Roberto Maldonado, vicepresidente de la institución, sostuvo que la próxima gestión deberá brindar seguridad jurídica para proteger una actividad clave para el crecimiento, el empleo y la recaudación fiscal.

Mientras la minería formal continúa consolidándose como el principal motor de las exportaciones peruanas, el crecimiento de la minería ilegal amenaza con debilitar la institucionalidad, afectar la seguridad y comprometer el desarrollo económico del país, advirtió el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Roberto Maldonado.

Entre enero y mayo de este año, la minería aportó el 74% del valor de las exportaciones nacionales, generando más de US$ 33 mil millones en divisas. En otras palabras, siete de cada diez dólares que ingresaron al Perú por comercio exterior provinieron de esta actividad.

Maldonado señaló que estas cifras evidencian el papel estratégico de la minería formal en la economía nacional, no solo por su contribución al crecimiento económico, sino también por la generación de empleo, el desarrollo de proveedores y los recursos que financian obras y servicios públicos mediante el canon, las regalías y los impuestos.

«La minería formal continúa siendo uno de los principales motores de la economía peruana y una actividad indispensable para sostener el crecimiento, el empleo y la recaudación fiscal», sostuvo en su columna del Semáforo Minero.

Riesgo para el desarrollo

El directivo del IIMP señaló que este aporte contrasta con el avance sostenido de la minería ilegal, cuya expansión representa un desafío cada vez mayor para el Estado.

En ese contexto, cuestionó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado como un mecanismo excepcional y temporal, haya terminado prolongándose durante varios años.

«Cada nueva prórroga debilita la institucionalidad, retrasa la verdadera formalización y genera incentivos para que muchos operadores permanezcan fuera del marco legal», afirmó.

Asimismo, indicó que el país requiere una política de formalización con reglas claras, plazos definidos y mecanismos efectivos para quienes realmente buscan incorporarse a la legalidad, diferenciándolos de las organizaciones criminales que utilizan estos instrumentos para continuar operando ilegalmente.

Estrategia integral

Maldonado recordó que organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han advertido que la minería ilegal dejó de ser un problema localizado para convertirse en una amenaza estructural que se expande aprovechando el incremento del precio de los minerales.

En ese escenario, sostuvo que el Estado debe responder con una estrategia integral que combine acciones de fiscalización, inteligencia y fortalecimiento institucional.

«Es indispensable fortalecer la fiscalización, asegurar la trazabilidad del mineral, controlar las plantas de procesamiento y los canales de comercialización, perseguir las finanzas de estas organizaciones criminales y brindar seguridad jurídica a quienes invierten y cumplen la ley», enfatizó.

Finalmente, consideró que el próximo gobierno asumirá la responsabilidad de aprovechar el potencial del sector minero sin descuidar el combate contra la minería ilegal.

o A través de la OGGS, se verificaron 11 actividades reportadas por la empresa Southern Perú en su Declaración Anual Consolidada (DAC) 2024.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Oficina General de Gestión Social (OGGS), realizó una visita de campo a la provincia de Ilo, región Moquegua, para verificar las actividades de inversión social minera declaradas por Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú – Unidad Minera Ilo, como parte de las acciones de seguimiento a los compromisos sociales vinculados al desarrollo de la actividad minera.

La supervisión estuvo a cargo del equipo técnico de la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales de la OGGS, que verificó en campo la ejecución de 11 actividades consignadas por la empresa en el Anexo IV de la Declaración Anual Consolidada (DAC) 2024, contrastando la información reportada con las condiciones observadas en los lugares de intervención y recogiendo información directa de los beneficiarios.

Como parte del trabajo desarrollado, el equipo técnico verificó diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento del desarrollo local, entre ellas la Planta Media Luna para el tratamiento de aguas residuales de Ilo, el apoyo al encauzamiento del río Osmore, campañas médicas gratuitas, proyectos financiados mediante capital semilla para asociaciones locales.

Asimismo, verificaron la implementación de la Brigada Ambiental Comunitaria y el Programa Emblemático de Coros y Orquestas de la Región Sur, entre otras acciones de inversión social; y, además, los especialistas del MINEM sostuvieron reuniones y entrevistas con beneficiarios de las distintas iniciativas para conocer su percepción sobre los resultados alcanzados.

Estas acciones forman parte de las funciones que desarrolla la OGGS para fortalecer el seguimiento de los compromisos sociales asociados a las actividades minero-energéticas, promoviendo la transparencia de la información declarada y una adecuada articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades.

o   Norma eleva de 40 a 60 el número de plataformas que pueden tramitarse mediante Declaración de Impacto Ambiental, en un plazo de 30 días hábiles, sin modificar los estándares de protección ambiental vigentes.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó la publicación del Decreto Supremo N° 014-2026-EM, norma que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2017-EM, con el objetivo de hacer más ágiles y predecibles los procedimientos de evaluación ambiental sin alterar los estándares de protección vigentes.

Entre los principales cambios, el decreto amplía de 40 a 60 el número de plataformas de exploración minera que pueden tramitarse a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), instrumento cuyo procedimiento de evaluación tiene una duración de 30 días hábiles. Anteriormente, los proyectos que superaban las 40 plataformas debían tramitar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, con un plazo de evaluación de 90 días hábiles.

La norma también regula los plazos de las autoridades y los administrados durante el procedimiento, evita la duplicidad de observaciones entre las entidades evaluadoras y crea mecanismos de asistencia técnica para que los administrados puedan levantarlas oportunamente. Además, permite notificar al administrado con las observaciones de la entidad evaluadora aun cuando una entidad opinante demore en emitir su informe, procedimiento que hasta ahora quedaba suspendido en esos casos.

«Esta norma no significa ceder terreno en materia ambiental; los estándares de protección se mantienen intactos. Lo que hacemos es ordenar y agilizar el procedimiento, para que el país pueda contar con más proyectos de exploración, más inversión y más empleo», señaló el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán.

El Decreto Supremo N° 014-2026-EM cuenta con el refrendo del ministro de Energía y Minas y de la ministra del Ambiente, así como con la firma del presidente de la República. Con esta medida, el MINEM busca dinamizar la cartera de proyectos de exploración minera, promover la inversión privada en el sector y brindar mayor seguridad jurídica a los administrados, en un marco de pleno cumplimiento de la normativa ambiental.