o   Se liberan existencias de combustibles y la comercialización temporal de Diesel 2, ante la interrupción de la carretera Puente Chino–Aguaytía.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) adoptó disposiciones excepcionales y temporales para facilitar el abastecimiento de combustibles en el departamento de Ucayali, ante el riesgo de restricciones en el suministro ocasionado por la interrupción de la carretera Puente Chino–Aguaytía, a consecuencia de un huaico registrado el 1 de noviembre en el sector Santa Rosa, provincia de Padre Abad.

Mediante la Resolución Directoral N° 189-2026-MINEM/DGH, el sector autorizó que se exceptúe a los Productores y Distribuidores Mayoristas que cuenten con capacidad de almacenamiento, el cumplimiento de la obligación de mantener existencias del Diésel B5 y Gasolinas. Esta disposición facilitará el uso de las reservas de combustible para atender la demanda de la región.

Asimismo, se estableció la excepción temporal a las obligaciones de mezcla de diésel con biocombustibles, lo que permitirá comercializar Diesel 2 en reemplazo del Diesel B5. De esta manera, se contribuirá con la continuidad del suministro mientras se afrontan las dificultades logísticas ocasionadas por la emergencia.

Cabe señalar que PETROPERÚ informó al MINEM que cuenta con disponibilidad de Diesel 2, producto que podrá utilizarse como alternativa inmediata para el abastecimiento de Ucayali durante el periodo excepcional establecido.

Estas disposiciones responden a la pérdida total de la plataforma de la carretera PE-5N, entre los kilómetros 441+120 y 441+260, tramo que no cuenta con rutas alternas. Ante esta contingencia, el MINEM adopta alternativas que permitirán facilitar el transporte y la disponibilidad de combustibles, favoreciendo el normal desenvolvimiento del transporte terrestre y fluvial, el comercio, la industria y demás actividades productivas de Ucayali.

La resolución establece que las excepciones tendrán una vigencia de 15 días calendario y su aplicación rige desde el 05 de noviembre, pudiendo concluir antes si se supera la situación que pone en riesgo el suministro de combustibles.

El MINEM reafirma su compromiso de promover un marco normativo que favorezca el desarrollo confiable de las actividades de hidrocarburos y permita responder oportunamente ante contingencias que puedan afectar el suministro energético en la región.

• La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú exige sustento para la concesión de Talara en plena recuperación de Petroperú y ante los riesgos de El Niño.

• Solicita al Congreso y la Contraloría fiscalizar el crédito puente, sus costos financieros y el destino de los recursos.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) exige al Gobierno explicar por qué se impulsa la entrega de la administración de Talara al sector privado cuando Petroperú registra una recuperación de resultados. Al cierre de septiembre de 2026, la empresa reportó una utilidad neta de US$ 144,9 millones, frente a pérdidas de US$ 355 millones un año antes, y un EBITDA de US$ 654 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó el 7 de noviembre que el Gobierno ha estabilizado Petroperú y que sus primeros resultados son prometedores. Un día antes proyectó que cerrará 2026 con ganancias y señaló como objetivo dejar de depender de recursos estatales. FENPETROL demanda explicar por qué, ante esa recuperación reconocida por el propio ministro, se anuncia la entrega de la administración de Talara.

Recuperación y decisiones sobre Talara

Estos avances no eliminan las dificultades financieras: persiste un capital de trabajo negativo de US$ 1.364,6 millones. Sin embargo, la propia gerencia reconoce que la falta de liquidez restringió el suministro de crudo, la producción y las ventas. FENPETROL considera que la recuperación pudo ser mayor con financiamiento oportuno y demanda investigar si las decisiones y los plazos de ProInversión limitaron la adquisición de materia prima.

Resulta atípico que, mientras se anuncia una concesión de Talara, no se presente una explicación pública coherente sobre su alcance, la deuda y los beneficios para Petroperú. No basta señalar que se conservará la propiedad estatal: entregar la administración y los flujos de un activo estratégico exige sustento técnico, financiero y contractual. Talara es un complejo industrial integrado, dotado de tecnología Flexicoking, cuya reorganización no puede tratarse como una operación inmobiliaria.

La preocupación aumenta ante el fenómeno El Niño y sus riesgos para la infraestructura y el abastecimiento de combustibles. En este contexto de incertidumbre para la seguridad energética nacional, corresponde asegurar reservas, suministro de crudo y continuidad operativa. Anunciar cambios en la administración sin esclarecer sus consecuencias exige una respuesta inmediata del Gobierno.

Resultados y transparencia del financiamiento

Tras cerca de un año del encargo, ProInversión informó la adjudicación de dos inmuebles en agosto: el chalet Paillardelle, en San Isidro, y el ex Petrocentro Cañete, por US$ 1,18 millones en conjunto. Exigimos conocer cuántas ventas y transferencias se concretaron y cuánto ingresó efectivamente a Petroperú. Estos resultados requieren evaluación antes de avanzar hacia la separación de unidades de negocio y la participación privada en activos de mucha mayor complejidad.

También exigimos transparentar el financiamiento anunciado por hasta US$ 500 millones y concretado por US$ 475 millones. ProInversión ha atribuido a costos financieros la diferencia de US$ 25 millones: corresponde publicar contratos, comisiones, honorarios, beneficiarios y comprobantes. Informar que el 57% se destinará a crudo y combustibles, el 30% a obligaciones financieras y el 13% a proveedores no sustituye una rendición de cuentas sobre la ejecución íntegra, los saldos y el cronograma de aplicación.

Deuda y responsabilidad del Estado accionista

Ante las versiones sobre preocupación de bonistas en Estados Unidos por el anuncio de concesión, demandamos publicar las comunicaciones con los acreedores y precisar quién asumirá y atenderá la deuda, con qué flujos y garantías. Asimismo, solicitamos esclarecer si productores de los lotes de Talara están exportando crudo que podría abastecer a Petroperú y si ello obliga a importaciones de mayor costo, mediante información verificable de volúmenes, precios y condiciones comerciales.

FENPETROL expresa, además, su preocupación por la demora del Tribunal Constitucional en resolver la demanda contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, cuya causa, según advierte la Federación, quedó al voto en agosto. Considera que prolongar esta incertidumbre permite continuar aplicando una norma que cuestiona por afectar derechos laborales y facilitar una privatización encubierta y el desmembramiento de Petroperú, con vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, exige un pronunciamiento urgente que declare su inconstitucionalidad y proteja los derechos de los trabajadores y la soberanía energética nacional.

El MEF y el Minem, representantes del Estado accionista, deben fijar una posición conjunta que resuelva las contradicciones públicas sobre el futuro de Talara. No pueden dejar esta definición únicamente en declaraciones de ProInversión. FENPETROL exige la intervención del Congreso y la Contraloría, dentro de sus competencias, para fiscalizar el financiamiento, el abastecimiento y la reorganización patrimonial. La recuperación de Petroperú debe fortalecerse con transparencia y decisiones que protejan el patrimonio y la seguridad energética del país.

El IPC de la ciudad aumentó 0,34% en octubre y acumuló una variación de 4,72% entre enero y octubre de 2026. Transportistas de carga evalúan elevar sus tarifas de S/110 a S/150 por tonelada.

El encarecimiento de los combustibles, el gas doméstico y diversos alimentos de primera necesidad continúa impactando en el presupuesto de los hogares de Huancayo. La situación también afecta a los comerciantes del mercado Modelo, quienes enfrentan mayores costos para mantener sus negocios, mientras que los transportistas de carga advierten sobre posibles incrementos en las tarifas de los fletes.

El director departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Junín, Jhon Zumaeta Delgado, informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Huancayo registró un incremento de 0,34% en octubre de 2026. Con este resultado, la inflación acumulada durante los primeros diez meses del año alcanzó el 4,72%.

“Cuando suben los combustibles sube todo”, expresó el funcionario, al señalar que el encarecimiento del transporte y la distribución termina repercutiendo en los precios finales de los productos y servicios que adquieren los consumidores.

Combustibles y gas doméstico registraron nuevos aumentos

Las estadísticas de la oficina departamental del INEI muestran que, durante octubre, la gasolina incrementó su precio en 4,1%, mientras que el diésel registró un alza de 3,5%. Por su parte, el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular subió 0,5%.

El aumento también se trasladó al transporte público y privado. Las tarifas de los taxis se elevaron 1,6%, en tanto que los pasajes de ómnibus y microbuses aumentaron 0,6%.

En los hogares, el gas doméstico presentó una variación mensual de 2%, generando mayores gastos para las familias y los pequeños establecimientos que utilizan este combustible en la preparación de alimentos.

Transportistas proyectan elevar fletes de S/110 a S/150 por tonelada

El incremento de los combustibles ha encendido las alertas en el sector de transporte de mercancías. Juan Carlos Lagos Damián, presidente de los transportistas de mercancías del centro, señaló que las empresas evalúan reajustar sus tarifas para compensar el aumento de sus costos operativos.

El dirigente indicó que el servicio de transporte de carga, que anteriormente costaba S/110 por tonelada, podría pasar a S/150.

De concretarse esta modificación, el incremento sería de S/40 por tonelada, equivalente al 36,4% respecto de la tarifa anterior. Esta variación podría repercutir en los costos de traslado y comercialización de los productos de primera necesidad.

Asimismo, los transportistas expresaron su disconformidad con el subsidio a los combustibles dispuesto por el Gobierno central. Según sus representantes, el beneficio habría cubierto apenas alrededor del 1% de sus costos, una estimación que todavía requiere respaldo mediante información oficial.

Comerciantes del mercado Modelo reducen la preparación de menús

El impacto de los mayores precios también se siente en los puestos de comida del mercado Modelo de Huancayo. Algunos comerciantes señalan que ofrecer un menú a S/10 resulta cada vez menos rentable debido al incremento de los insumos y del gas utilizado para cocinar.

Aquilina Oré Dávila, propietaria del puesto 512, conocido como “La Bolichera”, explicó que el aumento del precio del pescado ha reducido considerablemente sus márgenes de ganancia.

Según relató, anteriormente adquiría el pescado a precios de entre S/7 y S/8, pero actualmente el kilo de bonito alcanza los S/20 y el de jurel llega a S/18.

A esta situación se suma el encarecimiento del combustible doméstico. La comerciante señaló que el balón de gas que antes compraba a S/45 ahora le cuesta S/52, lo que representa S/7 adicionales por unidad.

Oré Dávila explicó que mantener el precio del menú marino en S/10 es complicado, debido a que los consumidores difícilmente aceptan pagar un monto superior, pese al incremento de los costos de preparación.

Restaurantes destinan más de S/200 semanales a la compra de gas

Otra comerciante afectada es María Córdova Broncano, encargada del restaurante “La Chinita”, también ubicado en el mercado Modelo.

La responsable del establecimiento manifestó que utiliza cuatro balones de gas por semana, por los cuales actualmente desembolsa más de S/200. Este gasto, sumado al incremento de los productos alimenticios, ha complicado la continuidad de su negocio.

Ante la reducción de sus ganancias, decidió dejar de preparar temporalmente el menú diario, debido a que mantener el precio de S/10 ya no le permite cubrir los costos de producción.

También mencionó que algunos productos básicos experimentaron fuertes incrementos. La arveja llegó a costar S/8 por kilo, mientras que la zanahoria alcanzó los S/5. Durante la jornada, varios puestos de comida del centro de abastos permanecieron cerrados, según los testimonios recogidos.

Arveja subió 42,7% y papa blanca 21,8% durante octubre

De acuerdo con el reporte del INEI Junín, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,09% en octubre, convirtiéndose en uno de los principales factores que presionaron el costo de vida en Huancayo.

Entre los productos que experimentaron las mayores variaciones destacan:

• Arveja: 42,7%.
• Verdura picada: 32,1%.
• Papa blanca: 21,8%.
• Zanahoria: 18,3%.
• Azúcar rubia: 9,4%.

En cuanto a los productos hidrobiológicos, Jhon Zumaeta Delgado explicó que los mayores incrementos se habían presentado hasta septiembre. Si bien algunos pescados redujeron sus precios durante octubre, todavía se mantienen elevados en determinados mercados debido a problemas de abastecimiento relacionados con las condiciones climáticas.

¿Qué productos disminuyeron sus precios en Huancayo?

Pese al incremento general del costo de vida, algunos alimentos y servicios registraron reducciones durante octubre, según las estadísticas del INEI en Junín.

Entre los productos que bajaron de precio figuran la cebolla china, el mango, el pepinillo, los huevos de gallina, la liza, el bonito, la papaya y las menudencias de pollo. También se reportó una disminución en las tarifas de los servicios de telefonía móvil.

No obstante, estas reducciones no fueron suficientes para compensar las alzas de otros productos, por lo que el IPC de Huancayo cerró octubre con una variación positiva de 0,34%.

A nivel nacional, el INEI reportó una inflación mensual de 0,56% durante octubre, por encima del resultado registrado en Huancayo. El comportamiento de los precios estuvo relacionado, entre otros factores, con las condiciones climáticas y el incremento de los costos logísticos, que continúan presionando los gastos de las familias y las actividades comerciales.