A mediados de enero, el primer ministro Alberto Otárola dijo que, como resultado de una reunión con la presidenta Boluarte, el Gobierno decidió no dar dinero fresco a Petroperú y reprogramar las deudas que la estatal contrajo con el Ministerio de Economía. Esto en referencia al nuevo aporte de capital solicitado por la petrolera por un valor de US$1,150 millones, así como por la solicitud de la condonación de los US$750 millones que Petroperú recibió del MEF en calidad de préstamo en 2022.

Sin embargo, Otárola dejó implícito que el Gobierno sí brindará a la estatal el resto del apoyo financiero solicitado, que comprende el incremento de la línea de crédito de comercio exterior por US$1,000 millones y la garantía para préstamos por US$650 millones.

Decisión que aplaudió la actual administración de Petroperú, que sabe que por partes o en una sola armada el Gobierno, en su condición de accionista, tendrá que desembolsar capital para evitar el incumplimiento de pago de la petrolera con privados, que, a septiembre de 2023, llega a US$5,107 millones (83.8% de la deuda total), así como evitar que protesten los 11 sindicatos que tiene la estatal, en los que participa el 80% de los trabajadores (2,177 personas), según datos al 2022.

Esta situación se refleja en la nota otorgada a Petroperú por Fitch. Hace unos días, la clasificación de riesgo de la petrolera, que ya se encontraba en la categoría de “basura”, fue degradada por Fitch en tres escalones más, llevándola a un paso del “default”, de BB+ a B+. Esto por el anuncio de Otárola de un apoyo financiero a medias a Petroperú.

Fitch considera que, si la estatal no contará con el respaldo del accionista, su calificación sería peor. Le asigna una calificación de CCC-, que significa que la posibilidad de que la estatal incumpla su deuda “es real”.

Pese al “cáncer terminal” que atraviesa Petroperú, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, haciendo gala de su verbo demagógico para gestionar la economía del país, dijo que la situación de Petroperú cambiará y que se va a revertir.

“Ya tenemos un plan de trabajo para darle sostenibilidad a Petroperú. Hay un proceso de mejora. Siempre vamos a respetar la información de Fitch Ratings, pero creo que hay información relevante que no han considerado, por ejemplo, las medidas que se vienen”, aseveró Contreras.

Sin embargo, el único cambio que se ha hecho es aumentar la representación del MEF en el accionariado de Petroperú de 40% a 60%, disminuyendo la del Ministerio de Energía y Minas (40%). Nada significativo para cambiar el futuro de la estatal.

¿Cuándo se hundió Petroperú?

Desde su creación mediante Decreto Ley 17753 del 24 de julio de 1969, Petróleos del Perú –  Petroperú S.A. fue polémica. No solo por reemplazar a la también discutida Empresa Petrolera Fiscal (EPF) que le vendió crudo a la IPC (International Petroleum Company), filial de la Standard Oil, y protagonizó el episodio de la llamada ‘página 11′.

También porque, a lo largo de su accidentada historia, ha sobrevivido a una suma de malas decisiones que buscaron politizar sus funciones, sobre todo con ánimos populistas. Esto la fue alejando de las empresas estatales responsables, técnicamente profesionales y saneadas. Algo que parece casi imposible de lograr en la politizada realidad peruana.

Para los especialistas existen dos hitos que llevaron a Petroperú a la insolvencia. En primer lugar, está la inversión en el Proyecto de Modernización de la Nueva Refinería de Talara.

Según Carlos Paredes, expresidente de la petrolera estatal, el proyecto en cuestión destruía valor en la empresa, ya que el costo de la inversión era más alto que la rentabilidad proporcionada, independientemente de la metodología utilizada.

Esto debido a que el margen de ganancia por la actividad de importar petróleo y comercializar el producto refinado, a través de la nueva planta, era apenas ligeramente mayor que la opción de que Petroperú se dedique exclusivamente a importar combustibles listos para la venta. Por lo tanto, dada la magnitud de la inversión, no justificaba la obra.

“La refinería destruyó valor, porque los flujos valen menos en términos de valor presente que el costo de la refinería. Tú no inviertes en algo que tenga valor presente negativo”, dijo Paredes a Perú21.

Paredes relata en su libro La tragedia de las empresas sin dueño: el caso de Petroperú, que la nueva refinería de Talara destruyó valor por cerca de US$1,650 millones a la empresa y la oposición de los gerentes que había encontrado cuando fue presidente de la petrolera en 2019.

Para Augusto Baertl, expresidente de Petroperú, la decisión de construir una nueva refinería representó un gran costo para el país. Esto se debe a que el Perú no cuenta con grandes reservas de petróleo y el negocio de la refinación es altamente competitivo, caracterizado por márgenes muy estrechos.

“Con una deuda de la magnitud prevista para la construcción de la refinería, en general, el negocio no tendría una rentabilidad justificable”, dijo Baertl.

Baerlt llegó a la presidencia de Petroperú en el segundo semestre de 2016. Si tanto Baerlt como Paredes llegaron a la conclusión de que era inviable optar por la construcción de la nueva refinería, ¿por qué no detuvieron el proyecto?

Tanto Baertl como Paredes argumentan que, para cuando llegaron al directorio de la petrolera, la construcción de la refinería estaba bastante avanzada (60% cuando llegó Baertl); por lo tanto, era económicamente una mejor opción terminar la obra antes que pararla.

El que disparó con bazuca

Petroperú enfrentaba problemas estructurales desde su concepción. La empresa es ineficiente frente a su competidor Repsol. En 2019, por cada 100 dólares de ingresos brutos, gastó 35.3 dólares en personal, mientras que Repsol por el mismo monto gastó 12.4 dólares.

Sin embargo, el proyectil que llevó a su destrucción se disparó durante el gobierno de Pedro Castillo con la designación de Hugo Chávez Arévalo de gerente general de Petroperú.

La estocada final a Petroperú fue la era de Hugo Chávez Arévalo. No solo por la corrupción que rodea su nombramiento con coima, sino por el direccionamiento político que tuvo su gestión. Chávez Arévalo, quien ahora recuperó su libertad, cambió a directores y gerentes de carrera, y propuso un plan que incluía el control de precios para el gas.

“No más balones de 10 kg a S/60 en un país productor de GLP”, reza el documento que preparaba, creando el Petrobalón Popular como proyecto para bajar el precio del gas doméstico envasado para las amas de casa y así favorecer a 8 millones de familias. Afortunadamente, un golpe y una vacancia presidencial salvaron al Perú de ese experimento populista.

Según Paredes, Chávez cambió buena parte de la plana gerencial de la empresa con gente poco calificada. Según la SMV, en los casi seis meses que Chávez estuvo como gerente general tuvo tres gerentes de finanzas corporativas.

La falta de conocimientos financieros del personal de finanzas corporativas de Chávez llevó a que la empresa aumente su necesidad de capital, luego que recortó el plazo de pago a proveedores y aumentó el plazo de pago de sus clientes, a la vez que los bancos redujeron sus líneas de capital de trabajo con Petroperú por los escándalos de corrupción al interior de la petrolera y al hecho de que PwC había desistido de auditar a la empresa.

“Imagina que entras en un portaaviones y, en el puente de mando, encuentras a alguien que decide destituir a todos los oficiales y reemplazarlos por personas que carecen de la capacidad para manejar los instrumentos necesarios en un portaaviones. Con el tiempo, el buque choca con un iceberg al estilo del Titanic y comienza a hundirse. En ese momento, la pregunta es inevitable: ¿cuándo empezó todo a ir mal? Claro, el portaaviones ya venía en problemas: no se le había hecho mantenimiento durante mucho tiempo, estaba sobrecargado y los motores presentaban fallas. Sin embargo, el punto de quiebre fue ese cambio en el mando”, explicó Paredes.

¿Cuál sería la solución para Petroperú?

“No creo que la puedas vender ahora”, estimó Mercedes Aráoz, exministra de Economía. “La privatización no es la solución porque la deuda nos la vamos a comer nosotros y le tendríamos que dejar la ‘carnecita’ a quien lo compre. Hay que hacer los cambios de fondo: cambios de directorio y gerencias, y control del Fonafe”, dijo.

Para Roque Benavides, el 100% del capital de Petroperú le pertenece al Gobierno. No es tan fácil decir ‘lo dejo quebrar’.

Comentó que el Perú tiene un gran potencial en exploración de petróleo y está muy atrasado en atraer inversión a este sector, pero que no se puede permitir que Perupetro le dé más lotes a Petroperú en la condición en la que está. Por ello, manifestó que hay que convocar a inversionistas.

Fuente: Perú21