· La compañía promueve la formación especializada de sus equipos en alianza con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), impulsando su crecimiento profesional en un sector en transformación.

Con el propósito de fortalecer el crecimiento profesional de sus colaboradores, Inchcape, el distribuidor automotriz líder a nivel global, promueve la participación de sus equipos en programas de formación especializada, en alianza con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), como parte de su preparación frente a los cambios que atraviesa la industria automotriz.

Durante el primer semestre de 2026, colaboradores de Inchcape Perú participaron en las Masterclass impartidas por el Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú – CECAAP, donde abordaron temáticas alineadas a las principales tendencias que están transformando la industria a nivel global, tales como electromovilidad, nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicada al sector.

Entre los cursos desarrollados se encuentran Evolución Automotriz: Motores, electrificación y nuevas tecnologías; Vehículos híbridos, eléctricos y sistemas de frenos; Electromovilidad: tecnología y desafíos del mercado automotriz; Creación de videos con IA para el sector automotriz; Microsoft 365 – Copilot en acción; Cierre efectivo de ventas; Presentaciones de alto impacto; y Organización y administración de talleres automotrices. Esta iniciativa contó con la participación de 116 colaboradores, en sesiones distribuidas en 9 fechas, quienes apostaron por continuar fortaleciendo sus conocimientos y capacidades de la mano de especialistas del sector.

«En Inchcape Perú consideramos que la mejor manera de acompañar la transformación del sector automotriz es incentivar el desarrollo de nuestro talento humano. Impulsamos espacios de formación continua, como los que desarrollamos junto a la AAP, para que nuestros equipos sigan creciendo profesionalmente frente a los cambios tecnológicos de la industria», señaló Fiorela Mendoza, Directora de People Clúster Andino Sur de Inchcape (Perú y Bolivia).

Este programa forma parte de una apuesta más amplia de la compañía por el desarrollo de su talento interno centrada en construir una cultura de aprendizaje inclusiva en la que cada colaborador pueda alcanzar su máximo potencial. Esta apuesta incluye espacios de formación continua, fortalecimiento de habilidades técnicas y comerciales, y alianzas con instituciones especializadas del sector. Para Inchcape Perú, el crecimiento del negocio está directamente ligado al crecimiento de las personas que lo hacen posible, por lo que la compañía continuará ampliando estas oportunidades de capacitación para sus equipos a nivel nacional.

Bajo su propósito de brindar movilidad a las comunidades para hoy, para mañana y para mejor, y su cultura One Inchcape, la compañía promueve valores y comportamientos en sus más de 40 mercados donde está presente, orientados a fortalecer la colaboración, la innovación y el compromiso con la excelencia en el servicio.

Iniciativas como la capacitación de los equipos de Inchcape Perú junto a la AAP son una expresión local de este compromiso global, que la compañía resume en su propuesta de valor: Transformar el mañana, juntos.

Luzmila Zegarra, consejera del Área de Proyectos, Recursos Naturales e Infraestructura de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, advirtió que las empresas deben verificar si comunicaron los potenciales pasivos ambientales, atender los procedimientos de determinación de responsabilidad y cumplir los plazos de gestión si fueran identificados como responsables de su manejo, para evitar sanciones del OEFA.

La reciente aprobación de la Resolución Ministerial N° 134-2026-PRODUCE ha vuelto a poner en agenda la gestión de pasivos ambientales en la industria manufacturera y el comercio interno. La norma aprueba los términos de referencia para elaborar los Planes de Gestión de Pasivos Ambientales (PGPA), los cuales tendrían que ser considerados para elaboración de este instrumento de gestión ambiental por las empresas que sean identificadas como responsables de algún pasivo ambiental. Las sanciones relacionadas con esta materia pueden ser multas de hasta 600 UIT por infracciones leves, hasta 3400 UIT en infracciones graves y hasta 6500 UIT si se tratan de infracciones muy graves.

Cabe anotar que, conforme a la legislación transectorial, los pasivos ambientales pueden comprender instalaciones, efluentes, emisiones, sitios contaminados y restos o depósitos de residuos. Para ser considerados como tales, deben provenir de actividades abandonadas, es decir que cesaron de manera definitiva sin que su generador o responsable adoptara medidas de prevención, control o mitigación, ocasionando que se genere o haya generado alguna afectación de manera real, potencial o permanente a la salud de las personas, la calidad ambiental y/o la funcionalidad del ecosistema, como detallan el Decreto de Urgencia N° 022-2020 y su Reglamento.

Luzmila Zegarra, consejera del Área de Proyectos, Recursos Naturales e Infraestructura de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, explicó que el proceso de atención de los pasivos ambientales se desarrolla en dos fases. La primera comprende la identificación y calificación del pasivo ambiental, así como la identificación del responsable. La segunda corresponde a su gestión mediante la elaboración y ejecución de medidas para su remediación, reaprovechamiento y/o reutilizaciones establecidas en el instrumento de gestión ambiental que resulte aplicable.

Como parte de este proceso, las empresas deben verificar si comunicaron al Ministerio de la Producción (PRODUCE) los potenciales pasivos ambientales que hubieran advertido dentro de su concesión o instalaciones, obligación cuyo plazo venció el 13 de noviembre de 2023. La especialista también recomienda informar aquellos que sean observados posteriormente, sobre todo cuando existan indicios de que se originaron antes del inicio de las operaciones del titular actual.

Una vez que el PRODUCE haya determinado la existencia de algún pasivo ambiental, ya sea de oficio o con motivo de la comunicación del titular de la actividad, procederá a identificar al responsable de su gestión. Para estos efectos, durante la investigación preliminar puede recurrir a diferentes fuentes de información como los instrumentos de gestión ambiental, los Registros de personas jurídicas y predios que administra la SUNARP, información disponible en la RENIEC y la SUNAT, así como el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), entre otros.

Si producto de esta investigación preliminar advierte indicios de responsabilidad, PRODUCE emitirá una Resolución de inicio del procedimiento de identificación del responsable del pasivo ambiental. Esta Resolución debe ser notificada al presunto responsable que dispondrá de un plazo de 20 días hábiles, prorrogable por una sola vez, para presentar sus descargos. La Resolución final del PRODUCE sobre la identificación del responsable puede ser impugnada dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación.

Plazos y obligaciones para gestionar los pasivos

Cuando una empresa es declarada responsable, debe determinar si le corresponde presentar un PGPA, actualizar su Plan de cierre, presentar un estudio ambiental o su modificatoria, según el caso.

De tratarse de un pasivo ambiental de alto riesgo, el instrumento de gestión ambiental debe presentarse en un plazo máximo de 12 meses desde la determinación del pasivo. Para aquellos de riesgo moderado o bajo, el plazo es de 24 meses desde la identificación del responsable.

Zegarra advirtió que la impugnación de la Resolución final del PRODUCE sobre la identificación del responsable no suspende automáticamente sus efectos ni interrumpe el cómputo de estos plazos.

De corresponder un PGPA, debe ser elaborado por una persona jurídica inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE. Respecto a su su contenido, debe cumplir con los Términos de Referencia que para el sector industria han sido aprobados en la acotada Resolución Ministerial N.° 134-2026-PRODUCE. Estos Términos de Referencia exigen, entre otros aspectos, incluir la descripción del pasivo, el estudio de ingeniería a nivel de detalle que comprende las condiciones actuales del área de estudio y la evaluación de riesgos a la salud y al ambiente, las actividades de reaprovechamiento, reutilización o cierre definitivo a ejecutar, la identificación y caracterización de los impactos ambientales asociados, la estrategia para su manejo ambiental incluyendo el monitoreo post cierre, el cronograma de actividades y el presupuesto para su implementación.

En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana para el PGPA, varían de acuerdo con el nivel de riesgo del pasivo ambiental involucrado. Así, por ejemplo, en caso de pasivos ambientales de alto riesgo deben efectuarse tres rondas de talleres participativos (antes y durante la elaboración del PGPA; y, durante su evaluación) y, además, una audiencia pública en la etapa de evaluación, entre otros mecanismos adicionales.

El plazo para la evaluación del PGPA ha sido establecido en 120 días hábiles, pero está sujeto a silencio administrativo negativo.

Una vez aprobado el PGPA, la empresa debe comunicar al PRODUCE y al OEFA el inicio de su ejecución dentro de los 30 días hábiles siguientes. Además, debe presentar reportes de avance, de acuerdo con la frecuencia establecida en el instrumento de gestión ambiental; e, informar en un plazo de 24 horas cualquier obstaculización de terceros. El informe final de cumplimiento de los compromisos asumidos debe entregarse dentro de los 60 días posteriores a su culminación, según el cronograma aprobado.

“Al momento de verificar el cumplimiento, no solo se constatará si se respetaron el plazo, el programa y las medidas aprobadas, sino también si se alcanzó el objetivo. Lo más importante es lograr la estabilización y asegurar el uso futuro del área”, señaló.

Entre las principales infracciones tipificadas como graves o muy graves en esta materia se encuentran impedir el acceso de la autoridad para identificar algún pasivo ambiental; negarse injustificadamente a entregar la documentación requerida; presentar información falsa o incompleta que obstaculice la identificación de un pasivo ambiental; no contar con un PGPA aprobado cuando corresponda; incumplir los plazos o compromisos asumidos; no implementar medidas de control y/o tratamiento para prevenir, controlar y/o mitigar los riesgos o daños a la salud, calidad ambiental y/o funcionalidad del ecosistema; o, no implementar medidas de seguridad inmediatas para reducir los riesgos señalados generados por pasivos ambientales de alto de riesgo.

Ante este escenario, Zegarra recomienda revisar los antecedentes de las operaciones, identificar posibles brechas y conservar la documentación que permita acreditar el origen de los pasivos ambientales. Una evaluación preventiva permitirá atender oportunamente los procedimientos de determinación de responsabilidad, definir el instrumento ambiental aplicable si fuera el caso y reducir la exposición a contingencias regulatorias.

• Celaris Energy sostiene que el crecimiento deberá ser acompañado por una mayor incorporación de energías renovables junto con sistemas de almacenamiento y una expansión de la transmisión que permita integrarlas de forma eficiente y segura al sistema.

Lima, septiembre de 2026. – La máxima demanda eléctrica del Perú en hora punta podría acercarse a los 9,500 megavatios (MW) hacia 2030, lo que representaría un incremento de aproximadamente 1,500 MW respecto de los niveles registrados el año pasado, de mantenerse una dinámica de crecimiento similar a la actual, informó Celaris Energy.

Actualmente, la máxima demanda en hora punta del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) ha alcanzado aproximadamente 8,237 MW, cerca de 295 MW por encima del máximo registrado el año anterior. Para la compañía, esta evolución refuerza la necesidad de anticipar el ingreso de nueva capacidad de generación y las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento sin comprometer la reserva y seguridad del sistema.

“Esperar a que el sistema esté estresado para reaccionar siempre será más costoso que prepararnos con anticipación”, afirmó María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, durante el panel “El impulso normativo para las renovables: diagnóstico y propuestas de cambio”, realizado en el marco del Smart Energy Summit.

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Almacenamiento frente a una demanda creciente

Matto señaló que el sistema cuenta con capacidad suficiente para atender el crecimiento de la demanda durante los próximos años, siempre que continúe el ingreso oportuno de nuevos proyectos. El reto, precisó, no es únicamente sumar capacidad, sino asegurar que la nueva generación contribuya de manera efectiva a la suficiencia del sistema, especialmente en las horas de mayor exigencia.

“En este escenario, la generación eólica y solar puede tener un rol relevante en la expansión de la oferta eléctrica, acompañada por condiciones regulatorias y de inversión que faciliten el desarrollo de nuevos proyectos. Debemos trabajar juntos, sector público y privado, para generar los incentivos que permitan incrementar la capacidad instalada y atraer más inversión en renovables”, sostuvo la CEO de Celaris Energy.

La ejecutiva destacó además que los sistemas de almacenamiento con baterías pueden complementar el crecimiento de estas fuentes, al almacenar energía en periodos de mayor disponibilidad y entregarla posteriormente en horas de máxima demanda. A ello deberá sumarse una expansión coordinada de la transmisión que permita integrar oportunamente la nueva generación al sistema.

“No estamos hablando de un problema de recursos ni de falta de interés en invertir. Es una ecuación de precio, reglas e incentivos: si logramos que esas tres piezas estén alineadas, el Perú puede acelerar su transición energética sin poner en riesgo la estabilidad y competitividad del sistema”, concluyó Matto.