La petrolera estadounidense habría comunicado a Perupetro su intención de dejar su participación en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, frente a la costa norte. El principal factor sería el cambio de estrategia global de la compañía, que busca priorizar proyectos capaces de generar producción en plazos más cortos.

Una estrategia enfocada en resultados más rápidos

La eventual salida de Chevron responde, según la información proporcionada, a una reorientación de su estrategia comercial global. La compañía estaría priorizando mercados donde pueda desarrollar producción de crudo en menor tiempo y con procesos de exploración más expeditos.

En ese contexto, los extensos plazos asociados a la exploración offshore en el Perú representan un factor de menor atractivo para la multinacional. Los proyectos en el mar requieren completar estudios técnicos, ambientales y permisos antes de iniciar las actividades de perforación y avanzar hacia una eventual producción.

La decisión se produce menos de un año después de que Chevron ingresara formalmente al proyecto. En agosto de 2025, el Gobierno aprobó su incorporación a los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a la costa norte del país.

Chevron tiene 35% de participación

La participación de Chevron en los tres lotes alcanza el 35%, mientras que Westlawn Perú posee 30% y Anadarko mantiene el restante 35% y la condición de operador. La estructura se concretó luego de que Anadarko cediera parte de su participación para incorporar a los nuevos socios.

Estos bloques forman parte de la Cuenca Trujillo, considerada de interés para incrementar las reservas nacionales de petróleo y gas natural. Al momento de su ingreso, el proyecto era presentado como una oportunidad para atraer tecnología y capital internacional hacia la exploración del potencial hidrocarburífero del zócalo continental peruano.

Una inversión exploratoria que quedaría en espera

La salida de Chevron también pone en revisión los planes de inversión previstos para la campaña exploratoria. De acuerdo con la información proporcionada, inicialmente se estimaba una inversión conjunta de entre US$100 millones y US$150 millones, con actividades de perforación previstas hacia finales de 2026.

Ahora, Anadarko y Westlawn deberán evaluar el futuro de la participación que dejaría Chevron y determinar si asumen ese porcentaje, incorporan a un nuevo socio o modifican el cronograma de exploración.

El caso vuelve a poner en evidencia uno de los principales desafíos de la exploración petrolera en el Perú: la necesidad de acortar y hacer más predecibles los tiempos para desarrollar proyectos offshore, especialmente cuando las compañías internacionales comparan sus oportunidades de inversión con proyectos en otras jurisdicciones donde pueden obtener producción en plazos más cortos.

El Gobierno decidió renovar el directorio de Petroperú tras la polémica reorganización interna aprobada por la empresa estatal, que contemplaba la creación de nuevas gerencias y aumentos salariales. La medida incluye la designación de Oliver Stark como nuevo presidente del directorio en reemplazo de Edmundo Lizarzaburu.

Reorganización interna habría precipitado el relevo

La decisión del Ejecutivo se produjo luego del malestar generado por la reorganización de la estructura gerencial de Petroperú, aprobada el 5 de agosto. La medida, que incluyó la creación de nuevas gerencias y mejoras salariales, habría motivado el cambio inmediato del presidente del directorio y de la mayor parte de sus integrantes.

La publicación señala que Carlos Linares permanecería como vicepresidente del directorio.

Oliver Stark retorna a la presidencia de la estatal

Oliver Stark, quien presidió Petroperú entre junio y septiembre de 2024, asume nuevamente la conducción de la empresa. Incluso el propio ejecutivo confirmó la información a un medio local de Perú.

Asimismo, integrarían el nuevo directorio César Burga, exdirector independiente de Petroperú, además de Daniel Ortega y Víctor Andrés Belaunde.

Tendrá a su cargo la reorganización de Petroperú

Durante su anterior gestión Stark impulsó una propuesta de reestructuración de la empresa con el objetivo de reducir la dependencia de rescates financieros del Estado. También promovió una auditoría forense a la Nueva Refinería Talara y planteó medidas para optimizar la gestión de la estatal.

Según el diario, el nuevo presidente tendrá como principal misión conducir el proceso de reorganización de Petroperú en coordinación con ProInversión. La designación oficial del nuevo directorio será comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en las próximas horas.

La permanencia de dos buques petroleros fondeados frente a la costa de Talara, sin autorización para descargar su cargamento de crudo, está generando un elevado costo para Petroperú. La estatal afronta penalidades internacionales por sobreestadía (demurrage) que podrían alcanzar hasta US$100.000 diarios, agravando aún más su delicada situación financiera.

La demora en la descarga dispara los costos

En el comercio marítimo internacional, cuando un buque permanece inmovilizado más allá del tiempo establecido para realizar las operaciones de carga o descarga, el propietario de la nave cobra una penalidad conocida como demurrage o sobreestadía.

En el caso de Petroperú, el costo por mantener un buque petrolero sin descargar oscila entre US$20.000 y US$50.000 por día, dependiendo del tamaño de la embarcación y de las condiciones pactadas en el contrato de transporte.

Al existir actualmente dos buques internacionales a la espera de descargar frente al litoral de Talara, el desembolso diario para la empresa estatal se estima entre US$40.000 y US$100.000.

Crisis de liquidez y problemas operativos

La permanencia de las embarcaciones obedece a una combinación de factores. Por un lado, la falta de liquidez de Petroperú ha dificultado el cumplimiento de compromisos comerciales vinculados a la compra de crudo. A ello se suman las restricciones operativas ocasionadas por los oleajes anómalos que han afectado el puerto de Talara.

Esta situación mantiene inmovilizados los cargamentos de petróleo que la Nueva Refinería Talara requiere para reanudar plenamente sus operaciones.

Contraloría ya advirtió pérdidas por demoras similares

Las penalidades por sobreestadía no constituyen un hecho aislado. La Contraloría General de la República ya había identificado pérdidas económicas derivadas de deficiencias logísticas y administrativas en Petroperú.

Uno de los casos observados fue el pago de US$396.135 a PetroChina International, debido a retrasos en la emisión de cartas de crédito que impidieron liberar oportunamente un cargamento de petróleo.

Un costo que agrava la crisis financiera

Especialistas señalan que las penalidades por demurrage funcionan como un verdadero «taxímetro financiero»: cada día de retraso incrementa las pérdidas sin generar ningún beneficio operativo ni valor agregado para la empresa.

En un contexto de restricciones de liquidez y dificultades para abastecer la Nueva Refinería Talara, estos costos adicionales profundizan la presión sobre las finanzas de Petroperú y evidencian la necesidad de resolver cuanto antes los problemas que mantienen inmovilizados los cargamentos de crudo.