• Petroperú detectó una nueva conexión clandestina en el kilómetro 806+260 del Tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP), la cual ocasionó un afloramiento de hidrocarburos en el distrito y provincia de Sechura, región Piura.

De manera inmediata, Petroperú activó su Plan de Respuesta a Emergencias, movilizando personal especializado, así como herramientas, materiales y equipos de primera respuesta hacia la zona afectada.

En la evaluación realizada en campo, se determinó que el incidente fue provocado por la intervención de terceros mediante una conexión ilícita, sin registrarse impactos ambientales significativos. Para atender la contingencia, se coordinó con empresas contratistas que operan en zonas cercanas, las cuales se desplazaron rápidamente al área.

Asimismo, se verificó que las válvulas manuales ubicadas en los kilómetros 744 y 792 del Tramo II se encontraban cerradas.

Durante el despliegue de las acciones de respuesta, aproximadamente a las 14:30 horas, el vigilante de turno reportó la presencia de dos individuos armados a bordo de una motocicleta. Ante esta situación, procedió a evacuar inmediatamente el área; sin embargo, los sujetos iniciaron su persecución y realizaron disparos en su contra. El vigilante logró ponerse a buen recaudo sin sufrir daños.

Petroperú lamenta que organizaciones ilícitas continúen ejecutando este tipo de actividades, afectando un Activo Crítico Nacional (ACN) como el ONP. En ese sentido, el área Legal y de Asuntos Regulatorios ha realizado la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía de la jurisdicción.

Cabe señalar que este constituye el cuarto evento provocado por terceros en lo que va del año 2026, registrándose una alta incidencia de conexiones clandestinas en el tramo comprendido entre Sechura y Olmos. Estos ataques persisten pese a los reiterados requerimientos efectuados por Petroperú a las autoridades competentes para reforzar la seguridad de esta infraestructura estratégica para el país.

La Refinería Talara marca un hito clave en su operación al iniciar la primera inspección general de la Unidad Flexicoking (FCK), un proceso estratégico que se ejecuta en estricto cumplimiento de las recomendaciones de su licenciante ExxonMobil, referente global en tecnologías de refinación.

Este proceso constituye un paso fundamental para reforzar la seguridad industrial, la confiabilidad y la integridad de una de las unidades más complejas de la refinería, cuya operación resulta clave para maximizar la producción de combustibles de alto valor. La inspección permitirá prevenir situaciones de riesgo, asegurar condiciones óptimas de operación y proteger tanto al personal como a las instalaciones, alineándose con los más altos estándares internacionales de la industria.

La intervención comprende la revisión y mantenimiento integral de equipos estáticos, sistemas eléctricos, de instrumentación, refractarios, líneas y estructuras que forman parte de las cuatro secciones de la Unidad Flexicoking, asegurando su funcionamiento eficiente y seguro. Asimismo, contribuirá a elevar la confiabilidad de la planta, cumplir con los planes de producción corporativos y extender la vida útil de los activos.

La ejecución de esta inspección, considerada una de las más exigentes y complejas dentro de la refinería, contempla una planificación integral que incluye aproximadamente 90 días entre la parada de la unidad, el mantenimiento general y el arranque progresivo de las operaciones, garantizando una intervención ordenada y eficiente.

El desarrollo de estos trabajos cuenta con la participación de empresas contratistas internacionales altamente especializadas, así como con asistencia técnica de proveedores y del propio licenciante, lo que asegura la aplicación de mejores prácticas globales, el uso de tecnología avanzada y la ejecución bajo estrictos estándares de calidad y seguridad.

De manera paralela, se ha diseñado una estrategia logística y operativa para garantizar el abastecimiento continuo de la refinería durante el periodo de intervención, asegurando la disponibilidad de cargamentos de petróleo crudo con características idóneas que permitan mantener la estabilidad operativa de las demás unidades de proceso y optimizar la producción de destilados de alto valor comercial.

Con este hito, Petroperú reafirma su compromiso con el país al fortalecer la seguridad energética, asegurar el suministro de combustibles y consolidar operaciones eficientes y sostenibles, en beneficio del desarrollo económico y el bienestar de la población.

Los primeros bloques patrimoniales serán aprobados en julio mediante planes específicos de promoción. Además, evaluarán la disposición de activos inmobiliarios considerados no esenciales para la operación de la empresa. Entre ellos mencionó clubes recreacionales, casas de playa y la sede corporativa ubicada en el distrito limeño de San Isidro

El director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Ángel Delgado, dijo en el foro Perú Energía 2026 que la transformación de la empresa estatal busca convertirla en una compañía financieramente sostenible y capaz de operar sin nuevas ayudas del Estado hacia el año 2032.

El funcionario señaló que la meta principal de la reorganización es lograr que Petroperú llegue al año 2032 como una empresa financieramente autosostenible, capaz de cumplir sus obligaciones sin recurrir a nuevos apoyos estatales.

“La empresa debe dejar de ser una carga fiscal y volver a convertirse en una plataforma de competitividad, seguridad energética y desarrollo para el país”, dijo.

El funcionario sostuvo que el proceso constituye una de las intervenciones corporativas más importantes emprendidas por el Estado en los últimos años. La estrategia liderada por ProInversión busca estabilizar financieramente la empresa, ordenar sus activos, incorporar inversión privada y recuperar la confianza del mercado.

“La reorganización patrimonial y operativa de Petroperú no puede entenderse como un ajuste contable ni transitorio. Se trata de una reingeniería corporativa profunda”, señaló.

Uno de los principales anuncios realizados por Delgado fue la próxima conformación de bloques patrimoniales dentro de Petroperú con el objetivo de atraer inversión privada.

Explicó que estas unidades serán estructuradas bajo criterios de autonomía operativa, generación de flujo económico, rentabilidad potencial y capacidad para captar interés de inversionistas.

Los primeros bloques patrimoniales serán aprobados en julio mediante planes específicos de promoción. “En las condiciones actuales, Petroperú no tiene capacidad financiera suficiente

para asumir por sí sola las inversiones que requiere la infraestructura energética del país”, sostuvo.

Como parte del proceso de reorganización, Delgado informó que evaluarán la disposición de activos inmobiliarios considerados no esenciales para la operación de la empresa. Entre ellos mencionó clubes recreacionales, casas de playa y la sede corporativa ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

Delgado sostuvo que la situación de Petroperú tiene implicancias que van más allá de la propia empresa y que impactan directamente en la competitividad energética del país.

Indicó que el Perú cuenta con un potencial de producción de hidrocarburos significativamente superior a los niveles actuales de extracción. Según estimaciones presentadas durante su exposición, el país podría alcanzar una producción de hasta 245.000 barriles diarios, frente a los aproximadamente 45.000 barriles diarios que produce actualmente. “El Perú no puede seguir importando cuando tiene capacidad para producir internamente”, afirmó.

El funcionario señaló que la reorganización responde a una situación financiera crítica que enfrentaba la petrolera estatal.

Explicó que, al cierre de 2025, Petroperú registraba un capital de trabajo negativo cercano a los 1.500 millones de dólares, reflejando que sus obligaciones de corto plazo superaban ampliamente los recursos disponibles para atenderlas.

Esta situación amenazaba con afectar la continuidad operativa de la empresa y comprometer el abastecimiento de combustibles, especialmente en zonas donde Petroperú mantiene una presencia estratégica.

Asimismo, advirtió que un eventual incumplimiento de obligaciones financieras podría haber generado repercusiones en los mercados internacionales y afectar la percepción del riesgo país.

En los últimos años Petroperú recibió aportes de capital y garantías estatales que comprometieron recursos públicos significativos, situación que, dijo Ángel Delgado, no puede mantenerse indefinidamente. “El Estado peruano no continuará financiando rescates sin condiciones, sin transparencia y sin resultados verificables”, enfatizó.

El nuevo esquema de reorganización de la estatal de ProInversión incorpora mecanismos de supervisión, control y rendición de cuentas orientados a garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa.

El representante de ProInversión explicó que el proceso de estabilización contempla un financiamiento de hasta 2.000 millones de dólares respaldado por un marco normativo específico y

“no constituye un subsidio ni un desembolso directo de recursos fiscales, sino una garantía diseñada para facilitar el acceso a financiamiento privado en condiciones favorables”.

Además, señaló que los recursos serán administrados mediante mecanismos de control y trazabilidad que permitan supervisar el destino de cada desembolso. “La caja estará blindada”, aseveró al referirse al esquema de administración financiera diseñado para la reorganización.