Mediante el Decreto Supremo N.° 022-2025-EM, el Poder Ejecutivo dispuso la ampliación del contrato de licencia de Petroperú para la explotación del Lote Z-69, activo del noroeste que la empresa estatal opera desde noviembre de 2023. Esta medida garantiza la continuidad de las operaciones hasta mayo de 2026 o hasta que se concrete un nuevo acuerdo con otro operador.

La norma establece que Petroperú deberá acreditar una producción fiscalizada mínima de 3,045 barriles diarios en el último mes de vigencia del contrato, así como adecuar el esquema de regalías vigente.

La firma del contrato se realizó en las instalaciones de Perupetro y contó con la participación del gerente general de Petroperú, José Manuel Rodríguez Haya y el gerente general de Perupetro, Carlos Pantigoso Andonaire, así como de funcionarios de ambas empresas.

“La ampliación de la operación del lote Z-69 permitirá mantener los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad hidrocarburífera. Asimismo, continuar con la producción en beneficio de la región Piura y el país”, señaló José Manuel Rodríguez Haya.

De esta manera, Petroperú reafirma el compromiso con la continuidad operativa del Lote Z-69, la seguridad de las actividades y su contribución al desarrollo energético del país.

La Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera estatal designó a Luis Alberto Canales Gálvez como su presidente, tras una junta universal realizada hoy sábado 15 de noviembre.

De esta manera, Petroperú oficializó una amplia recomposición de su Directorio luego de que la Junta General de Accionistas, reunida el 15 de noviembre de 2025, aceptara la renuncia de cuatro de sus integrantes, incluido el presidente del Directorio. Las decisiones fueron comunicadas a la Superintendencia del Mercado de Valores como hecho de importancia.

Durante la sesión, se formalizó la salida de Fidel Augusto Moreno Rodríguez -quien también ocupaba la presidencia del Directorio-, así como de David Quispe Figueroa, José Luis Carlos Balta Chirinos y César Rodríguez Villanueva. Todos ellos dejaron de ejercer sus funciones el mismo 15 de noviembre.

En consecuencia, la Junta declaró la vacancia de los cargos y procedió a aplicar la recomposición transitoria del Directorio prevista en la Ley N.º 32103 y el Decreto de Urgencia N.º 004-2024. Este marco normativo permite una reestructuración inmediata, incluso dejando sin efecto disposiciones habituales del Estatuto sobre procesos de selección de directores y del presidente.

Como parte de la recomposición, fueron designados como nuevos miembros del Directorio Luis Alberto Canales Gálvez, Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez y Óscar Gerardo Zapata Alcázar. La Junta informó que su condición de directores independientes o no independientes será definida en una próxima sesión.

Proyecto de Ley N.º 09268/2024-CR que busca imponer nuevamente al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como filtro para acceder a los subsidios del Ahorro GNV del FISE podría reproducir un escenario crítico

El análisis sobre los actuales usuarios del Programa Ahorro GNV revela un impacto contundente:

• Solo 35.7% de los hogares con auto y ubicados en zonas concesionadas habrían sido elegibles bajo el filtro del SISFOH, que pretende reinstalar el Congreso de la República.
• El 64.3% restante —clasificados como vulnerables no pobres— habría quedado fuera, pese a que dependen del subsidio para convertir sus vehículos a GNV.

Esto significa que la mayoría de familias trabajadoras afectadas por altos costos de combustibles no habrían recibido apoyo alguno.

La mitad de las conversiones a GNV no habrían ocurrido

El Programa Ahorro GNV ha financiado 158,709 conversiones vehiculares en distintas regiones del país. Si el SISFOH hubiera sido un requisito, solo el 50% de esas conversiones se habría concretado.

Miles de taxistas, mototaxistas, transportistas, MYPES y organizaciones sociales —principales usuarios del GNV por su menor costo— se habrían visto excluidos. Este retroceso habría limitado el acceso a combustibles más limpios y económicos, especialmente fuera de Lima.

Un cambio legislativo que amenaza la masificación energética

El nuevo Proyecto de Ley N.º 09268/2024-CR debatido en el Congreso pretende reinstalar el SISFOH como criterio obligatorio para el FISE, lo que podría reproducir exactamente el escenario que el país logró evitar en 2021. La masificación del gas natural y del GNV —clave para reducir costos, mejorar la calidad del aire y dinamizar economías regionales— quedaría severamente restringida.

El riesgo no es menor: volver al SISFOH implicaría que la pobreza energética vuelva a ser medida como pobreza monetaria, dejando fuera a miles de familias que, aunque no figuren como pobres en el padrón, sí necesitan energía accesible para vivir y trabajar.