El incremento del precio del Diésel en Pucallpa hasta niveles cercanos a S/ 25.00 por galón, frente al precio referencial publicado por OSINERGMIN de 14.12 por galón para la semana del 03 al 10 de agosto, constituye una señal de severa distorsión en la cadena de abastecimiento de combustibles de la Región Ucayali. Esta diferencia no puede explicarse únicamente por costos normales de transporte y comercialización, por lo que corresponde una evaluación técnica y regulatoria exhaustiva. La evidencia disponible indica que se produjo una situación de abastecimiento restringido, reflejada en largas filas, cierres temporales de estaciones de servicio y fuertes incrementos de precios, por tanto, desde un punto de vista técnico, no puede afirmarse automáticamente que el desabastecimiento en Ucayali haya sido consecuencia directa de una falta física de combustible a nivel nacional. El verdadero problema de Ucayali es su fragilidad logística. La región dispone de una capacidad de almacenamiento de 5,000 barriles, insuficiente para sostener la demanda durante interrupciones de transporte de algunos días. Esta situación obliga a depender de un flujo continuo de camiones cisterna desde la costa, de modo que cualquier retraso logístico, conflicto con transportistas, cierre de carreteras o restricción operativa se traduce rápidamente en escasez local y aumento de precios. Actualmente el Precio del Diesel llegó a S/ 25 por galón, cuando el precio referencial Osinergmin es de S/ 14.12, un margen bruto altísimo de S/ 10.88 por galón que está afectando la economía Regional. La diferencia entre el precio referencial y el precio observado en grifos puede deberse a una combinación de factores: 1. Escasez temporal en estaciones de servicio. 2. Costos logísticos extraordinarios. 3. Menor competencia efectiva en el mercado regional. 4. Comportamientos especulativos derivados de la percepción de desabastecimiento. 5. Desvío ilegal de combustibles exonerados de IGV, que reduce la oferta formal disponible. ¿A quién corresponde investigar si existen márgenes de comercialización injustificados o prácticas anticompetitivas durante esta crisis? Debemos concentrarnos en resolver las debilidades estructurales del sistema regional: 1. Reactivar el proyecto de la Nueva Planta de Ventas Ex Maple, elevando la capacidad de almacenamiento de 5,000 a 61,000 barriles. 2. Diversificar operadores logísticos y rutas de suministro. 3. Establecer reservas estratégicas regionales de diésel. 4. Fortalecer la fiscalización del desvío ilegal de combustibles. Un puesto de Control SUNAT en Aguaytia 5. Mejorar la transparencia de inventarios y despachos diarios. 6. Evaluar mecanismos de competencia efectiva en la comercialización regional. Ucayali se encuentra en una situación de dependencia crítica y vulnerabilidad estructural frente a las decisiones operativas, financieras y logísticas de un proveedor dominante PETROPERU. El episodio reciente evidencia una falla del sistema de seguridad energética regional. La prioridad del Gobierno debe ser reducir esa dependencia mediante mayor capacidad de almacenamiento, diversificación logística y fortalecimiento institucional del mercado de combustibles en la Amazonía peruana. OTRO TEMA CRITICO, EL DESTRABE PARA QUE INGRESE EL GAS NATURAL VEHICULAR, desviar la dependencia de los combustibles líquidos.

Directorio aprobó la constitución del Vehículo de Propósito Especial (VPE) previsto en el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 y una nueva estructura organizacional que fortalece la independencia del control interno y la gestión de riesgos.

El Directorio de Petroperú aprobó, el 5 de agosto, la constitución del Vehículo de Propósito Especial (VPE) una medida clave para implementar el mecanismo que facilitará el acceso a nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, destinadas a fortalecer la liquidez y la continuidad operativa de la empresa.

Conforme el mandato del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, el VPE será constituido inicialmente con Petroperú como único accionista y su implementación se desarrollará en estricto cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y financieras aplicables, conforme las normas vigentes. Esta decisión abre el camino a la banca nacional e internacional a proveer de los recursos para la compra de crudo y la continuidad de las operaciones de la empresa sin ningún contratiempo.

En la primera parte de la sesión del directorio, también se aprobó una nueva Estructura Básica de Organización, orientada a fortalecer la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y los mecanismos de control interno. Esta decisión responde al compromiso de la empresa con una gestión más transparente, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales.

La nueva estructura contempla la creación de la Gerencia de Auditoría Interna, la Gerencia de Riesgos y la Jefatura de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), funciones que reportarán directamente al Directorio, reforzando su independencia y capacidad de supervisión. Estas medidas se alinean con las Normas Globales de Auditoría Interna, los estándares de buen gobierno corporativo y las recomendaciones alcanzadas por la Contraloría General de la República.

La reorganización de la petrolera, que empieza de inmediato, optimiza la estructura existente sin generar gastos adicionales para la empresa, y reafirma el compromiso de Petroperú con una gestión responsable y orientada a resultados.

Con estas decisiones, Petroperú continúa avanzando en la implementación de las medidas previstas en los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, fortaleciendo simultáneamente su sostenibilidad financiera, sus estándares de gobernanza, la gestión de riesgos y la transparencia institucional. Estos avances contribuyen a consolidar una empresa más sólida, resiliente y preparada para garantizar la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

La Contraloría General de la República identificó diversas irregularidades en la contratación de combustible destinado a garantizar el funcionamiento de los servicios de agua potable y energía eléctrica en el distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya, en la región Ucayali. Las observaciones, correspondientes a los años 2024 y 2025, habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/ 24 826,22.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 010-2026-2-2683-SCE, la comisión de control verificó que la Municipalidad Distrital de Tahuanía adjudicó cuatro procesos de contratación a proveedores que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases y las especificaciones técnicas. A pesar de estas deficiencias, la entidad continuó con la ejecución de los contratos, otorgó la conformidad de las entregas y realizó los pagos correspondientes.

El informe también señala que los funcionarios responsables no aplicaron las penalidades previstas por incumplimientos en los plazos de entrega del combustible. En uno de los casos, un proveedor registró un retraso de 41 días sin que se impusieran las sanciones contractuales, situación que contribuyó al perjuicio económico detectado.

Asimismo, la Contraloría advirtió que una de las empresas contratadas no reunía las condiciones exigidas para participar en el proceso de selección. Mientras las bases establecían que el proveedor debía operar como grifo o estación de servicio, la empresa adjudicada contaba únicamente con autorización para funcionar como grifo flotante, categoría que presenta requisitos técnicos y autorizaciones distintas, según la información de Osinergmin.

El organismo de control indicó que estas irregularidades comprometieron el uso adecuado de los recursos públicos destinados al abastecimiento de combustible para los sistemas de agua y electricidad del distrito, lo que podría afectar la continuidad y calidad de estos servicios esenciales para la población de Tahuanía.

Como resultado de la investigación, la Contraloría identificó presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en funcionarios y servidores públicos que intervinieron en la evaluación de las ofertas, la ejecución de los contratos, la aprobación de las entregas y la autorización de los pagos.

Finalmente, recomendó al órgano competente iniciar los procedimientos para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, dispuso que el Procurador Público de la Contraloría promueva las acciones civiles para recuperar el perjuicio económico ocasionado al Estado y exhortó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a impulsar las acciones penales que correspondan.