Con 11 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Energía y Minas consideró que no resulta viable delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en asuntos vinculados con el sector. El pronunciamiento será remitido a la Comisión de Constitución, que evalúa la solicitud presentada por el Gobierno.

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados emitió una opinión desfavorable respecto al pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en materias relacionadas con el sector minero-energético. La decisión fue aprobada por 11 votos a favor y ocho en contra.

Según el informe elaborado por el grupo de trabajo, los asuntos vinculados principalmente con la actividad minera requieren un debate amplio y la participación de los diferentes actores políticos, sociales y ciudadanos, debido a sus posibles repercusiones ambientales, económicas y sociales.

El pronunciamiento será enviado a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, instancia que tiene a su cargo el análisis de la solicitud de delegación de facultades presentada por el Gobierno.

¿Qué propone el Ejecutivo?

Entre las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo figura una modificación de las normas relacionadas con la actividad minera, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a las empresas dedicadas a la explotación de minerales. Sin embargo, el pedido no precisa cuáles serían exactamente los cambios que se aplicarían.

Asimismo, el Gobierno solicita facultades para promover una mayor participación de empresas privadas en la exploración, extracción y almacenamiento de petróleo y gas. Para ello, plantea simplificar los procedimientos relacionados con contratos y permisos del sector hidrocarburos.

Debate entre oficialismo y oposición

La decisión de la comisión estuvo precedida por un intercambio de posiciones entre representantes del oficialismo y la oposición.

El diputado Jaime Abensur, de Fuerza Popular, cuestionó la conclusión del informe y sostuvo que la negativa constituye un rechazo sin fundamentos suficientes. Según señaló, el proyecto del Ejecutivo cumple con los requisitos formales y el documento elaborado por la comisión no habría considerado adecuadamente los argumentos expuestos por el Gobierno.

Desde la otra posición, se defendió la necesidad de analizar estos temas con mayor amplitud y con participación de los sectores involucrados. La postura mayoritaria fue que las reformas no deberían aprobarse de manera acelerada debido al impacto que pueden generar en el país.

Ministro de Energía y Minas deberá acudir al Congreso

En la misma sesión, la Comisión de Energía y Minas acordó convocar al ministro Guillermo Shinno para que exponga los principales planes de su cartera y los lineamientos de la Política General del Sector Energía y Minas.

La presentación está prevista para el 15 de setiembre y contará con la participación del titular del sector durante una sesión del grupo de trabajo. La convocatoria fue respaldada por 18 integrantes de la comisión.

Shinno también deberá informar sobre los avances en la elaboración y presentación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Además, los legisladores solicitaron información sobre la situación de las comunidades afectadas por actividades mineras, así como sobre el estado de los recursos naturales que podrían verse afectados por la explotación de estos recursos.

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora Yenifer Paredes, modificó su plan de trabajo luego de las críticas y observaciones formuladas por integrantes de distintas bancadas. Entre los principales cambios, se retiraron las visitas inopinadas a empresas mineras privadas y se amplió la participación de representantes de diferentes sectores de la actividad minera.

El primer plan, presentado la semana anterior, contemplaba la posibilidad de realizar visitas sin previo aviso a empresas privadas y abrir espacios de participación a organizaciones de mineros artesanales. Estas propuestas generaron cuestionamientos de algunos parlamentarios, quienes advirtieron sobre un eventual favorecimiento a determinados sectores de la minería informal y sobre los límites constitucionales del control político sobre empresas privadas.

Tras estas observaciones, el lunes 7 de setiembre los integrantes de la comisión recibieron una nueva versión del documento, que fue sometida a votación al día siguiente. La propuesta modificada fue aprobada por unanimidad.

Se elimina el control sobre empresas privadas

Uno de los principales cambios fue retirar del plan la posibilidad de efectuar visitas inopinadas y acciones de control político directamente sobre empresas mineras privadas.

En el documento anterior, la comisión había planteado realizar visitas de campo a obras públicas y privadas en ejecución, así como a establecimientos vinculados con los sectores minero y energético.

La nueva versión limita estas acciones a obras públicas y establecimientos públicos relacionados con dichas actividades.

Asimismo, el documento establece que cualquier ingreso a instalaciones o propiedad de una empresa privada deberá contar con autorización expresa del titular de la compañía.

Mayor participación del sector minero

El nuevo plan, de 22 páginas, también amplía la representación en las audiencias públicas descentralizadas.

Además de los pequeños mineros y mineros artesanales formales, ahora se contempla la participación de titulares de empresas de mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales, organismos públicos especializados y gremios empresariales vinculados al sector.

De esta manera, la comisión busca incorporar una representación más amplia de los actores relacionados con la actividad minera.

En el plan original, de 16 páginas, se priorizaba la participación de mineros artesanales en las sesiones descentralizadas y mesas de trabajo, disposición que fue cuestionada por la posibilidad de beneficiar a organizaciones vinculadas con la minería informal.

Control político con límites

El nuevo documento precisa que la comisión ejercerá control político sobre organismos e instituciones públicas y autónomas del sector minero-energético.

También realizará seguimiento a las actividades ilegales relacionadas con estas actividades, especialmente la minería ilegal. Sin embargo, deja expresamente establecido que estas acciones no reemplazarán las funciones de fiscalización administrativa que corresponden a entidades como Osinergmin, OEFA, Sunafil y otros organismos del Poder Ejecutivo.

Diputados plantean nuevas prioridades

Durante la sesión, el legislador Frank Krklec, de Renovación Popular, recordó que su bancada había planteado modificaciones al documento inicial y destacó que las observaciones también habían sido expuestas públicamente.

Por su parte, Haydee Poma, de Juntos por el Perú, solicitó que constara en actas su propuesta para que la comisión concentre su labor en dos aspectos: priorizar la Ley Mape y convocar a funcionarios del sector Energía y Minas para abordar las brechas de infraestructura y otros problemas pendientes.

Antes de finalizar la sesión, la comisión acordó convocar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para el 15 de setiembre, con el objetivo de que exponga la política general de su sector ante los integrantes del grupo de trabajo.

Expertos consideran positivo el cambio

El especialista en temas mineros César Ipenza consideró que la comisión debe escuchar a todos los sectores involucrados, incluyendo a las poblaciones afectadas por los impactos de la minería ilegal, y no únicamente a quienes desarrollan esta actividad.

Asimismo, calificó como una corrección positiva la eliminación de las visitas a propiedades privadas, al considerar que los legisladores no tienen atribuciones judiciales para ingresar a instalaciones particulares sin autorización.

En la misma línea, el especialista Iván Arenas sostuvo que la comisión corrigió favorablemente el borrador inicial, aunque consideró necesario coordinar acciones con otras comisiones parlamentarias para abordar problemas complejos como la minería ilegal y sus efectos en las comunidades nativas.

Un informe interno del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) advierte posibles irregularidades en 18 contratos destinados a estudios para cerrar brechas de acceso a la energía. Los servicios, valorizados en conjunto en S/6,84 millones durante una gestión anterior, habrían tenido costos significativamente superiores a los registrados actualmente para trabajos similares.

El documento, identificado como Informe N.° 00933-2026/FISE y remitido el pasado 27 de agosto al director ejecutivo del FISE, Ricardo Redhead Escudero, señala la existencia de “indicios y alertas” que, por su naturaleza, deberían ser comunicados a los órganos competentes del Sistema Nacional de Control.

Contratos por S/380 mil

De acuerdo con el informe, los 18 contratos fueron suscritos durante el periodo en que Francisco Torres Madrid estuvo al frente del FISE y cuando Rodil Coral Bardales formaba parte de los comités encargados de los procesos de selección.

El reporte sostiene que cada estudio tenía un costo promedio de S/380 mil. Sin embargo, en la administración actual, servicios de características similares son contratados por aproximadamente S/69.900 cada uno.

La diferencia representa que los contratos de la gestión anterior habrían tenido un valor 5,43 veces superior al registrado actualmente.

Funcionarios vuelven al FISE

El informe también pone bajo observación el retorno de ambos funcionarios al organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas.

Según la información consignada, Francisco Torres Madrid ocupa actualmente la jefatura de Asesoría Jurídica del ministro Guillermo Shinno, mientras que Rodil Coral Bardales fue contratado para desempeñarse en dicha oficina.

Los hallazgos planteados en el documento deberán ser evaluados por las instancias de control correspondientes, a fin de determinar si existieron responsabilidades en la contratación y ejecución de los servicios mencionados.