Gas Natural
Osinergmin advierte brechas en la expansión del gas natural y cuestiona cobros por más de US$1.800 millones
La propuesta para ampliar la concesión hasta 2043 contempla llevar gas natural a 15 localidades de siete regiones. Sin embargo, el regulador señala que las metas de conexión no garantizan una cobertura amplia y observa el reconocimiento de activos por US$854,9 millones.
El proyecto para ampliar la distribución de gas natural hacia el centro y sur del Perú enfrenta cuestionamientos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La entidad evaluó la Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda y advirtió que las condiciones planteadas podrían dejar a miles de viviendas sin una conexión garantizada durante más de una década.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Cálidda, contempla extender la concesión hasta 2043 y ejecutar una inversión privada de aproximadamente US$550 millones. El plan busca desarrollar 3.738,9 kilómetros de redes y atender a un universo potencial de 300.613 consumidores en 15 localidades de siete regiones.
No obstante, el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin señala que el número mínimo de conexiones comprometidas por la empresa asciende a 201.411, una cifra que no garantiza que toda la población considerada como potencial beneficiaria tenga una red disponible frente a su vivienda.
Cuatro localidades tendrían una cobertura mínima
Una de las principales observaciones del regulador está relacionada con las metas de conexión establecidas para Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná.
En estas localidades, las obligaciones mínimas podrían cubrir apenas entre el 20% y 30% de las viviendas evaluadas. Para Osinergmin, esto significa que alrededor del 70% de los hogares de esas zonas podría quedar sin una garantía de acceso a la infraestructura de gas durante un periodo superior a diez años.
En Huamanga, por ejemplo, se plantea un mínimo de 13.555 conexiones frente a 44.660 viviendas consideradas dentro del área de evaluación. Esto representa una cobertura contractual de 30,4%.
La situación es aún más reducida en Quillabamba. Allí se contemplan 884 conexiones como mínimo para un universo de 4.391 viviendas, equivalente a solo 20,1%.
El regulador precisa que esto no significa que las viviendas restantes queden excluidas definitivamente del servicio. El problema es que la adenda no establece una obligación equivalente para garantizar que esos hogares cuenten con una red cercana que les permita solicitar posteriormente una conexión.
Más kilómetros de tubería no significan mayor cobertura
Osinergmin sostiene que establecer metas de kilómetros de redes y número de conexiones no necesariamente garantiza una expansión equilibrada del servicio.
Cálidda podría cumplir con los objetivos contractuales concentrando las obras y conexiones en sectores con mayor densidad poblacional o demanda. De esta manera, podría alcanzar las cifras establecidas sin que la infraestructura llegue de forma uniforme a todas las zonas consideradas dentro del área potencial.
El riesgo, según el organismo supervisor, es que determinados barrios permanezcan sin redes y sus habitantes deban esperar nuevas inversiones o futuras modificaciones contractuales para acceder al gas natural.
A ello se suma que la propuesta considera un factor de penetración de 67%, mientras que Osinergmin considera que este indicador debería alcanzar al menos el 70% en cada localidad.
La adenda también contempla la posibilidad de compensar hasta el 20% de las conexiones entre distintas localidades. Para el regulador, esta flexibilidad podría reducir aún más la garantía efectiva de cobertura en determinadas ciudades, debido a que conexiones que no se ejecuten en una localidad podrían contabilizarse mediante avances realizados en otra.
Siete regiones forman parte del proyecto
La expansión propuesta comprende localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.
El proyecto considera Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Puno y Juliaca, en Puno; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Abancay y Andahuaylas, en Apurímac; además de Huancavelica.
Aunque el proyecto prevé miles de kilómetros de nuevas redes, Osinergmin considera que la evaluación de la masificación no debería limitarse al cumplimiento de metas físicas o al número de usuarios conectados.
La diferencia entre el universo potencial de consumidores y las conexiones mínimas exigidas a la concesionaria es uno de los principales puntos de discusión.
Osinergmin cuestiona cobros a usuarios de Lima y Callao
Otro aspecto observado por el regulador está relacionado con la extensión de la concesión de Cálidda hasta 2043.
Osinergmin señala que más de 1,8 millones de usuarios de Lima y Callao podrían continuar pagando mediante sus recibos por las redes de gas existentes después de 2033, año en el que, según las condiciones del contrato, la infraestructura debería haber recuperado su costo y pasar a propiedad del Estado.
El cuestionamiento surge porque la propuesta mantiene un valor cobrable de las redes —denominado Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)— en lugar de llevarlo a cero una vez recuperado el costo de la infraestructura.
De acuerdo con las proyecciones del regulador, mantener ese valor entre 2033 y 2043 permitiría a la concesionaria obtener ingresos por US$2.252,7 millones, frente a costos operativos estimados en US$420,7 millones. La diferencia alcanzaría aproximadamente US$1.832 millones.
Si, en cambio, el valor de las redes existentes se redujera a cero desde 2033, la utilidad proyectada sería de unos US$329,7 millones.
Para Osinergmin, la diferencia no debería traducirse en una ganancia extraordinaria para la empresa. El organismo plantea que podría reflejarse en menores tarifas para los usuarios o destinarse a nuevas inversiones que no impliquen un costo adicional para los consumidores.
La adenda podría marcar un precedente regulatorio
Las observaciones también abren un debate sobre el margen que tendría Osinergmin para revisar posteriormente los costos y la eficiencia de las inversiones si determinadas condiciones quedan establecidas directamente en el contrato.
El informe advierte que fijar criterios demasiado rígidos podría limitar la posibilidad de trasladar a los usuarios, mediante futuras revisiones tarifarias, las eficiencias, economías de escala y optimizaciones que se produzcan conforme madure la red.
Especialistas del sector consideran que la controversia podría tener efectos más allá del mercado del gas natural. Si las condiciones planteadas quedan incorporadas al contrato, otros concesionarios podrían posteriormente solicitar un tratamiento similar bajo el argumento de igualdad o trato no discriminatorio.
Aunque el informe de Osinergmin no tiene carácter vinculante para el Minem, sus observaciones podrían influir en la discusión sobre la adenda y en el futuro de la regulación tarifaria de concesiones de largo plazo.
Cálidda defiende la propuesta
Cálidda sostuvo que su objetivo es llevar gas natural a siete regiones del centro y sur del país en el menor tiempo posible y mantener para estos nuevos usuarios tarifas similares a las vigentes en Lima.
La empresa señaló que su propuesta prácticamente duplica el compromiso inicial planteado por el Estado, al considerar redes destinadas a atender a unas 300.000 viviendas y establecer una meta mínima de 201.000 conexiones efectivas.
Según la concesionaria, estas metas no constituyen un límite para la expansión posterior, debido a que existen mecanismos regulatorios que permiten continuar ampliando la cobertura.
Respecto a los mayores costos de construcción en las regiones, Cálidda explicó que las condiciones de altura, lluvias, nieve, características del terreno y posibles restricciones arqueológicas hacen que el tendido de redes sea más complejo y costoso que en Lima.
La empresa también defendió la posibilidad de compensar conexiones entre localidades, argumentando que el proyecto se desarrollará simultáneamente en 15 ciudades y que algunas podrían presentar mayores dificultades para alcanzar las metas inicialmente previstas.
Sobre el cuestionamiento a las posibles ganancias adicionales, Cálidda rechazó que exista una “sobreganancia”. La compañía afirmó que el contrato regulado debe mantener el equilibrio económico-financiero y que la modificación no puede permitir que el concesionario obtenga mayores beneficios que los previstos originalmente.
La empresa explicó además que las inversiones se recuperan mediante las tarifas durante un periodo de 30 años. Por ello, las obras realizadas cerca del final del contrato original tendrían menos tiempo para recuperar sus costos. La ampliación de la concesión permitiría, según Cálidda, extender el periodo de remuneración de esas nuevas infraestructuras.
Finalmente, la concesionaria señaló que el ritmo de conexiones también dependerá de la incorporación progresiva de los usuarios y puso como referencia el crecimiento registrado en Lima, donde el compromiso inicial era inferior a 100.000 conexiones y actualmente se han superado los 2,1 millones.
En el caso de Quillabamba, Cálidda indicó que, si la adenda es aprobada, concluirá las obras del proyecto estatal en la ciudad y ampliará el servicio hacia sectores que no fueron incluidos inicialmente.
Gas Natural
Gasoducto Sur de US$ 4.320 millones permanece estancado por falta de decisión del Gobierno
Gasoducto Sur de US$ 4.320 millones permanece estancado por falta de decisión del Gobierno
ProInversión espera que el Ejecutivo defina cómo se complementará el SITGAS con el gasoducto costero planteado por TGP. La falta de una decisión impide avanzar con la segunda fase de estudios y genera incertidumbre sobre las inversiones necesarias para llevar gas natural al sur del país.
El Sistema Integrado de Transporte de Gas (SITGAS), cuya inversión estimada asciende a US$ 4.320 millones, continúa a la espera de que el Gobierno defina su configuración definitiva para retomar los estudios técnicos y avanzar con la infraestructura destinada a ampliar el suministro de gas natural en el sur peruano.
El retraso está relacionado con la propuesta de adenda presentada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que incluye la construcción de un gasoducto costero para abastecer algunas de las zonas contempladas en el diseño inicial del SITGAS.
Debido a que ambas iniciativas buscan suministrar gas natural a las centrales eléctricas del nodo energético del sur y atender la demanda de ciudades como Arequipa, Ilo y Mollendo, el Ejecutivo debe determinar cómo se distribuirán sus respectivos alcances para evitar inversiones duplicadas.
Durante una audiencia pública de la Comisión de Energía y Minas realizada en Cusco, Renzo Rojas Jiménez, director del proyecto SITGAS de ProInversión, explicó que es indispensable establecer qué alternativa se ejecutará antes de contratar nuevos estudios que podrían necesitar modificaciones posteriores.
El funcionario sostuvo que la prioridad es definir el camino que seguirá la infraestructura de transporte de gas natural hacia el sur del país.
Esta decisión tendrá repercusiones en la seguridad energética nacional y en los planes de expansión del servicio hacia regiones que todavía necesitan infraestructura para garantizar un abastecimiento adecuado.
Posible superposición con TGP frena los estudios del SITGAS
La coincidencia entre algunos componentes del SITGAS y el gasoducto costero propuesto por TGP constituye uno de los principales impedimentos para continuar con la siguiente etapa del proyecto.
Las dos iniciativas consideran el transporte de gas natural hacia las centrales de generación eléctrica del nodo energético del sur, así como el abastecimiento de diversas localidades de esta parte del país.
Ante este escenario, el Gobierno deberá evaluar qué obras se desarrollarían mediante la propuesta de TGP y cuáles continuarían formando parte del proyecto a cargo de ProInversión.
Si la adenda es aprobada y el gasoducto costero cubre parte de los objetivos previstos para el SITGAS, será necesario modificar el diseño original para evitar la duplicación de infraestructura.
Esto supondría revisar los componentes contemplados inicialmente y realizar nuevas evaluaciones técnicas sobre las obras que permanezcan dentro del proyecto.
ProInversión ha advertido que contratar los estudios sin conocer el alcance definitivo de la iniciativa podría ocasionar gastos que posteriormente no se aprovechen.
La segunda etapa comprende trabajos de campo y evaluaciones especializadas para confirmar la viabilidad de la ruta planteada. Por ello, la entidad considera que el Ejecutivo debe resolver primero la articulación entre ambos proyectos antes de comprometer nuevos recursos públicos.
Cusco, Puno y Arequipa figuran entre las regiones beneficiarias
El SITGAS fue encargado a ProInversión en 2017, luego de que se diera por terminada la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuya ejecución quedó interrumpida tras los problemas vinculados al consorcio encabezado por Odebrecht.
La iniciativa fue planteada como una alternativa para retomar el desarrollo de infraestructura gasífera y reforzar la seguridad energética del país.
Su diseño contempla tres objetivos centrales: fortalecer la seguridad del sistema de transporte de líquidos, suministrar gas natural a las centrales del nodo energético del sur y extender el abastecimiento hacia ciudades donde pueda implementarse la distribución urbana.
Entre las zonas que podrían beneficiarse se encuentran Cusco, Puno, Arequipa y Abancay, además de las centrales de generación eléctrica situadas en Ilo y Mollendo.
La ejecución de estas obras permitiría atender las necesidades energéticas de dichas localidades y superar algunas de las restricciones que dificultan la expansión del gas natural.
Sin embargo, el suministro a las centrales del nodo energético también está contemplado en el gasoducto costero de TGP. Esta coincidencia hace necesario definir el alcance de cada iniciativa antes de determinar las inversiones que finalmente se llevarán a cabo.
S/ 24 millones transferidos, pero la segunda fase continúa pendiente
El desarrollo de los estudios del SITGAS se dividió en dos etapas. La primera terminó en octubre de 2020 y permitió identificar una alternativa técnica utilizando la información disponible sobre el proyecto.
La segunda fase debía completar las evaluaciones mediante trabajos de campo para verificar la viabilidad de la ruta propuesta.
Sin embargo, ProInversión efectuó dos convocatorias internacionales sin conseguir contratar a las empresas consultoras responsables de estos trabajos. A esta dificultad se sumó posteriormente la propuesta de adenda de TGP, que introdujo dudas sobre la configuración definitiva de la infraestructura.
En la audiencia pública, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Marleni Cárdenas Pino, informó que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) transfirió S/ 24 millones a ProInversión en marzo de 2024 para financiar la segunda etapa de los estudios.
Pese a esta transferencia, las actividades permanecen condicionadas a una decisión del Ejecutivo sobre el futuro del proyecto.
Rojas Jiménez señaló que ProInversión está en condiciones de continuar con la asistencia técnica y las contrataciones necesarias una vez que el Gobierno determine qué alternativa se desarrollará.
De esta manera, la disponibilidad de recursos para los estudios no ha sido suficiente para destrabar el proceso, que depende de la definición del alcance de las obras.
Propuesta de TGP recibe críticas por inversión de S/ 7.000 millones
La posible ampliación de la concesión de TGP también ha generado observaciones por parte de la Asociación de Consumidores de Gas en el Perú, que cuestiona las condiciones planteadas para incorporar nuevas inversiones en el sistema de transporte.
La propuesta contempla extender por 10 años la concesión de la empresa e incorporar infraestructura adicional para el suministro de gas natural.
Uno de los principales puntos de controversia es el denominado Ramal Sur, cuya inversión se estima en alrededor de S/ 7.000 millones, según la asociación.
La organización advierte que la adenda podría permitir que estas obras sean encargadas directamente a TGP, sin una licitación que garantice la competencia entre posibles proveedores.
También expresa reparos sobre la posibilidad de establecer mecanismos de rentabilidad garantizada y plazos de ejecución flexibles. A juicio de la asociación, estas condiciones podrían trasladar al Estado parte de los riesgos financieros relacionados con eventuales retrasos.
Estas afirmaciones representan la posición de la organización y no constituyen conclusiones definitivas sobre las condiciones contractuales de la propuesta, que todavía se encuentra en evaluación.
Asimismo, la asociación considera que el Gobierno debería exigir el cumplimiento de las obligaciones vigentes y corregir las deficiencias existentes en el sistema de transporte antes de autorizar nuevas inversiones bajo condiciones adicionales.
Sus cuestionamientos se producen seis meses después de una interrupción del transporte de gas natural de Camisea, que afectó el abastecimiento durante aproximadamente dos semanas y tuvo consecuencias económicas.
Usuarios podrían enfrentar mayores costos por la ampliación de la concesión
La Asociación de Consumidores de Gas en el Perú también cuestiona el posible reconocimiento tarifario de inversiones y activos que ya forman parte de la infraestructura existente.
Según su interpretación, ampliar la concesión durante una década podría prolongar el cobro a los usuarios por determinados activos que ya habrían sido remunerados mediante las tarifas del servicio.
La organización también pone en duda que las inversiones destinadas a reforzar la capacidad de respaldo y redundancia del sistema deban ser reconocidas como nuevos gastos financiables por los consumidores.
Su argumento es que los ingresos obtenidos mediante las tarifas durante las últimas dos décadas debieron contribuir a financiar las inversiones y los gastos necesarios para garantizar la continuidad del transporte.
Por ello, considera que el Ejecutivo debe evaluar cuidadosamente las condiciones económicas de la adenda antes de aprobar obligaciones que eventualmente puedan repercutir en los usuarios.
Esta controversia forma parte de un debate más amplio sobre la conveniencia de ampliar la infraestructura mediante modificaciones a una concesión existente o recurrir a proyectos independientes adjudicados mediante procesos competitivos.
La decisión también será determinante para el SITGAS, pues la incorporación del gasoducto costero podría obligar a modificar parte de su diseño y redefinir las inversiones necesarias para ampliar la cobertura del servicio.
Activos del Gasoducto Sur Peruano siguen sujetos a controversias arbitrales
El futuro del SITGAS también está condicionado por la situación jurídica de los bienes vinculados al Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión terminó en 2017 después de que el concesionario no acreditara el cierre financiero requerido.
Cuando se paralizó, el proyecto original registraba un avance físico aproximado del 11%.
Desde entonces, el desarrollo de nueva infraestructura para transportar gas natural hacia el sur ha dependido de decisiones técnicas, financieras y contractuales que permitan retomar las inversiones.
La viceministra Iris Cárdenas explicó que el Estado recibió parte de los bienes del proyecto en calidad de poseedor, pero aún no cuenta con la propiedad definitiva de estos activos.
Esta situación restringe la posibilidad de disponer libremente de la infraestructura, debido a las controversias arbitrales pendientes con empresas vinculadas al consorcio que estuvo a cargo de la concesión original.
La titularidad definitiva de los bienes dependerá de las decisiones que adopten los tribunales arbitrales correspondientes, según lo señalado por la funcionaria.
Por tanto, el Gobierno deberá resolver no solo la posible superposición entre el SITGAS y la propuesta de TGP, sino también considerar las limitaciones legales relacionadas con los activos del proyecto anterior.
Gobierno tiene pendiente definir la ruta para el gasoducto del sur
El Ejecutivo deberá decidir si conserva el diseño original del SITGAS, lo modifica para complementarlo con el gasoducto costero de TGP o plantea una alternativa distinta para ampliar el transporte de gas natural.
Esta definición permitirá establecer las obras que se ejecutarán, el esquema de inversiones y las condiciones para reanudar los estudios técnicos de la segunda etapa.
Mientras no se adopte una decisión, el proyecto de US$ 4.320 millones seguirá sin avanzar hacia la siguiente fase, pese a que el MINEM transfirió recursos para financiar los estudios.
El desenlace será clave para la seguridad energética del Perú y para las posibilidades de extender el acceso al gas natural en regiones del sur que requieren nueva infraestructura para contar con un suministro suficiente y continuo.
Gas Natural
Transpesa reducirá en 50% los tiempos de abastecimiento y elevará al 60% su flota a GNL, tras inaugurar su estación Home Base a gas natural licuado con Solgas
Ambas compañías inauguraron en Trujillo la primera estación Home Base de GNL para transporte pesado del Perú, con una inversión cercana a US$ 2 millones y capacidad para abastecer hasta 200 unidades al día.
Mayor capacidad de abastecimiento y eficiencia operativa
Solgas y Grupo Transpesa pusieron en funcionamiento en Trujillo la primera estación Home Base de consumidor directo de Gas Natural Licuado (GNL) para transporte pesado del Perú. La infraestructura demandó una inversión cercana a US$ 2 millones, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 60 m³ y permitirá abastecer de manera continua a una flota de más de 100 camiones.
La instalación permitirá incrementar la capacidad de abastecimiento de 70 a 200 unidades pesadas al día, con operación las 24 horas, los siete días de la semana. Asimismo, reducirá en 50% los tiempos de abastecimiento, mejorará la planificación logística y brindará mayor previsibilidad en los costos de combustible, fortaleciendo la autonomía operativa de Transpesa.
Transpesa apunta a operar con 60% de su flota a GNL
Actualmente, el 50% de la flota de Grupo Transpesa utiliza GNL y la empresa proyecta elevar esa participación al 60% al cierre de 2026, con el objetivo de alcanzar una flota 100% a GNL en el mediano plazo.
Según Solgas, el uso de GNL en el transporte pesado puede generar ahorros superiores al 50% frente al diésel y autonomías cercanas a los 2.200 kilómetros, dependiendo de las características de cada operación. El suministro mediante cisternas criogénicas especializadas permite, además, abastecer a flotas ubicadas en zonas sin acceso a gasoductos.
Solgas proyecta una red de 14 estaciones de GNL
La inauguración marca un avance en la estrategia de Solgas para ampliar el acceso al GNL en los principales corredores logísticos y productivos del país. La compañía viene desarrollando una red de 14 estaciones, de las cuales 12 estarán abiertas al público. Las primeras se inaugurarán progresivamente antes de finalizar 2026.
Alessandra Dentone, directora Comercial de Solgas, destacó que esta iniciativa busca ofrecer alternativas energéticas que optimicen los costos operativos y promuevan una logística más limpia. Asimismo, señaló que la estación de Trujillo constituye el punto de partida de un plan para conectar los principales corredores del país.
Para Solgas, el proyecto también representa un avance en la diversificación de sus soluciones energéticas, en el año en que celebra 80 años de trayectoria en el Perú.
La nueva edición de la revista EL GAS NOTICIAS reúne las principales noticias, análisis y tendencias de la industria de los hidrocarburos, con especial atención al mercado de GLP, la expansión del gas natural y el desarrollo del GNL en el transporte pesado. La publicación incluye una amplia cobertura del 1.er Congreso Internacional de GLP y de la XV Conferencia de Gas Natural 2026, encuentros que congregaron a especialistas y representantes del sector para debatir sobre el futuro energético del Perú.
Accede al contenido digital 👉 https://lnkd.in/p/dJeWUyAb
Autogás y masificación del gas natural
La edición destaca el posicionamiento del Perú como dinamizador del mercado de Autogás en América Latina. Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), resalta la presencia de más de 1,700 gasocentros y una penetración del GLP del 14% en el parque automotor liviano.
Asimismo, se analiza el impacto de la permisología en la expansión del gas natural. Miguel Maal, experto en energía y gas natural en Latinoamérica, advierte que la fragmentación de los permisos y la falta de autorizaciones integrales pueden retrasar proyectos y desalentar nuevas inversiones.
GNL: oportunidades para el transporte pesado
La revista también aborda las perspectivas de crecimiento del Gas Natural Licuado (GNL) en el transporte pesado. Según las proyecciones del economista Walter Espinoza Villaverde, si se mantienen las condiciones de rentabilidad, el Perú podría pasar de seis estaciones operativas a unas 15 y alcanzar entre 1,500 y 2,000 vehículos a GNL en los próximos cuatro años.
En otro análisis, Noel Ñiquen, jefe de Proyectos y presidente del Comité Técnico de Gas del Colegio de Ingenieros del Perú, examina los vacíos regulatorios que afrontan los nuevos modelos de GNL, el transporte pesado y los sistemas fuera de red.
Fiscalización y retos del mercado de GLP
Entre los temas destacados figura el análisis de los más de 3,300 incumplimientos registrados en el sector GLP, que evidencia la necesidad de reforzar los controles, la trazabilidad y la prevención de riesgos regulatorios, de seguridad y ambientales. El tema es abordado por José Antonio Barrera Ayala, socio de JBA Legal Consulting.
La publicación dedica, además, varias páginas al 1.er Congreso Internacional de GLP 2026, organizado por la SPGL, que reunió a especialistas nacionales e internacionales de Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, México y otros países para analizar los desafíos y oportunidades del mercado peruano y latinoamericano.
Accede a la nueva edición
La revista EL GAS NOTICIAS reafirma así su compromiso con la información especializada, el análisis técnico y la cobertura de los principales acontecimientos de la industria energética.
Lee la edición completa en los siguientes enlaces:
Minem plantea cerrar el Reinfo en diciembre y otorgar 18 meses para completar la formalización minera
Gasoducto Sur de US$ 4.320 millones permanece estancado por falta de decisión del Gobierno
Petroperú pondrá en subasta 10 inmuebles valorizados en más de US$ 20 millones
Siete Regiones: subsanan las nueve observaciones de Osinergmin y fijan el 15 de octubre como plazo para firmar la adenda [VIDEO]
Más de US$500 millones para llevar gas natural a siete regiones
Llamagas refuerza su flota y apuesta por mayor seguridad en el transporte de GLP
-
Combustible4 días agoProducción de petróleo en Perú alcanzó los 39.44 MBPD en septiembre, pero cayó 6.9% interanual
-
GLP3 días agoExpertos plantean descentralizar el almacenamiento de GLP para fortalecer el abastecimiento ante el Fenómeno del Niño
-
Energía5 días agoLuz del Sur ejecutó 79 proyectos de electrificación, llevando energía a más de 29 mil personas hasta el tercer trimestre de 2026
-
Notas de Prensa3 días agoSemana del inversionista: ¿Cuáles son las 5 cosas que debes saber antes de invertir?
-
Notas de Prensa3 días agoHitachi Energy acelera la modernización de las redes eléctricas libres de SF₆ con nuevas incorporaciones al portafolio EconiQ
-
Notas de Prensa3 días agoAudífonos especiales para Shooters: Conoce los nuevos HUAWEI FreeBuds Neo y mejora tus partidas
-
Gas Natural5 días agoExportaciones del gas de Camisea cayeron 10% hasta septiembre de 2026, mientras los precios subieron 76,3%
-
Combustible4 días agoContraloría alerta sobre falta de sustento por 3358 galones de combustible en la Municipalidad de Candarave