o La nueva normativa permite el acceso a tecnología de punta sin pagos iniciales elevados.

o Usuarios podrán acceder a tarifas horarias para ahorrar en el consumo de energía y reducir su facturación. Además, tendrán reposición del servicio casi inmediata.

Con el objetivo de alinear al Perú con los estándares internacionales de eficiencia energética y digitalización, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la directriz para el reconocimiento de costos asociados a los Sistemas de Medición Inteligente (SMI), conocidos como medidores inteligentes, medida que marca el inicio de la transformación hacia las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids), vitales para la sostenibilidad del servicio público.

A diferencia de los medidores de luz convencionales, los técnicos de la Dirección General de Electricidad (DGE) del MINEM, explican que esta nueva tecnología empodera al usuario permitiéndole gestionar su consumo en tiempo real, generando un beneficio directo, ahorro y control para el usuario.

El principal beneficio económico es la habilitación de tarifas dinámicas, que permitirá a las familias peruanas pagar menos por la electricidad cada fin de mes, si trasladan consumos intensivos a horarios de menor demanda, generando ahorros que compensan la inversión en el equipo.

Asimismo, el sistema garantiza una facturación exacta mediante lectura remota, eliminando los cobros por «promedios» o estimaciones. Y, ante posibles cortes de servicio eléctrico, la reconexión será remota y ágil, reduciendo los tiempos de espera de días a minutos en beneficio de los usuarios.

De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 421-2025-MINEM/DM, la directriz establece un mecanismo de protección al usuario, donde el costo del medidor no se cobrará como un pago único inicial (que representaría una barrera de entrada alta), sino que se prorrateará mensualmente a lo largo de su vida útil normativa de 15 años.

Es importante destacar que la norma prohíbe explícitamente el cobro si el medidor no ha acreditado su «puesta en operación comercial»; es decir, el usuario solo pagará por un equipo que esté conectado y en funcionamiento.

El MINEM destaca que esta modernización es el cimiento para el futuro energético del país, ya que los medidores inteligentes permitirán integrar de manera segura la generación distribuida (paneles solares residenciales) y la carga de vehículos eléctricos sin afectar la red. Para las empresas distribuidoras, esto implica una gestión operativa más eficiente y una reducción de pérdidas técnicas, lo que a largo plazo favorece la competitividad de las tarifas eléctricas nacionales.

La Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) subraya que la pronta aprobación de reglamentos claros, coherentes y plenamente alineados con la Ley N.° 32249 ya no es solo una expectativa del sector, sino una necesidad urgente para el país. Esta ley representa un avance decisivo para modernizar un marco regulatorio que hoy se encuentra desfasado frente a la realidad tecnológica, económica y ambiental del sistema eléctrico peruano.

El Perú se encuentra en un punto crítico. Contar con los reglamentos de licitaciones, servicios complementarios y sistemas aislados, alineados con el espíritu de la ley, es clave para destrabar el potencial del sector energético, permitir la integración efectiva de tecnologías como la solar, la eólica y el almacenamiento, y garantizar condiciones de competencia justas y eficientes. Postergar o diluir este proceso implica mantener barreras innecesarias que limitan la inversión, la innovación y la eficiencia del sistema.

Un marco regulatorio moderno y previsible no solo fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que es determinante para activar más de US$ 20 mil millones en inversiones privadas en los próximos años. Estas inversiones son indispensables para ampliar la capacidad instalada, diversificar la matriz energética y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica de forma segura, sostenible y a costos competitivos.

Los beneficios de esta modernización deben llegar directamente a los ciudadanos. Más competencia y mayor eficiencia en la generación eléctrica permiten corregir distorsiones históricas en los precios, reduciendo tarifas y mejorando el acceso a energía para los hogares, las pequeñas empresas y la industria. Mantener un marco regulatorio obsoleto significa, en la práctica, trasladar ineficiencias al usuario final y perder oportunidades concretas de desarrollo.

Desde la SPR reconocemos el rol fundamental del Estado en este proceso y valoramos los esfuerzos realizados hasta ahora. Sin embargo, el país necesita definiciones claras y oportunas. Como gremio, reiteramos nuestra disposición a colaborar de manera técnica, transparente y constructiva, pero también reafirmamos la importancia de que las decisiones regulatorias estén alineadas con el interés público, la sostenibilidad del sistema y la competitividad del Perú.

El Perú cuenta con recursos naturales excepcionales para convertirse en un referente regional en energías renovables, pero ese potencial requiere reglas claras, modernas y previsibles y en ese contexto, el gobierno de transición no puede postergar más la reglamentación de la Ley N.° 32249, una reforma pendiente desde hace diez años que por fin se aprobó en el 2025, pero que solo entrará en vigencia con los reglamentos.

Publicar la reglamentación es indispensable para que las próximas licitaciones de compra de energía eléctrica para millones de hogares se desarrollen con nuevas reglas de apertura a la competencia, de atracción de nuevas inversiones para modernizar y garantizar la construcción de nuevas centrales de energía eficiente con fuentes renovables porque solo así se lograrán mejores tarifas para millones de usuarios eléctricos.

Con el objetivo de contribuir con la seguridad ciudadana y el bienestar de la población, Osinergmin realizó el megaoperativo nocturno “Calles Iluminadas, Calles Más Seguras”, una intervención nacional destinada a verificar el adecuado funcionamiento del alumbrado público en avenidas y calles del país. Como resultados de esta intervención, se fiscalizaron 28 825 luminarias de las cuales 406 presentaban algún tipo de deficiencia que limitaba su operatividad y que producía calles oscuras e inseguras.

Más de 100 fiscalizadores desplegados en todas las regiones iniciaron recorridos simultáneos en puntos donde se registraron denuncias por falta de iluminación o situaciones que podrían poner en riesgo a los ciudadanos. La labor consistió en verificar que las lámparas estén encendidas, sin intermitencias, correctamente orientadas y libres de obstáculos como ramas de árboles.

Esta acción se da, tras una intensa labor de capacitación a más de 700 serenos en todo el país, de forma que se pueda realizar un trabajo articulado en la vigilancia de la correcta iluminación de las calles. Asimismo, en lo que va del año, Osinergmin ha realizado más de 60 mil inspecciones a la operatividad del alumbrado público.

En Lima, las inspecciones se realizaron en conjunto con la Municipalidad de Surquillo. En regiones, se recorrieron zonas de Huaraz, en Áncash; Andahuaylas y Talavera, en Apurímac; San Sebastian, en Cusco; así como Piura, Huánuco, Tumbes, entre otras.

Todas las deficiencias detectadas han sido comunicadas a las empresas concesionarias de electricidad, responsables de realizar el mantenimiento y corregir las observaciones dentro de los plazos establecidos. Si se verifican incumplimientos, Osinergmin iniciará los procedimientos de sanción correspondientes.

Según la normativa vigente, las empresas eléctricas deben atender las denuncias por alumbrado público en un plazo máximo de:

Lámparas apagadas: 3 días hábiles en zonas urbanas y 10 días calendario en zonas urbano-rurales o rurales.
Falta de poste: 7 días hábiles en zonas urbanas y 14 días hábiles en zonas urbano-rurales o rurales.
Interferencia por árboles: 45 días hábiles tanto en zonas urbanas como rurales.
Osinergmin recordó que es derecho de todos los usuarios contar con alumbrado público en buen estado. Para reportar deficiencias, la ciudadanía puede utilizar el aplicativo Facilito o comunicarse a la línea gratuita 1840, canales que permiten derivar las denuncias a las concesionarias para su atención oportuna.