

Recomendaciones

Respecto a las dificultades de traslado y las tardanzas causadas por el paro de transportistas el día de ayer (jueves 26 de setiembre), el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado. Como se tratan de circunstancias excepcionales, en este documento recomendó que se priorice el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, cuando sea posible por la naturaleza de las labores; se ofrezca una tolerancia de dos a cuatro horas; se permita recuperar el tiempo no laborado, en una oportunidad que acuerden las partes o, en su defecto, que decida el empleador; se brinden otras medidas flexibles; y no se considere la tardanza injustificada como falta laboral sancionable con una medida disciplinaria. Carlos Cadillo, precisa que de darse un nuevo paro de transportistas o alguna situación similar, los empleadores pueden evaluar estas medidas o encontrar otras, siempre que sean viables a su situación particular. Adicionalmente, es recomendable estar en contacto con los trabajadores para conocer las dificultades que pueden tener, establecer canales de comunicación eficaces o utilizar los existentes y los medios electrónicos o digitales, y comunicar aquella información necesaria ante situaciones excepcionales o urgentes.