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Urgencia no puede significar vulnerar constitución, gobernanza ni seguridad jurídica

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El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. (STAPP), en atención a la nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas titulada “MEF: Reestructuración de Petroperú la fortalecerá y protegerá la seguridad energética nacional”, manifiesta lo siguiente, punto por punto:

1) “La reestructuración fortalecerá y protegerá la seguridad energética nacional”

El STAPP comparte el objetivo de preservar la continuidad operativa y la seguridad energética. Sin embargo, el fin no justifica el medio: cualquier “reestructuración” debe respetar el marco constitucional y societario aplicable a una sociedad anónima como PETROPERÚ S.A. Una medida que invada competencias de sus órganos (JGA, Directorio y Gerencia) debilita la empresa, eleva incertidumbre y golpea confianza.

2) “Ordenar la situación financiera, salvaguardar activos del Estado y garantizar abastecimiento”

Si el MEF afirma que “ordenará” estructuralmente la situación financiera, corresponde precisar qué medidas concretas se adoptarán, con sustento técnico verificable, análisis de impactos y cronograma.

Asimismo, “salvaguardar activos” debe implicar reglas claras de protección patrimonial, control, valorización y transparencia. La garantía de abastecimiento exige asegurar operación, logística, contratos y cadena de pagos, sin improvisaciones normativas.

3) “Sin afectar los derechos laborales”

El respeto a derechos laborales no puede quedarse en una frase. Debe traducirse en cláusulas explícitas que garanticen: estabilidad conforme a ley, respeto de convenios colectivos, debida motivación de decisiones, y prohibición de medidas arbitrarias. El STAPP exige que cualquier norma incluya salvaguardas expresas y mecanismos de vigilancia y cumplimiento.

4) “Revisión integral de líneas de actividad… priorizar estratégicas”

Evaluar líneas de negocio es una atribución propia de la gestión empresarial, pero debe hacerse desde la gobernanza corporativa, con información completa, criterios técnicos, y con enfoque país. Un “reordenamiento” sin metodología pública puede abrir espacio a decisiones discrecionales que afecten activos estratégicos, integración operativa y sostenibilidad.

5) “Mecanismos para una gestión más eficiente… incluyendo participación de inversionistas privados”

Esta afirmación exige máxima claridad. “Participación privada” puede encubrir esquemas de desnaturalización del rol estratégico, transferencia de rentas, pérdida de control operativo o afectación patrimonial indirecta.

El STAPP demanda que cualquier mecanismo preserve propiedad y control del Estado en activos estratégicos, tenga procesos competitivos, transparentes y auditables, prohíba condiciones que comprometan la continuidad operativa o la seguridad energética, se discuta con información completa, sin atajos normativos.

6) “Problemas de solvencia, falta de liquidez y riesgo de incumplimiento”

La situación financiera requiere acciones serias y responsables. El STAPP coincide en que se necesita una ruta de sostenibilidad; por ello exigimos un plan integral que incluya medidas de eficiencia, gobernanza, gestión de caja, continuidad operativa, priorización de inversiones y fortalecimiento de controles. La solución no puede ser un paquete de medidas excepcionales sin rendición de cuentas ni responsables identificados.

7) “Entre 2022 y 2024 el Estado comprometió S/ 17 888 millones… y en 2025 se honraron garantías por aprox. US$ 900 millones”

Si el MEF coloca estas cifras en la discusión pública, debe acompañarlas de: desagregación, fuente, instrumentos utilizados, condiciones, impactos y resultados. La transparencia es obligatoria. Además, la comunicación oficial debe ser responsable: titulares y anuncios sin precisión técnica generan ruido, afectan expectativas y pueden deteriorar condiciones financieras de la empresa.

8) “Decreto de Urgencia evaluado en Consejo de Ministros… medidas extraordinarias”

El STAPP recuerda que el Decreto de Urgencia es una herramienta excepcional y no puede convertirse en un mecanismo para dirigir una sociedad anónima como si fuera una dependencia administrativa. Si se invoca urgencia, corresponde acreditar la extraordinariedad e imprevisibilidad y delimitar la intervención a lo constitucionalmente permitido, evitando invadir competencias societarias.

9) “Reorganización interna para reducir costos y hacer más eficiente la estructura administrativa”

Mejorar eficiencia es necesario, pero debe hacerse con criterios técnicos, gestión por procesos y evaluación real de impacto. Reducir costos no puede significar desorden operativo ni afectación de capacidades críticas. El STAPP exige participación informada de los trabajadores y un enfoque que fortalezca productividad, controles y continuidad.

10) “Proyectos en activos u otras modalidades que no impliquen necesariamente venta”

“Poner en valor” no puede ser sinónimo de comprometer activos estratégicos bajo fórmulas que trasladen riesgos al Estado y beneficios a terceros. El STAPP exige candados claros: límites, valorización independiente, transparencia, control estatal, reglas de integridad y supervisión. Cualquier modalidad debe explicitarse antes de aprobarse.

11) “No hacer nada no es una opción”

Coincidimos: la inacción no es alternativa. Lo que corresponde es actuar bien: con legalidad, transparencia, gobernanza corporativa, sustento técnico y diálogo social. Atajos normativos pueden generar más incertidumbre, politizar la gestión y debilitar la credibilidad de la empresa.

Exigencias inmediatas del STAPP

En consecuencia, el STAPP solicita a las autoridades competentes:

  • Respetar la institucionalidad societaria y el marco constitucional aplicable a PETROPERÚ S.A.
  • Garantizar predictibilidad jurídica y delimitación expresa de competencias en cualquier medida.
  • Instalar de inmediato una mesa técnica de información y diálogo con participación de las organizaciones sindicales representativas.
  • Publicar el sustento técnico y legal (informes, objetivos, alcance, impactos y cronograma) que respalde el eventual D.U.
  • Incorporar salvaguardas laborales explícitas y mecanismos de cumplimiento verificables

El STAPP reafirma su compromiso con la defensa de PETROPERÚ como empresa estratégica para el Perú. La sostenibilidad financiera, la continuidad operativa y la seguridad energética se construyen con responsabilidad pública, reglas claras y gobernanza, no mediante intervenciones que tensionen el orden constitucional. En momentos críticos, el país necesita soluciones firmes, transparentes y legales.

EL GAS NOTICIAS, es la revista más importante del sector Hidrocarburos. En muy poco tiempo nos hemos convertido en promotores del uso de energías limpias y del intercambio comercial del sector.

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Gremio exige a candidatos presidenciales propuestas claras para generar empleo

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Trabajadores advierten que más de 2,000 obras paralizadas y miles de puestos de trabajo dependen de decisiones políticas urgentes.

La Confederación de Trabajadores de Construcción Civil (Conatracc) lanzó un enérgico llamado a todos los candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales del próximo 12 de abril, exigiendo que presenten propuestas concretas y viables para el sector.

El gremio pidió que las ofertas electorales estén sustentadas en planes reales, con una agenda social clara y soluciones sostenibles, especialmente orientadas a la generación de empleo formal, en sectores estratégicos como la construcción, minería, hidrocarburos.

Según un comunicado de la Conatracc, resulta urgente implementar una política viable de infraestructura que permita destrabar más de 2,000 obras públicas paralizadas desde hace entre cinco y diez años.

De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, estas obras representan una inversión superior a los S/ 30,000 millones, recursos que permanecen inmovilizados y sin impacto económico.

El gremio advirtió que la reactivación de estos proyectos permitiría generar más de 60,000 puestos de trabajo directos y formales, sin contar el empleo indirecto que se activaría en diversas cadenas productivas.

Asimismo, Conatracc cuestionó que, pese a la paralización de obras, las empresas constructoras continúan registrando altas utilidades.

Detalló que, del costo directo de una obra, las entidades otorgan 10 % de utilidades y 15 % por gastos generales, lo que suma un 25 % depositado directamente a las empresas.

A ello se suma que los materiales de construcción, como acero, cemento, agregados y acabados, fueron actualizados según el tipo de cambio real del dólar, permitiendo que los empresarios sigan obteniendo millonarias ganancias.

Que acabe de corrupción
El presidente de la Conatracc, Augusto Ramos Dolmos, exigió además la desburocratización y erradicación de la corrupción enquistada en diversas entidades del Estado.

Mencionó específicamente a Sedapal y a los ministerios, señalando que deben agilizar la aprobación de proyectos de agua, alcantarillado, carreteras, hospitales, colegios y electrificación.

“Debe acabarse que un pueblo, en su lucha por el agua, tenga que esperar entre 13 y 20 años para que un proyecto de saneamiento recién entre a licitación”, sostuvo.

El dirigente afirmó que una gestión más eficiente permitiría crear más de 100,000 nuevos puestos de trabajo en el país.

Finalmente, Ramos Dolmos cuestionó los mínimos incrementos salariales otorgados a los obreros del sector.

Indicó que para el 2025 se aprobó un aumento de apenas S/ 0.35 diarios, y para el 2026 solo S/ 1.00 diario, montos que calificó como insuficientes.

Por ello, anunció que exigirán a los candidatos presidenciales un compromiso firme para sincerar los salarios devaluados desde las décadas de los 80 y 90.

El gremio plantea que los trabajadores de construcción civil accedan al 10 % de las utilidades de cada obra, como un fondo intangible, en beneficio directo de obreros y obreras del sector.

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AGESP solicita mano firme ante actos de violencia en estaciones y grifos

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La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (AGESP) expresa su profunda preocupación por los dos hechos de violencia ocurridos recientemente en EESS, donde dos personas perdieron la vida tras ataques armados, uno de ellos en el distrito de La Victoria y otro en Carabayllo.

Al respecto, si bien las investigaciones se encuentran en curso, se desprende de las reportajes periodisticos que ambos casos estarían vinculados a modalidades de  sicariato y extorsión, problemática que vienen golpeando duramente a diversos sectores productivos del país.

Estos hechos que enlutan a familias peruanas, también ponen en riesgo la integridad de clientes, colaboradores y operadores, que día a día salen a la calle a forjar un futuro para sus familias.

Ante esta situación, desde AGESP consideramos indispensable reforzar acciones urgentes, para intensificar la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, que hoy amenazan la continuidad y seguridad de actividades económicas formales.

La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú reafirma su compromiso con la defensa de la vida y la seguridad, y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas, invocamos a las autoridades a actuar con firmeza y celeridad, y a la ciudadanía a colaborar con la denuncia oportuna de cualquier hecho sospechoso.

La seguridad es una responsabilidad compartida y una prioridad impostergable para garantizar un entorno seguro para todos.

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Alerta por activación de quebradas: Cusco en peligro muy alto por huaicos y deslizamientos, junto a otras 12 regiones del país

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· El Centro de Monitoreo RIMAC advierte peligro muy alto entre el 27 y 28 de enero por lluvias intensas acumuladas.

· Cusco, Amazonas, Loreto y la sierra norte figuran entre las zonas con mayor probabilidad de afectación.

Las lluvias registradas en las últimas horas han elevado el riesgo de activación de quebradas, huaicos y deslizamientos en diversas regiones del país. De acuerdo con la Alerta del Centro de Monitoreo RIMAC, el peligro es muy alto entre el 27 y 28 de enero, debido a la combinación de precipitaciones intensas, topografía accidentada y características del suelo.

Las localidades con mayor nivel de alerta se concentran en regiones como Cusco, especialmente en las provincias de La Convención, Calca y Quispicanchi, así como en Amazonas, Cajamarca, Áncash, Huánuco, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali, Loreto y Piura. En estos territorios se advierte una probabilidad muy alta de huaicos, deslizamientos y derrumbes, con posibles impactos en viviendas, vías de comunicación e infraestructura cercana a ríos, quebradas y taludes.

Zonas con mayor riesgo inmediato:

· Cusco: La Convención, Yanatile, Quellouno (probabilidad muy alta de huaicos y deslizamientos).

· Quebrada Honda: posible activación de deslizamiento y huaico.

· Amazonas y Loreto: peligro moderado a alto por huaicos y derrumbes.

“El riesgo aumenta cuando las lluvias se acumulan en poco tiempo sobre suelos saturados o zonas de pendiente pronunciada. En estos escenarios, los huaicos pueden activarse sin previo aviso y afectar directamente a comunidades cercanas”, señala Janeth Valera, ingeniera geóloga de RIMAC, quien recomienda a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas, especialmente en áreas identificadas como críticas.

Gasbel Web.

Posibles efectos:

· Huaicos en zonas de quebradas activas.

· Deslizamientos y derrumbes en laderas inestables.

· Interrupción de carreteras y caminos vecinales.

· Daños a viviendas e infraestructura cercana a cauces naturales.

Recomendaciones prácticas para la ciudadanía

· Evitar transitar o permanecer cerca de quebradas, ríos y laderas durante lluvias intensas.

· Identificar rutas de evacuación y zonas seguras en la comunidad.

· No intentar cruzar corrientes de agua o zonas con deslizamientos activos.

· Mantener una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos.

· Atender las alertas oficiales y coordinar con autoridades locales ante cualquier señal de riesgo.

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