Minería
Poder Judicial anula 7 concesiones mineras y enciende alerta sobre seguridad jurídica

· Decisión afecta más de 6,400 hectáreas en Puno y podría sentar un precedente para futuras inversiones extractivas
· Experto en consulta previa, Gustavo Zambrano, señala este precedente como peligroso para nuevas inversiones y resta predictibilidad al terminar tergiversando el derecho a la consulta de su finalidad: dialogar
Lima, mayo de 2026.- Un fallo del Poder Judicial encendió una nueva controversia sobre el futuro de las inversiones mineras en el Perú. El Segundo Juzgado Mixto de Desaguadero anuló siete concesiones mineras en la región Puno —que abarcan más de 6,400 hectáreas— al concluir que fueron otorgadas sin realizar consulta previa a comunidades indígenas aimaras.
La decisión judicial alcanza a las concesiones Kelluyo 01 al 07, otorgadas a la empresa Nueva Energía Metales S.A.C., y responde a una demanda presentada por comunidades de la zona, que alegaron vulneración de derechos fundamentales como el territorio, la participación y la autodeterminación, en el marco del Convenio 169 de la OIT.
El fallo introduce un criterio con potencial impacto nacional: establece que la concesión minera, incluso sin actividad extractiva en marcha, puede generar afectaciones sobre territorios indígenas y, por tanto, requiere consulta previa. Para especialistas, esta interpretación podría modificar la forma en que se otorgan derechos mineros en el país y elevar la judicialización de proyectos.
La decisión también reabre un debate jurídico de alto impacto para el sector. El Tribunal Constitucional ha sostenido en anteriores sentencias que la sola entrega de una concesión minera no activa automáticamente la obligación de realizar consulta previa, al no existir una afectación directa inmediata sobre comunidades indígenas.

“El caso de Puno refleja un problema de fondo: la discusión ya no gira únicamente en torno al cumplimiento de la consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas, sino al riesgo de que el debate se polarice entre estar a favor o en contra de la minería. Esto puede generar mayor confrontación social e incertidumbre jurídica, debilitando la posibilidad de construir proyectos sostenibles con diálogo, participación efectiva de las comunidades y reglas claras para la inversión”, señaló Gustavo Zambrano, experto en pueblos indígenas y consulta previa en minería.
El especialista advirtió además que el criterio adoptado por el juzgado de Desaguadero marca una diferencia frente a la línea que había mantenido el TC. “Esto puede abrir nuevas controversias sobre la seguridad jurídica y la predictibilidad para las inversiones en el sector minero”, sostuvo.
La sentencia podría convertirse en un precedente para impulsar nuevas acciones legales contra concesiones vigentes en distintas regiones del país, en momentos en que el Perú busca acelerar inversiones mineras y destrabar proyectos estratégicos.
El juzgado dispuso que cualquier decisión futura sobre estas áreas deberá pasar obligatoriamente por un proceso de consulta previa, reforzando el carácter vinculante de este derecho y dejando sobre la mesa un desafío clave para el Estado: cómo equilibrar la protección de las comunidades indígenas con la estabilidad regulatoria que exige la inversión minera.

Minería
Minem plantea cerrar el Reinfo en diciembre y otorgar 18 meses para completar la formalización minera

El proyecto de Ley MAPE propone reemplazar el registro por un régimen temporal de consolidación minera y crear el FORMAPE, entidad que centralizará los permisos, la supervisión y la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) propone dar por concluido el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) el próximo 31 de diciembre de 2026 y establecer un plazo de 18 meses para que los mineros que no hayan completado su formalización puedan culminar los trámites pendientes bajo un nuevo régimen.
La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, confirmó que el Poder Ejecutivo modificó el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), reduciendo de 24 a 18 meses el período de transición previsto inicialmente para avanzar hacia la formalidad.En declaraciones a *El Comercio*, la funcionaria precisó que la propuesta no contempla nuevas prórrogas para el proceso. “Estamos estableciendo un plazo de 18 meses y no abrimos la puerta a una nueva ampliación”, señaló.
La iniciativa busca modificar el sistema de formalización minera mediante la simplificación de los procedimientos administrativos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la creación de una institución especializada que concentre las competencias actualmente distribuidas entre distintas entidades, incluidos los gobiernos regionales.
Asimismo, contempla herramientas para mejorar la trazabilidad de los minerales, la apertura de cuentas bancarias para los mineros en proceso de formalización y una mayor participación de los organismos nacionales en la supervisión de las actividades mineras de pequeña escala.
Dos modalidades para la formalización mineraEntre los principales cambios planteados por el Ejecutivo figura la creación de un régimen de consolidación minera, dirigido a quienes se encuentran inscritos en el Reinfo y no logren completar los requisitos exigidos antes de la fecha de cierre del registro.
Según explicó Figueroa, el Gobierno reconoce que algunos mineros han avanzado en sus procedimientos, pero todavía tienen trámites pendientes que difícilmente podrán concluir dentro del plazo vigente.
Por ello, plantea un mecanismo transitorio que permita continuar el proceso bajo nuevas reglas y una estructura institucional diferente.El proyecto de Ley MAPE establece dos modalidades para el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal.
La primera corresponde a un **régimen ordinario y permanente**, al que podrán acogerse las personas naturales o jurídicas interesadas en realizar actividades mineras, siempre que cumplan con las exigencias legales y obtengan las autorizaciones necesarias.La segunda será un régimen de consolidación temporal y cerrado destinado exclusivamente a los mineros que actualmente forman parte del Reinfo y que deban completar su proceso de formalización.
La viceministra descartó que este último mecanismo represente una simple continuidad del registro con otro nombre. Según indicó, el nuevo modelo incorporará procedimientos de evaluación y fiscalización para verificar el avance de los expedientes y el cumplimiento de las condiciones establecidas.
FORMAPE centralizará los permisos y la fiscalizaciónOtro componente central de la reforma es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE).Esta entidad tendría a su cargo la centralización de las decisiones vinculadas con los permisos, la supervisión y el control de las actividades de los pequeños productores mineros y mineros artesanales.
Con esta reorganización, el Minem busca reducir la dispersión de competencias, evitar demoras administrativas y establecer un seguimiento más efectivo de los procedimientos de formalización.La propuesta también prevé aprovechar la información y los avances de los expedientes que ya se encuentran en trámite.
De esta manera, los mineros que pasen del Reinfo al régimen de consolidación no tendrían que comenzar nuevamente el procedimiento, lo que permitiría evitar duplicidades y agilizar la revisión de sus solicitudes.Además, la evaluación de cada expediente permitiría determinar qué mineros reúnen las condiciones para continuar con el proceso y cuáles quedarían excluidos, de acuerdo con los criterios que establezca la normativa.
El plazo definitivo dependerá de la aprobación de la leyEl Ejecutivo sostiene que la reducción del período de consolidación de dos años a 18 meses busca acelerar la formalización minera y evitar que el proceso vuelva a extenderse mediante nuevas prórrogas.No obstante, la aplicación del nuevo sistema dependerá de la aprobación del proyecto de Ley MAPE y de las disposiciones que finalmente se establezcan para regular su funcionamiento.De concretarse la propuesta, el Reinfo concluiría el 31 de diciembre de 2026 y los mineros comprendidos en el régimen de consolidación tendrían un plazo máximo de 18 meses para completar los procedimientos pendientes, bajo un esquema que busca reforzar la supervisión estatal y establecer condiciones más claras para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.
Minería
PERUMIN 38 busca convertir sus conclusiones en una agenda de acción para formalizar la economía peruana
Víctor Gobitz, presidente de PERUMIN 38, destacó que la convención promoverá propuestas para impulsar la formalización más allá de la minería. También convocará a la Iglesia para incorporar una visión centrada en el ser humano.

Convertir el diálogo en propuestas concretas para el desarrollo del país. Ese es el objetivo de PERUMIN 38, que pondrá en debate la formalización de la economía peruana como uno de los desafíos que trascienden al sector minero y requieren la articulación de distintos actores económicos y sociales.
“Nuestra aspiración es que las conclusiones de Perumin 38 se conviertan en el plan de acción del país”, afirmó Víctor Gobitz, presidente de la convención, en una entrevista con El Comercio.
Bajo el lema “Integración y formalización para el desarrollo regional», el encuentro buscará contribuir a una agenda común que permita avanzar hacia una economía formal, con mayores oportunidades de acceso al crédito y mejores condiciones para los trabajadores. En esa línea, Gobitz subrayó la necesidad de abordar la informalidad desde una perspectiva amplia, que involucre a distintos sectores de la economía.
“Una economía formalizada va a permitir que los individuos tengan acceso al crédito. Una porción importante de la fuerza laboral vive en la informalidad y eso tiene que corregirse”, señaló.
La convención también buscará incorporar distintas perspectivas para enriquecer el debate sobre el desarrollo. “Vamos a invitar también a la Iglesia para que nos ofrezca su visión enfocada en el ser humano”, indicó Gobitz.
Una convención con proyección global
PERUMIN 38 también buscará mostrar la dimensión internacional de la minería peruana, con la participación de los principales operadores mineros del mundo y de empresas proveedoras de bienes y servicios, entre ellas las vinculadas a Estados Unidos, país aliado de esta edición.
“Esperamos hacer visible la magnitud global de la minería en el Perú”, sostuvo Gobitz.
Organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), PERUMIN 38 se realizará del 20 al 24 de septiembre de 2027 en el campo ferial Cerro Juli, en Arequipa.

Minería
Minem presenta proyecto de nueva Ley MAPE con reglas permanentes para la pequeña minería y minería artesanal

La propuesta contempla la creación del Formape, nuevos requisitos ambientales y mecanismos de trazabilidad para la cadena productiva minera. Además, establece el fin del Reinfo para el 31 de diciembre de 2026 y un régimen transitorio hasta 2028 para sus inscritos.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem), encabezado por Guillermo Shinno Huamaní, presentó la propuesta de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), iniciativa que busca establecer un marco legal permanente para ordenar las actividades de este sector, impulsar su formalización y promover un desarrollo productivo sostenible.
Tras sostener reuniones con exministros de Energía y Minas, representantes empresariales, economistas y académicos, Shinno explicó que el proyecto pretende superar la dispersión de normas y la dependencia de mecanismos temporales, mediante disposiciones claras y coordinadas para los operadores mineros.
La iniciativa propone un régimen ordinario permanente dirigido a nuevos operadores y productores formalizados. Para iniciar o reanudar actividades, estos deberán contar con la autorización sectorial correspondiente y la certificación ambiental exigida según las características de sus operaciones.
Reinfo culminará a fines de 2026
El titular del Minem ratificó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) finalizará el 31 de diciembre de 2026, sin posibilidad de prórroga, según lo anunciado.
A partir del 1 de enero de 2027, el proyecto plantea implementar un régimen de consolidación que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028. Este mecanismo estaría reservado exclusivamente para las personas inscritas en el Reinfo que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa.
El alcance de la propuesta no se limita a los titulares de derechos mineros, sino que también incluye a quienes realizan actividades de beneficio, acopio, transporte, procesamiento y comercialización, así como a otros participantes de la cadena de suministro de minerales.
Formape asumiría nuevas funciones en el sector
Uno de los principales componentes del proyecto es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), entidad adscrita al Minem que estaría encargada de fortalecer la gestión y supervisión de estas actividades.
Entre sus principales responsabilidades figuran promover mejores estándares operativos, buenas prácticas laborales, seguridad e innovación tecnológica. También tendría a su cargo la administración de los sistemas de información y trazabilidad, la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, la emisión de acreditaciones para pequeños productores mineros (PPM) y productores mineros artesanales (PMA), y el otorgamiento de autorizaciones para iniciar o reiniciar operaciones.
La propuesta también contempla centralizar los procedimientos administrativos mediante una Casilla Electrónica Única, con el propósito de facilitar las gestiones y mejorar el seguimiento de los trámites.
Requisitos ambientales y trazabilidad del mineral
En materia ambiental, el proyecto establece que las actividades de pequeña minería y minería artesanal deberán cumplir los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y disponer de la certificación ambiental correspondiente antes de comenzar sus operaciones, de acuerdo con la legislación vigente.
Los requisitos específicos se definirían mediante decreto supremo y deberían ser proporcionales a los riesgos, las características de las actividades y las condiciones territoriales donde se desarrollen.
Asimismo, los sistemas administrados por el Formape permitirían rastrear el mineral durante todas las etapas de la cadena productiva, desde su origen y traslado hasta la recepción, el beneficio, el procesamiento y la comercialización. La finalidad es reforzar la transparencia y facilitar el control de las operaciones.
Otro componente de la iniciativa es la autorización expresa al Banco de la Nación para ofrecer servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, como parte de las medidas destinadas a ampliar su inclusión financiera y económica.
Responsabilidad por contratos de explotación
La propuesta también establece disposiciones sobre la responsabilidad ambiental y de seguridad y salud ocupacional en las actividades desarrolladas mediante contratos de explotación o de cesión.
En estos casos, los pequeños mineros y mineros artesanales que ejecuten las operaciones serían los responsables directos de los incumplimientos normativos derivados de sus actividades.
Sin embargo, cuando las operaciones se realicen sin un contrato de explotación o de cesión vigente, el titular de la concesión minera asumiría responsabilidad solidaria con quienes ejecutan los trabajos por los impactos ambientales ocasionados.
Con estas medidas, el Minem busca establecer reglas más definidas para la pequeña minería y minería artesanal, fortalecer los mecanismos de formalización y mejorar el control de las actividades que forman parte de la cadena productiva minera.

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