Hidrocarburos
De interés nacional la puesta en operatividad de las refinerías de Pucallpa e Iquitos

La Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Segundo Quiroz Barboza (BM), aprobó dictámenes que tienen la finalidad de impulsar la modernización de refinerías y reducir las emisiones del gas de efecto invernadero.
En ese sentido, se aprobó por unanimidad el dictamen de los proyectos de ley nros. 2097/2021-CR y 2299/2021-CR que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que declara de interés nacional la puesta en operación de la Refinería Pucallpa y la modernización de la Refinería Iquitos.
En otro momento, por mayoría (9 votos a favor, 4 abstenciones) se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 04136/2021-CR que establece el marco legal que regula la producción y comercialización de biocombustible sólido, con la finalidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación ambiental y mejorar la salud de la población, promoviendo el uso de fuente de energía asequible, confiable y sostenible.
EXPOSICIONES
Asimismo, durante la sesión los miembros de la Comisión de Energía y Minas escucharon a la directora de Concesiones Mineras del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, María Angélica Remuzgo Gamarra, quien expuso sobre el otorgamiento de concesión minera metálica a través de la Resolución de Presidencia N.º 3995-2023.
Culminada la exposición, la congresista Rosio Torres Salinas (APP) solicitó que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) anule la resolución emitida, la cual entrega título de una concesión minera de 1.000 hectáreas en la cuenca del río Nanay.
“Traigo la voz de más de 500 mil habitantes loretanos, quienes piden que la Resolución de Presidencia N.º 3995-2023-INGEMMET sea declarada nula. Es una grave amenaza hacia la vida, salud humana de las comunidades ribereñas e indígenas aledañas, debido a que el rio Nanay es su principal fuente de agua, donde además se viene contaminando a causa de la minería ilegal”, refirió.
En ese mismo sentido, el parlamentario Jorge Morante Figari (FP) mostró su preocupación por el otorgamiento de concesiones “a diestra y siniestra” por parte de Ingemmet, incumpliendo -dijo- la ordenanza municipal del Gobierno Regional de Loreto, que declara la cuenca del Río Nanay como zona de exclusión para actividades de extracción minera.
Por su parte, el legislador Jorge Coayla Juárez (Perú Bicentenario) expresó que el Estado emite concesiones sin considerar el daño eventual y sugirió que se utilice la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) antes de emitir una concesión.
Luego, la Comisión de Energía y Minas escuchó al director ejecutivo del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, Antón Willems Delanoy, quien expuso sobre los procesos de selección de estudios y el nivel de ejecución física y financiera de los Planes de Rehabilitación en sitios impactados.
Al respecto dijo que, a la fecha, 19 planes de rehabilitación han sido aprobados (13 de la cuenca Corrientes, 2 de la cuenca Tigre y 4 de la cuenca Pastaza). Y que más de S/ 430 millones de soles han sido trasferidos al Fondo de Contingencia.
AUDIENCIA PÚBLICA
El presidente de la comisión, Segundo Quiroz anunció que el próximo 17 de noviembre se realizará una sesión extraordinaria y audiencia pública en la región Cajamarca, en la cual se tratará la promoción de las actividades mineras y energéticas con responsabilidad social.

Hidrocarburos
Petroperú y ProInversión trabajan de manera conjunta en gestión financiera [COMUNICADO]

Con relación a la implementación de las medidas extraordinarias y mecanismos financieros dictados por el Ejecutivo para afianzar la estabilidad energética del país, Petroperú y ProInversión comunican a la opinión pública, al mercado y a los actores del sector lo siguiente:
1. Gestión Fiduciaria y Transparencia Absoluta: En estricto cumplimiento del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, Petroperú reafirma su respaldo total a que todos los mecanismos financieros, fideicomisos y recursos generados bajo este marco normativo sean estructurados y administrados directamente por ProInversión. Este modelo de gobernanza corporativa garantiza al país y a los acreedores la total trazabilidad, eficiencia y uso estrictamente técnico de los fondos.
2. Prioridad: Abastecimiento Nacional. Los fondos gestionados bajo la rectoría de ProInversión tienen una finalidad ineludible vinculada a asegurar la compra de crudo, sostener la cadena logística a nivel nacional y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles que afecte a la población y a los sectores productivos.
3. Colaboración Operativa Inmediata: Para asegurar la rápida ejecución de estos mecanismos, la Alta Dirección y el Directorio de Petroperú, como socios estratégicos, asumen el compromiso público de optimizar los procesos internos y facilitar de manera inmediata toda la información y soporte operativo que ProInversión requiera.
4. Reorganización en Marcha: Esta estrategia de financiamiento transparente y blindada se alinea con los objetivos del plan de promoción y reorganización patrimonial en curso. En este contexto, Petroperú, en su condición de empresa estratégica del Estado, continúa orientando sus acciones al fortalecimiento de la cadena de abastecimiento energético del país, asegurando la continuidad operativa y el suministro oportuno a nivel nacional, reforzando el buen gobierno corporativo y consolidando la sostenibilidad financiera de la empresa. Por su parte, ProInversión ejerce su rol como entidad técnica responsable de la conducción del proceso, en un marco de independencia de funciones y respeto de las competencias de cada institución.
5. Ambas instituciones reafirman que el proceso es eminentemente técnico, no político, y está orientado a devolverle la autosostenibilidad a Petroperú protegiendo la seguridad energética del Perú.

Gas Natural
Condor Energy acelera proyecto gasífero en Tumbes

La australiana Condor Energy dio un paso clave para el desarrollo de hidrocarburos costa afuera en el norte del país al solicitar la conversión de su acuerdo técnico en un Contrato de Licencia formal ante Perupetro, luego de consolidar el 100% de participación en el proyecto ubicado en el mar de Tumbes.
Condor Energy presentó ante Perupetro la solicitud para convertir el área LXXXVI (TEA 86) en un Contrato de Licencia, mecanismo que le permitiría iniciar una nueva etapa orientada a la exploración y eventual desarrollo de recursos de gas natural e hidrocarburos offshore.
La empresa tomó esta decisión tras adquirir el 20% de participación que mantenía Jaguar Exploration, quedando como titular único del proyecto y fortaleciendo su posición para atraer nuevos socios e inversionistas.
Potencial gasífero y proyección para el norte del país
El bloque se ubica frente a la costa de Tumbes, en profundidades que van entre 50 y 1,500 metros, donde estudios técnicos identificaron más de 20 zonas con potencial hidrocarburífero.
Dentro del área destaca el campo gasífero Piedra Redonda, que registra recursos estimados de 1,003 billones de pies cúbicos de gas natural y que, de concretarse las siguientes fases regulatorias y exploratorias, podría convertirse en una nueva fuente de abastecimiento energético para el país.
Según estimaciones vinculadas al proyecto, una eventual producción de gas natural podría iniciar en aproximadamente cuatro años, sujeto a aprobaciones regulatorias, perforación exploratoria y desarrollo de infraestructura.
Proyecto apunta a atraer inversión y nuevos socios
La compañía señaló que haber consolidado el 100% del proyecto le otorga mayor flexibilidad para avanzar en negociaciones estratégicas con actores del sector energético.
De aprobarse el Contrato de Licencia, se establecerá un marco de largo plazo para ejecutar campañas de perforación, asegurar financiamiento y avanzar hacia una posible etapa de producción comercial en la cuenca de Tumbes.

Hidrocarburos
Senace aprobó 5 modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto Sur Peruano

Senace aprobó en Cusco 182 expedientes que representan más de US$ 5 848 millones en inversiones sostenibles que contribuirán a obras en beneficio de la población, en minería, hidrocarburos, electricidad, transportes, agricultura y residuos sólidos, sectores estratégicos para la economía de la región.
Entre los principales proyectos figuran 3 Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de grandes proyectos: Lote 58, Línea de transmisión para la conexión de la C.H. San Gabán III al SEIN y Línea de transmisión 220 kV Tintaya Nueva – Pumiri y subestaciones asociadas.
Asimismo, 5 modificaciones de EIA-d (MEIA-d): Gasoducto Sur Peruano – Estación Echarate, Línea de transmisión 220 kV Machupicchu – Tintaya, Línea de conducción de gas Cashiriari 1 – Planta Malvinas – Lote 88, Antapaccay – Integración Coroccohuayco y unidad minera Constancia.
Recibieron certificación ambiental 126 Informes Técnicos Sustentatorios, necesarios para modificaciones o ampliaciones en proyectos que generan impactos ambientales no significativos o que incorporan mejoras tecnológicas. Otros instrumentos adicionales permitirán la construcción de caminos vecinales y plantas de tratamiento, en beneficio de la población.
Todo ello con participación de la ciudadanía, mediante 61 talleres participativos y 21 audiencias públicas que involucraron a más de 5 200 ciudadanos.
Ruta Regional
Las cifras se difundieron en la “Ruta Regional” del Senace que llegó entre el 12 y 14 de mayo al Cusco y convocó a titulares de proyectos, consultoras ambientales, universidades, colegios profesionales y ciudadanía, para entregar información sobre la certificación ambiental.
La presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba Castillo, lideró las jornadas donde se presentaron las herramientas digitales de la entidad, como el Chatbot IA de BIANCA, el Portal de Uso Compartido de Línea Base, el Portal de Criterios Técnicos de Evaluación Ambiental y el renovado Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA).
Sobre el Senace
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país, con solidez técnica y participación ciudadana efectiva.

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