Notas de Prensa
Producción, inversión y empleo en construcción entran a un segundo semestre crítico

· Entre enero y junio de 2023, el PBI de la construcción cayó 9.0%. CAPECO pronostica una nueva contracción sectorial, de 4.8%, en julio. Para tener 0.0% de crecimiento al cierre del año, debería crecer 9.4% en últimos cinco meses del año
· Empresas de la construcción continuaron disminuyendo sus operaciones en el tercer y cuarto bimestre. Perspectivas para fin de año apuntan a una disminución de 3.3%, algo más pesimistas que hace dos meses cuando pronosticaban -2.8%
· Inversión privada disminuyó a ritmo de dos dígitos en el primer semestre de 2023. Según algunos analistas, terminaría el año con un descenso de alrededor de 7.5%. Inversión pública crece a dos dígitos, pero no ejecutaría S/ 19,300 millones en 2023
· La venta de vivienda nueva en Lima Metropolitana retrocedió 11% en primeros seis meses de 2023, habría una sobre-oferta en Lima Top y Lima Moderna. El empleo del sector construcción en la capital baja 19% en trimestre mayo-julio de este año
· Mivivienda anuncia relanzamiento con algunas propuestas interesantes, pero con otras que van a afectar la marcha del mercado de vivienda de interés social
· Mensaje presidencial pleno de ofertas para ejecutar obras, pero sin priorizarlas ni asegurar fondos suficientes. Boluarte anuncia reformas políticas y sociales en el Acuerdo Nacional. CAPECO ve con moderado optimismo convocatoria presidencial
En su último Informe Económico de la Construcción, CAPECO indica que la retracción de la inversión arrastra a la construcción en 2023. De acuerdo con la más reciente medición efectuada por el INEI, el producto bruto de la actividad constructora se contrajo 4.1% en el mes de junio de 2023, acumulando seis meses consecutivos en negativo. Este resultado es consecuencia de una baja de 10.6% en el consumo de cemento, lo que ocurre ininterrumpidamente desde setiembre 2022.
Al cierre del primer semestre de este año, la construcción acumuló una reducción de 9.0%, su peor performance desde el -42.1% que tuvo lugar en el 2020, en plena crisis por la emergencia del COVID. Con estas cifras, este sector ocupa el segundo lugar entre las actividades productivas que más se retrajeron.
Las empresas que conforman el Panel de Expectativas del IEC señalan en la encuesta exclusiva realizada por CAPECO, en agosto de este año, que sus niveles de operación se redujeron en 2.5% el tercer bimestre del presente año, en relación con igual bimestre del 2022.
Los tres segmentos presentaron resultados negativos, a pesar de que, en la medición de hace dos meses, los proveedores proyectaban un ligero crecimiento (1.3%) para el tercer bimestre y en realidad sufrieron una contracción de 1.1%. Para el cuarto bimestre, los empresarios entrevistados pronostican que sus niveles operativos continuarán a la
baja, pero con una intensidad menor (-1.0%), no presentándose diferencias significativas en los tres segmentos.
CAPECO proyecta que el PBI sectorial sufrirá un nuevo descenso en julio, esta vez de 4.9%, a consecuencia de una nueva baja en el consumo de cemento (-6.5%) y de la ejecución de obra pública (-0.4%). De confirmarse estas tasas negativas, el sector acumularía una disminución de 8.4% entre enero y julio del 2023 y de 2.5% en el periodo anual que va de agosto 2022 a julio 2023. Con estos resultados, para alcanzar la meta de crecimiento sectorial nulo al cierre del presente año por el BCRP en su Reporte de Inflación de junio, la actividad constructora debería aumentar un promedio de 9.3% en los últimos cinco meses del año. En este contexto, cada vez es más probable que la construcción experimente una contracción en el 2023. (Ver ANEXO 1)
Pasando a un ámbito más positivo, CAPECO informa que la inversión pública continúa en crecimiento. Al cierre del séptimo mes del año se ejecutaron 20 mil 347 millones de soles del presupuesto institucional modificado (PIM) destinado a inversiones públicas en los tres niveles de gobierno para todo el 2023. Ello implica un aumento de 11.8% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque en los gobiernos locales –que concentran casi dos de cada cinco soles presupuestados– se presenta una contracción de 11.7%. “Como se ha indicado en ediciones anteriores del IEC, este desempeño favorable de la construcción pública se ve mediatizado por la poca eficiencia en la ejecución”, expresa Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio.
En cuanto a la inversión privada, el Instituto Peruano de Economía – IPE tasó en 11% la contracción de este indicador en el primer semestre del presente año y, aunque considera que se recuperará entre julio y diciembre, el año terminará con una disminución de 7.5% respecto al 2022. (Ver ANEXO 2). “Lamentablemente, los resultados alcanzados por los diferentes segmentos del sector construcción reflejan este deterioro de las perspectivas sectoriales para el presente año, reflejando que todos los segmentos de la construcción se contraerían en 2023”, asegura Valdivia. (Ver ANEXO 3)
El último IEC de CAPECO concluye que el panorama para la inversión, tanto pública como privada, y para el sector construcción es muy complicado. Lo más probable es que el comportamiento negativo experimentado en estos rubros durante los primeros siete meses del año continúe hasta fin de año. “La intensidad de la contracción podría variar, dependiendo de la magnitud y oportunidad del Fenómeno El Niño y de la celeridad que el gobierno de la presidenta Boluarte ponga en marcha con medidas para afianzar el mercado inmobiliario, en particular el de vivienda social; además de su capacidad para recuperar eficiencia, integridad y calidad en la gestión de infraestructuras y equipamientos estatales”, indica Guido Valdivia.
Respecto al reciente relanzamiento del Fondo MiVivienda, CAPECO encuentra aspectos para resaltar y otros para seguir mejorando. “Si continuara la tendencia de colocación de los créditos hipotecarios financiados por los Créditos MiVivienda que se presentó en los siete primeros meses del año, se terminaría el 2023 con una disminución de 23.6%”, explica Valdivia. “En el relanzamiento del Fondo MiVivienda no se señaló nada respecto a las trabas que están poniendo las municipalidades para la continuidad de proyectos VIS que se acogieron al Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación antes de la sentencia del Tribunal sobre la aplicación de esta norma, la cual ha sido interpretada por los gobiernos locales de manera antojadiza”, alerta el director ejecutivo de CAPECO.
“Tampoco se dijo nada sobre la entrada en vigencia del Código de Construcción Sostenible que, en buena cuenta, plantea mayores exigencias a las que regían en el Crédito Mivivienda Verde, el producto más exitoso del Fondo Mivivienda y la iniciativa de sostenibilidad que más rápidamente logró la adhesión de promotores, instituciones financieras y ciudadanos”, explicó.
Para CAPECO también preocupa que no se señale nada sobre la función del Operador Público de Suelo que fue asignada al Fondo Mivivienda a través de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. El gremio propuso que se constituya una nueva empresa pública, con un diseño organizacional y financiero muy distinto al del Fondo Mivivienda, que se haga cargo de la gestión del suelo estatal para promover la oferta formal de vivienda. “El MVCS parece ir por otro camino, también recorrido sin éxito anteriormente, de subastar terrenos ad-corpus y sin la lógica de integración urbana y social que está detrás de la figura del operador público de suelo”, alerta nuevamente Valdivia. Asimismo, CAPECO resaltó que no se conoce a ciencia cierta los fondos adicionales que se asignarán a programas de vivienda en lo que queda del año –para acercarse lo más posible a las metas de colocación de subsidios y créditos– y en el Presupuesto General de la República del próximo año.
Sobre las obras públicas y su problemática en el país, CAPECO considera que el gobierno nacional y el Congreso de la República parecen haber entregado a la ANIN un rol relevante a la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones del Estado – LCE. “Sin embargo, hay una contradicción muy clara en tal estrategia, porque uno de los aspectos más notorios de la Ley que crea la ANIN es exonerar a esta entidad de la aplicación de la normativa de contratación pública”, indica Guido Valdivia. Para CAPECO, es fundamental tener una visión integral para atender los desafíos que abarcan las grandes obras públicas. “Sin esta visión integral que analice y encuentre soluciones definitivas a cientos de proyectos paralizados, postergados o mal ejecutados, y sin una voluntad política para llegar a acuerdos, ningún esfuerzo aislado como la ANIN o la nueva LCE tendrá un verdadero impacto”, señala el gremio (Ver ANEXO 5)
Sobre el Mensaje de Fiestas Patrias y la invitación al diálogo, para el gremio se extrañó en el mensaje un sentido de prioridad a todas las obras y proyectos anunciados. “Es prácticamente imposible que todos los ofrecimientos puedan cumplirse en el corto plazo y existan recursos suficientes para financiarlos”, aseguró Valdivia. Para la Cámara, la propuesta más ambiciosa del mensaje fue el ofrecimiento de convocar actores sociales al Acuerdo Nacional para trabajar de manera conjunta un plan de reformas políticas. “Es por eso que la Cámara ve con moderado optimismo esta iniciativa de la presidenta. En reciente conversación sostenida con el presidente del Consejo de
ministros, CAPECO solicitó su incorporación al Acuerdo Nacional y le hizo notar la pertinencia de incluir dentro de la agenda de reformas, un conjunto de medidas destinadas a la modernización de la actividad constructora. También señaló que era muy urgente abordar aspectos puntuales de la problemática sectorial. El premier Otárola ofreció constituir una Mesa de Trabajo público-privada de la que formarán parte, además de la PCM, el Ministerio de Economía y las carteras vinculadas a la construcción”, finalizó.

Notas de Prensa
Cierre tributario: 5 puntos que las empresas deberían revisar para evitar inconsistencias ante SUNAT

Facturas electrónicas, ventas, compras, gastos y registros contables son algunos de los aspectos que las empresas deberían contrastar antes del cierre del ejercicio para detectar diferencias y reducir contingencias tributarias.
Antes de cerrar el ejercicio, las empresas tienen una última oportunidad para detectar diferencias entre sus operaciones, comprobantes electrónicos y registros contables. Una factura pendiente de registrar, una nota de crédito que no fue considerada o un gasto sin documentación suficiente pueden generar inconsistencias que requieran regularización posterior.
La revisión cobra especial importancia a medida que la información tributaria se encuentra cada vez más digitalizada. Para las empresas, esto implica no solo cumplir con la emisión y registro de sus operaciones, sino también mantener consistencia entre la información comercial, contable y documental que sustenta sus actividades. “El cierre de año permite hacer algo que durante la operación cotidiana suele postergarse: mirar la información de manera integral. Cuando una empresa contrasta lo que vendió, compró y gastó con lo que efectivamente registró, puede encontrar diferencias que de otro modo podrían pasar desapercibidas”, señala Rigoberto Caballero, country manager de Defontana Perú.
En ese sentido, el experto de Defontana Perú, menciona cinco puntos que las empresas deberían revisar antes de cerrar el año:
1. Facturas electrónicas emitidas y recibidas. El primer paso es verificar que los comprobantes correspondan a las operaciones realizadas durante el año. Esto incluye revisar facturas, notas de crédito, notas de débito y anulaciones para detectar documentos pendientes, diferencias o regularizaciones. También es importante comprobar que todas las ventas hayan sido correctamente facturadas y que las facturas recibidas estén debidamente registradas.
2. Ventas, compras y registros contables. Las empresas deberían contrastar sus ventas y compras con los registros contables para verificar que los comprobantes y montos coincidan. Este control cobra especial relevancia con el SIRE, que genera propuestas del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras a partir de los comprobantes electrónicos, las cuales deben ser revisadas y, de ser necesario, complementadas o reemplazadas por el contribuyente.
“La automatización facilita el procesamiento de la información, pero su valor está en permitir detectar diferencias y hacer seguimiento a su regularización. La trazabilidad debe ser parte del control cotidiano, no solo del cierre”, explica Caballero. Contar con información integrada de ventas, compras y contabilidad facilita este cruce y reduce la necesidad de consolidar datos de distintos archivos o sistemas.
3. Compras y gastos pendientes de registrar. Antes del cierre también es conveniente identificar facturas recibidas que todavía no hayan sido registradas, gastos pendientes de contabilización u operaciones que requieran algún ajuste. La revisión debería considerar especialmente las operaciones de los últimos meses del año, cuando pueden acumularse documentos que todavía se encuentran en proceso de aprobación, registro o conciliación. Detectar estos pendientes permite determinar qué operaciones corresponden al ejercicio que termina y cuáles requieren una acción antes de iniciar el siguiente periodo.
4. Documentación que sustenta las operaciones. Las empresas deberían verificar que sus principales operaciones cuenten con documentación que acredite su origen y sustento, como órdenes de compra, contratos, comprobantes o constancias de pago. Mantener estos documentos organizados facilita la trazabilidad y permite responder con mayor rapidez ante una eventual consulta o requerimiento de SUNAT, que contempla obligaciones relacionadas con la conservación de libros, registros y documentación sustentatoria.
5. Diferencias detectadas y responsables de regularización. Toda diferencia identificada debería quedar registrada, con un responsable y una acción definida para su regularización. Así se evita que los pendientes queden sin seguimiento o pasen al siguiente ejercicio. “Encontrar una diferencia no es necesariamente el problema; lo importante es detectarla a tiempo y saber quién debe resolverla. El cierre debería terminar con pendientes claros, responsables y fechas de atención”, sostiene Caballero.
En este proceso, contar con información integrada de facturación, ventas, compras y contabilidad facilita el seguimiento y reduce la dependencia de archivos dispersos. De esta manera, el cierre puede convertirse en una instancia preventiva para fortalecer el control de la información antes de iniciar un nuevo ejercicio.
Notas de Prensa
Descarbonización empresarial: cinco decisiones para priorizar inversiones en 2027

· Identificar las principales fuentes de emisiones y evaluar la viabilidad de cada proyecto permite convertir los compromisos ambientales en acciones con presupuesto y resultados medibles.
En junio de este año, el Ministerio del Ambiente informó que 1.750 organizaciones públicas y privadas habían medido su huella de carbono mediante la plataforma Huella de Carbono Perú y que 142 habían reducido sus emisiones. Estas cifras corresponden a diferentes etapas de gestión y plantean un desafío para las empresas: utilizar la información sobre su impacto ambiental para definir acciones concretas de reducción.
La preparación de los presupuestos de 2027 abre una oportunidad para incorporar esas acciones a la planificación del negocio. Para hacerlo, es necesario identificar qué procesos generan más emisiones, qué mejoras pueden implementarse y cuáles requieren inversiones que deben programarse con anticipación.
“Un plan de descarbonización debe ayudar a decidir dónde invertir primero. Cada proyecto necesita una evaluación de su potencial de reducción de emisiones, sus costos y las condiciones que requiere para funcionar. Esto permite establecer prioridades que respondan tanto a los objetivos ambientales como a las necesidades de la operación”, señala César de Armero Dubois, Country Manager de Schneider Electric para Perú y Bolivia.
Para orientar esta planificación, Schneider Electric propone considerar cinco decisiones:
· Identificar dónde se generan las principales emisiones. Elaborar un inventario permite reconocer el impacto de los combustibles utilizados, la electricidad adquirida y las actividades relevantes de la cadena de valor. Definir un año base y reunir datos consistentes ayuda a concentrar los esfuerzos en las fuentes más significativas y establecer un punto de referencia para evaluar los avances.
· Evaluar qué procesos pueden electrificarse. Revisar los equipos que utilizan combustibles permite identificar dónde podrían incorporarse alternativas eléctricas. Antes de decidir, se debe analizar la capacidad de la infraestructura, la eficiencia de los equipos, los costos de operación y las condiciones de instalación. La reducción de emisiones dependerá también de las características de la electricidad que los abastezca.
· Revisar las opciones de energía renovable. Cada empresa puede evaluar alternativas de generación en sus instalaciones o de adquisición de electricidad renovable, según su consumo y las condiciones disponibles. Además del costo, es necesario revisar las condiciones contractuales y la documentación que acredita su origen. La contabilización de sus beneficios ambientales debe seguir criterios que eviten atribuir el mismo beneficio a más de un consumidor.
· Ordenar las inversiones según su impacto y viabilidad. Comparar la inversión inicial, los costos de mantenimiento, los ahorros estimados y la reducción esperada de emisiones ayuda a seleccionar los proyectos. También conviene identificar mejoras de eficiencia en los equipos existentes y aprovechar las paradas de mantenimiento para
ejecutar intervenciones. La programación debe considerar las necesidades de continuidad operativa y los recursos disponibles.
· Definir responsables, plazos e indicadores. Cada iniciativa necesita un responsable, presupuesto y un cronograma de ejecución. Para medir sus resultados, conviene revisar las emisiones totales y, cuando corresponda, las emisiones por unidad producida. Esto ayuda a distinguir una mejora de eficiencia de una reducción asociada a una menor actividad. Utilizar criterios consistentes permite comparar los resultados a lo largo del tiempo.
La planificación debe traducirse en una cartera de proyectos con prioridades y recursos definidos. Involucrar desde el inicio a las áreas de operaciones, mantenimiento, finanzas y sostenibilidad permite evaluar las decisiones de manera conjunta y dar seguimiento a su ejecución durante 2027.
Notas de Prensa
Fenómeno El Niño: Lima y el norte concentran el 92,8% de la deuda expuesta a zonas de amenaza crítica por inundaciones

- Un análisis de Equifax identifica diferencias en la concentración de deuda y usuarios expuestos entre ambas zonas
- En el norte, uno de cada cuatro usuarios bancarizados reside en áreas de amenaza crítica
Lima y el norte del Perú concentran el 92,8% de la deuda ubicada en zonas de amenaza muy alta e inminente ante posibles inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño. Así lo revela un análisis geoespacial de Equifax – Infocorp, que identifica diferencias en la distribución de las obligaciones financieras y los usuarios expuestos entre ambas zonas.
Para desarrollar el estudio, Equifax combinó información hidrológica, topográfica e histórica con datos de ubicación residencial y del Reporte de Crédito Consolidado (RCC). Bajo un escenario climático extraordinario, el análisis identificó que más del 11% de la deuda total evaluada y más del 13% de los usuarios crediticios de los departamentos estudiados se encuentran en zonas de amenaza crítica.
“Una cartera crediticia puede mostrar un buen comportamiento de pago y, aun así, estar expuesta a riesgos que no se reflejan en el historial de sus clientes. Al incorporar información geográfica al análisis financiero, podemos identificar dónde una emergencia climática podría afectar simultáneamente a personas y negocios. Contar con esa perspectiva permite anticipar decisiones y evaluar medidas para proteger la continuidad de las operaciones”, explicó Carolina Arias, gerente de Data & Analítica de Equifax – Infocorp.
Lima concentra el 62,2% de la deuda expuesta
Lima reúne el 62,2% del monto total de deuda expuesta a niveles de amenaza muy alta e inminente en las zonas costeras evaluadas por Equifax. Asimismo, concentra el 49,3% de las personas identificadas en el análisis crediticio y el 46,9% de los productos financieros registrados en estas mismas áreas. Esto muestra que su participación en el monto de deuda expuesta es mayor que en el número de usuarios.
En el norte, integrado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, la relación es inversa. Esta zona concentra el 30,6% de la deuda expuesta y el 38,5% de las personas identificadas en áreas críticas. Así, mientras Lima tiene un mayor peso en el monto de deuda, en el norte la participación de usuarios supera su proporción de la cartera expuesta.
Además, uno de cada cuatro usuarios bancarizados del norte (25,2%) reside en zonas de amenaza muy alta o inminente por inundaciones. Este indicador resulta relevante para las entidades financieras y microfinancieras con presencia en la región, ya que una eventual emergencia podría afectar los ingresos de parte de esta población y generar dificultades de pago entre quienes mantienen obligaciones crediticias.
Por su parte, el sur concentra el 7,2% del monto de deuda expuesta y el 12,2% de las personas identificadas en las categorías de mayor amenaza.
“Los resultados muestran diferencias importantes en la exposición financiera de cada zona. En Lima se concentra una mayor proporción del monto de deuda, mientras que en el norte destaca la cantidad de usuarios ubicados en áreas críticas en relación con su participación en la cartera expuesta. Para las entidades financieras, esta información permite distinguir dónde se concentran los mayores montos de deuda y dónde podría ser necesario reforzar el seguimiento de los clientes ante una emergencia”, añadió Carolina Arias.
Lima registra la mayor proporción de territorio bajo amenaza crítica
El análisis territorial de Equifax revela que el 6,70% de la superficie evaluada de Lima se encuentra en niveles de amenaza muy alta e inminente por inundaciones. De esta proporción, 5,09 puntos porcentuales corresponden al nivel de mayor severidad. En el norte, las áreas clasificadas en ambas categorías representan el 5,24% del territorio analizado, mientras que en el sur alcanzan el 1,66%.
La magnitud de una posible afectación económica dependerá de la concentración de viviendas, negocios e infraestructura en las áreas identificadas, más allá de la proporción de territorio que representan. Una inundación podría afectar establecimientos, interrumpir rutas de abastecimiento o paralizar las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando no toda una región resulte afectada.
Para las entidades financieras, identificar estas áreas permite conocer dónde se concentran los clientes y activos expuestos, complementar sus evaluaciones crediticias y priorizar acciones preventivas.
Más de 1,6 millones de adultos viven en zonas de amenaza crítica
El estudio identifica a 1.620.777 personas mayores de edad que residen en zonas de amenaza muy alta e inminente por inundaciones, de las cuales el 61% está bancarizado.
Lima concentra el 53% de los adultos expuestos, seguida del norte con el 36% y del sur con el 11%. En el norte, Lambayeque y Piura registran los mayores volúmenes de población en áreas críticas, mientras que Ica destaca en el sur.
Una eventual inundación podría afectar viviendas, negocios y fuentes de empleo, reduciendo temporalmente los ingresos de los hogares y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, la exposición a una amenaza no implica necesariamente un incremento de la morosidad, pues el impacto dependerá de los daños efectivos y de la situación económica de cada deudor.
El efecto en cadena de una emergencia climática
Una inundación puede afectar establecimientos y centros de distribución, interrumpir rutas de abastecimiento y comprometer las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando las instalaciones principales de una compañía no resulten dañadas.
Estas interrupciones pueden extender sus consecuencias a empresas ubicadas fuera de las áreas directamente afectadas, especialmente cuando dependen de proveedores, rutas de transporte o mercados regionales vulnerables. Identificar estas relaciones y evaluar alternativas de abastecimiento permite preparar medidas de contingencia y reducir la exposición operativa ante posibles emergencias climáticas.
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