Ante la nota de prensa difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en su calidad de integrantes de la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú S.A., el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) se dirige a la opinión pública para precisar lo siguiente:

1) Petroperú es estratégica y el abastecimiento debe garantizarse con institucionalidad

Petroperú cumple un rol estratégico para la seguridad energética nacional. Asegurar el abastecimiento de combustibles es un objetivo país que requiere decisiones técnicas, previsibles y respetuosas del marco constitucional.

2) El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 mantiene serios cuestionamientos de constitucionalidad

El STAPP sostiene que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 presenta cuestionamientos de constitucionalidad que deben ser evaluados por las instancias competentes. En esa línea, reiteramos nuestra posición de impulsar su derogatoria y/o revisión integral, en defensa de la legalidad, la institucionalidad y los derechos fundamentales vinculados al trabajo.

3) Rechazo a la estigmatización: se está poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores

El STAPP advierte que declaraciones públicas asociadas a la reorganización han contribuido a un clima de hostilidad contra los trabajadores y contra Petroperú, incrementando riesgos reales de inseguridad.

Rechazamos de manera categórica expresiones de odio e incitaciones a la violencia que han circulado en el debate público, y exigimos responsabilidad en la comunicación pública. Ningún proceso de reorganización puede justificarse si se construye sobre el señalamiento y la deshumanización de quienes sostienen la operación diaria.

4) Puentes de diálogo y tranquilidad para el trabajador: detener el ataque y las descalificaciones

El STAPP solicita a los señores Ministros del MEF y del MINEM tender más puentes de diálogo con los trabajadores y sus organizaciones representativas. El país necesita tranquilidad social y laboral para que Petroperú pueda operar y recuperarse.

En ese sentido, exigimos que se detenga el ataque y la estigmatización que se viene promoviendo desde el debate público, mediante términos descalificadores como “gollerías”, entre otros, que generalizan, alimentan el rechazo social y elevan el riesgo de agresiones contra el personal.

5) Crisis y responsabilidades: investigación y acciones contra quienes resulten responsables

La situación de Petroperú no puede explicarse mediante culpabilizaciones colectivas hacia los trabajadores. Exigimos que se determinen responsabilidades reales, con sustento, respecto de decisiones y actos que han afectado la sostenibilidad de la empresa.

Corresponde impulsar investigaciones y auditorías para identificar responsabilidades administrativas, civiles y penales, sin impunidad, incluyendo decisiones de gestión, contrataciones, endeudamiento, inversiones, dirección y supervisión.

6) Sobre “beneficios y gollerías”: exigimos rigurosidad, sustento y respeto

El STAPP rechaza la narrativa que pretende responsabilizar a los trabajadores mediante términos descalificadores. Si existen observaciones sobre remuneraciones, beneficios o condiciones laborales, deben tratarse con información verificable, precisión y respeto, indicando fuentes oficiales, periodos y criterios de análisis. Evitemos generalizaciones que alimentan el rechazo social y exponen injustamente a los trabajadores a agresiones.

7) Hechos que generan serias interrogantes: Unna Energía y señales sobre la Refinería Talara

Llama poderosamente la atención que Unna Energía S.A. haya desistido de manera irrevocable de continuar con el procedimiento concursal iniciado el 12 de diciembre de 2025 ante Indecopi, en el marco de lo anunciado públicamente por el Gobierno.

Este giro amerita explicación completa, documentada y verificable ante el país.

Del mismo modo, preocupa que, según declaraciones atribuidas a personal de ProInversión, se haya mencionado como horizonte que la Refinería Talara —principal activo de Petroperú— pasaría al sector privado en junio de 2026. De ser cierto, la ciudadanía tiene derecho a conocer de inmediato el sustento, el marco legal, el cronograma, las condiciones, los riesgos, los impactos y las garantías de gobernanza y transparencia.

8) ProInversión y declaraciones públicas: se requiere información verificable y prudencia

El STAPP expresa preocupación por el protagonismo que viene asumiendo ProInversión en anuncios y declaraciones sobre Petroperú. Observamos que parte de lo comunicado no se encuentra debidamente sustentado con información pública verificable, generando incertidumbre, tensión social y mayor exposición del personal.

La opinión pública merece conocer con claridad los alcances reales, etapas, riesgos, impactos laborales y efectos sobre la gobernanza de cualquier esquema planteado.

9) Sobre la reunión informativa con la JGA

En la reunión informativa sostenida con miembros de la JGA y la Alta Dirección de Petroperú, el STAPP expuso estos puntos. Al finalizar, la Ministra de Economía y Finanzas manifestó que el Decreto de Urgencia seguirá vigente y que, desde su perspectiva, es propicio para la recuperación de Petroperú S.A. El STAPP deja constancia de que mantiene su posición institucional respecto a la revisión y derogatoria del DU.

El país requiere soluciones reales y una gobernanza sólida para Petroperú. Eso no se logrará estigmatizando a los trabajadores ni instalando narrativas que generan odio social. Se logrará con transparencia, responsabilidad, decisiones técnicas, rendición de cuentas y diálogo.