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Minería

Profesionales de distintas especialidades polemizaron sobre el proyecto Tía María

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En el marco de los Martes de la Ingeniería Minera organizado por el Capítulo de Minas del CD Lima del Colegio de Ingenieros.

Con el objetivo de reflexionar por la naturaleza, causas y consecuencias del conflicto social en Arequipa, el Capítulo de Minas del CD Lima del Colegio de Ingenieros del Perú organizó el conversatorio “Tía María: Mitos y realidades sobre el proyecto minero”

La cita se enmarca en los renovados Martes de la Ingeniería, que contó con la conferencia del ingeniero Walter Casquino, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET, acompañado de un panel de diferentes disciplinados profesionales integrado por el Ing. Oliverio Muñoz, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas CD Lima-CIP; Dra. Xenia Forno, Socia Estudio Rubio, Leguía Normand; Óscar Schiappa, director de Agro Andino SRL; Ing. Pablo Bustamente, director de Lampadia; y la Mg. Marina Irigoyen, co-coordinadora del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible.

El Ing. Casquino presentó un panorama general del proyecto minero y los procesos que generaron este conflicto, exhortando a todos los involucrados que deben conocer como mínimo el proceso administrativo y de gestión de aprobación del proyecto Tía María; asimismo cuáles son los procesos para determinar si procede o no, una suspensión o cancelación de la licencia de construcción del proyecto.

A su turno, Pablo Bustamante manifestó que hay gente que simplemente no quiere minería. Un ejemplo de ello, señaló, es Quellaveco, una operación minera que por años ha desarrollado un programa cuidadoso, con un fondo social negociado incluso por el actual presidente Martín Vizcarra, pero que ahora también sufre de un paro. Producto de la exacerbación de los sucesos del proyecto Tía María.

“Es evidente que existen errores que hay que subsanar. Sin embargo, hoy en Cocachacra hay atención de salud 24 horas al día, cuando antes era solo cuatro. Southern ha hecho un programa social intenso, pero que no conocemos en Lima y, aún más los que se oponen al proyecto”, sostuvo.

Por el contrario, Marina Irigoyen es que existe una información limitada. Explicó que no es solamente necesario ni suficiente tener información para el éxito de cualquier obra. “La información es un canal por el cual doy a conocer lo que a mí me parece importante. En ese sentido, ha faltado un diálogo en donde se conozca lo que el otro ve con interés, respondiendo a sus interrogantes y produciendo un flujo de ida y vuelta.

Recomendó la participación de un tercero, que no ha participado, para que propicie el diálogo entre las partes. “Quizá algunos proyectos no podrán ir. Hay que mirar al sector minero en general, y tal vez no al proyecto”, precisó.

Por su parte, la Dra. Forno ratificó su preocupación por la resolución del Consejo de Minería. “El Consejo suspende la licencia de construcción argumentando la presencia de conflictos sociales. Bajo ese criterio, cualquier otra resolución, bajo la amenaza o presión de cualquier grupo de interés, tendrá que aplicar esa misma receta. Todas las resoluciones, que por norma general no suspenden sus efectos, serán suspendidas. Eso es preocupante”, indicó.

Instó a entender que las normas son para todos y debemos cumplir, nos guste o no. “Las salidas deben estar dentro del marco de las atribuciones que la ley otorga. El Consejo de Minería no puede arrogarse el rol de facilitador”, puntualizó.

En su opinión, Óscar Schiappa criticó que el sector minero, a nivel de la cultura corporativa de las empresas, tienen el terrible problema de poseer un pensamiento grupal, en donde todos piensan igual. “Hay un discurso oficial, del cual no se sale. Existe poca capacidad para ver más allá, y para entender a quienes piensan distinto. Ese es uno de los principales elementos que ocasionan que acumulemos fracaso tras fracaso. ¿Cómo es posible, con la enorme cantidad de recursos que moviliza de carácter financiero y profesional el sector minero peruano, seamos tan incapaces de poder desarrollar una minería que sea social y ambientalmente sostenible? ¿Cómo es posible que nos tropecemos tres veces con la misma piedra?”, refutó.

 

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Minería

MINEM y el INGEMMET suscriben convenio para viabilizar implementación de la Ventanilla Única Digital del Sector Minería

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Mecanismo es clave para unificar y optimizar los trámites gubernamentales para destrabar las inversiones mineras en el Perú.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para viabilizar, potenciar y agilizar la implementación de la Ventanilla Única Digital del Sector Minería (VUD MINEM), mecanismo clave para unificar y optimizar los trámites gubernamentales para destrabar las inversiones mineras en el Perú.

La firma del documento tiene el objetivo de establecer lazos de cooperación para realizar esfuerzos, intercambio de información, lineamientos, capacidades y recursos necesarios que permitirán desarrollar acciones conjuntas que permitan viabilizar el proyecto de inversión de la VUD-MINEM.

El convenio fue suscrito por la viceministra de Minas, Mayra Figuerroa Valderrama, en representación del MINEM, y por Walter León Lecaros, presidente ejecutivo de Ingemmet, acto que se realizó en la sede principal del MINEM, en el distrito de San Borja.

La viceministra indicó que la VUD MINEM es un instrumento necesario, pues el Perú es un país minero que requiere un sector con innovación y tecnología que permita a los administrados tener una predictibilidad de sus decisiones y en los pasos que tienen que dar para obtener sus permisos.

“Asumimos el compromiso de firmar, el primero, de los diez convenios que debemos suscribir con todas las entidades involucradas en este proceso. Y en ese camino estamos trabajando no solo de la mano con Ingemmet, con sus equipos, sino también con todas las oficinas del MINEM”, puntualizó Figueroa.

A su turno el presidente de Ingemmet destacó que la VUD MINEM constituye una oportunidad para avanzar hacia una gestión más integrada, facilitando el acceso a los procedimientos y servicios vinculados a la actividad minera, reduciendo barreras administrativas y contribuyendo a mejorar la experiencia de los administrados.

Las autoridades firmantes del convenio expresaron su reconocimiento a los equipos técnicos profesionales del MINEM y el INGEMMET que han contribuido a concretar este instrumento de cooperación, que demuestra que cuando las instituciones comparten una visión y articulan esfuerzos, es posible garantizar una gestión pública más eficiente y orientada a los resultados.

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Minería

MINEM transfirió recursos para que el INEI realice Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

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o   Mediante Resolución Ministerial N° 468-2026-MINEM/DM, la entidad estadística podrá ejecutar el censo en cumplimiento de la Ley 32537.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) autorizó la transferencia de S/ 38 123 560,00 en favor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para la entidad realice el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en cumplimiento de la Ley 32537.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 468-2026-MINEM/DM, se oficializó la entrega de recursos para que la entidad estadística pueda ejecutar el censo que tendrá una vigencia de 12 meses.

Este proceso comprendió varias etapas. El 16 de octubre de 2026, el MINEM, el INEI y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el objeto de establecer mecanismos de colaboración para la ejecución conjunta del Censo Nacional de la MAPE.

El convenio estableció los mecanismos interinstitucionales entre las partes y señala acciones de coordinación, articulación y apoyo orientadas a la recopilación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística georreferenciada que contribuya a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de formalización minera y desarrollo sostenible.

El censo contará con la valiosa rectoría y experiencia estadística del INEI, el soporte geocientífico y catastral del Ingemmet, y la articulación sectorial del MINEM para consolidar este esfuerzo interinstitucional sin precedentes.

Entre los compromisos asumidos por el MINEM será facilitar la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y otros registros administrativos bajo su competencia. Asimismo, gestionar ante las Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y Minas, las principales federaciones y asociaciones de mineros y mineros artesanales, el libre acceso del personal censal a los ámbitos geográficos seleccionados.

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Minería

Minería ilegal avanza sobre concesiones de cobre y pone en riesgo nuevas inversiones, advierten especialistas

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Gasbel Web.

Durante el Jueves Minero del IIMP, los panelistas coincidieron en la necesidad de articular la simplificación de trámites con acciones de fiscalización, seguridad jurídica y protección de derechos.

La expansión de la minería ilegal ya no se limita a las zonas auríferas. También está alcanzando territorios vinculados a proyectos de cobre, lo que representa un riesgo creciente para el desarrollo de nuevas inversiones mineras en el país. Así lo advirtió Paola Bustamante, directora de Legado Positivo y vicepresidenta de Hágase Instituto, durante el panel del Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el que se analizó el impacto del Reinfo y los desafíos del nuevo proyecto de Ley MAPE.

La especialista señaló que existen proyectos mineros que, pese a contar con concesiones y permisos ambientales aprobados, enfrentan dificultades para avanzar porque sus territorios han sido ocupados por actividades ilegales. En ese contexto, sostuvo que la simplificación de procedimientos administrativos, por sí sola, no garantizará el desarrollo de la minería formal si no se protege efectivamente el acceso a las concesiones.

“Se están generando invasiones ya no solamente por oro, sino por cobre. Ya hay zonas de proyectos mineros que no están pudiendo avanzar teniendo concesión y permisos ambientales aprobados, porque la minería ilegal ya se asentó en el territorio”, advirtió.

Bustamante remarcó que el desafío exige una respuesta articulada de las autoridades. “Habría que pedir consecuencia del Tribunal Constitucional como garante de derechos y consecuencia del Ejecutivo para que tome medidas”, sostuvo, al señalar que se requiere un pronunciamiento del TC que resguarde el derecho de propiedad de los titulares de concesiones, acompañado de acciones efectivas del Estado para combatir la minería ilegal.

Formalización con resultados y condiciones claras

Por su parte, María Cristina Alva, socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad de CMS Grau, alertó sobre las deficiencias en el proceso de formalización minera que han permitido el avance de la ilegalidad. Puso énfasis en los resultados del proceso de formalización y en la necesidad de evaluar el impacto de las sucesivas prórrogas del Reinfo.

La especialista recordó que actualmente existen más de 31.000 registros y que, desde 2014, solo 2.345 mineros han logrado formalizarse. “Es importante mirar una realidad de algo que no funcionó y que además estamos repitiendo en el tiempo por varias razones”, señaló.

Alva también destacó la importancia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda pendiente y garantice la protección de los derechos, la salud y el medio ambiente.

Diferenciar la MAPE formal de la minería ilegal

En tanto, Eduardo Lanao, CEO y fundador de CrossPartners y presidente ejecutivo de ProMinería, planteó la necesidad de distinguir la pequeña minería y minería artesanal formal de las actividades informales e ilegales. Advirtió que agruparlas bajo una misma categoría puede perjudicar a los productores que sí cumplen con las exigencias legales y cuentan con los títulos habilitantes correspondientes.

“La minería de pequeña escala no es minería informal y es lo primero que yo plantearía en el marco del análisis de una ley MAPE”, señaló.

Lanao recordó que el desarrollo de una actividad minera responsable requiere cumplir condiciones vinculadas con la gestión ambiental, el acceso a la superficie, la protección del patrimonio arqueológico y el respeto a los derechos de los titulares de las concesiones.

En sus reflexiones finales el constitucionalista Samuel Abad advirtió que el régimen de consolidación de la Ley MAPE podría mantener la inmunidad penal del Reinfo bajo otro nombre. Por ello, pidió que la norma precise que todo delito debe ser investigado y sancionado, incluso durante la formalización, y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse cuanto antes. “La Constitución no solamente está para leerla, está para defenderla. Y el TC debe defenderla”, sentenció.

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