Hidrocarburos
Crean comisión para renegociación de Camisea sin participación de autoridades de la Convención

Tan solo un día después de asumir el cargo, la premier Mirtha Vásquez instaló la comisión multisectorial de naturaleza temporal que abordará la renegociación del contrato de concesión para la explotación del gas natural de Camisea. Aunque a dicha reunión no fueron invitados ni como observadores las autoridades locales de la zona de donde se extrae el recurso, lamentó el alcalde de la provincia de La Convención, en Cusco, Hernán De La Torre Dueñas.
El actuar de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha sido criticado también por el Comité Central de Lucha de la provincia cusqueña, que decidió ayer dar un plazo a la premier Mirtha Vásquez, hasta el 15 de octubre, para que los incluya en la comisión de renegociación.
“Estamos cansados de que se diga que el gas es de La Convención pero no exista ningún beneficio aquí. Entonces, si no nos integran informaremos a las bases y ellos tomarán acción, y si se decide hacer un paro, no será ni en Cusco ni en Quillabamba, sino, en Kiteni para dentro (Bajo Urubamba) y cerraremos el caño del gas”, dijo Sergio Sota Villena, presidente del Comité Central de Lucha, el cual está integrado por Sutep-La Convención, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba. (Comaru), Federación de Campesinos y Federación de Trabajadores.
El objetivo de la provincia gasífera, donde el balón de gas domiciliario se cotiza entre los S/ 52 hasta los S/ 110 (principalmente en las comunidades nativas más cercanas a los lotes 86, 87, 88 y 56), es que el Ejecutivo tome en cuenta sus demandas en el marco de la renegociación que se alista con el consorcio Camisea (integrado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK, Tecpetrol y Repsol), la empresa Repsol, la china National Petroleum Corporation y la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).
“Me parece que quieren renegociar a espaldas del pueblo”, opinó el alcalde provincial.
Propuestas de renegociación
¿Qué implica para los representantes de La Convención la renegociación? Según Hernán De La Torres, un primer factor es “una cultura solidaria” a través de la cual, las empresas operadoras del gas natural contribuyan hasta con el 10% de sus utilidades anuales para destinarlos a proyectos de infraestructura, como puentes, caminos, maquinaria pesada, obras de salud, así como en proyectos para la revaloración de la cultura quechua-matsiguenga.
“Durante la pandemia le hemos pedido a las empresas operadoras apoyo con una ambulancia, planta de oxígeno, pero nada. Mientras en Chumbivilcas, las mineras que sí tienen responsabilidad social aportan un promedio de S/80 millones de sus utilidades”, dijo.
Otro punto que buscan incluir en la negociación es que las operadoras se comprometan a proveer con gas y a un precio accesible, a la futura planta de fraccionamiento de Kepashiato, un proyecto que se ejecutará de la mano del Gobierno Regional de Cusco y la Mancomunidad Amazónica de La Convención, y que tiene el objetivo de abastecer con gas barato a la región cusqueña. La licitación pública se lanzaría en el 2022.
“Nosotros esperamos que con la planta de fraccionamiento el precio del balón de gas se reduzca en un 40% en nuestra provincia. Pero si (las empresas operadoras) nos cobran el hidrocarburo a precio del mercado (minorista) nos perjudicarían, sabiendo que este recurso está aquí”, explicó el también excongresista.
La Convención recibió este año solo S/ 25 millones de canon gasífero, la sexta parte de lo que en sus mejores momentos llegó a percibir: S/ 120 millones al año, aunque la corrupción y falta de transparencia de anteriores gestiones municipales frenaron la posibilidad de que dichos recursos se traduzcan en desarrollo en la provincia.
“No hay ninguna obra que mostrar. Por eso, también estamos solicitando un Poder Judicial mucho más activo en Quillabamba; tenemos exalcaldes que aún siguen prófugos y hay procesos a otros funcionarios que nunca terminan”, indicó Sota.
Adicionalmente, las autoridades también solicitarán incluir en el debate la remediación a favor de las comunidades nativas y de colonos afectadas por los derrames de líquidos de gas y fugas de gas natural. Al respecto, demandan que éstas sean prioridad en la política social de las operadoras.
Por último, De La Torres señaló que de la mano con la renegociación debe trabajarse en el destrabe de proyectos de inversión en La Convención cuyos procesos dependen del Gobierno central, tales como el nuevo Hospital de Quillabamba que quedó inconclusa porque la constructora se declaró en quiebra; la ejecución de la última parte (20%) del plan maestro de agua potable -están a la espera de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento autorice a la Municipalidad Provincial la ejecución directa de la obra-, así como el mantenimiento permanente de la vía que va de Quillabamba a Ivochote, y que está a cargo de Provías.
Otra exigencia es el mejoramiento de conectividad a internet. La Municipalidad Provincial aprobó un presupuesto de más de S/ 500,000 para la instalación de antenas en el distrito de Santa Ana, a fin de facilitar acceso a internet a más comunidades, sin embargo, el pago del servicio solo lo podrán realizar por un año y esperan que luego el Ministerio de Educación se haga cargo.

Actualidad
Petroperú detecta cuarta conexión clandestina en el Oleoducto Norperuano en el desierto de Sechura

Petroperú denunció un nuevo atentado contra el Oleoducto Norperuano (ONP) tras detectar una conexión clandestina en el Tramo II, ubicado en el distrito y provincia de Sechura (Piura). La empresa activó de inmediato su Plan de Respuesta a Emergencias y movilizó personal especializado para controlar la situación, advirtiendo que se trata de la cuarta intervención ilegal registrada en las últimas semanas en esta zona del país.
Hallan ocho mangueras conectadas ilegalmente al ducto
La nueva conexión clandestina fue ubicada en el kilómetro 835+531 del Tramo II del Oleoducto Norperuano. Durante la inspección técnica, especialistas de Petroperú identificaron ocho mangueras instaladas de forma ilegal y conectadas directamente a la tubería, lo que evidencia un intento de extracción ilícita de hidrocarburos.
La empresa informó que, tras la evaluación realizada en la zona, no se registró una mayor afectación al entorno.
Se activó el plan de emergencia y se reforzó la respuesta operativa
Como parte de las acciones inmediatas, Petroperú movilizó personal técnico desde el Terminal Bayóvar, trasladando equipos, herramientas y materiales para atender la emergencia. Asimismo, coordinó el apoyo de empresas contratistas que ejecutan trabajos en áreas cercanas con el objetivo de reforzar las labores de control y asegurar la infraestructura.
De manera complementaria, la empresa verificó que las válvulas ubicadas en los kilómetros 744 y 792 del Tramo II permanecían cerradas, como medida preventiva para garantizar la seguridad de las operaciones.

Petroperú alerta sobre el incremento de ataques al ONP
La empresa señaló que este hecho constituye un nuevo ataque perpetrado por terceros ajenos a la operación del Oleoducto Norperuano y expresó su preocupación por el incremento de este tipo de acciones ilícitas.
Según indicó, esta es la cuarta conexión clandestina detectada en las últimas semanas en el desierto de Sechura, una situación que pone en riesgo un Activo Crítico Nacional, compromete la continuidad operativa y podría generar impactos económicos, sociales y ambientales.
Ante este escenario, Petroperú exhortó a las autoridades competentes a reforzar la vigilancia del Oleoducto Norperuano, identificar y capturar a los responsables, así como prevenir nuevos atentados contra esta infraestructura estratégica.
Caso fue comunicado a las autoridades competentes
Petroperú informó que el incidente fue reportado oportunamente a Osinergmin, OEFA, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y a la Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Piura, mediante la denuncia N.° 35649095.
Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso con la protección del ambiente, la seguridad de sus operaciones y la defensa de la infraestructura energética nacional.

Hidrocarburos
Perú: sector hidrocarburos prevé ambiente favorable para la inversión privada

La presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), María Julia Aybar Solís, señaló hoy que las empresas de su sector prevén un ambiente favorable para la inversión privada, ante la nueva gestión gubernamental próxima a iniciarse.
Refirió que han revisado el plan de gobierno para los próximos cinco años de Keiko Fujimori, el cual es positivo para atraer más inversiones.
“Nosotros hemos podido revisar el plan de gobierno y nos parece que tiene una política de mantener un marco constitucional y legal que nos permite a nosotros ver con muy buena disposición el tema de desarrollo de nuestro sector en lo que respecta a inversión privada”, declaró a la Agencia Andina.
“Creemos que eso es muy importante porque da un marco de estabilidad y genera este ambiente favorable para continuar mejorando el sector hidrocarburos”, agregó.
Asimismo, indicó que el plan de gobierno “es un primer paso” y por ello se necesitan otros elementos importantes, como el tener una política clara para el desarrollo del sector hidrocarburos.

Ánimos para invertir
De otro lado, la titular del Comité Sectorial de Hidrocarburos del gremio minero energético señaló que sus empresas asociadas siguen “totalmente comprometidas con el país”.
“Es un sector que requiere inversiones y un marco de competitividad de largo plazo, eso es algo esencial”, subrayó.
En ese sentido, indicó que se necesita tener un marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que establezca los principios de estabilidad de largo plazo, a fin de establecer contratos con plazos que permitan recuperar las costosas inversiones que se realizan y un sistema de regalías competitivo, a fin que la inversión privada sea rentable y al mismo tiempo genere ingresos para el Estado.
Indicó que es necesario invertir en exploración a fin de descubrir nuevas reservas que permitan reponer las que se vienen consumiendo a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda de petróleo y gas en el país.
Medidas
Entre las medidas necesarias para impulsar la inversión en su sector, Aybar Solís, señaló que aparte de contar con una política clara de desarrollo del sector, se requiere simplificar los procedimientos burocráticos.
“Que nos permita ser más competitivos y poder desarrollar estos proyectos en plazos razonables. Hoy hacer un proyecto de inversión en el sector puede tomar cinco, seis hasta 10 años”, subrayó.
Refirió que el proyecto del Lote 58, desde su descubrimiento hasta su producción, tardó 10 años.
“Eso no es posible. Porque nos está restando competitividad respecto de los hidrocarburos en otros países”, dijo.
Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer las entidades que regulan el sector de hidrocarburos, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y Perupetro.
Aybar Solís, señaló que la inversión extranjera en el sector hidrocarburos está poniendo atención en Sudamérica, en países como Venezuela, Colombia y Brasil.
“Ahí nosotros tenemos que dar las señales necesarias para que también nos miren”, puntualizó.

Hidrocarburos
SPH plantea cuatro prioridades para que el próximo gobierno fortalezca la seguridad energética del país

Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la nueva etapa que inicia el país debe estar marcada por una transición ordenada y democrática, así como por el fortalecimiento de la estabilidad política e institucional, condiciones indispensables para recuperar la confianza, atraer inversiones y avanzar en las reformas necesarias para impulsar la seguridad energética y el desarrollo económico.
En ese contexto, la SPH planteó que el próximo gobierno impulse una hoja de ruta para reactivar la exploración de hidrocarburos, fortalecer la seguridad energética del país, recuperar la inversión privada y ampliar el acceso a energía competitiva en más regiones. Actualmente, más de 2,5 millones de hogares y cerca de 350 mil vehículos utilizan gas natural diariamente, lo que evidencia la importancia de seguir impulsando su desarrollo y masificación.
De acuerdo con el gremio, el Perú requiere una agenda integral que reconozca el rol estratégico del gas, el petróleo y la exploración responsable como parte de una política pública orientada a garantizar abastecimiento, competitividad, empleo y desarrollo territorial.
“Sin una política energética clara, el país seguirá expuesto a contingencias, dependencia de importaciones y pérdida de competitividad. El próximo gobierno tiene la oportunidad de construir una hoja de ruta seria, técnica y de largo plazo para asegurar energía suficiente y sostenible para los peruanos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Prioridades
La SPH propuso cuatro prioridades para ordenar esta agenda. La primera es reactivar la exploración de hidrocarburos para reponer reservas y reducir la exposición del país a la volatilidad internacional. La segunda es fortalecer la seguridad energética con planificación, infraestructura, permisos oportunos y mecanismos que permitan anticipar riesgos. La tercera es recuperar la inversión mediante reglas claras y estabilidad jurídica. La cuarta es acelerar la masificación del gas natural, especialmente en regiones donde este recurso aún no llega a hogares, transporte, comercios e industrias.
El gremio recordó que el gas natural ya cumple un rol clave en la economía peruana: aporta cerca del 40% de la generación eléctrica del país y ha permitido mejorar la competitividad de hogares, pymes, industrias y transporte. Sin embargo, aún existen 14 regiones sin acceso a este recurso, por lo que cerrar esa brecha debe ser una prioridad nacional.
En materia de exploración e inversión, la SPH advirtió que el país enfrenta señales que requieren atención urgente. El Perú cuenta con 18 cuencas con potenciales reservas de hidrocarburos, pero solo 5 están activas; además, los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a 5 en 2024, y en 2025 no se registraron pozos exploratorios. Para el gremio, este escenario evidencia la necesidad de devolver predictibilidad al sector y convertir el potencial energético en inversión, canon, regalías y desarrollo regional.

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