Combustible
Sindicatos exigen derogar el DU 010-2025 pese a anuncios del gobierno sobre Petroperú

A pesar de los anuncios realizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú el lunes 16 de marzo de 2026, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) reafirma su exigencia: la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025.
Para la organización sindical, las medidas anunciadas por el Ejecutivo —orientadas a respaldar financieramente a Petroperú, mejorar su liquidez y asegurar la continuidad operativa— resultan claramente insuficientes frente a los riesgos estructurales que introduce el decreto. Si bien se contemplan mecanismos de apoyo estatal, reorganización administrativa y acciones para optimizar la gestión, estas disposiciones no abordan el problema de fondo, que según los trabajadores radica en el propio contenido del DU 010-2025.
Desde la perspectiva sindical, el decreto no solo compromete la gestión y viabilidad de la empresa, sino que además presenta serios indicios de inconstitucionalidad. Esta preocupación se ve reforzada por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de los sindicatos, evidencia que no es posible sostener ninguna política de fortalecimiento empresarial sobre una base jurídica cuestionada.
En esa línea, los trabajadores también cuestionan lo que consideran una “doble vara” en el tratamiento económico entre empresas públicas y privadas. Señalan que mientras el apoyo estatal a Petroperú suele calificarse como un “salvavidas” —sugiriendo un gasto perdido o un rescate a la ineficiencia—, los beneficios otorgados al sector privado son presentados como “incentivos” o “fomento”, aun cuando impliquen importantes recursos públicos. Para los sindicatos, esta diferencia en el lenguaje refleja una narrativa que desvaloriza la inversión estatal en activos estratégicos.
Asimismo, remarcan que, a diferencia de lo que ocurre con empresas privadas, cualquier utilidad generada por Petroperú —especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara— retorna íntegramente al Estado y, por tanto, al financiamiento de servicios públicos como salud, educación e infraestructura. En contraste, sostienen que los beneficios derivados de subsidios o exoneraciones tributarias a privados quedan en manos de sus accionistas, sin un retorno directo equivalente para el erario nacional.
Otro aspecto crítico señalado es la distribución del riesgo. Según advierten, diversos proyectos privados operan bajo esquemas que incluyen garantías soberanas, donde el Estado asume pérdidas en caso de fracaso, mientras que las ganancias se privatizan si el proyecto tiene éxito. Bajo ese marco, consideran contradictorio que a Petroperú se le exija operar con criterios estrictos de rentabilidad privada, mientras enfrenta limitaciones políticas y burocráticas que no afectan a sus competidores.

Del mismo modo, el FSTPP destaca la diferencia entre inversión en activos y gasto tributario. La inversión en infraestructura como la Nueva Refinería de Talara, indican, se traduce en activos físicos y capacidad productiva que pertenecen al país. En cambio, las exoneraciones tributarias representan ingresos que el Estado deja de percibir de manera recurrente, generando un impacto fiscal significativo que, según diversas estimaciones, puede superar ampliamente los montos destinados a la empresa estatal.
Asimismo, uno de los puntos más críticos señalados por los trabajadores es el riesgo de que el decreto facilite el “malbarateo” de los principales activos de Petroperú. En su análisis, advierten que la norma abre la puerta a procesos que podrían derivar en la cesión o privatización encubierta de infraestructura estratégica, debilitando el rol de la empresa como actor clave en el sector energético nacional.
A ello se suma el rol estratégico que cumple Petroperú en el abastecimiento de combustible en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad, como regiones de la selva y zonas altoandinas. En ese sentido, los sindicatos subrayan que el Estado no solo actúa como agente económico, sino como garante del acceso a servicios esenciales en todo el territorio.
Bajo esta lectura, los anuncios del Ejecutivo y las decisiones de la Junta General de Accionistas no logran disipar las preocupaciones de fondo. Para el FSTPP, cualquier medida de apoyo económico o administrativo pierde eficacia si no se elimina previamente el marco normativo que, según sostienen, amenaza la integridad institucional y patrimonial de la empresa.
La reunión sostenida con el congresista Carlos Zeballos refuerza esta línea de acción política. Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar la derogatoria del DU 010-2025 desde el ámbito legislativo, consolidando un frente que busca frenar lo que consideran una política perjudicial para los intereses nacionales. En esa misma línea, se recuerda que el actual Presidente de la República, José María Balcázar, figura como coautor de uno de los proyectos de ley que plantean la derogación de dicha norma.
En conclusión, los sindicatos de Petroperú mantienen una posición firme: los anuncios del Gobierno son insuficientes mientras el Decreto de Urgencia 010-2025 continúe vigente. Sostienen que la solución no pasa únicamente por medidas financieras, sino por garantizar un marco legal legítimo, transparente y alineado con la defensa del patrimonio estatal. En ese contexto, advierten que el cuestionamiento constante a la inversión pública en la empresa podría responder a una narrativa orientada a debilitar su valor y justificar su eventual transferencia a bajo costo. Por ello, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú reiteran su demanda central: la derogación inmediata del DU como condición indispensable para asegurar la viabilidad y el futuro de Petroperú.

Combustible
Gasolina regular y premium bajan de precio en grifo de Arequipa: estos son los nuevos costos por galón

Los precios de los combustibles mantienen una tendencia descendente en distintos grifos de la ciudad, brindando un alivio a los conductores. En el grifo Tahuaycani, la gasolina regular se comercializa a S/ 18.79 por galón, mientras que la gasolina premium se vende a S/ 19.89.
Esta reducción en los precios se refleja en diversos establecimientos, donde los usuarios pueden encontrar tarifas más económicas para abastecer sus vehículos, en medio de la evolución de los precios del mercado de combustibles.

Combustible
Gobierno declara en emergencia el suministro de combustibles ante posibles impactos de El Niño: ¿subirán la gasolina y el GLP?

El Gobierno declaró en estado de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en todo el país, ante los posibles efectos del fenómeno El Niño durante el periodo 2026-2027. La medida, oficializada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), tendrá una duración de hasta ocho meses y busca adoptar acciones preventivas para evitar interrupciones en el suministro de combustibles.
La disposición contempla un régimen excepcional que comprende toda la cadena de operaciones del sector hidrocarburos, desde el procesamiento y la refinación hasta el almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, con el objetivo de garantizar que el mercado nacional continúe funcionando con normalidad.
¿Existe riesgo de desabastecimiento de gasolina, diésel o balón de gas?
El Ejecutivo sustenta esta declaratoria en la existencia de riesgos que podrían comprometer el abastecimiento de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP), especialmente ante eventuales afectaciones climáticas a la infraestructura energética, las operaciones logísticas y el transporte de hidrocarburos.
La medida también considera las recomendaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), orientadas a reducir los impactos de los eventos climáticos sobre la población, los servicios esenciales y la infraestructura del país.
Si bien la declaratoria de emergencia busca anticiparse a posibles dificultades en el suministro, no significa necesariamente que se produzca una escasez inmediata de gasolina, diésel o gas doméstico.
Osinergmin evaluará el mercado de combustibles y adoptará medidas preventivas
Como parte de las acciones dispuestas, el Gobierno encargó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) evaluar las condiciones del mercado de combustibles a nivel nacional y monitorear la situación del abastecimiento.
A partir de estas evaluaciones, el organismo regulador podrá establecer disposiciones transitorias destinadas a garantizar la continuidad del suministro, principalmente en las zonas que podrían resultar más vulnerables ante los efectos de El Niño.
Asimismo, Osinergmin tendrá la facultad de autorizar excepciones temporales a determinados procedimientos y reglamentos relacionados con la comercialización y seguridad de hidrocarburos, con la finalidad de facilitar la implementación de medidas alternativas que permitan mantener operativas las actividades del sector durante la emergencia.
¿Subirán los precios de la gasolina y el balón de gas?
La declaratoria de emergencia tiene como principal objetivo prevenir problemas de abastecimiento y asegurar la disponibilidad de combustibles en el territorio nacional. Sin embargo, por sí sola no implica un incremento automático en los precios de la gasolina, el diésel o el balón de GLP.
La evolución de los precios dependerá de factores como las condiciones del mercado, los costos de importación, el transporte, la logística y las posibles afectaciones que genere El Niño en la cadena de suministro.
En ese contexto, las medidas preventivas del Gobierno buscan reducir el riesgo de interrupciones en el abastecimiento y evitar que eventuales dificultades operativas terminen afectando a los consumidores y a las actividades económicas del país.

Combustible
Erick García: prevención de Osinergmin será clave para evitar alzas en los combustibles durante emergencia por El Niño
El exdirector general de Hidrocarburos del Minem sostiene que la declaratoria de emergencia permitirá anticipar problemas logísticos y garantizar el abastecimiento. Advierte que una respuesta tardía podría generar escasez y presionar los precios en los grifos.
La declaratoria de emergencia del abastecimiento nacional de combustibles por un periodo de hasta ocho meses busca prevenir posibles interrupciones en la distribución ante los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el impacto de esta medida dependerá de la capacidad de respuesta de Osinergmin y de la implementación oportuna de acciones para garantizar que el combustible llegue a todo el país.
Así lo señaló Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), quien consideró acertada la decisión del Gobierno de establecer medidas anticipadas frente a posibles contingencias que afecten el transporte terrestre, fluvial y marítimo de hidrocarburos.
Mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, el Minem dispuso que Osinergmin adopte mecanismos temporales para preservar la continuidad del suministro, incluyendo la evaluación de flexibilizaciones en determinados requisitos operativos y comerciales, así como alternativas técnicas que permitan responder ante eventuales emergencias.
García explicó que fenómenos climáticos como El Niño pueden ocasionar bloqueos de carreteras, dificultades en los puertos por oleajes anómalos o restricciones en las vías fluviales, afectando el traslado de combustibles desde las plantas de almacenamiento hasta los puntos de comercialización.
Por ello, sostuvo que la prioridad debe ser actuar antes de que se produzcan interrupciones en la cadena logística, mediante una supervisión constante del mercado y la planificación de medidas que permitan mantener el abastecimiento.
Osinergmin deberá anticiparse a posibles interrupciones en la distribución
Respecto a las nuevas atribuciones del organismo regulador, el exfuncionario indicó que existen diversos procedimientos que controlan el traslado de combustibles, como las rutas autorizadas, los tiempos de circulación de las cisternas y las condiciones exigidas a los vehículos de transporte.
En ese contexto, la declaratoria de emergencia permitirá evaluar qué disposiciones pueden flexibilizarse temporalmente y qué mecanismos alternativos podrían habilitarse, siempre respetando las condiciones técnicas y de seguridad.
Advirtió que, si las empresas transportistas temen ser sancionadas por realizar operaciones excepcionales no contempladas expresamente en la normativa, podrían optar por detener sus actividades, agravando los problemas de abastecimiento.
Por ello, consideró necesario que Osinergmin tome decisiones con rapidez y establezca criterios claros para que los operadores puedan actuar ante contingencias sin generar incertidumbre.
Rutas alternas e inventarios para evitar desabastecimiento
García aclaró que la declaratoria de emergencia no significa necesariamente que los consumidores vayan a encontrar desabastecimiento en los grifos, sino que reconoce la posibilidad de que El Niño afecte las condiciones habituales de distribución.
Para evitar que estas dificultades se traduzcan en problemas de suministro, planteó identificar rutas alternas, aunque impliquen mayores distancias, revisar los inventarios disponibles y establecer mecanismos que permitan trasladar combustibles hacia las zonas que lo requieran.
Asimismo, propuso que Osinergmin implemente un centro de monitoreo permanente, con capacidad para supervisar las operaciones del sector durante las 24 horas, detectar el cierre de carreteras o puertos y coordinar las respuestas con el Minem y las empresas involucradas.
Plantean ampliar medidas preventivas al gas natural
El exdirector de Hidrocarburos también consideró que la estrategia de prevención debería extenderse al abastecimiento de gas natural, debido a que algunas regiones dependen de este recurso y podrían enfrentar dificultades si los fenómenos climáticos interrumpen sus vías de acceso o infraestructura logística.
Otro aspecto que planteó fue revisar la regulación sobre las existencias de combustibles, pues actualmente la distribución y supervisión de inventarios se organiza bajo determinados esquemas zonales que podrían limitar la capacidad de respuesta ante emergencias.
En su opinión, se debería facilitar la redistribución de los combustibles almacenados entre las diferentes plantas del país, de modo que los inventarios disponibles puedan movilizarse hacia las zonas afectadas sin demoras innecesarias.
Problemas logísticos podrían generar presión sobre los precios
García explicó que el precio de los combustibles puede incrementarse tanto por factores internacionales, como por el encarecimiento del petróleo, como por problemas internos relacionados con la disponibilidad del producto.
En el segundo caso, señaló que incluso si existe combustible almacenado o en tránsito, las dificultades para descargarlo o trasladarlo pueden generar una percepción de escasez en el mercado. Esta situación podría provocar incrementos en los precios pese a que las cotizaciones internacionales permanezcan estables.
Por ello, remarcó que la vigilancia del mercado, la habilitación de mecanismos excepcionales y el uso oportuno de los inventarios serán determinantes para evitar que las restricciones logísticas terminen trasladándose al consumidor.
La declaratoria busca proteger la economía de los consumidores
Consultado sobre el impacto de la medida en el bolsillo de los peruanos, García sostuvo que la declaratoria de emergencia no debería generar mayores costos para los consumidores, ya que su finalidad es precisamente evitar interrupciones en el suministro.
Sin embargo, advirtió que una gestión reactiva por parte de Osinergmin podría provocar problemas. Si el regulador espera a que se bloqueen las carreteras o se interrumpan las operaciones para actuar, podría generarse una sensación de escasez que presione los precios al alza.
En cambio, si se monitorean las operaciones, se coordinan rutas alternativas y se movilizan las existencias antes de que surjan dificultades, se reduciría el riesgo de desabastecimiento y de incrementos adicionales.
“Si Osinergmin actúa de manera preventiva, no debería haber una afectación al bolsillo del peruano”, enfatizó.
Coordinación anticipada con empresas y transportistas
Sobre la oportunidad de la declaratoria, el exfuncionario evitó cuestionar el momento de su aprobación y señaló que lo importante ahora es aprovechar esta herramienta para preparar planes de contingencia.
Entre las acciones pendientes mencionó la coordinación con todos los agentes de la cadena de hidrocarburos, la identificación de rutas alternativas, la liberación de inventarios y la posibilidad de habilitar unidades de transporte adicionales cuando las circunstancias lo requieran.
También recordó experiencias anteriores en las que plantas de Lima atendieron la demanda de otras regiones ante problemas de abastecimiento en el norte del país, pero posteriormente recibieron sanciones porque las emergencias no habían sido formalmente declaradas.
Según explicó, este tipo de situaciones puede desincentivar a las empresas a tomar decisiones operativas para garantizar el suministro. Por ello, considera que la nueva disposición debe priorizar la continuidad del servicio, sin descuidar los estándares de seguridad.
Gas natural como alternativa para reducir la vulnerabilidad energética
Finalmente, García destacó que el gas natural constituye una alternativa importante para disminuir la exposición del Perú a la volatilidad de los mercados internacionales, debido a que el recurso producido localmente cuenta con precios establecidos mediante contratos.
Además, resaltó su aporte a la generación eléctrica y planteó la necesidad de ampliar su utilización entre hogares y transportistas.
Para ello, señaló que el Minem debe promover proyectos que permitan extender el acceso al gas natural, mientras que Osinergmin debería agilizar los procedimientos para la instalación de estaciones de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL).
El exdirector sostuvo que el país estará expuesto recurrentemente a diferentes contingencias, ya sean fenómenos climáticos, conflictos internacionales o desastres naturales. Por esa razón, consideró necesario reducir progresivamente la dependencia de combustibles importados y procurar que una mayor proporción de la nueva demanda energética sea cubierta con recursos disponibles en el país.
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