La Defensoría del Pueblo informó que se han reportado 7 nuevos conflictos hasta el mes de setiembre, que se suman a los 198 conflictos ya registrados (142 activos y 56 latentes). Además, La institución precisa que 129 son de carácter socioambiental, 17 de carácter comunal, 12 por asuntos de gobierno nacional, 12 por asuntos de gobierno local, 9 por asuntos de gobierno regional, 8 por carácter laboral, 6 por demarcación territorial y 5 por otros asuntos.

Siete nuevos conflictos sociales en setiembre

En Huanta (Ayacucho), los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma provocaron un nuevo conflicto por diversos reclamos en la reforma estudiantil.

En el distrito de Huachocolpa (Huancavelica), los comuneros solicitan a la minera Kolpa S.A. la renegociación del contrato de servidumbre del 2016 por el uso de sus terrenos, debido a que la empresa habría excedido en el uso del área de paso y habría afectado los pastizales de la zona.

En Huánuco, organizaciones sociales y sindicales demandan al Gobierno Regional de Huánuco la construcción del nuevo hospital de Tingo María, la construcción del puente alterno sobre el río Huallaga, la instalación de un puente modular en el sector La Muyuna, la implementación de las plantas generadoras de oxígeno medicinal en todas las provincias, el mantenimiento de los centros educativos ante el posible inicio de las clases presenciales, obras de agua y desagüe en en la provincia de Ambo, entre otras.

En el distrito de San José de Quero, provincia de Concepción (Junín), los pobladores del sector Chala Alta, reclaman presunta contaminación ambiental y el incumplimiento de convenios y acuerdos suscritos con la empresa Minera de Mármol S.A.

En el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín), la Central Asháninka demanda al GORE dejar sin efecto la Ordenanza Regional Nº 345-GRJ/DREJ que rechaza la educación presencial en los tres niveles de educación básica regular en el ámbito de la UGEL Río Tambo, la restitución de personal médico y asistencial asignado a los establecimientos de salud de la Microrred de Salud de Puerto Ocopa, la culminación de la obra “Pequeño Sistema Eléctrico de Betania – Electrificación de 8 localidades de la Cuenca del Río Tambo” y la construcción del mini Hospital de Puerto Ocopa o el mejoramiento de los servicios de salud de Puerto Ocopa.

En el distrito de Oyón (Lima), los pobladores demandan a la Compañía Minera Buenaventura S.A.A. el cumplimiento de los compromisos suscritos en el 2012 y 2018.

En Ayabaca (Piura), los pobladores demandan al Gobierno Regional el mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, la ejecución de obras de carreteras y la instalación de una planta de oxígeno.

Nuevos conflictos sociales en octubre y noviembre

La Defensoría del Pueblo ya advertía desde el mes de septiembre el desarrollo de un conflicto social en el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi (Áncash), qué provocó el cese de actividades de la minera Antamina, por lo que fue necesaria la presencia del ejecutivo este martes para iniciar la mesa de diálogo.

El último fin de semana los Frentes de Defensa de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) incendiaron las instalaciones de la empresa minera aurífera Apumayo para ser escuchados por autoridades del ejecutivo ante la contaminación que se estaría generando en las cabeceras de Cuenca Hídrica del Sur de la región Ayacucho.

Durante octubre también se activó el conflicto social en la provincia de Cotabambas (Apurímac) y en Chumbivilcas (Cusco) contra la minera MMG Las Bambas. Los pobladores solicitaban mejorar la distribución del canon minero y la revisión de las condiciones sociales como parte de la responsabilidad social de la empresa.

Días antes, en Cusco, los pobladores de corredor minero en Espinar acataron un paro e incluso pedían salida del expremier Guido Bellido. Según los manifestantes, existe un total desconocimiento de la agenda indígena campesina por parte del Ejecutivo que se sentía vulnerada por la minera Antapaccay.

En Puno, los transportistas de servicio urbano bloquearon diferentes calles, parques y salidas a los terminales zonales e interregionales, con el objetivo de rechazar el incremento constante de los precios de los combustibles.

En tanto, en Piura más de 300 agricultores del distrito de San Miguel de El Faique y Canchaque (provincia de Huancabamba), damnificados por el deslizamiento y huaico ocurrido el 17 de marzo debido a lluvias fuertes, protestaron porque, aseguran, han pasado ocho meses y aún no son indemnizados.

En Huancavelica, pobladores de las comunidades campesinas de San Pedro de Ocobamba, Ayamarca y Tibillo del distrito de Córdova, provincia de Huaytará, protestan contra la minera Antapite. Ellos denuncian la contaminación con plomo en las aguas del río que consumen hace veinticinco años, mientras que, la empresa minera consume aguas cristalinas de un reservorio que realizó FONCODES para las comunidades.

Otro de los casos más sonados es el «paro amazónico» en Loreto contra la empresa estatal Petroperú, lo cual ha llevado a paralizar las operaciones en la Estación 5 del Oleoducto Norperuano. Además, piden el cierre de los lotes petroleros 95, 8, 192, 67.

Por último, el «paro cocalero» que bloqueo la carretera Interoceánica en Puno y Madre de Dios, dejó grandes pérdidas para los transportistas. Los agricultores pedían el cese de los operativos contra los cultivos ilegales de hoja de coca.

En octubre y noviembre se registraron al menos 9 conflictos, muchos de ellos advertidos por la Defensoría del Pueblo, mientras otros cobraban fuerza ante el silencio del Ejecutivo.

Solo en setiembre la mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en una sola región fueron en Loreto (28 casos), Cusco (21casos) y Áncash (16 casos).