En diciembre de 2023, el Ministerio del Ambiente (Minam) contrató a Grupo Palomares SAC para realizar un estudio de valoración económica del derrame de petróleo de Repsol en el distrito de Ventanilla. A 11 meses de la selección de este proveedor, el Minam canceló el contrato porque la consultora no había cumplido sus “obligaciones”. No solo pasaron tres años sin un balance monetario de los daños en el mar peruano: OjoPúblico identificó que la empresa a la que el Estado encargó esa responsabilidad había trabajado para el grupo Repsol en, al menos, tres oportunidades.

En febrero de 2023, a un año del derrame de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que realizaría el primer estudio de valoración económica del desastre. Sin embargo, la promesa no se ha cumplido.

No se trata de un cálculo trivial: esa estimación es necesaria para determinar una reparación civil “objetiva”, si en la vía penal se comprueba que Repsol cometió el delito de contaminación ambiental. También serviría para sustentar una demanda civil contra la empresa, explica Percy Grandez Barrón, director de la Clínica Jurídica de Litigación Ambiental de la Universidad Científica del Sur. 

Hace poco más de un año, tras un proceso de selección que duró cuatro meses, el Minam firmó un contrato por S/499.000 con el Grupo Palomares SAC para que realice el estudio. De hecho, en las bases del concurso se detalló que “la información obtenida” sería un “insumo” para una demanda judicial contra Repsol.

Aun así, los funcionarios responsables de la selección —Moisés Montalvo Ayala, Katia Toledo Mori y Elvis García Torreblanca, de acuerdo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)— no observaron un detalle crucial antes de encargarle el trabajo: la empresa había prestado servicios para el Grupo Repsol hasta en tres oportunidades. La última de ellas, ese mismo 2023, confirmó OjoPúblico.

Para Juan Carlos Sueiro Cabredo, economista y director de pesca de Oceana Perú, la selección de una compañía que “tiene conflictos de intereses con Repsol” invalida cualquier informe que realice.

“El Ministerio del Ambiente tenía la responsabilidad de afinar el perfil de la empresa que iba a contratar. Ha perdido casi un año [entre que contrató y anuló el servicio], mientras la valoración por parte del Estado está absolutamente en cero. Eso es realmente inaceptable”, dijo.

En noviembre pasado, el Minam anuló el contrato con Grupo Palomares. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a este tema. Por el contrario, alegó un “incumplimiento injustificado” de la consultora en sus obligaciones.

Al ser consultado por este medio, el representante legal de la empresa precisó que no recibió ningún pago por el trabajo y que está en un proceso de conciliación con el Minam. “Si ellos no van a la segunda [audiencia], ya vamos a entrar al arbitraje. Pero es una cosa fea, porque todo eso cuesta y no hemos recibido un solo centavo”, dijo Benjamín Palomares de los Santos, gerente general del Grupo Palomares. 

El Grupo Palomares y su vínculo con Repsol 

La casa naranja de tres pisos donde funciona Grupo Palomares SAC no tiene ningún letrero que la identifique. Si no hubiera adoptado el apellido de sus fundadores como denominación, pasaría desapercibida, incluso, para los vecinos de la urbanización Los Pinares, en el distrito limeño de Los Olivos.

La propuesta que presentó esta empresa para el concurso público del Minam incluyó diversos documentos sobre su experiencia en el sector. Si bien los datos generales de presentación no detallaron sus antecedentes contractuales con Repsol, esto sí constaba en los perfiles del equipo técnico propuesto para ejecutar el servicio, verificó OjoPúblico.

Marlene Andrea Condor Cuba, quien asumiría como especialista en derecho ambiental, precisó, por ejemplo, que, en 2018, había participado en un estudio de valoración económica para el Lote 57 de Repsol, en Cusco, como consultora del Grupo Palomares.

Karen Ilse Eckhardt Rovalino, especialista en biología, señaló que también había participado en ese servicio para el grupo español y que, un año antes, había formado parte de otro equipo que realizó una consultoría adicional para Repsol, vinculada al Lote 57 y a cargo del Grupo Palomares.

Además, un folleto de la empresa —al que este medio tuvo acceso a través del representante legal de la firma— indica que, en 2012, esta hizo otro servicio para Repsol. En esa oportunidad, para un proyecto de desarrollo en el campo Kinteroni, en Cusco. 

Aunque la página web actual del Grupo Palomares no detalla su experiencia, una versión de 2015 —disponible mediante una librería digital— evidencia que, entonces, contaba con una sección de clientes en la que figuraba Repsol.

A pesar de estos antecedentes, Benjamín Palomares de los Santos, representante legal de la empresa, considera que no tiene un conflicto de interés para elaborar el informe sobre el derrame de Repsol. “Nosotros somos muy estrictos en el cálculo, eso es fundamental. No dejamos que nos maniobren, es un trabajo técnico y lo probamos con diferentes metodologías”, aseguró.

En comunicación con OjoPúblico, Repsol reconoció que, en años previos, tuvo una relación contractual con el Grupo Palomares. Según refirió por escrito, esto se limitó a una sola empresa del grupo: Repsol Exploración Perú Sucursal del Perú, operadora del Lote 57.

La consultora, aseguraron, realizó trabajos específicos en la zona del Bajo Urubamba entre 2012 y 2018. Luego, entre 2019 y 2023, hizo dos presentaciones para “explicar la metodología [que habían empleado] y los resultados”. Según el grupo, estas fueron “puntuales” y no tuvieron una extensión de “más de dos horas cada una”.

Repsol precisó que Refinería La Pampilla S.A.A., la empresa que opera en la zona donde se registró el derrame de petróleo, no ha tenido ninguna vinculación con el Grupo Palomares. “Repsol Exploración Perú Sucursal del Perú y Refinería La Pampilla S.A.A., si bien forman parte del Grupo Repsol, son empresas distintas, con una actividad específica diferente y sin ninguna injerencia en sus operaciones”, añadieron.

Al igual que la consultora, considera que no existe un conflicto de interés. “Ninguna de las empresas del Grupo Repsol tenía conocimiento de la contratación de dicha empresa (…) por parte del Ministerio del Ambiente. Desconocemos el detalle del proceso de contratación y los resultados de dicha consultoría”, afirmaron.

A criterio de Italo Dell’Erba Ugolini, catedrático y experto en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque los contratos entre Grupo Palomares y Repsol sean antiguos y no involucren a Refinería La Pampilla, Minam debió seleccionar a una consultora “independiente y autónoma”. Esto teniendo en cuenta que, en cierta medida, Grupo Palomares se convertiría “en juez y parte”.

“[Luego van] a venir las investigaciones del control gubernamental, que realiza la Contraloría, y se pueden presentar [diversas] observaciones, que no solamente caen en una conducta antiética, sino que también puede recaer en responsabilidades administrativas, civiles y penales”, señaló el especialista.

Un camino de observaciones

En setiembre de 2023, el Minam abrió una convocatoria para adjudicar una consultoría vinculada al derrame de Repsol en el mar peruano. La misma debía analizar el daño ambiental y hacer una valoración económica de las afectaciones a los ecosistemas. Para ello, el ministerio ofrecía más de S/620.000.

El tipo de cuantificación que se solicitaba es una herramienta empleada para determinar en términos monetarios “el valor de los beneficios económicos, sociales, ambientales, directos o indirectos que las personas obtienen por el buen funcionamiento de los ecosistemas”, explica el especialista en derecho ambiental Percy Grandez Barrón. 

Cinco semanas después, cuando se cerró la convocatoria, solo habían postulado dos empresas: Consultores Asociados en Naturaleza y Desarrollo (Candes) y Grupo Palomares SAC. 

El comité de selección titular estuvo conformado por tres funcionarios del Minam: Moisés Montalvo Ayala, especialista en Logística; Katia Toledo Mori, directora de Calidad Ambiental, y Elvis García Torreblanca, director general de Economía y Financiamiento, de acuerdo al OSCE. 

Para la evaluación técnica de los postores, los especialistas consideraron tres criterios: experiencia, formación académica y propuesta metodológica. Este último requisito —que implica que la empresa sustente cómo ejecutará el trabajo— no fue enviado por ninguna de ellas. A pesar de eso, obtuvieron el puntaje suficiente para pasar a la evaluación de la propuesta económica. 

En dicha etapa, Candes solicitó S/620.300. Grupo Palomares pidió un poco menos: S/499.000, una diferencia que le permitió ganar la adjudicación.

Así, el 21 de diciembre de 2023, Sergio Gonzáles Guerrero, director de la oficina general de Administración del Minam, y Benjamín Palomares de los Santos, gerente general del Grupo Palomares, firmaron el contrato para el servicio.

El informe final de la consultoría debía estar listo el 28 de abril de 2024. Pero esto nunca ocurrió. Recién a un mes de la fecha límite, el Minam aprobó el plan de trabajo del Grupo Palomares, que era considerado el primer entregable. Es decir, los objetivos a alcanzar, los recursos que necesitaba, la lista de actividades que iba a realizar y el planteamiento metodológico de la valoración económica, entre otros aspectos.

El segundo avance incluía información cualitativa y descriptiva sistematizada sobre el daño del derrame, una matriz con indicadores para reconocer el daño ambiental, a la salud de las personas, áreas naturales protegidas y otras zonas afectadas por el hidrocarburo, junto a otros documentos técnicos. 

Este entregable, según los plazos de ejecución del contrato, debía estar listo en marzo. Pero, con los retrasos en la aprobación del plan de trabajo, Grupo Palomares lo envió recién el 2 de junio del año pasado.

Tres semanas después, el Minam le hizo llegar a la consultora ocho observaciones de la Dirección General de Economía y Financiamiento; y 46 adicionales de la Dirección General de Calidad Ambiental.

Hasta agosto, la consultora no había logrado levantar las observaciones. Entonces, la Dirección General de Economía y Financiamiento le hizo llegar un nuevo escrito. En el mismo le precisó que los documentos entregados aún no desarrollaban los criterios usados para identificar los daños ambientales, entre otros comentarios.

Dos meses más tarde, la misma dirección del Minam señaló que la empresa no había solucionado los problemas con los criterios para determinar los daños. Añadió que el ministerio había identificado información que, aunque no era de autoría de los consultores, carecía de cita. El informe, agregaron, tampoco tenía una “revisión bibliográfica especializada”.

El mismo 2 de octubre, la entidad señaló que el focus group —técnica de investigación basada en entrevistas a un grupo seleccionado— elaborado por la empresa solo había considerado a “expertos”, cuando se pedía considerar a un conjunto “heterogéneo”.

De acuerdo a Benjamín Palomares de los Santos, lo ideal hubiera sido recibir todas las observaciones juntas, en lugar de cuatro “paquetes” de cuestionamientos. “Les decíamos ‘díganos dónde está el problema’. ‘No, ustedes son los expertos, ustedes deben encontrarlo’, [respondía el Minam]. Eso es una falta de respeto y también un maltrato”, dijo el contratista.

Un mes y medio después, el Minam envió una carta de resolución de contrato a la casa de tres pisos de Los Olivos, donde se encuentra el domicilio fiscal del Grupo Palomares. En esa comunicación, la cartera señaló que la decisión se debía al «incumplimiento injustificado» de las obligaciones contractuales. Al 18 de noviembre, agregó, persistían 31 observaciones no absueltas por la consultora.

Además de la controversia entre la empresa y el Minam, OjoPúblico identificó que dentro del equipo de expertos presentados por Grupo Palomares se encuentra Karina Rocío Montes Tapia, economista y presidenta de la Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), desde febrero de 2021.

Fiscalía abre investigación contra Repsol y el Minem

El 27 de enero de este año, luego de conocerse que ninguno de los 18 planes de remediación presentados por Repsol han sido aprobados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Fiscalía comunicó que había iniciado una investigación preliminar contra la empresa, y la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio.

Ante estas demoras, la hipótesis de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste es que se ha incurrido en delito ambiental y la entrega de información inexacta.

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, no se ha mostrado preocupado por la laxitud en la aprobación de los planes de remediación. Días atrás, al ser consultado por RPP, dijo que «Repsol sí ha ido remediando, basado en [los planes presentados]”. Agregó que el Minem le informó que, “en los próximos meses”, se contará con la validación de dichos documentos. ​

A tres años del derrame de hidrocarburos en el mar de Ventanilla, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) detalló a OjoPúblico que, de los 16 procedimientos sancionadores contra Repsol, solo cinco terminaron con multas por casi S/65 millones. Las mismas ya fueron pagadas. De los otros 11 procedimientos del OEFA, uno fue archivado y el resto se encuentran en trámite en primera y segunda instancia.

A la fecha, tampoco hay información sobre la cantidad de crudo involucrado en el “afloramiento” reportado por Repsol el 5 de diciembre de 2024, en el terminal multiboyas N° 2 de Ventanilla.

El OEFA informó a este medio que los detalles sobre ese evento se incluirán en su informe de supervisión. Según explicaron, se tomaron siete muestras de agua de mar y las mismas se están analizando.

Repsol también ha judicializado seis multas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por el derrame en Ventanilla, tras agotar la vía administrativa. Estas acumulan más de 6.756 UIT.

​Sobre el “afloramiento” de petróleo del 5 de diciembre pasado, Osinergmin indicó que, al día siguiente, se suspendieron las actividades del terminal N° 2. Y que, de encontrarse incumplimientos normativos, iniciarán procesos sancionadores.

Fuente: Ojo Público