Incorporar la logística desde las primeras etapas permite evaluar alternativas de transporte, anticipar requerimientos ambientales y reducir riesgos asociados a la operación minera

La planificación logística se posiciona como un componente clave para el desarrollo de nuevos proyectos mineros, debido a su impacto en los costos de capital y operación. La incorporación de variables logísticas, como las rutas de transporte, la infraestructura, las condiciones del territorio y los requerimientos de permisos desde las etapas iniciales de diseño, permite identificar riesgos con anticipación y facilita la toma de decisiones informadas que contribuye a la viabilidad del proyecto.

Este enfoque resulta especialmente relevante en operaciones ubicadas en zonas remotas o con infraestructura limitada, donde las alternativas para transportar el mineral pueden tener implicancias directas en la inversión y los costos operativos. Por ello, evaluar distintas opciones de transporte multimodal desde el inicio permite comparar escenarios e identificar soluciones óptimas que consideren factores como la seguridad, las cadenas de suministro responsables, la infraestructura portuaria, los impactos ambientales y el riesgo climático.

“En un proyecto de cobre en Perú, se había previsto transportar el producto, alrededor de 1.000 kilómetros, mediante una tubería de lodos. Sin embargo, el proyecto no pudo obtener el permiso para construirlo. Fue entonces cuando Ausenco se incorporó para ayudar a replantear la solución logística”, explicó Harpreet Natt, Director North America, Ports & Logistics Ausenco.

Como respuesta a este desafío, la solución de Ausenco combinó una ruta ferroviaria existente de aproximadamente 500 kilómetros con otros 500 kilómetros de carreteras ya existentes, utilizando contenedores sellados y personalizados para transportar el producto. Según Natt, esta solución permitió resolver el desafío logístico y la mina actualmente se encuentra en operación.

Las tecnologías emergentes también están ampliando las posibilidades para la toma de decisiones logísticas y ambientales. El uso de sensores remotos, inteligencia artificial, imágenes satelitales y otras herramientas permite recopilar datos con mayor rapidez y precisión, generar información sobre las condiciones de un territorio y repetir mediciones para fortalecer la evaluación de riesgos y futuras etapas de un proyecto.

Estos temas fueron abordados por Harpreet Natt, Director North America, Ports & Logistics, y Joe Walker, National Marine Lead de Ausenco, durante un episodio de Mining NOW, una serie de video podcasts desarrollados en colaboración con el Canadian Institute of Mining (CIM) y Crownsmen Partners.

● Las normas culturales en las que se desenvuelven las personas afectan directamente a la hora de denunciar actos que van contra la ley en el sector de servicios públicos.

● El diálogo social permite crear consensos y paz laboral, ayudando a generar o adaptar políticas que protegen a los denunciantes en cualquier situación.

Las denuncias de irregularidades son necesarias para la sociedad, especialmente si se trata del sector de los servicios públicos. La creación de una cultura organizacional basada en la confianza, la integridad, y que destaque por un diálogo social constante, constituye uno de los pilares para fortalecer la protección de quienes realizan acusaciones ante las autoridades competentes. Sin embargo, para llegar a este punto, primero se debe proteger a los denunciantes.

El informe “La protección de los denunciantes de irregularidades en el sector de los servicios públicos”, realizado en septiembre de 2022 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que se debe ir más allá de los marcos normativos y los procedimientos de denuncia. Esto se debe a que la eficacia de cualquier sistema de protección depende de la existencia de una cultura institucional que promueva la transparencia, la responsabilidad y el respeto entre todos los actores.

Las normas culturales de un país, ciudad o institución están estrechamente ligadas a la ética de las personas. Por ejemplo, el informe de la OIT destaca el caso de Singapur, donde un estudio indica que el 56% de los encuestados sí denunciarían actos de corrupción, sin importar si existe o no una política de protección para los denunciantes. Además, se resalta que esa cifra aumentaría un 36% si existiera una ley. Sin embargo, en otros países, las acusaciones de este tipo podrían tomarse como un acto hostil. Esto conlleva a que el entorno laboral y el trato que se recibe de las instituciones públicas terminen influenciando en la decisión de denunciar las irregularidades.

“La protección de los denunciantes debe estar acompañada por una cultura organizacional que valore la comunicación abierta y el comportamiento ético. Luego de identificar los elementos culturales que rodean cada denuncia, se debe fomentar entornos de mediación laboral donde los trabajadores puedan expresar sus inquietudes de buena fe. De esta manera, contribuirán a la mejora de los servicios públicos sin temor a consecuencias negativas”, asegura Carlos Carrión Crespo, Juris doctor, especialista en mediación laboral y exoficial en servicios públicos en la OIT.

En el caso peruano, la Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, tiene como objetivo proteger y otorgar beneficios a quienes denuncien irregularidades en cualquier entidad pública. De esta manera, los infractores pueden ser investigados o sancionados administrativamente. Esta ley protege la identidad del denunciante, garantiza la confidencialidad de la denuncia e, incluso, concede un porcentaje del producto de los fondos recuperados a la persona que realizó la acusación.

El informe de la OIT también resalta que esta cultura no surge únicamente de las leyes, sino también del liderazgo institucional, la capacitación, la sensibilización y el compromiso permanente con los valores de integridad. Así, construir este tipo de cultura beneficia a toda la organización: favorece la detección temprana de problemas, fortalece la confianza entre empleadores y trabajadores, y ayuda a contribuir en la mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

“Sin embargo, la herramienta esencial para consolidar estos objetivos es el diálogo social, cuyo objetivo es generar consenso y crear una paz laboral. Con este recurso se pueden diseñar políticas de protección más eficaces y que pueden ser adaptadas a las realidades de cada institución. A través del

intercambio de experiencias y la cooperación entre ambas partes, se establecen mecanismos que generan confianza para los denunciantes, pero también refuerzan la prevención de irregularidades de forma constante”, agrega el experto.

El diálogo social facilita la elaboración conjunta de procedimientos internos, programas de formación y campañas de información que ayudan a que las personas conozcan todos los canales de denuncia disponibles. Es así como los trabajadores comprenden la importancia de actuar con responsabilidad y buena fe, debido a que, con estas herramientas, tienen evidencia palpable de que las autoridades están actuando y que los protegerán cuando deban realizar una denuncia.

“La combinación de una sólida cultura organizacional y un diálogo social permanente contribuye a crear instituciones más transparentes, resilientes y orientadas al interés público. La protección de los denunciantes no debe entenderse únicamente como un mecanismo de respuesta ante situaciones específicas, sino como parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional y mejora continua de los servicios públicos”, concluye Carrión Crespo.

● El crecimiento proyectado del sector construcción y la incorporación de nuevas soluciones elevan la necesidad de contar con especialistas capacitados.

El sector construcción en Perú podría crecer hasta 9,4% durante 2026, según estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Este escenario, marcado por mayores perspectivas de inversión y desarrollo de proyectos, también plantea nuevos desafíos para los especialistas que participan en la industria, quienes necesitan mantenerse preparados frente a la incorporación de nuevas tecnologías, materiales y soluciones.

Hoy en día, la capacitación técnica resulta fundamental para fortalecer las competencias de quienes participan en el sector. Mantenerse actualizado permite conocer y aplicar buenas prácticas, y contribuir a una ejecución más eficiente de los proyectos, reduciendo errores que pueden derivar en sobrecostos durante la construcción de una infraestructura.

“La evolución del sector construcción está haciendo que la especialización técnica cobre cada vez mayor importancia. Hoy, la incorporación de nuevas soluciones y los cambios en los procesos requieren especialistas que actualicen constantemente sus conocimientos y fortalezcan sus competencias. La capacitación debe acompañar esta transformación, acercando conocimientos prácticos que puedan ser aplicados directamente en el trabajo y contribuyan a elevar los estándares de la industria ”, señaló Antonio Cotera, especialista de Pavco Wavin.

La realidad del mercado peruano también evidencia la necesidad de fortalecer la especialización en el sector. Según un informe del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), 7 de cada 10 viviendas en el área urbana nacional son autoconstruidas. En este contexto, contar con especialistas certificados resulta clave para acompañar los distintos procesos constructivos y garantizar una adecuada ejecución en obra.

Finalmente, el especialista de Pavco Wavin, resalta que los talleres técnicos son un espacio para actualizar conocimientos y acercar a los especialistas a nuevas prácticas. Como parte de este enfoque, el Club de la Gasfitería de Pavco Wavin impulsa talleres gratuitos dirigidos a técnicos gasfiteros, enfocados en técnicas de instalación, identificación de materiales, criterios técnicos y recomendaciones aplicables al trabajo en obra. Estos talleres se desarrollan a nivel nacional, permitiendo ampliar el acceso a capacitaciones para técnicos gasfiteros de distintas regiones.