Minería
Minería ilegal: solo se ha formalizado el 11% de mineros que buscan dejar la ilegalidad

La minería ilegal mueve más dinero que el narcotráfico. Lo hacía en 2012, cuando el oro ilegal que se exportaba se estimaba en US$1,800 millones, según Macroconsult, y hoy lo hace con US$3,900 millones anuales, según datos de 2020 del Ministerio de Energía y Minas. Y si bien el Estado ha desplegado medidas de formalización, como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de poco ha servido ello para combatir esta actividad. ¿Qué problemas se esconden detrás de estos dilatados procesos de formalización?
En la actualidad, hay entre 300 mil y 500 mil personas que se dedican a la minería ilegal e informal en el país, según el estudio “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, elaborado por Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera. La diferencia entre ambas actividades es que la ilegal es realizada en zonas prohibidas, como reservas naturales; mientras que la informal opera en zonas permitidas, pero sin un contrato de concesión ni acuerdo con el titular del yacimiento.
La minería ilegal y la informal ya eran un problema hace dos décadas, cuando en 2002 se creó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y lo siguió siendo 15 años después, cuando en 2017 se creó el padrón de Reinfo con la intención de abrir una puerta temporal a la formalización ese año. Sin embargo, las inscripciones volvieron a ser abiertas en 2019 hasta 2021 y a finales de ese mismo año fueron prorrogadas hasta 2024, algo que ha sido criticado por analistas.
Las observaciones no caen en saco roto, pues actualmente hay 88,041 personas inscritas para dejar la ilegalidad. Sin embargo, el total de formalizados a abril de este año solo llegaba a 10,600 personas, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ese mes. Es decir, quienes han culminado su proceso solo son el 11% de los inscritos para lograr tal cometido.
Fuera de la ley
Dante Vera, uno de los autores del estudio, explica que hay una gran cantidad de inscritos que no ha cumplido requisitos para formalizarse, como contar con el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal o presentar el certificado del contrato de concesión del titular de la zona donde operan.
“En realidad, ya deberían estar suspendidos y fuera del registro porque ya se venció el plazo, pero se ha ampliado hasta 2024 para nuevos mineros en situación de informalidad. Lo que sucede con los inscritos es que tienen una especie de protección porque basta que tengan el certificado de inscripción para que no puedan ser investigados por delito ambiental. Es decir, los mineros ilegales están usando de una manera delictiva este registro porque la ley no los saca del padrón, sino que los ampara para que sigan cometiendo actividades ilícitas”, advierte Vera.
Al hablar de actividades ilícitas, Vera no solo hace referencia a la minería ilegal, sino también al acopio de mineral que compran a terceros y que venden a plantas procesadoras o que destinan al contrabando vía Bolivia.
Para el exministro del Interior Rubén Vargas, la minería ilegal es el problema más serio en cuanto a actividades ilegales, pues incluso se retroalimenta con el narcotráfico.
“En algunas regiones como Puno, Huánuco, Madre de Dios y Loreto, la minería ilegal y el narcotráfico se retroalimentan, se financian mutuamente. Al narcotráfico le interesa porque es fácil lavar dinero comprando el oro, porque la venta del oro en el mercado local e internacional no tiene tantas restricciones como la cocaína. Pueden lavar cualquier cantidad comprando oro ilegal y blanqueándolo en mercados nacionales o internacionales”, comenta Vargas.
Debido a ello, considera que mantener de forma indefinida los procesos de formalización ata de manos al Ministerio Público en la lucha contra la minería ilegal. “Dejar abierta la posibilidad de formalización a través de una ley es mantener un statu quo para que no se formalicen porque no les conviene por los costos”, aseveró.
Datos:
-El 80% de los mineros ilegales e informales trabajan sobre concesiones de terceros, señala Dante Vera. “Esa es la gran traba para formalizar”, comenta.
-“Hay una gran cantidad de concesiones en manos de concesionarios mineros que las tienen para hacer usura, no para explotarla. Les dicen a los mineros ilegales que exploten su concesión, estos mineros pueden pedirles el contrato, pero los titulares les van a decir que no, que todo sea un acuerdo oral y ‘de lo que sacas, me pagas’”, explica Vargas.

Minería
Ministro Waldir Ayasta: El litio y uranio peruano ya están en los ojos del mundo

o Para el titular del MINEM, el verdadero desafío no consiste en extraer recursos, sino en generar conocimiento, tecnología y valor agregado.
Perú se ha convertido en un proveedor confiable que viene impulsando el desarrollo industrial del orbe durante las últimas décadas, y minerales como el litio y el uranio empiezan a escribir un nuevo capítulo que contribuirán, aún más, al desarrollo responsable de los minerales críticos que continuarán siendo el sostén de la economía del país.
Así lo afirmó el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, quien consideró que el Perú no puede ser un espectador en la transformación de los minerales mencionado, sino que debe convertirse en un protagonista, consolidando un entorno de estabilidad, seguridad jurídica y predictibilidad que incentive nuevas inversiones responsables.
Destacó, por ello, la realización del Primer Foro del Litio y Uranio, que marcó el inicio de una agenda que busca fortalecer, promover la cooperación en materia de minerales estratégicos, y proyectar al país como un referente global en el actual contexto de transición energética.
«Nuestro objetivo es que más empresas apuesten por el desarrollo de estos proyectos, siempre bajo altos estándares ambientales y sociales, de manera que el potencial geológico del Perú se traduzca en mayor inversión, empleo y desarrollo sostenible para las regiones», acotó Ayasta Mechán.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) resaltó que, en esa vertiginosa carrera, los ojos del mercado internacional se han posado sobre la meseta de Macusani, en la provincia de Carabaya, región Puno. «Actualmente existen tres proyectos en la jurisdicción antes mencionada, dos enfocados en litio y el restante en uranio», subrayó.
El Proyecto Falchani y Quelcaya, están enfocados en el litio; el primero de ellos se encuentra en etapa de Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) en evaluación a junio de 2026; mientras que el segundo cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada para exploración.
El tercer proyecto también se encuentra en la región Puno, Isibilla está enfocado en el uranio. Su Declaración de Impacto Ambiental se encuentra en evaluación bajo las normas del estado peruano.
«El litio es indispensable para el almacenamiento de energía y el desarrollo de la movilidad eléctrica. El uranio es un recurso clave para la generación de electricidad. El verdadero desafío no consiste únicamente en extraer recursos, sino en la generación de conocimiento, en tecnología y en el valor agregado», agregó el ministro.
Ayasta reafirmó el compromiso con una minería responsable que genere confianza para invertir e impulse la innovación, además de fortalecer el desarrollo sostenible del Perú, y puntualizó que el desarrollo del litio y el uranio representa una oportunidad para diversificar y fortalecer la minería peruana.
«En un contexto de creciente demanda mundial de minerales críticos impulsada por la transición energética y el avance de nuevas tecnologías, el aprovechamiento del litio y el uranio no solo permitirá generar nuevas inversiones, sino también impulsar el desarrollo de proveedores, promover la incorporación de mayor valor agregado, fortalecer las capacidades tecnológicas y dinamizar las economías regionales», afirmó.
«El desafío es convertir el potencial geológico del Perú en bienestar para los peruanos. Ese es el objetivo que nos hemos trazado: impulsar una minería moderna, competitiva y sostenible, que aproveche responsablemente los minerales críticos para generar mayor inversión, empleo y oportunidades para las presentes y futuras generaciones», finalizó el ministro.
Minería
Guillermo Shinno: «El Reinfo debería terminar» y el próximo gobierno debe priorizar tres reformas para impulsar la minería

Director del IIMP sostiene que la nueva gestión debe agilizar los permisos para las inversiones y garantizar que la riqueza minera se traduzca en obras y servicios para la población.
A pocos días de la asunción del nuevo gobierno, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Guillermo Shinno, sostuvo que una de las principales tareas que deberá asumir la nueva administración será poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y avanzar hacia un nuevo marco normativo que permita diferenciar a quienes realmente han avanzado en su proceso de formalización de quienes utilizan este mecanismo para operar al margen de la ley.
«Creo que debería terminar. Cuando entre el nuevo gobierno, le van a quedar apenas cinco meses. Espero que le dé tiempo para sacar una nueva ley y poder trabajar con aquellos mineros que han avanzado su proceso de formalización. Y el resto, lamentablemente, va a tener que esperar», señaló al IIMP.
En ese sentido, indicó que el próximo gobierno encontrará iniciativas legislativas ya presentadas sobre esta materia, las cuales deberán ser evaluadas para construir un nuevo esquema de formalización minera.
«Ya hay proyectos en línea en el Congreso, el nuevo gobierno tendrá que revisarlos y seguramente debe haber un periodo de transición», manifestó.
Tres prioridades para impulsar la minería
Más allá del proceso de formalización minera, Shinno afirmó que las expectativas sobre el próximo gobierno son altas y consideró que existen tres ejes prioritarios para impulsar el desarrollo del sector minero y atraer nuevas inversiones.
El primero, explicó, está relacionado con la optimización del sistema de permisos para reducir la burocracia. “Cómo hacer que los procesos de los permisos sean mucho más óptimos, sin relajar las revisiones técnicas», indicó.
Como segundo eje, mencionó la necesidad de asegurar que la población perciba de manera tangible los beneficios que genera la actividad minera. “Hoy día, a la gente no le llegan los beneficios y no es por culpa de la minería, sino por culpa principalmente de los gobiernos regionales, locales, parte del gobierno nacional. Ahí hay un tema por resolver para que se puedan construir carreteras, escuelas, hospitales y toda la infraestructura básica que requieren las comunidades cercanas a las operaciones mineras», explicó.
Finalmente, señaló que el combate a la minería ilegal debe convertirse en una prioridad para el Estado, acompañado de un proceso de formalización efectivo. “El proceso de formalización hay que trabajarlo adecuadamente para poder separar a quienes sí están interesados», concluyó.
Minería
IIMP plantea recortar de siete a tres años los permisos mineros con una reforma administrativa
Juan Carlos Ortiz, presidente del gremio, sostiene que el próximo gobierno debe implementar una evaluación paralela de expedientes y una ventanilla única digital para acelerar las inversiones sin afectar los estándares ambientales y sociales.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, afirmó que una reforma administrativa que permita tramitar en paralelo los permisos para proyectos mineros podría reducir los tiempos de aprobación de siete a aproximadamente tres años, fortaleciendo así la competitividad del país como destino de inversiones.
Durante sus reflexiones finales en el Jueves Minero «WMC 2026: Conclusiones estratégicas para la agenda minera del Perú», Ortiz sostuvo que una de las principales tareas del próximo gobierno será revisar los procedimientos administrativos que actualmente retrasan el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
«Esperamos que el nuevo gobierno tenga un perfil proempresa y revise aquellas situaciones que claramente han generado una pérdida de competitividad para el país», señaló.
Permisos en paralelo
El titular del IIMP explicó que el actual modelo de evaluación obliga a las empresas a obtener un permiso para recién iniciar el trámite del siguiente, generando un proceso secuencial que puede extenderse por varios años. Incluso, advirtió que una observación formulada en las etapas finales puede obligar a reiniciar procedimientos realizados cinco años atrás.
Frente a ello, propuso retomar un esquema de evaluación paralela, en el que las distintas entidades del Estado revisen simultáneamente un mismo expediente, como ocurre en otras jurisdicciones mineras como Brasil, Canadá, Chile y Australia.
Según Ortiz, este mecanismo permitiría reducir los tiempos de aprobación «de siete años tranquilamente a la mitad», acercando al Perú a los estándares internacionales en materia de permisos para proyectos mineros.
Ventanilla única digital
Como parte de esta reforma, el presidente del IIMP planteó consolidar una verdadera ventanilla única digital que permita que todas las instituciones involucradas en la evaluación accedan al mismo expediente, formulen observaciones de manera simultánea y hagan seguimiento conjunto a las respuestas y modificaciones presentadas por las empresas.
«La ventanilla única es una plataforma que permite que todos puedan ver el expediente en simultáneo, sepan dónde están las consultas, quién las responde y quién las evalúa, dejando además una trazabilidad completa del proceso», explicó.
Añadió que este modelo facilitaría que todas las certificaciones se obtengan prácticamente al mismo tiempo, sin reducir el rigor técnico ni los estándares ambientales y sociales.
Voluntad política
Ortiz sostuvo que la implementación de estas mejoras no requiere una reforma integral de la legislación minera, sino revisar procedimientos administrativos que hoy obligan a que una entidad espere la aprobación de otra antes de iniciar su evaluación.
En ese sentido, consideró que existe margen para introducir cambios mediante decisiones administrativas dentro del propio Estado.
«Creemos que hay oportunidades de estudiar este tipo de debilidades sin perjuicio de la calidad de la evaluación. Hay pocos cambios normativos que hacer; lo que se necesita es voluntad política para revisarlo», concluyó.

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