Iris Cárdenas destacó alternativas para abastecer de gas natural al Cusco y otras localidades, mientras avanzan las iniciativas para ampliar la cobertura del servicio en el centro y sur del país.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reafirmó su compromiso de impulsar la masificación del gas natural en las regiones del Perú, con el propósito de facilitar el acceso de más ciudadanos a una fuente de energía menos contaminante y de menor costo. Así lo señaló la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino, durante la primera sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, realizada en el paraninfo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

La funcionaria explicó que, debido al tiempo que demandaría construir un gasoducto, estimado entre siete y ocho años, es necesario implementar mecanismos alternativos que permitan llevar este recurso a las zonas que aún no cuentan con el servicio.

“Lo que se quiere es que el Cusco y otras regiones del país tengan el gas natural, para mejorar su calidad de vida”, manifestó Cárdenas, al destacar la importancia de avanzar con soluciones que respondan a las necesidades de la población.

Proyecto piloto abastece de gas natural a hogares del Cusco

Como parte de estas iniciativas, la viceministra resaltó el proyecto piloto de masificación del gas natural desarrollado en el distrito de San Jerónimo, en Cusco, con financiamiento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

El sistema permite trasladar el combustible mediante camiones cisterna desde la planta de Perú LNG, ubicada en Pampa Melchorita, región Ica. Posteriormente, el gas se distribuye a los hogares a través de redes instaladas en la zona, como una alternativa mientras se desarrollan proyectos de infraestructura de mayor alcance.

Buscan que Cusco pague una tarifa similar a la de Lima

Cárdenas también indicó que el proyecto Siete Regiones, actualmente en evaluación por el Ejecutivo, contempla un mecanismo para que los usuarios del Cusco accedan a una tarifa de gas natural equivalente a la de Lima.

La propuesta considera utilizar la demanda del mercado limeño para contribuir a subsidiar los costos de abastecimiento en otras regiones, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio y reducir las diferencias tarifarias entre las zonas atendidas.

Gasoducto Sur Peruano y proyecto SITGAS

En relación con el Gasoducto Sur Peruano, la viceministra señaló que la obra alcanzó únicamente un avance físico del 11%. Asimismo, precisó que el Estado recibió parte de los bienes vinculados al proyecto en calidad de poseedor, pero no como propietario, por lo que no puede disponer de ellos hasta que se resuelvan los procesos arbitrales pendientes.

Por otro lado, informó sobre el Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural en el Sur del Perú (SITGAS), iniciativa que busca extender el suministro hacia Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. El proyecto requiere una inversión estimada de US$ 4.320 millones.

Según explicó Cárdenas, ProInversión declaró desiertos los procesos de licitación correspondientes a la segunda etapa durante 2023 y 2024, debido a la falta de postores, pese a que previamente se habían aprobado los términos de referencia para su ejecución.

Adenda de Cálidda contempla siete regiones

La viceministra también se refirió a la propuesta de adenda presentada por Cálidda para modificar su contrato BOOT de distribución de gas natural en Lima y Callao.

La iniciativa plantea ampliar el ámbito de la concesión para incorporar 15 localidades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. De acuerdo con lo informado, la propuesta considera una inversión de US$ 550 millones y busca alcanzar a 201.411 usuarios conectados.

Con estas iniciativas, el Minem busca avanzar en la expansión del gas natural fuera de Lima. Sin embargo, la concreción de los proyectos dependerá de la evaluación de las propuestas, la disponibilidad de inversiones y la solución de los aspectos técnicos, contractuales y financieros pendientes.

El gremio advierte que extender la concesión de Cálidda mediante una adenda podría afectar la competencia, las condiciones de los contratos BOOT y las tarifas que pagan los usuarios. Plantea que los nuevos proyectos se adjudiquen mediante concursos públicos transparentes.

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) manifestó su preocupación por la propuesta de ampliar la concesión de Cálidda a través de una adenda contractual y señaló que la expansión del servicio de gas natural hacia el centro y sur del país debe desarrollarse bajo criterios de transparencia, competencia y seguridad jurídica.

Mediante el Pronunciamiento N.° 007-2026-CIP-CN, fechado el 13 de octubre de 2026, la institución reconoció la importancia de acelerar la masificación del gas natural, pero cuestionó que nuevos proyectos puedan incorporarse a una concesión existente sin pasar por un proceso de selección competitivo.

El documento lleva las firmas del decano nacional del CIP, Jaime Antonio Ruiz Béjar, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Energía, Maribel Flora Fernández Rengifo.

CIP advierte sobre la incorporación de nuevos proyectos mediante una adenda

Uno de los principales cuestionamientos del Colegio de Ingenieros es que las adendas contractuales deberían servir para modificar o corregir condiciones de una concesión vigente, y no para incorporar proyectos que excedan su ámbito original.

Según el gremio, cuando se pretende incluir nuevas inversiones fuera de los alcances iniciales de una concesión, corresponde evaluar mecanismos de competencia que permitan la participación de distintos operadores. Por ello, considera que la adjudicación directa de estos proyectos no sería el mecanismo más adecuado y propone convocar concursos públicos.

Asimismo, el CIP advierte que modificar las condiciones de un contrato bajo el esquema BOOT podría sentar un precedente para otras concesiones similares que permanecen vigentes y que deberán llegar a su término en los próximos años.

En opinión de la institución, cualquier cambio contractual debe analizarse considerando sus posibles repercusiones sobre el sistema de concesiones y las condiciones de futuras inversiones.

Cuestionan la tasa de descuento aplicada a las inversiones

El costo financiero de los proyectos también forma parte de las observaciones planteadas por el CIP. El gremio señala que Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) se constituyeron bajo tasas de descuento del 12%, en un contexto económico correspondiente a los primeros años de la década de 2000.

Como contraste, el pronunciamiento menciona que el costo de financiamiento asociado a los bonos soberanos peruanos se encuentra actualmente por debajo del 5%.

A partir de esta comparación, el Colegio de Ingenieros considera necesario revisar las condiciones financieras aplicables a las nuevas inversiones, especialmente si estas fueran incorporadas a una concesión sin un procedimiento competitivo que permita evaluar diferentes propuestas económicas.

El documento también aborda la discusión sobre el valor residual de la infraestructura existente. Según la posición expuesta por el gremio, las instalaciones ya estarían siendo remuneradas a través de las tarifas hasta 2033, por lo que considera necesario examinar cómo se reconocerían esas inversiones para evitar posibles duplicidades en los pagos.

Contratos BOOT: preocupación por el impacto en las tarifas

Otro aspecto central del pronunciamiento es el efecto que podrían tener los cambios contractuales sobre los contratos BOOT, siglas en inglés de Build, Own, Operate and Transfer, un esquema que contempla la construcción, propiedad, operación y posterior transferencia de la infraestructura.

El CIP sostiene que las modificaciones de estos acuerdos deben evaluarse cuidadosamente debido a sus posibles consecuencias económicas y tarifarias para los usuarios.

En particular, plantea revisar el eventual impacto de un subsidio cruzado entre los consumidores de Lima y Callao y quienes accederían al servicio en las nuevas regiones comprendidas en la expansión.

Para el gremio, la ampliación de las redes debe contar con una evaluación integral de la estructura tarifaria, los costos de inversión y las condiciones económicas bajo las cuales se prestará el servicio.

Gremio defiende la competencia en la expansión del gas natural

El Colegio de Ingenieros también invoca el principio de competencia en la contratación pública y sostiene que la ampliación de los servicios públicos debe desarrollarse mediante mecanismos que permitan comparar propuestas y seleccionar las alternativas más convenientes.

En esa línea, considera que las licitaciones públicas facilitarían la participación de empresas nacionales y profesionales de la ingeniería peruana, además de promover una evaluación más transparente de los costos, la capacidad técnica y las condiciones financieras de cada proyecto.

El CIP precisa que su posición no se opone a la masificación del gas natural. Por el contrario, reconoce la necesidad de extender el servicio hacia el centro y sur del país, pero insiste en que este objetivo debe alcanzarse mediante procedimientos que garanticen competencia y eficiencia económica.

¿Qué solicita el Colegio de Ingenieros al Gobierno?

En la parte final de su pronunciamiento, el CIP pide que la ampliación de la concesión no sea aprobada en los términos planteados y que los nuevos proyectos de expansión se adjudiquen mediante concursos públicos competitivos.

Entre sus principales propuestas figuran:

• Convocar licitaciones públicas que permitan comparar distintas alternativas para desarrollar la infraestructura de gas natural.
• Exigir solvencia técnica y financiera a las empresas participantes, así como garantías que respalden el cumplimiento de sus obligaciones.
• Evaluar por separado la construcción y la operación de la infraestructura, con el propósito de analizar diferentes modalidades de ejecución.
• Revisar los efectos económicos y tarifarios de los cambios contractuales, incluidos los posibles impactos sobre los usuarios de Lima, Callao y las nuevas regiones.
• Solicitar evaluaciones técnicas independientes que sustenten las decisiones de las entidades responsables.

Finalmente, el gremio exhortó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a ProInversión y a Osinergmin a fundamentar sus decisiones en análisis técnicos y económicos independientes.

El CIP concluye que la expansión del gas natural debe avanzar con reglas claras, transparencia y competencia, de manera que la ampliación de la cobertura se concrete sin comprometer la eficiencia de las inversiones ni trasladar costos injustificados a los consumidores.

El acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Cálidda para extender el servicio de gas natural a siete regiones del país aún no tiene fecha definida de suscripción. Las diferencias con Osinergmin sobre el reconocimiento de las inversiones en infraestructura mantienen pendiente la aprobación de la Novena Adenda, mientras el Gobierno coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para resolver las observaciones.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, confirmó que el documento continúa en revisión y que todavía existen criterios distintos entre su sector y el organismo regulador respecto al tratamiento económico de los activos construidos por la concesionaria.

En declaraciones a RPP, el titular del Minem explicó que las entidades involucradas mantienen conversaciones para determinar qué criterios deben aplicarse. Según indicó, las discrepancias no han sido resueltas y el proceso permanece en etapa de evaluación.

El principal desacuerdo se relaciona con el valor neto contable de las redes de distribución de gas natural y la forma en que deben reconocerse las inversiones realizadas por Cálidda. La discusión considera que estas instalaciones se financian mediante las tarifas durante un periodo determinado, mientras la empresa continúa ampliando su infraestructura.

Minem todavía no define cuándo se firmará la Novena Adenda

Aunque el Gobierno tenía previsto avanzar con la firma durante octubre, el ministro Guillermo Shinno evitó establecer una fecha concreta. Señaló que las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada, pero que es necesario coordinar con el MEF para aclarar los aspectos pendientes y atender las observaciones formuladas.

El funcionario también mencionó que su sector tenía programada una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para el jueves, principalmente para abordar asuntos relacionados con permisos. Sin embargo, no confirmó que la Novena Adenda formara parte de la agenda, aunque dejó abierta la posibilidad de tratarla si había tiempo disponible.

El 25 de septiembre, el Minem comunicó que había culminado el informe técnico final del proyecto Siete Regiones y lo había enviado al MEF para solicitar su opinión. De acuerdo con la cartera, el documento incorporaba las respuestas a las observaciones identificadas durante la revisión de la propuesta.

Pese a ese avance, la firma continúa supeditada a la definición de los criterios contractuales y económicos que permitan resolver las diferencias entre las instituciones.

Osinergmin cuestiona el reconocimiento de las redes después de 2033

Uno de los principales cuestionamientos de Osinergmin se refiere a la ampliación de la concesión de Cálidda hasta 2043. Según el regulador, el contrato original establece que la infraestructura existente en Lima y Callao debe revertir al Estado en 2033, cuando concluya el plazo previsto inicialmente.

No obstante, la propuesta de adenda contempla mantener un valor reconocido para esas redes durante los diez años adicionales, aspecto que podría generar nuevos ingresos para la concesionaria.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Osinergmin, este escenario permitiría a Cálidda obtener ingresos por US$2.252,7 millones entre 2033 y 2043, frente a costos operativos calculados en US$420,7 millones. El resultado sería una utilidad estimada de US$1.832 millones.

En cambio, si el valor de la infraestructura se estableciera en cero a partir de 2033, la utilidad proyectada descendería a US$329,7 millones. La diferencia entre ambos escenarios superaría los US$1.500 millones.

Para el organismo supervisor, esta decisión tiene consecuencias económicas que podrían repercutir en las tarifas de los usuarios. El regulador considera que los recursos involucrados también podrían destinarse a reducir los costos del servicio o financiar nuevas inversiones sin trasladar una carga adicional a los consumidores.

Proyecto contempla US$550 millones para ampliar el servicio en siete regiones

La Novena Adenda plantea extender la distribución de gas natural a 15 localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.

La propuesta contempla una inversión privada de US$550 millones y la instalación de 3.738,9 kilómetros de redes. El proyecto identifica un mercado potencial de 300.613 consumidores, aunque establece como compromiso mínimo la implementación de 201.411 conexiones.

Sin embargo, Osinergmin advierte que las metas previstas no aseguran una cobertura uniforme en todas las localidades beneficiadas.

En Huamanga, por ejemplo, el compromiso mínimo representa el 30,4% de las 44.660 viviendas consideradas. En Quillabamba, la cobertura comprometida equivale al 20,1% de los 4.391 hogares evaluados. En tanto, para Huancavelica y Curimaná, los porcentajes alcanzan el 29,9% y el 20,9%, respectivamente.

El regulador también observa que la propuesta contempla un factor de penetración del 67%, cuando, según su evaluación, debería garantizarse una cobertura mínima del 70% en cada localidad. Asimismo, cuestiona la posibilidad de compensar hasta el 20% de las conexiones entre ciudades, debido a que esta flexibilidad podría reducir el número de usuarios efectivamente atendidos en determinadas zonas.

Cálidda defiende la ampliación de la concesión para recuperar sus inversiones

Frente a las observaciones del regulador, Cálidda sostiene que los compromisos mínimos de conexión no limitan la posibilidad de continuar ampliando el servicio conforme avance el proyecto.

La empresa también argumenta que extender el plazo de la concesión permitiría recuperar las inversiones destinadas a construir nuevas tuberías, especialmente aquellas cuyo costo no podría remunerarse completamente antes de 2033.

Aunque los cuestionamientos de Osinergmin no son vinculantes para el Minem, sus observaciones forman parte de la discusión sobre las condiciones económicas y contractuales de la adenda.

Por ahora, el Gobierno mantiene las conversaciones con el MEF para definir una posición sobre el reconocimiento de los activos, la recuperación de las inversiones y las metas de cobertura. La decisión final deberá conciliar la viabilidad económica de la expansión del gas natural con la protección de los usuarios y el cumplimiento de los compromisos de conexión en las siete regiones.