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Minería

Minería ilegal supera al narcotráfico: gremio constructor alerta que el Congreso pone en riesgo US$ 63,000 millones en inversiones

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·       La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura rechaza cambios legislativos que debilitan las condiciones para la minería formal y advierten que la norma aprobada en comisión podría beneficiar redes de lavado de activos y narcotráfico.

En los últimos siete años, la minería ilegal se consolidó como la principal economía criminal del Perú, superando incluso al narcotráfico con un movimiento de US$ 8,200 millones de origen delictivo. Sus consecuencias no son solo económicas: los distritos con mayor concentración de minería ilegal —Pataz en La Libertad, Atico en Arequipa y Ananea en Puno— registran tasas de homicidios hasta diez veces superiores al promedio nacional. Son las zonas más peligrosas del país, y la conexión con la actividad minera ilegal está documentada.

Frente a ese escenario, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresa su rechazo formal a la aprobación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso del dictamen del Proyecto de Ley N° 8853-2024-CR, que introduce modificaciones sustantivas a las condiciones económicas de las concesiones mineras, y que fue aprobado sin consulta técnica a los gremios ni a los actores del sector.

Lo que está en juego: US$ 63,000 millones

La minería formal es uno de los pilares de la economía peruana. Genera empleo directo para cientos de miles de trabajadores, produce divisas y financia, a través del pago de impuestos y canon, obras de infraestructura que llegan a municipalidades, gobiernos regionales y ministerios en todo el país.

La cartera de proyectos mineros formales proyectados al momento asciende a US$ 63,000 millones. Esa cifra representa hospitales, carreteras, escuelas y empleos que dependen de que el Perú mantenga condiciones claras, estables y confiables para la inversión.

Modificar las reglas de juego de las concesiones mineras en plena campaña electoral —sin debate técnico, sin consulta a expertos y sin evaluar el impacto sobre la confianza inversora— pone en riesgo ese flujo de recursos. Y las consecuencias no las paga el Congreso. Las pagan los peruanos.

Una ley pendiente que no puede aprobarse a la ligera

La SNCI reconoce que existe un sector real de pequeños productores mineros que requieren un marco legal que facilite su formalización. Para ello está pendiente la elaboración y aprobación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), una norma necesaria pero que debe diseñarse con absoluta responsabilidad técnica.

El riesgo es concreto: normas mal diseñadas o aprobadas sin los controles adecuados pueden convertirse en puerta de entrada para redes de narcotráfico y lavado de activos que esperan exactamente este tipo de ventanas legales para blanquear capitales a través de la actividad minera informal.

La SNCI hace un llamado urgente al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas para que, antes de avanzar con cualquier modificación normativa al sector minero, se convoque a un diálogo técnico amplio, transparente e inclusivo con todos los actores del sector.

“El Perú no puede darse el lujo de ahuyentar inversión formal mientras la minería ilegal sigue expandiéndose, financiando crimen y destruyendo territorios”, sostienen desde la SNCI.

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Minería

Perú tarda hasta 24 meses en aprobar exploración minera mientras Canadá lo hace en semanas

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José Vizquerra, presidente de ProEXPLO 2028, advirtió que los extensos plazos para obtener permisos restan competitividad al país frente a otros destinos mineros. Planteó que las autorizaciones de exploración deberían reducirse inicialmente a seis meses.

El Perú puede tardar entre 12 y 24 meses en aprobar un permiso de exploración minera, mientras que en Canadá este mismo procedimiento puede resolverse entre dos semanas y dos meses, advirtió José Vizquerra, presidente de proEXPLO 2028.

El ejecutivo sostuvo que esta diferencia en los tiempos representa una desventaja para el país en momentos en que existe una fuerte competencia internacional por atraer capital para desarrollar nuevos proyectos mineros.

“Un permiso de exploración que en Canadá toma entre dos semanas y dos meses, en el Perú puede demorar entre 12 y 24 meses”, señaló Vizquerra en una entrevista con la revista Minería del IIMP.

Explicó que actualmente los inversionistas ya no evalúan únicamente el potencial geológico de una jurisdicción, sino también el tiempo que demandará poner en marcha una inversión. En ese sentido, señaló que el Perú mantiene una posición privilegiada por su riqueza mineral, pero enfrenta dificultades asociadas a la predictibilidad y duración de sus procedimientos administrativos.

Vizquerra sostuvo que esta situación afecta especialmente a las empresas junior de exploración, debido a que levantan capital de riesgo por etapas y deben asumir gastos permanentes mientras esperan la autorización para iniciar perforaciones.

“Pueden pasar dos años pagando planillas sin perforar”, explicó, tras señalar que esta situación puede llevar a las compañías a priorizar otras jurisdicciones donde los plazos son menores.

Permisos en seis meses

Frente a este escenario, el presidente de proEXPLO 2028 planteó reducir inicialmente a seis meses el plazo para obtener un permiso de exploración minera en el Perú.

“La señal que el mercado necesita es simple: que en 180 días un permiso de exploración que hoy toma 24 meses pase a tomar seis. Mi aspiración es llegar a cuatro, pero bajar a seis ya le diría al mundo que el Perú va en la dirección correcta”, afirmó.

Para lograrlo, Vizquerra propuso cuatro medidas: implementar una ventanilla única efectiva para los procedimientos mineros, realizar las evaluaciones de manera paralela y no consecutiva, evitar que aspectos previamente aprobados vuelvan a ser evaluados y garantizar reglas estables durante el desarrollo de los proyectos.

Según explicó, actualmente existen distintas entidades que intervienen durante la tramitación de los permisos y cuyos procedimientos no necesariamente se encuentran articulados. A ello se suman autorizaciones vinculadas al agua, patrimonio arqueológico, superficie e inicio de actividades que pueden terminar prolongando el cronograma de exploración.

Vizquerra precisó que acelerar los procedimientos no implica reducir los estándares ambientales o sociales que deben cumplir las compañías. “No se trata de bajar estándares. Se trata de bajar años”, enfatizó.

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Minería

Minem recibe aportes al reglamento de exploración minera: participa hasta en 15 días

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Disponen la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo N.º 042-2017-EM, junto con su anexo, en su sede digital (www.gob.pe/minem), a fin de recibir opiniones, comentarios y aportes de la ciudadanía por un plazo de quince (15) días calendario.
La disposición fue emitida mediante la Resolución Ministerial N.º 416-2026-MINEM/DM. Los aportes deberán remitirse por escrito a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (Av. Las Artes Sur N.º 260, San Borja, Lima) o vía correo electrónico a la dirección: NOTIFICACIONDGAAM@minem.gob.pe.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Despacho Viceministerial de Minas estará a cargo de la recepción, evaluación y sistematización de los aportes presentados.

Gasbel Web.
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Minería

Ministro Guillermo Shinno: Perú cuenta con importantes oportunidades y condiciones para desarrollar nuevas inversiones mineras

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o   Titular del MINEM presentó la visión del sector para impulsar una minería responsable y sostenible, que genere nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo.

El Perú es un país con importantes oportunidades para el desarrollo de nuevas inversiones mineras, gracias a su potencial geológico, una amplia cartera de proyectos y un marco legal competitivo, permitiendo brindar condiciones de mayor predictibilidad a los inversionistas.

Así lo sostuvo el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante su participación en el evento “Desafíos y perspectivas para la minería peruana 2026-2027”, donde presentó la visión del sector para impulsar una minería responsable y sostenible, que genere nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo para el país y sus regiones.

En el evento, organizado por la Cámara de Comercio Peruano China, destacó las acciones que viene impulsando el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para reactivar la inversión, fortalecer la seguridad energética, cerrar brechas y modernizar el marco regulatorio.

Durante su ponencia, el titular del MINEM resaltó que el Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos de inversión minera, principalmente de cobre, seguido de oro, hierro, zinc y plata, minerales estratégicos para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Shinno destacó la sólida relación económica y comercial entre Perú y China, principal socio comercial del país, y resaltó que el Memorándum de Entendimiento suscrito con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, permite establecer un marco de cooperación para promover inversiones y el desarrollo del sector minero.

En otro momento, explicó que el MINEM viene revisando los permisos y procedimientos del sector para identificar aquellos que pueden pasar a esquemas de aprobación automática, de manera que los proyectos puedan avanzar y la fiscalización se concentre en la etapa operativa.

Indicó que cerca del 50 % de los procesos que actualmente se realizan en el MINEM serán reducidos o modificados, a fin de aplicar medidas como un régimen simplificado para la exploración, la devolución del IGV para proyectos exploratorios y la aplicación del silencio administrativo positivo en determinados procedimientos mineros.

En relación con los desafíos del sector, señaló que uno de ellos es el ordenamiento y formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), para lo cual se plantea fortalecer la trazabilidad de las operaciones, brindar asistencia técnica y facilitar instrumentos ambientales acordes con las características de esta actividad, entre otras medidas.

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