El Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) transfirió un total de S/ 242.4 millones a las regiones de Ayacucho, Lima, Ica, Huancavelica y Ucayali durante el período de enero a junio de 2025, según reportó Perupetro. Este fondo, proveniente de la producción de hidrocarburos en Camisea, se distribuye a estas regiones para proyectos de desarrollo socioeconómico. 

El FOCAM es un mecanismo de distribución de ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos en la zona de Camisea, con el objetivo de promover el desarrollo de las regiones involucradas. En el primer trimestre de 2025, se transfirieron S/ 130.9 millones, y en el período enero-mayo, la suma ascendió a S/ 207.2 millones, según reportes de Perupetro. Estas transferencias se realizan a gobiernos regionales, municipios, universidades e institutos nacionales, de acuerdo con Perupetro. 

El total transferido de S/ 242.4 millones para el período enero-junio de 2025 refleja el compromiso de Perupetro con el desarrollo sostenible y la transparencia en la gestión de los recursos hidrocarburíferos del país, según lo señalado por Perupetro. 

Petroperú, inmediatamente conocida la aparición de fluidos de producción (agua, crudo y lodos) en la zona del Pozo 383 – Lobitos (inoperativo) del Lote VI ubicado en el distrito Lobitos, provincia de Talara, activó el plan de contingencias estipulado en el protocolo de Petroperú.

Lamentablemente, pobladores de la zona de Lobitos impidieron en un inicio el acceso de los equipos especializados, retrasando la atención del incidente, aumentando el riesgo de afectación del ambiente. 

Las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) han sido notificadas para la realización de las investigaciones (constatación) para conocer la causa real, dado que, se visualiza la manipulación de la válvula del pozo y la violentación de la malla perimetral, y para garantizar el orden y facilitar las labores de limpieza.

Hoy, martes 8 de julio, la zona afectada ya se encuentra limpia en un 95%, luego de las labores realizadas por personal especializado de la empresa, las mismas que continuarán hasta que la zona quede totalmente limpia.

Finalmente, Petroperú reitera su compromiso con el cuidado del ambiente y el buen relacionamiento con las poblaciones de influencia a las operaciones de la empresa.

Informe de la auditora señala que el Estado se comprometió a brindar respaldo económico a la petrolera estatal en caso de necesidad. El ministro de Economía admite el compromiso, pero intenta desmarcarse de una nueva inyección de fondos.

Un reciente informe de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) ha dejado en evidencia una contradicción entre el discurso del Gobierno y los compromisos asumidos por el Estado respecto a Petroperú, empresa que atraviesa una de sus mayores crisis financieras.

Según el documento, en una Junta General de Accionistas realizada el 26 de junio de 2025, se aprobó que el accionista —el Estado peruano— manifestara su disposición a brindar apoyo financiero a la petrolera en caso este fuera necesario, como parte de un plan para reducir su nivel de endeudamiento. Este respaldo, señala PwC, fue confirmado como una decisión formal adoptada por la empresa y su único accionista.

Pérez Reyes reconoce compromiso, pero intenta matizarlo

Consultado sobre el informe, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, reconoció su veracidad y explicó que PwC solicitó una confirmación expresa sobre si el Estado estaría dispuesto a respaldar a Petroperú ante una eventual profundización de la crisis. La respuesta fue afirmativa.

“Sí, efectivamente, si (Petroperú) tuviese algún problema, el Estado tendría que ver cómo lo resuelve”, declaró el titular del MEF en el programa Mesa de Prensa, de Canal N. Sin embargo, intentó suavizar la implicancia de este compromiso afirmando que “eso no significa necesariamente darle recursos”, y que cualquier decisión futura se evaluaría de acuerdo a las circunstancias.

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Un nuevo giro

La afirmación de PwC y la confirmación del ministro contrastan con las declaraciones públicas realizadas en meses anteriores, en las que altos funcionarios, incluido el propio Pérez Reyes, afirmaron que el Estado no volvería a inyectar recursos a Petroperú, tras los cuantiosos apoyos realizados en los últimos años.

En efecto, la petrolera estatal ya recibió dos millonarias operaciones de rescate:

• US$750 millones en 2022 bajo la figura de “Apoyo Financiero Transitorio”, que terminó convirtiéndose en aporte de capital.
• US$800 millones en 2024 mediante un préstamo del Banco de la Nación para capital de trabajo.

Ambas operaciones fueron absorbidas por el Estado ante la incapacidad de Petroperú de cumplir con sus pagos. En total, el rescate estatal alcanzó los S/6,100 millones.

Pasivos y dudas sobre viabilidad

El informe de PwC también plantea dudas sobre la sostenibilidad operativa de Petroperú. Advierte una “incertidumbre material” sobre su capacidad de continuar como empresa en marcha debido a varios factores:

• Menores ingresos por ventas ante las restricciones en los volúmenes de producción de la Nueva Refinería de Talara durante su fase de estabilización.
• Caída de los precios internacionales del crudo y sus derivados, lo cual afectó severamente los márgenes operativos y el valor de los inventarios.
• Elevado endeudamiento y persistencia de pérdidas millonarias.

En 2024, la empresa reportó pérdidas superiores a los US$770 millones, las cuales se suman a los resultados negativos de 2023, totalizando alrededor de US$2,000 millones en pérdidas acumuladas, según el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes.

El MEF ya asumió pagos por la petrolera

La situación financiera ha llevado al Ministerio de Economía y Finanzas a asumir pagos directos relacionados con las obligaciones de la empresa. En 2024, el MEF pagó US$168.36 millones correspondientes al segundo semestre del año por las deudas que Petroperú mantiene con la aseguradora española CESCE.

Esto ha encendido las alertas en el sector económico y político. La pregunta es inevitable: ¿volverá el Estado a capitalizar pagos asumidos por Petroperú? ¿Esa es, en el fondo, la naturaleza de la “reestructuración” que el Ejecutivo ha mencionado?

Irregularidades en contrataciones agravan el panorama

Además del riesgo financiero, PwC advierte sobre posibles irregularidades y favoritismo en contrataciones dentro de Petroperú, lo que “genera aún más preocupación sobre la gestión de proveedores”, según alertó el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez. Este escenario agrava la crisis y plantea serias dudas sobre la calidad del gobierno corporativo en la petrolera.

¿Un rescate inevitable?

Pese a los esfuerzos discursivos por desmarcarse de un nuevo salvataje, los hechos revelados por PwC y confirmados por el MEF apuntan a que el Estado ya asumió un nuevo compromiso de respaldo. Con una empresa que sigue generando pérdidas y sin señales claras de recuperación, la posibilidad de un tercer rescate no parece una hipótesis lejana, sino un escenario cada vez más probable.