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Notas de Prensa

Plataformas de movilidad y delivery superan los 648 mil viajes y entregas al día, mientras estudio alerta brechas de seguridad y regulación

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Mientras este sector de la economía continúa consolidándose como una oferta laboral importante en nuestro país, un estudio de ASPEC y el Observatorio de Plataformas-Perú identifica brechas en seguridad, protección al consumidor y fiscalización, además de casos de transporte de pasajeros en motos bajo la modalidad de paquetería.

Las plataformas digitales de movilidad y delivery se han convertido en un mercado de creciente importancia para la economía urbana. En 2022, estos servicios registraron en conjunto un promedio de 648 mil operaciones diarias en el Perú, considerando 531 mil viajes mediante aplicaciones de movilidad urbana y 117 mil pedidos de delivery, según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE) recogidas por el Observatorio de Plataformas-Perú. La actividad se concentra principalmente en Lima, donde se realiza alrededor de cuatro de cada cinco servicios.

En este contexto, el informe “Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú”, elaborado por ASPEC y el Observatorio de Plataformas-Perú, analiza las condiciones bajo las cuales operan estos servicios y advierte brechas en seguridad, protección al consumidor, transparencia y fiscalización.

El estudio señala que 8 de cada 10 limeños utilizan aplicaciones de movilidad. Para evaluar sus condiciones, se realizaron 70 evaluaciones de cliente incógnito entre diciembre de 2025 y enero de 2026: 40 correspondieron a taxis y 30 a paquetería. La investigación revisó Uber, DiDi, Yango, inDrive, inDrive Entregas y Cabify. El estudio precisa que la muestra es no probabilística y exploratoria, por lo que sus resultados no son extrapolables a toda la población.

Los resultados muestran diferencias entre plataformas en protección al consumidor, seguridad, transparencia y mecanismos de reclamo. Dos de las principales aplicaciones evaluadas no contaban con un Libro de Reclamaciones ubicado en su página web. Asimismo, tres de las cinco apps analizadas no contarían con domicilio legal en Perú y dos someten sus controversias a jurisdicciones extranjeras. El estudio también identificó que cuatro de las cinco plataformas pueden modificar sus términos y condiciones sin aceptación previa del usuario y cuatro no cuentan con una política clara de cancelaciones y reembolsos.

El trabajo de campo aporta indicadores sobre la prestación efectiva del servicio. El 23% de los viajes en taxi por aplicativo registró cancelaciones antes de concretarse, frente al 13% observado en paquetería. En seguridad, solo 18% de los taxis evaluados mostró el SOAT visible, aunque en todos los casos en que fue observado se encontraba vigente.

En paquetería, 12% de los casos presentó discrepancias entre la placa registrada en la aplicación y el vehículo que llegó a recoger el pedido. En la medición específica de coincidencia de placas, el resultado fue de 100% en taxis y 88% en paquetería.

La dimensión del mercado permite contextualizar estos hallazgos. Los 117 mil servicios diarios de delivery registrados en 2022 equivalían a aproximadamente 43 millones de repartos al año a nivel nacional. Considerando que 80% se concentraba en Lima, el mercado representaba alrededor de 93.600 pedidos diarios en la capital.

Dentro de este universo, la investigación detectó una práctica que abre un nuevo frente para la fiscalización. De las 30 evaluaciones realizadas en paquetería, tres repartidores aceptaron transportar a una persona, después de la insistencia del usuario, equivalente al 10% de los casos evaluados.

La evaluación también identificó dificultades posteriores al viaje. Aunque 95% de los pasajeros manifestó sentirse seguro durante el trayecto, solo 50% de los objetos olvidados fue recuperado y en 33% de esos casos los conductores solicitaron pagos adicionales para devolverlos, según los resultados presentados por ASPEC, el Observatorio de Plataformas-Perú e Ipsos.

Durante su participación, el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, el parlamentario Luis Quispe Candia, mencionó que “durante años venimos discutiendo este tema y mi posición ha sido señalar que el transporte de pasajeros en moto es ilegal, por lo tanto se necesita de la acción inmediata del MTC para regular ello”.

También agregó que: “desde mi gestión en el Parlamento, tendrán toda mi disposición para iniciar la redacción de una norma para el sector”.

Como invitado se contó también con la presentación de Ismael Sutta, ex viceministro de Transportes, quien saludó este tipo de evidencias presentadas a las autoridades e hizo una llamada a la acción fiscalizadora, como ya se ha realizado con casos similares de transporte ilegal de pasajeros en motos por otros operadores.

Ausencias regulatorias

En el ámbito regulatorio, el informe señala que Perú no cuenta con una norma sectorial nacional específica para la intermediación digital de transporte. Las competencias están distribuidas entre el MTC, la ATU, las municipalidades e Indecopi, sin un registro sectorial nacional ni potestades claramente delimitadas para supervisar a las plataformas.

El IPE estimó que en 2022 se realizaron 194 millones de viajes mediante plataformas de movilidad urbana y alrededor de 43 millones de repartos y entregas. En conjunto, cerca de 27 mil personas utilizaban alguno de estos servicios cada hora.

El informe contrasta esta situación con Brasil, Chile, Bolivia, México y Uruguay, países que han desarrollado marcos normativos relacionados con las plataformas digitales. En Brasil, la Ley N.º 13.640/2018 incorporó el transporte remunerado privado individual de pasajeros a su política de movilidad urbana y estableció requisitos vinculados con conductores, vehículos, seguros y fiscalización local.

El informe incluye además un ranking comparativo. Yango y Cabify aparecen con niveles más altos de protección; Uber y DiDi, en una posición intermedia; mientras que inDrive figura con un menor nivel de protección y mayor riesgo regulatorio. El documento precisa que estos rankings tienen finalidad diagnóstica y no constituyen pronunciamientos sancionatorios ni de legalidad.

Actividad no autorizada

Otro punto abordado es el transporte de pasajeros en motocicleta lineal. El estudio señala que esta modalidad no cuenta con habilitación legal y recuerda que el Decreto Supremo N.º 035-2019-MTC establece el bloqueo de aplicativos y páginas web que ofrezcan transporte público de personas en vehículos de categoría L, salvo los L5.

El informe recuerda que el servicio especial de taxi debe prestarse en vehículos de categoría M1, con excepción de los vehículos de categoría L5. Además, una resolución de Indecopi de 2025 concluyó que no resultaba jurídicamente viable ordenar la inaplicación de medidas destinadas a impedir la promoción de una actividad prohibida por la normativa vigente.

Frente a este escenario, el informe plantea un marco regulatorio basado en cuatro ejes: responsabilidad jurídica y trazabilidad de las plataformas; estándares homogéneos de seguridad; verificación de conductores y protección del consumidor; y fiscalización con un régimen progresivo de sanciones.

Entre las medidas propuestas figuran crear un Registro Nacional de Plataformas Digitales de Movilidad, exigir domicilio legal en Perú, establecer estándares técnicos comunes y fortalecer los mecanismos de reclamación y fiscalización.

El estudio plantea así una discusión sobre cómo acompañar con reglas y mecanismos de supervisión el crecimiento de un mercado que ya registra 648 mil servicios diarios entre movilidad urbana y delivery, con una alta concentración de operaciones en Lima.

Finalmente, la directora del Observatorio de Plataformas-Perú, Alejandra Dinegro, concluyó con la necesidad de regular, fiscalizar y contar con información actualizada sobre el creciente uso de plataformas digitales de movilidad y reparto. Al respecto, resaltó que “así como la inseguridad está en las calles, las modalidades para evadir la ley también se trasladan a las plataformas, por ello necesitamos trabajar de la mano con las autoridades correspondientes para proteger a los usuarios”.

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Cierre tributario: 5 puntos que las empresas deberían revisar para evitar inconsistencias ante SUNAT

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Facturas electrónicas, ventas, compras, gastos y registros contables son algunos de los aspectos que las empresas deberían contrastar antes del cierre del ejercicio para detectar diferencias y reducir contingencias tributarias.

Antes de cerrar el ejercicio, las empresas tienen una última oportunidad para detectar diferencias entre sus operaciones, comprobantes electrónicos y registros contables. Una factura pendiente de registrar, una nota de crédito que no fue considerada o un gasto sin documentación suficiente pueden generar inconsistencias que requieran regularización posterior.

La revisión cobra especial importancia a medida que la información tributaria se encuentra cada vez más digitalizada. Para las empresas, esto implica no solo cumplir con la emisión y registro de sus operaciones, sino también mantener consistencia entre la información comercial, contable y documental que sustenta sus actividades. “El cierre de año permite hacer algo que durante la operación cotidiana suele postergarse: mirar la información de manera integral. Cuando una empresa contrasta lo que vendió, compró y gastó con lo que efectivamente registró, puede encontrar diferencias que de otro modo podrían pasar desapercibidas”, señala Rigoberto Caballero, country manager de Defontana Perú.

En ese sentido, el experto de Defontana Perú, menciona cinco puntos que las empresas deberían revisar antes de cerrar el año:

1. Facturas electrónicas emitidas y recibidas. El primer paso es verificar que los comprobantes correspondan a las operaciones realizadas durante el año. Esto incluye revisar facturas, notas de crédito, notas de débito y anulaciones para detectar documentos pendientes, diferencias o regularizaciones. También es importante comprobar que todas las ventas hayan sido correctamente facturadas y que las facturas recibidas estén debidamente registradas.

2. Ventas, compras y registros contables. Las empresas deberían contrastar sus ventas y compras con los registros contables para verificar que los comprobantes y montos coincidan. Este control cobra especial relevancia con el SIRE, que genera propuestas del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras a partir de los comprobantes electrónicos, las cuales deben ser revisadas y, de ser necesario, complementadas o reemplazadas por el contribuyente. 

“La automatización facilita el procesamiento de la información, pero su valor está en permitir detectar diferencias y hacer seguimiento a su regularización. La trazabilidad debe ser parte del control cotidiano, no solo del cierre”, explica Caballero. Contar con información integrada de ventas, compras y contabilidad facilita este cruce y reduce la necesidad de consolidar datos de distintos archivos o sistemas.

3. Compras y gastos pendientes de registrar. Antes del cierre también es conveniente identificar facturas recibidas que todavía no hayan sido registradas, gastos pendientes de contabilización u operaciones que requieran algún ajuste. La revisión debería considerar especialmente las operaciones de los últimos meses del año, cuando pueden acumularse documentos que todavía se encuentran en proceso de aprobación, registro o conciliación. Detectar estos pendientes permite determinar qué operaciones corresponden al ejercicio que termina y cuáles requieren una acción antes de iniciar el siguiente periodo.

4. Documentación que sustenta las operaciones. Las empresas deberían verificar que sus principales operaciones cuenten con documentación que acredite su origen y sustento, como órdenes de compra, contratos, comprobantes o constancias de pago. Mantener estos documentos organizados facilita la trazabilidad y permite responder con mayor rapidez ante una eventual consulta o requerimiento de SUNAT, que contempla obligaciones relacionadas con la conservación de libros, registros y documentación sustentatoria.

5. Diferencias detectadas y responsables de regularización. Toda diferencia identificada debería quedar registrada, con un responsable y una acción definida para su regularización. Así se evita que los pendientes queden sin seguimiento o pasen al siguiente ejercicio. “Encontrar una diferencia no es necesariamente el problema; lo importante es detectarla a tiempo y saber quién debe resolverla. El cierre debería terminar con pendientes claros, responsables y fechas de atención”, sostiene Caballero.

En este proceso, contar con información integrada de facturación, ventas, compras y contabilidad facilita el seguimiento y reduce la dependencia de archivos dispersos. De esta manera, el cierre puede convertirse en una instancia preventiva para fortalecer el control de la información antes de iniciar un nuevo ejercicio.

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Descarbonización empresarial: cinco decisiones para priorizar inversiones en 2027

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· Identificar las principales fuentes de emisiones y evaluar la viabilidad de cada proyecto permite convertir los compromisos ambientales en acciones con presupuesto y resultados medibles.

En junio de este año, el Ministerio del Ambiente informó que 1.750 organizaciones públicas y privadas habían medido su huella de carbono mediante la plataforma Huella de Carbono Perú y que 142 habían reducido sus emisiones. Estas cifras corresponden a diferentes etapas de gestión y plantean un desafío para las empresas: utilizar la información sobre su impacto ambiental para definir acciones concretas de reducción.

La preparación de los presupuestos de 2027 abre una oportunidad para incorporar esas acciones a la planificación del negocio. Para hacerlo, es necesario identificar qué procesos generan más emisiones, qué mejoras pueden implementarse y cuáles requieren inversiones que deben programarse con anticipación.

“Un plan de descarbonización debe ayudar a decidir dónde invertir primero. Cada proyecto necesita una evaluación de su potencial de reducción de emisiones, sus costos y las condiciones que requiere para funcionar. Esto permite establecer prioridades que respondan tanto a los objetivos ambientales como a las necesidades de la operación”, señala César de Armero Dubois, Country Manager de Schneider Electric para Perú y Bolivia.

Para orientar esta planificación, Schneider Electric propone considerar cinco decisiones:

· Identificar dónde se generan las principales emisiones. Elaborar un inventario permite reconocer el impacto de los combustibles utilizados, la electricidad adquirida y las actividades relevantes de la cadena de valor. Definir un año base y reunir datos consistentes ayuda a concentrar los esfuerzos en las fuentes más significativas y establecer un punto de referencia para evaluar los avances.

· Evaluar qué procesos pueden electrificarse. Revisar los equipos que utilizan combustibles permite identificar dónde podrían incorporarse alternativas eléctricas. Antes de decidir, se debe analizar la capacidad de la infraestructura, la eficiencia de los equipos, los costos de operación y las condiciones de instalación. La reducción de emisiones dependerá también de las características de la electricidad que los abastezca.

· Revisar las opciones de energía renovable. Cada empresa puede evaluar alternativas de generación en sus instalaciones o de adquisición de electricidad renovable, según su consumo y las condiciones disponibles. Además del costo, es necesario revisar las condiciones contractuales y la documentación que acredita su origen. La contabilización de sus beneficios ambientales debe seguir criterios que eviten atribuir el mismo beneficio a más de un consumidor.

· Ordenar las inversiones según su impacto y viabilidad. Comparar la inversión inicial, los costos de mantenimiento, los ahorros estimados y la reducción esperada de emisiones ayuda a seleccionar los proyectos. También conviene identificar mejoras de eficiencia en los equipos existentes y aprovechar las paradas de mantenimiento para

ejecutar intervenciones. La programación debe considerar las necesidades de continuidad operativa y los recursos disponibles.

· Definir responsables, plazos e indicadores. Cada iniciativa necesita un responsable, presupuesto y un cronograma de ejecución. Para medir sus resultados, conviene revisar las emisiones totales y, cuando corresponda, las emisiones por unidad producida. Esto ayuda a distinguir una mejora de eficiencia de una reducción asociada a una menor actividad. Utilizar criterios consistentes permite comparar los resultados a lo largo del tiempo.

La planificación debe traducirse en una cartera de proyectos con prioridades y recursos definidos. Involucrar desde el inicio a las áreas de operaciones, mantenimiento, finanzas y sostenibilidad permite evaluar las decisiones de manera conjunta y dar seguimiento a su ejecución durante 2027.

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Fenómeno El Niño: Lima y el norte concentran el 92,8% de la deuda expuesta a zonas de amenaza crítica por inundaciones

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  • Un análisis de Equifax identifica diferencias en la concentración de deuda y usuarios expuestos entre ambas zonas
  • En el norte, uno de cada cuatro usuarios bancarizados reside en áreas de amenaza crítica

Lima y el norte del Perú concentran el 92,8% de la deuda ubicada en zonas de amenaza muy alta e inminente ante posibles inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño. Así lo revela un análisis geoespacial de Equifax – Infocorp, que identifica diferencias en la distribución de las obligaciones financieras y los usuarios expuestos entre ambas zonas.

Para desarrollar el estudio, Equifax combinó información hidrológica, topográfica e histórica con datos de ubicación residencial y del Reporte de Crédito Consolidado (RCC). Bajo un escenario climático extraordinario, el análisis identificó que más del 11% de la deuda total evaluada y más del 13% de los usuarios crediticios de los departamentos estudiados se encuentran en zonas de amenaza crítica.

“Una cartera crediticia puede mostrar un buen comportamiento de pago y, aun así, estar expuesta a riesgos que no se reflejan en el historial de sus clientes. Al incorporar información geográfica al análisis financiero, podemos identificar dónde una emergencia climática podría afectar simultáneamente a personas y negocios. Contar con esa perspectiva permite anticipar decisiones y evaluar medidas para proteger la continuidad de las operaciones”, explicó Carolina Arias, gerente de Data & Analítica de Equifax – Infocorp.

Lima concentra el 62,2% de la deuda expuesta

Lima reúne el 62,2% del monto total de deuda expuesta a niveles de amenaza muy alta e inminente en las zonas costeras evaluadas por Equifax. Asimismo, concentra el 49,3% de las personas identificadas en el análisis crediticio y el 46,9% de los productos financieros registrados en estas mismas áreas. Esto muestra que su participación en el monto de deuda expuesta es mayor que en el número de usuarios.

En el norte, integrado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, la relación es inversa. Esta zona concentra el 30,6% de la deuda expuesta y el 38,5% de las personas identificadas en áreas críticas. Así, mientras Lima tiene un mayor peso en el monto de deuda, en el norte la participación de usuarios supera su proporción de la cartera expuesta.

Además, uno de cada cuatro usuarios bancarizados del norte (25,2%) reside en zonas de amenaza muy alta o inminente por inundaciones. Este indicador resulta relevante para las entidades financieras y microfinancieras con presencia en la región, ya que una eventual emergencia podría afectar los ingresos de parte de esta población y generar dificultades de pago entre quienes mantienen obligaciones crediticias.

Por su parte, el sur concentra el 7,2% del monto de deuda expuesta y el 12,2% de las personas identificadas en las categorías de mayor amenaza.

“Los resultados muestran diferencias importantes en la exposición financiera de cada zona. En Lima se concentra una mayor proporción del monto de deuda, mientras que en el norte destaca la cantidad de usuarios ubicados en áreas críticas en relación con su participación en la cartera expuesta. Para las entidades financieras, esta información permite distinguir dónde se concentran los mayores montos de deuda y dónde podría ser necesario reforzar el seguimiento de los clientes ante una emergencia”, añadió Carolina Arias.

Lima registra la mayor proporción de territorio bajo amenaza crítica

El análisis territorial de Equifax revela que el 6,70% de la superficie evaluada de Lima se encuentra en niveles de amenaza muy alta e inminente por inundaciones. De esta proporción, 5,09 puntos porcentuales corresponden al nivel de mayor severidad. En el norte, las áreas clasificadas en ambas categorías representan el 5,24% del territorio analizado, mientras que en el sur alcanzan el 1,66%.

La magnitud de una posible afectación económica dependerá de la concentración de viviendas, negocios e infraestructura en las áreas identificadas, más allá de la proporción de territorio que representan. Una inundación podría afectar establecimientos, interrumpir rutas de abastecimiento o paralizar las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando no toda una región resulte afectada.

Para las entidades financieras, identificar estas áreas permite conocer dónde se concentran los clientes y activos expuestos, complementar sus evaluaciones crediticias y priorizar acciones preventivas.

Más de 1,6 millones de adultos viven en zonas de amenaza crítica

El estudio identifica a 1.620.777 personas mayores de edad que residen en zonas de amenaza muy alta e inminente por inundaciones, de las cuales el 61% está bancarizado.

Lima concentra el 53% de los adultos expuestos, seguida del norte con el 36% y del sur con el 11%. En el norte, Lambayeque y Piura registran los mayores volúmenes de población en áreas críticas, mientras que Ica destaca en el sur.

Una eventual inundación podría afectar viviendas, negocios y fuentes de empleo, reduciendo temporalmente los ingresos de los hogares y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, la exposición a una amenaza no implica necesariamente un incremento de la morosidad, pues el impacto dependerá de los daños efectivos y de la situación económica de cada deudor.

El efecto en cadena de una emergencia climática

Una inundación puede afectar establecimientos y centros de distribución, interrumpir rutas de abastecimiento y comprometer las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando las instalaciones principales de una compañía no resulten dañadas.

Estas interrupciones pueden extender sus consecuencias a empresas ubicadas fuera de las áreas directamente afectadas, especialmente cuando dependen de proveedores, rutas de transporte o mercados regionales vulnerables. Identificar estas relaciones y evaluar alternativas de abastecimiento permite preparar medidas de contingencia y reducir la exposición operativa ante posibles emergencias climáticas.

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