Minería
Minería: se buscaría desarrollo compartido

Rentabilidad social de los proyectos mineros es el nuevo término introducido por el presidente de la República, Pedro Castillo, durante su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias.
Si bien aún se desconocen elementos claves como su implementación, criterios de aplicación, entre otros, el mandatario sí puso énfasis en que el componente central es el beneficio de la población del entorno de los proyectos.
Esto pasaría por dinamizar las economías locales tanto a nivel monetario, a través de las transferencias del canon, como en términos de empleo y salarios. Asimismo, se impulsaría la transferencia de tecnología. “Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, enfatizó Castillo.
A cambio, el Gobierno sinceraría y acotaría los procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto.
Descontento expresado
En opinión de Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana, si bien no se ha explicado el concepto preciso de la rentabilidad social de los proyectos, podría referirse a un desafío en el sector minero.
Señaló que los registros de lo ocurrido en los territorios en donde se ha desarrollado la minería en los últimos 20 años demuestran que la población está insatisfecha con el poco aporte de la actividad minera, «tanto la que llevan las empresas como lo que lleva el Estado a tráves del canon».
Esto se vio claramente reflejado en las últimas elecciones. En abril, luego de la primera vuelta electoral, según reportó la Red Muqui, no solo en las provincias donde actualmente se desarrollan los grandes proyectos mineros: Antamina-Huari, Áncash; Las Bambas-Cotabambas y Grau, Apurímac; Antapaccay-Espinar, Cusco; Constanza-Chumbivilcas, Cusco; Toquepala-Jorge Basadre, Tacna; Perú Libre con Pedro Castillo ganó abrumadoramente las elecciones con más del 50% en las votaciones; sino también en las provincias donde desde hace más de una década se rechaza la imposición de proyectos mineros: Conga –en las provincias de Cajamarca y Celendín–, Río Blanco –en Ayabaca y Huancabamba, Piura– y Tía María –en la provincia de Islay, Arequipa–.
Asimismo, luego de la segunda vuelta de la contienda electoral, un análisis de CooperAcción reveló que en los resultados de las provincias con importantes proyectos extractivos, el candidato de Perú Libre obtuvo una holgada victoria.
Por ejemplo, en Chumbivilcas (Cusco), donde se ubica el proyecto Constancia de Hudbay, Castillo ganó con más de 96% de los votos; en Cotabambas (Apurímac), donde opera el proyecto cuprífero de capitales chinos MMG Las Bambas, más del 91% del electorado se inclinó por la propuesta del candidato de izquierda; en Espinar (Cusco), donde opera el proyecto Antapaccay de Glencore, este obtuvo más del 92%; y en Huari (Áncash), donde se ubica Antamina, de BHP Billiton y Glencore, obtuvo más del 80%.
Por ello, Baca considera que el término de «rentabiidad social» implicara que las empresas incorporen el valor compartido, es decir, la necesidad de generar valor también para las comunidades locales, y “no como hasta ahora que la mayor parte de las empresas tienen como parte de su responsabilidad social ayudar a las comunidades pero sin el compromiso del desarrollo”.
Cambios y nuevos criterios
Para Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, diversos elementos sueltos del discurso de Castillo dan cierta idea de un cambio de enfoque que tendría que ver más con los aspectos de gestión que normativos. “No es claro, pero una cosa que puede extraerse del discurso es esta referencia a los beneficios locales. Eso es un elemento importante porque hay consenso en que el modelo no trae beneficios locales pero sí nacionales».
“La propuesta de introducir nuevos criterios puede tener dos vías: uno, agregar a los temas que ya están –ambiente y derechos sociales– nuevas exigencias que implican cambios legales o darle más peso a la discusión sobre los beneficios locales, sobre cómo canalizarlo localmente”, subrayó.
En caso se busque legislar en la materia, Lanegra señaló que aunque se pida delegación de facultades al Congreso, será el Parlamento el que finalmente revise y autorice algún cambio normativo.
Son 80 los conflictos mineros activos
En junio, la Defensoría del Pueblo reportó 193 conflictos sociales registrados a nivel nacional. De ellos, 138 se encuentran activos y 55 latentes.
De este total, el 68% (125) corresponde a conflictos de índole socioambiental y, de ellos, el 64% (80) corresponde a proyectos mineros.
Para Iván Lanegra, otro elemento a analizar tiene que ver con las variables por las que un proyecto minero puede ser viable. Explicó que hoy, legalmente, se consideran el cumplimiento de las normas ambientales y respetar los derechos de las personas en la zona. “Desde luego también hay un criterio económico, cuando un proyecto es rentable o no”, anotó.
Datos
Producción. Según estimados del Ministerio de Energía y Minas (Minem), este año la producción de cobre estaría entre 2,4 y 2,5 millones de toneladas, una cantidad similar a la que hubo en 2019.
Ingresos. La recaudación de rentas mineras podría ser casi S/43.000 millones entre el 2025 y 2035.
Reacciones
Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana
“El concepto de la rentabilidad social de las empresas creo que es un poco más amplio que la licencia social. Pienso que sería mejor que este tipo de conceptos o políticas empresariales sean parte de una política pública”.
Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad
“Una cosa que puede extraerse del discurso (de Pedro Castillo) es esta referencia a los beneficios locales. Eso es un elemento importante porque hay consenso en que el modelo no trae beneficios locales pero sí nacionales”.

Minería
IIMP plantea recortar de siete a tres años los permisos mineros con una reforma administrativa
Juan Carlos Ortiz, presidente del gremio, sostiene que el próximo gobierno debe implementar una evaluación paralela de expedientes y una ventanilla única digital para acelerar las inversiones sin afectar los estándares ambientales y sociales.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, afirmó que una reforma administrativa que permita tramitar en paralelo los permisos para proyectos mineros podría reducir los tiempos de aprobación de siete a aproximadamente tres años, fortaleciendo así la competitividad del país como destino de inversiones.
Durante sus reflexiones finales en el Jueves Minero «WMC 2026: Conclusiones estratégicas para la agenda minera del Perú», Ortiz sostuvo que una de las principales tareas del próximo gobierno será revisar los procedimientos administrativos que actualmente retrasan el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
«Esperamos que el nuevo gobierno tenga un perfil proempresa y revise aquellas situaciones que claramente han generado una pérdida de competitividad para el país», señaló.
Permisos en paralelo
El titular del IIMP explicó que el actual modelo de evaluación obliga a las empresas a obtener un permiso para recién iniciar el trámite del siguiente, generando un proceso secuencial que puede extenderse por varios años. Incluso, advirtió que una observación formulada en las etapas finales puede obligar a reiniciar procedimientos realizados cinco años atrás.
Frente a ello, propuso retomar un esquema de evaluación paralela, en el que las distintas entidades del Estado revisen simultáneamente un mismo expediente, como ocurre en otras jurisdicciones mineras como Brasil, Canadá, Chile y Australia.
Según Ortiz, este mecanismo permitiría reducir los tiempos de aprobación «de siete años tranquilamente a la mitad», acercando al Perú a los estándares internacionales en materia de permisos para proyectos mineros.
Ventanilla única digital
Como parte de esta reforma, el presidente del IIMP planteó consolidar una verdadera ventanilla única digital que permita que todas las instituciones involucradas en la evaluación accedan al mismo expediente, formulen observaciones de manera simultánea y hagan seguimiento conjunto a las respuestas y modificaciones presentadas por las empresas.
«La ventanilla única es una plataforma que permite que todos puedan ver el expediente en simultáneo, sepan dónde están las consultas, quién las responde y quién las evalúa, dejando además una trazabilidad completa del proceso», explicó.
Añadió que este modelo facilitaría que todas las certificaciones se obtengan prácticamente al mismo tiempo, sin reducir el rigor técnico ni los estándares ambientales y sociales.
Voluntad política
Ortiz sostuvo que la implementación de estas mejoras no requiere una reforma integral de la legislación minera, sino revisar procedimientos administrativos que hoy obligan a que una entidad espere la aprobación de otra antes de iniciar su evaluación.
En ese sentido, consideró que existe margen para introducir cambios mediante decisiones administrativas dentro del propio Estado.
«Creemos que hay oportunidades de estudiar este tipo de debilidades sin perjuicio de la calidad de la evaluación. Hay pocos cambios normativos que hacer; lo que se necesita es voluntad política para revisarlo», concluyó.

Minería
MINEM viabiliza espacio de diálogo entre comunidad campesina de Pamputa y empresa minera Las Bambas

o Reunión fue encabezada por viceministra de Minas, Gaby, Julca, en representación del ministro Waldir Ayasta Mechán
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Oficina General de Gestión Social (OGGS), impulsó un espacio de diálogo y solución de controversias entre la comunidad apurimeña de Pamputa con Minera Las Bambas, a fin de abordar los temas de interés común entre ambas artes.
La sesión de instalación fue encabezada por la viceministra de Minas del MINEM, Gaby Julca Cumbicus, en representación del ministro Waldir Ayasta, y contó con la participación del jefe de la OGGS, Oscar Frías, directivos de la empresa e integrantes de la comunidad campesina, situada en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac.
La viceministra sostuvo que este espacio tiene por finalidad promover un proceso de diálogo permanente, transparente y de buena fe, orientado al fortalecimiento de las relaciones entre las partes y la búsqueda de consensos que contribuyan al desarrollo sostenible del ámbito de influencia del proyecto Sulfobamba.
Las partes acordaron que la próxima sesión del espacio de diálogo será el lunes 17 de agosto de 2026 en Lima, para establecer un cronograma de reuniones entre los representantes de la empresa minera Las Bambas y de la comunidad de Pamputa.
Entre los representantes de Minera Las Bambas: Claudio Cáceres, vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos; Valery Niño de Guzmán, gerente de Gestión Social; Gonzalo García, gerente Legal y de Acceso a Tierras; entre otros.
En tanto, la comunidad de Pamputa estuvo representada por su presidente, Virgilio Pinares Ramírez, Marcelo Vilca Noa, Diego Huamán Pinares, Anaís Huamán Pinares y Aurelio Huillca Noa, integrantes de la junta directiva, así como otros delegados comunitarios.
El MINEM ratifica su compromiso por seguir articulando esfuerzos con la sociedad civil y los inversionistas, impulsando el diálogo y la concordia para arribar a consensos y definir objetivos comunes que fortalezcan la sostenibilidad de las operaciones mineras en el país.

Minería
Inversión minera en la región Ayacucho ascendió a los 61 millones de dólares y generó más de 7,000 puestos de trabajo

La inversión minera en la región Ayacucho ascendió a los 61 millones de dólares y generó más de 7,000 puestos de trabajo, en el periodo enero-abril del presente año, indicó Alfonso Prado Velázquez, director de Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Asimismo, se transfirieron más de 51 millones de soles a la región y municipios por concepto de canon, regalías y otros mecanismos de redistribución de la renta minera, por lo que la actividad minera en la región Ayacucho continúa consolidándose como uno de los principales motores de su economía.
Así lo destacó Prado Velázquez, al informar sobre la realización de la Segunda Convención Minera de Los Andes (Andesmin 2026), que se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre en la región Ayacucho.
El evento organizado por la Mancomunidad Regional de Los Andes, reunirá a autoridades, empresas, inversionistas, académicos y especialistas para analizar los desafíos y oportunidades del sector.
El funcionario señaló que Ayacucho ocupa actualmente el cuarto lugar como productor nacional de oro y mantiene una producción diversificada de plata, plomo, zinc y cobre, lo que convierte a la minería en un importante generador de empleo, inversión y desarrollo para miles de familias.
Asimismo, subrayó que los recursos provenientes de la actividad minera constituyen una herramienta fundamental para financiar infraestructura, servicios públicos y proyectos destinados al cierre de brechas sociales.
Macrorregión minera
El funcionario explicó que la Mancomunidad Regional de Los Andes está integrada por Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín y Ayacucho, departamentos que concentran una parte significativa de la producción nacional y de las inversiones del sector.
Jesús Quispe, presidente del comité organizador de Andesmin 2026, resaltó que la cumbre minera abordará temas claves para el futuro del sector como: sostenibilidad, innovación tecnológica, inteligencia artificial, transición energética, gestión eficiente del agua, competitividad, gobernanza y formación del talento humano.
Entre enero y abril, Apurímac, tercer productor nacional de cobre, ejecutó inversiones por más de 182 millones de dólares, generó alrededor de 17,000 empleos y recibió más de 411 millones de soles en transferencias por actividad minera.
Por su parte, Junín, segundo productor nacional de zinc y plomo y tercero en plata, registró inversiones superiores a 133 millones de dólares, creó más de 20,000 puestos de trabajo y recibió más de 102 millones de soles.
En tanto, Ica, único productor de hierro del país y segundo departamento con mayor inversión minera, alcanzó inversiones superiores a 294 millones de dólares, generó más de 22,000 empleos y obtuvo más de 338 millones de soles en transferencias.
Asimismo, Cusco reportó inversiones por más de 110 millones de dólares, más de 11,000 empleos directos y recursos superiores a 265 millones de soles, mientras que Huancavelica ejecutó inversiones por más de 34 millones de dólares, generó más de 6,000 puestos de trabajo y recibió más de 16 millones de soles provenientes de la minería.
“Estas cifras evidencian el papel estratégico que desempeña la macrorregión andina en la producción minera nacional y en la generación de recursos para impulsar el desarrollo de los gobiernos regionales y municipales”, puntualizó Prado Velázquez.
Fuente: Andina

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