El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.

Presunto cobro y red de intermediarios

Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.

El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.

La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.

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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites

El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.

Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.

En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.

Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político

El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.

El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.

Vínculos regionales y empresariales

La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.

En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.

Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber

o Ministro Luis Bravo se reunió con el embajador James Yeomans, quien reafirma compromiso de su país para fortalecer cooperación en el sector minero

En una reunión con el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, el nuevo embajador de Australia, James Yeomans, reafirmó el compromiso de su país por fortalecer la cooperación estratégica en el sector minero, destacándolo como el pilar fundamental de la relación bilateral.

“Usted es el primer ministro que me ha recibido oficialmente, y eso es muy importante, sobre todo por la importancia de la relación que tenemos en el sector minero que es un eje fundamental en la relación entre Australia y Perú”, señaló el diplomático.

Acotó que, Australia busca estrechar lazos con Perú integrando sus empresas de Servicios, Tecnología y Equipos para la Minería (METS) mediante la cooperación estratégica más estrecha, potenciando la exploración de minerales críticos y consolidando la presencia de más empresas australianas operando en el sector minero peruano.

Mencionó también a AusQuest, empresa junior de exploración, que descubrió un pórfido de oro y plata en su proyecto Cangallo (Arequipa); y a la empresa Bradken, construye una planta de fundición de acero de última generación en Chilca, con una inversión de más de US$100 millones y se estima su inauguración en julio de este año.

“Son tres ejemplos relevantes y un buen ejemplo de cómo Australia quiere seguir trabajando con ustedes”, añadió el embajador James Yeomans, quien recientemente al presentar sus cartas credenciales al presidente de la República, José Jeri, le solicitó “más inversión australiana en el Perú.”

Trabajadores advierten que más de 2,000 obras paralizadas y miles de puestos de trabajo dependen de decisiones políticas urgentes.

La Confederación de Trabajadores de Construcción Civil (Conatracc) lanzó un enérgico llamado a todos los candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales del próximo 12 de abril, exigiendo que presenten propuestas concretas y viables para el sector.

El gremio pidió que las ofertas electorales estén sustentadas en planes reales, con una agenda social clara y soluciones sostenibles, especialmente orientadas a la generación de empleo formal, en sectores estratégicos como la construcción, minería, hidrocarburos.

Según un comunicado de la Conatracc, resulta urgente implementar una política viable de infraestructura que permita destrabar más de 2,000 obras públicas paralizadas desde hace entre cinco y diez años.

De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, estas obras representan una inversión superior a los S/ 30,000 millones, recursos que permanecen inmovilizados y sin impacto económico.

El gremio advirtió que la reactivación de estos proyectos permitiría generar más de 60,000 puestos de trabajo directos y formales, sin contar el empleo indirecto que se activaría en diversas cadenas productivas.

Asimismo, Conatracc cuestionó que, pese a la paralización de obras, las empresas constructoras continúan registrando altas utilidades.

Detalló que, del costo directo de una obra, las entidades otorgan 10 % de utilidades y 15 % por gastos generales, lo que suma un 25 % depositado directamente a las empresas.

A ello se suma que los materiales de construcción, como acero, cemento, agregados y acabados, fueron actualizados según el tipo de cambio real del dólar, permitiendo que los empresarios sigan obteniendo millonarias ganancias.

Que acabe de corrupción
El presidente de la Conatracc, Augusto Ramos Dolmos, exigió además la desburocratización y erradicación de la corrupción enquistada en diversas entidades del Estado.

Mencionó específicamente a Sedapal y a los ministerios, señalando que deben agilizar la aprobación de proyectos de agua, alcantarillado, carreteras, hospitales, colegios y electrificación.

“Debe acabarse que un pueblo, en su lucha por el agua, tenga que esperar entre 13 y 20 años para que un proyecto de saneamiento recién entre a licitación”, sostuvo.

El dirigente afirmó que una gestión más eficiente permitiría crear más de 100,000 nuevos puestos de trabajo en el país.

Finalmente, Ramos Dolmos cuestionó los mínimos incrementos salariales otorgados a los obreros del sector.

Indicó que para el 2025 se aprobó un aumento de apenas S/ 0.35 diarios, y para el 2026 solo S/ 1.00 diario, montos que calificó como insuficientes.

Por ello, anunció que exigirán a los candidatos presidenciales un compromiso firme para sincerar los salarios devaluados desde las décadas de los 80 y 90.

El gremio plantea que los trabajadores de construcción civil accedan al 10 % de las utilidades de cada obra, como un fondo intangible, en beneficio directo de obreros y obreras del sector.