El fuerte incremento del precio del diésel en Pucallpa, que alcanzó niveles cercanos a S/25 por galón frente a un precio referencial de S/14.12 publicado por Osinergmin, evidencia una severa vulnerabilidad en la cadena de abastecimiento de combustibles de Ucayali. El ingeniero Edgar León advierte que el problema responde principalmente a la fragilidad logística y a la limitada capacidad de almacenamiento regional.

Brecha de casi S/11 por galón

Según el análisis de Edgar León, la diferencia entre el precio observado en los grifos y el precio referencial de Osinergmin alcanza aproximadamente S/10.88 por galón. A su juicio, esta brecha no puede explicarse únicamente por los costos habituales de transporte y comercialización y requiere una evaluación técnica y regulatoria.

El episodio estuvo acompañado por largas filas en estaciones de servicio, cierres temporales y restricciones en la oferta. Sin embargo, León considera que estos hechos no permiten concluir automáticamente que haya existido una falta física de combustible a nivel nacional.

Una región dependiente de una logística vulnerable

El especialista identifica como problema estructural la reducida capacidad de almacenamiento de Ucayali. Actualmente, la región dispone de aproximadamente 5,000 barriles, volumen que resulta insuficiente para sostener la demanda durante interrupciones de varios días.

Esta situación obliga a mantener un flujo permanente de camiones cisterna desde la costa. Por ello, cualquier retraso en el transporte, conflicto con los operadores, bloqueo de carreteras o restricción operativa puede traducirse rápidamente en escasez local y presión sobre los precios.

León advierte, además, que la región mantiene una dependencia crítica de un proveedor dominante, Petroperú, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a decisiones operativas, financieras y logísticas.

Almacenamiento, competencia y control

Frente a esta situación, el ingeniero Edgar León plantea reactivar el proyecto de la nueva planta de ventas en la ex Maple, que permitiría elevar la capacidad de almacenamiento de 5,000 a 61,000 barriles.

También propone diversificar las rutas y operadores logísticos, establecer reservas estratégicas regionales de diésel, mejorar la transparencia sobre inventarios y despachos y fortalecer la fiscalización del eventual desvío ilegal de combustibles exonerados de IGV.

Asimismo, considera necesario evaluar si durante la crisis se produjeron márgenes de comercialización injustificados o prácticas anticompetitivas.

Gas natural como alternativa

León plantea que, además de resolver las deficiencias de almacenamiento y logística, Ucayali debe avanzar en la diversificación de su matriz energética. En ese sentido, considera crítico destrabar las condiciones para el ingreso del gas natural vehicular (GNV), como una alternativa que permita reducir la dependencia regional de los combustibles líquidos.

Para el especialista, el episodio reciente debe ser entendido como una señal de alerta sobre la seguridad energética de Ucayali. La respuesta, sostiene, debe pasar por mayor infraestructura de almacenamiento, diversificación del suministro y fortalecimiento institucional del mercado de combustibles en la Amazonía.

Directorio aprobó la constitución del Vehículo de Propósito Especial (VPE) previsto en el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 y una nueva estructura organizacional que fortalece la independencia del control interno y la gestión de riesgos.

El Directorio de Petroperú aprobó, el 5 de agosto, la constitución del Vehículo de Propósito Especial (VPE) una medida clave para implementar el mecanismo que facilitará el acceso a nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, destinadas a fortalecer la liquidez y la continuidad operativa de la empresa.

Conforme el mandato del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, el VPE será constituido inicialmente con Petroperú como único accionista y su implementación se desarrollará en estricto cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y financieras aplicables, conforme las normas vigentes. Esta decisión abre el camino a la banca nacional e internacional a proveer de los recursos para la compra de crudo y la continuidad de las operaciones de la empresa sin ningún contratiempo.

En la primera parte de la sesión del directorio, también se aprobó una nueva Estructura Básica de Organización, orientada a fortalecer la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y los mecanismos de control interno. Esta decisión responde al compromiso de la empresa con una gestión más transparente, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales.

La nueva estructura contempla la creación de la Gerencia de Auditoría Interna, la Gerencia de Riesgos y la Jefatura de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), funciones que reportarán directamente al Directorio, reforzando su independencia y capacidad de supervisión. Estas medidas se alinean con las Normas Globales de Auditoría Interna, los estándares de buen gobierno corporativo y las recomendaciones alcanzadas por la Contraloría General de la República.

La reorganización de la petrolera, que empieza de inmediato, optimiza la estructura existente sin generar gastos adicionales para la empresa, y reafirma el compromiso de Petroperú con una gestión responsable y orientada a resultados.

Con estas decisiones, Petroperú continúa avanzando en la implementación de las medidas previstas en los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, fortaleciendo simultáneamente su sostenibilidad financiera, sus estándares de gobernanza, la gestión de riesgos y la transparencia institucional. Estos avances contribuyen a consolidar una empresa más sólida, resiliente y preparada para garantizar la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

La Contraloría General de la República identificó diversas irregularidades en la contratación de combustible destinado a garantizar el funcionamiento de los servicios de agua potable y energía eléctrica en el distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya, en la región Ucayali. Las observaciones, correspondientes a los años 2024 y 2025, habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/ 24 826,22.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 010-2026-2-2683-SCE, la comisión de control verificó que la Municipalidad Distrital de Tahuanía adjudicó cuatro procesos de contratación a proveedores que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases y las especificaciones técnicas. A pesar de estas deficiencias, la entidad continuó con la ejecución de los contratos, otorgó la conformidad de las entregas y realizó los pagos correspondientes.

El informe también señala que los funcionarios responsables no aplicaron las penalidades previstas por incumplimientos en los plazos de entrega del combustible. En uno de los casos, un proveedor registró un retraso de 41 días sin que se impusieran las sanciones contractuales, situación que contribuyó al perjuicio económico detectado.

Asimismo, la Contraloría advirtió que una de las empresas contratadas no reunía las condiciones exigidas para participar en el proceso de selección. Mientras las bases establecían que el proveedor debía operar como grifo o estación de servicio, la empresa adjudicada contaba únicamente con autorización para funcionar como grifo flotante, categoría que presenta requisitos técnicos y autorizaciones distintas, según la información de Osinergmin.

El organismo de control indicó que estas irregularidades comprometieron el uso adecuado de los recursos públicos destinados al abastecimiento de combustible para los sistemas de agua y electricidad del distrito, lo que podría afectar la continuidad y calidad de estos servicios esenciales para la población de Tahuanía.

Como resultado de la investigación, la Contraloría identificó presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en funcionarios y servidores públicos que intervinieron en la evaluación de las ofertas, la ejecución de los contratos, la aprobación de las entregas y la autorización de los pagos.

Finalmente, recomendó al órgano competente iniciar los procedimientos para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, dispuso que el Procurador Público de la Contraloría promueva las acciones civiles para recuperar el perjuicio económico ocasionado al Estado y exhortó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a impulsar las acciones penales que correspondan.