Antes de asumir nuevamente como viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas expuso en Perú Energía 2026 su visión sobre los principales desafíos del sector, destacando la necesidad de una política energética de largo plazo, mayor redundancia en la infraestructura de hidrocarburos y una reducción de las barreras burocráticas para impulsar nuevas inversiones.

Uno de los principales problemas identificados por Cárdenas es el déficit de infraestructura energética crítica, situación que, a su juicio, limita la competitividad del país y representa un riesgo para la seguridad energética.

En particular, advirtió que los sistemas de transporte de hidrocarburos presentan una insuficiente redundancia física, por lo que resulta necesario desarrollar rutas alternativas y mecanismos de respaldo que permitan mantener el suministro frente a eventuales emergencias o interrupciones.

En este escenario, planteó la necesidad de implementar sistemas tipo looping y otras soluciones que permitan contar con una infraestructura más robusta, descentralizada y capaz de responder ante contingencias.

Hidrocarburos seguirán teniendo un papel estratégico

Cárdenas también puso énfasis en la elevada dependencia de los hidrocarburos que mantiene la matriz energética nacional. Consideró que, pese al proceso de transición energética, en el corto y mediano plazo estos recursos continuarán siendo fundamentales para atender las necesidades energéticas del país.

Por ello, planteó que su papel debe ser definido expresamente dentro de una política energética de Estado, estableciendo una visión clara sobre su desarrollo, aprovechamiento y contribución a la seguridad energética nacional.

La definición de esta estrategia permitiría, además, evitar que las decisiones fundamentales del sector queden sujetas a los cambios de gobierno y a las prioridades de cada administración.

Una política energética que trascienda los gobiernos

Para Cárdenas, el país necesita establecer una política energética de largo plazo, con objetivos que sean respetados por los gobiernos sucesivos y mecanismos que permitan evaluar periódicamente su cumplimiento.

Uno de los elementos propuestos es establecer una rendición de cuentas anual sobre los avances de dicha política, de modo que exista seguimiento sobre las metas relacionadas con infraestructura, inversiones, abastecimiento y desarrollo energético.

La planificación debería ser liderada por el Estado mediante un enfoque integrado, pero su construcción tendría que involucrar a distintos actores políticos y sociales. En particular, consideró necesario generar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar continuidad y estabilidad.

Equilibrio económico, social y ambiental

La política energética también debería incorporar un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental, especialmente en proyectos que involucran recursos ubicados en zonas sensibles o protegidas.

En ese sentido, el desarrollo de infraestructura y el aprovechamiento de los recursos energéticos deben considerar tanto las necesidades de crecimiento económico como los impactos sociales y ambientales asociados a cada proyecto.

Una visión de largo plazo permitiría, además, establecer mecanismos para que los recursos provenientes de los hidrocarburos contribuyan al cierre de las brechas del país, particularmente en infraestructura y servicios esenciales, bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.

Burocracia: una barrera para las inversiones

Otro de los problemas identificados está relacionado con la excesiva burocracia y los largos plazos de los procedimientos administrativos, que pueden retrasar la exploración, el desarrollo de proyectos y las inversiones en infraestructura energética.

Entre los casos señalados se encuentra el levantamiento de líneas base para los estudios ambientales, proceso que puede extenderse hasta dos años. Cárdenas consideró que, tomando en cuenta la experiencia acumulada y el conocimiento existente sobre las actividades y sus impactos, estos procedimientos podrían desarrollarse en plazos considerablemente menores, sin reducir las exigencias ambientales.

La propuesta apunta a mejorar la eficiencia y predictibilidad del sistema regulatorio, evitando que los tiempos administrativos terminen postergando proyectos necesarios para atender la demanda energética futura.

Consulta previa y generación de consensos

En relación con la consulta previa, Cárdenas planteó la necesidad de diferenciarla de los procesos de evaluación de impactos ambientales. Desde su perspectiva, el mecanismo debe concentrarse específicamente en la posible afectación de los derechos colectivos de las comunidades.

Asimismo, consideró necesario que el Estado pase de una visión centrada exclusivamente en el cumplimiento de procedimientos hacia una estrategia de generación de consensos técnicos y sociales.

En esta línea, los instrumentos de gestión ambiental deberían mantener su carácter técnico y permitir procesos más ágiles, sin que ello implique reducir los estándares de protección ambiental o los derechos de las poblaciones involucradas.

El reto de convertir la visión en una hoja de ruta

Los planteamientos de Cárdenas configuran una visión que coloca la seguridad energética, la infraestructura, la inversión y la sostenibilidad como elementos centrales de una estrategia nacional de largo plazo.

Ahora, tras su retorno al Viceministerio de Hidrocarburos, el desafío será determinar cómo estas propuestas pueden traducirse en políticas, proyectos y medidas concretas para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, garantizar el abastecimiento energético y generar condiciones que permitan nuevas inversiones.

El objetivo de fondo es avanzar hacia una política energética que no dependa de los ciclos políticos y que permita al país tomar con anticipación las decisiones necesarias para cerrar las brechas entre la oferta y la demanda, fortalecer su seguridad energética y aprovechar de manera sostenible sus recursos hidrocarburíferos.

DESIGNACIÓN

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Iris Marleni Cárdenas Pino como viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-EM. La funcionaria retorna a una posición que ya ocupó entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 y reemplaza a Joe Alberto Peralta Pérez.

Economista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Cárdenas cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético, con especialización en desarrollo sostenible y diseño de políticas energéticas.

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Iris Marleni Cárdenas Pino como viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en un contexto en el que el sector enfrenta el desafío de fortalecer la infraestructura energética y establecer una visión de largo plazo para el desarrollo del país.

Mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-EM, publicada en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo formalizó el nombramiento de Cárdenas Pino, quien reemplaza en el cargo a Joe Alberto Peralta Pérez, cuya renuncia fue aceptada mediante la Resolución Suprema N.° 036-2026-EM.

La norma lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Más de 20 años vinculada al sector energético

Cárdenas Pino es economista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector energético, con especialización en desarrollo sostenible y diseño de políticas energéticas.

Su retorno al Viceministerio de Hidrocarburos supone además una continuidad en su trayectoria dentro del MINEM, pues ya ocupó esta misma posición entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.

Una política energética con visión de Estado

Uno de los planteamientos que Iris Cárdenas ha formulado recientemente está relacionado con la necesidad de que el país cuente con una política energética de largo plazo, como condición para avanzar de manera sostenida en el desarrollo de la infraestructura y garantizar una planificación adecuada del sector.

Desde su perspectiva, esta política debería trascender los periodos gubernamentales y convertirse en una política de Estado, de cumplimiento obligatorio para las administraciones que asuman el gobierno. Asimismo, planteó que su ejecución debería estar acompañada de una rendición de cuentas anual, que permita evaluar los avances y resultados alcanzados.

Cárdenas también considera necesario que el Estado lidere este proceso mediante un planeamiento energético integrado, capaz de articular las distintas fuentes de energía, las necesidades de infraestructura y las perspectivas de crecimiento económico del país.

Consenso entre Ejecutivo y Legislativo

Otro de los elementos centrales de su propuesta es la generación de consensos políticos. La política energética, sostuvo, no debería ser diseñada únicamente desde el Poder Ejecutivo, sino construirse con la participación del Ejecutivo y el Legislativo, de manera que pueda mantenerse en el tiempo y no dependa de los cambios de gobierno.

Este enfoque adquiere especial relevancia debido a que buena parte de los recursos y proyectos energéticos se encuentran ubicados en zonas ambientalmente sensibles o protegidas, lo que exige mecanismos de diálogo y acuerdos que permitan compatibilizar el desarrollo de infraestructura con las condiciones sociales y ambientales de los territorios.

Equilibrio entre economía, sociedad y ambiente

En su visión, la planificación energética debe incorporar de manera equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental. Esto implica no solo asegurar inversiones y disponibilidad de energía, sino también considerar el impacto de los proyectos sobre las comunidades y el entorno.

El retorno de Iris Cárdenas al Viceministerio de Hidrocarburos coloca nuevamente sobre la agenda del MINEM el debate sobre la necesidad de contar con una hoja de ruta energética de largo plazo, en momentos en que el país requiere ampliar y modernizar su infraestructura, garantizar la seguridad energética y generar condiciones de predictibilidad para nuevas inversiones.

La petrolera estadounidense habría comunicado a Perupetro su intención de dejar su participación en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, frente a la costa norte. El principal factor sería el cambio de estrategia global de la compañía, que busca priorizar proyectos capaces de generar producción en plazos más cortos.

Una estrategia enfocada en resultados más rápidos

La eventual salida de Chevron responde, según la información proporcionada, a una reorientación de su estrategia comercial global. La compañía estaría priorizando mercados donde pueda desarrollar producción de crudo en menor tiempo y con procesos de exploración más expeditos.

En ese contexto, los extensos plazos asociados a la exploración offshore en el Perú representan un factor de menor atractivo para la multinacional. Los proyectos en el mar requieren completar estudios técnicos, ambientales y permisos antes de iniciar las actividades de perforación y avanzar hacia una eventual producción.

La decisión se produce menos de un año después de que Chevron ingresara formalmente al proyecto. En agosto de 2025, el Gobierno aprobó su incorporación a los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a la costa norte del país.

Chevron tiene 35% de participación

La participación de Chevron en los tres lotes alcanza el 35%, mientras que Westlawn Perú posee 30% y Anadarko mantiene el restante 35% y la condición de operador. La estructura se concretó luego de que Anadarko cediera parte de su participación para incorporar a los nuevos socios.

Estos bloques forman parte de la Cuenca Trujillo, considerada de interés para incrementar las reservas nacionales de petróleo y gas natural. Al momento de su ingreso, el proyecto era presentado como una oportunidad para atraer tecnología y capital internacional hacia la exploración del potencial hidrocarburífero del zócalo continental peruano.

Una inversión exploratoria que quedaría en espera

La salida de Chevron también pone en revisión los planes de inversión previstos para la campaña exploratoria. De acuerdo con la información proporcionada, inicialmente se estimaba una inversión conjunta de entre US$100 millones y US$150 millones, con actividades de perforación previstas hacia finales de 2026.

Ahora, Anadarko y Westlawn deberán evaluar el futuro de la participación que dejaría Chevron y determinar si asumen ese porcentaje, incorporan a un nuevo socio o modifican el cronograma de exploración.

El caso vuelve a poner en evidencia uno de los principales desafíos de la exploración petrolera en el Perú: la necesidad de acortar y hacer más predecibles los tiempos para desarrollar proyectos offshore, especialmente cuando las compañías internacionales comparan sus oportunidades de inversión con proyectos en otras jurisdicciones donde pueden obtener producción en plazos más cortos.