Combustible
Sindicatos exigen derogar el DU 010-2025 pese a anuncios del gobierno sobre Petroperú

A pesar de los anuncios realizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú el lunes 16 de marzo de 2026, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) reafirma su exigencia: la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025.
Para la organización sindical, las medidas anunciadas por el Ejecutivo —orientadas a respaldar financieramente a Petroperú, mejorar su liquidez y asegurar la continuidad operativa— resultan claramente insuficientes frente a los riesgos estructurales que introduce el decreto. Si bien se contemplan mecanismos de apoyo estatal, reorganización administrativa y acciones para optimizar la gestión, estas disposiciones no abordan el problema de fondo, que según los trabajadores radica en el propio contenido del DU 010-2025.
Desde la perspectiva sindical, el decreto no solo compromete la gestión y viabilidad de la empresa, sino que además presenta serios indicios de inconstitucionalidad. Esta preocupación se ve reforzada por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de los sindicatos, evidencia que no es posible sostener ninguna política de fortalecimiento empresarial sobre una base jurídica cuestionada.
En esa línea, los trabajadores también cuestionan lo que consideran una “doble vara” en el tratamiento económico entre empresas públicas y privadas. Señalan que mientras el apoyo estatal a Petroperú suele calificarse como un “salvavidas” —sugiriendo un gasto perdido o un rescate a la ineficiencia—, los beneficios otorgados al sector privado son presentados como “incentivos” o “fomento”, aun cuando impliquen importantes recursos públicos. Para los sindicatos, esta diferencia en el lenguaje refleja una narrativa que desvaloriza la inversión estatal en activos estratégicos.
Asimismo, remarcan que, a diferencia de lo que ocurre con empresas privadas, cualquier utilidad generada por Petroperú —especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara— retorna íntegramente al Estado y, por tanto, al financiamiento de servicios públicos como salud, educación e infraestructura. En contraste, sostienen que los beneficios derivados de subsidios o exoneraciones tributarias a privados quedan en manos de sus accionistas, sin un retorno directo equivalente para el erario nacional.
Otro aspecto crítico señalado es la distribución del riesgo. Según advierten, diversos proyectos privados operan bajo esquemas que incluyen garantías soberanas, donde el Estado asume pérdidas en caso de fracaso, mientras que las ganancias se privatizan si el proyecto tiene éxito. Bajo ese marco, consideran contradictorio que a Petroperú se le exija operar con criterios estrictos de rentabilidad privada, mientras enfrenta limitaciones políticas y burocráticas que no afectan a sus competidores.

Del mismo modo, el FSTPP destaca la diferencia entre inversión en activos y gasto tributario. La inversión en infraestructura como la Nueva Refinería de Talara, indican, se traduce en activos físicos y capacidad productiva que pertenecen al país. En cambio, las exoneraciones tributarias representan ingresos que el Estado deja de percibir de manera recurrente, generando un impacto fiscal significativo que, según diversas estimaciones, puede superar ampliamente los montos destinados a la empresa estatal.
Asimismo, uno de los puntos más críticos señalados por los trabajadores es el riesgo de que el decreto facilite el “malbarateo” de los principales activos de Petroperú. En su análisis, advierten que la norma abre la puerta a procesos que podrían derivar en la cesión o privatización encubierta de infraestructura estratégica, debilitando el rol de la empresa como actor clave en el sector energético nacional.
A ello se suma el rol estratégico que cumple Petroperú en el abastecimiento de combustible en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad, como regiones de la selva y zonas altoandinas. En ese sentido, los sindicatos subrayan que el Estado no solo actúa como agente económico, sino como garante del acceso a servicios esenciales en todo el territorio.
Bajo esta lectura, los anuncios del Ejecutivo y las decisiones de la Junta General de Accionistas no logran disipar las preocupaciones de fondo. Para el FSTPP, cualquier medida de apoyo económico o administrativo pierde eficacia si no se elimina previamente el marco normativo que, según sostienen, amenaza la integridad institucional y patrimonial de la empresa.
La reunión sostenida con el congresista Carlos Zeballos refuerza esta línea de acción política. Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar la derogatoria del DU 010-2025 desde el ámbito legislativo, consolidando un frente que busca frenar lo que consideran una política perjudicial para los intereses nacionales. En esa misma línea, se recuerda que el actual Presidente de la República, José María Balcázar, figura como coautor de uno de los proyectos de ley que plantean la derogación de dicha norma.
En conclusión, los sindicatos de Petroperú mantienen una posición firme: los anuncios del Gobierno son insuficientes mientras el Decreto de Urgencia 010-2025 continúe vigente. Sostienen que la solución no pasa únicamente por medidas financieras, sino por garantizar un marco legal legítimo, transparente y alineado con la defensa del patrimonio estatal. En ese contexto, advierten que el cuestionamiento constante a la inversión pública en la empresa podría responder a una narrativa orientada a debilitar su valor y justificar su eventual transferencia a bajo costo. Por ello, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú reiteran su demanda central: la derogación inmediata del DU como condición indispensable para asegurar la viabilidad y el futuro de Petroperú.

Combustible
Se aplicarán subsidio a combustibles desde mayo y se dará herramientas a Indecopi para combatir la especulación

En sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, Ricardo Villavicencio, Director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), indicó que se está elaborando un decreto supremo para declarar en emergencia la comercialización en el mercado de combustibles y que establecerá puntualmente dos medidas.
La primera de ellas, explicó, le dará herramientas al Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) para que pueda supervisar y prevenir casos de especulación y acaparamiento de combustibles, lo que, de acuerdo al Código de Protección al Usuario, requiere que, mediante decreto supremo, se declara en emergencia a esa actividad.
La segunda medida, anotó, apunta a brindar un marco legal general al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para que en caso se necesite alguna medida adicional referida a exoneraciones y para garantizar el abastecimiento, la pueda aplicar.
Esa propuesta de norma, indicó Villavicencio, fue presentada a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria del Gobierno y fue aprobada por dicha comisión. Con ello, ya el MINEM está iniciando el proceso de trámite para su aprobación final, calculando que dicho decreto supremo esté ya publicado en los siguientes días.

Subsidios
El funcionario refirió que se van a aplicar subsidios a los combustibles consumidos por los transportistas, a partir de mayo próximo, como resultado de acuerdos adoptados en mesas técnicas sostenidas con gremios de transportistas semanas atrás.
“Hay unas mesas técnicas que se han creado con los gremios de los transportistas, donde hace dos semanas aproximadamente ya hubo reuniones y un consenso con estos gremios, con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Economía y Finanzas, para establecer el subsidio que se daría durante el mes de mayo”, anotó, aunque no detalló en qué consistirán tales subsidios.

Combustible
Petroperú alerta riesgo de paralización y pide financiamiento urgente por US$ 2,000 millones

La empresa estatal Petroperú advirtió que podría dejar de producir combustibles en los primeros días de mayo si no obtiene un financiamiento urgente, en medio de una severa crisis de liquidez y un complejo escenario internacional que presiona el mercado del petróleo.
Riesgo inminente de paralización de refinerías
El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, alertó que la situación es crítica y podría derivar en la paralización progresiva de las principales refinerías del país. Actualmente, la refinería de Iquitos ya se encuentra detenida por falta de crudo, mientras que las plantas de Talara y Conchán enfrentan un alto riesgo de suspender operaciones en el corto plazo.
Según precisó, el punto más crítico se presentaría a inicios de mayo, lo que podría afectar directamente el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.
Presión internacional y falta de liquidez
La crisis responde, en gran medida, a factores externos como el incremento del precio del petróleo y tensiones geopolíticas en mercados clave, lo que ha reducido la disponibilidad de crudo y endurecido las condiciones de compra.
En este contexto, los proveedores exigen pagos al contado, lo que ha generado una fuerte presión sobre la caja de la empresa estatal, que actualmente no cuenta con recursos suficientes para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Pedido de decreto de urgencia para financiamiento
Frente a este escenario, Petroperú ha solicitado al Ejecutivo la emisión de un decreto de urgencia que le permita acceder a un financiamiento de hasta US$ 2,000 millones, principalmente a través de la banca privada.
La propuesta contempla una garantía estatal contingente, que se activaría solo en situaciones excepcionales, con el objetivo de asegurar la compra de crudo y evitar un desabastecimiento de combustibles en el país.
Advertencia de impacto nacional
Arévalo fue enfático al señalar que, de no concretarse el financiamiento en el corto plazo, el Perú podría enfrentar una crisis de abastecimiento energético. “Si no tomamos medidas de emergencia, nos quedamos sin combustible”, advirtió.
La situación pone en evidencia la vulnerabilidad de la cadena de suministro energético nacional y reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera de la empresa estatal en un contexto internacional adverso.

Combustible
GORE Ucayali impulsa proyecto de modernización de la refinería de Pucallpa para fortalecer el desarrollo energético en la región

Durante reunión entre el Gobierno Regional de Ucayali y la Cámara Peruana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAPPETROL), se dieron a conocer los avances para la construcción y modernización de una nueva refinería en la ciudad de Pucallpa. El proyecto cuenta con una capacidad procesamiento de 30 000 barriles, lo que facilitará la obtención de recursos como el petróleo y el gas.
Dicha iniciativa, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la cadena productiva del sector de hidrocarburos a nivel regional, propone la implementación de 15 000 barriles en su primera etapa. Además, contribuirá con la dinamización de la producción energética y atraerá la inversión nacional e internacional mediante la reactivación de pozos energéticos.
La primera fase permitirá la reactivación del pozo Sheshea -ubicado a 76 kilómetros de la comunidad Nueva Italia-, del pozo Platanal -ubicado a 45 kilómetros de Iparía-, de los pozos Colpa 1X y 2X -a 50 kilómetros de la comunidad Nueva Italia- y del pozo Los Ángeles 1X, lote 131 -ubicado a 120 kilómetros de Pucallpa-, bajo la propiedad de Petrotal.
Asimismo, la nueva refinería, que será construida en su ubicación actual en sociedad con Petroperú, contará con tecnología altamente garantizada para el procesamiento de crudos livianos, pesados y extra pesados. Con esta construcción, se busca consolidar a Ucayali como un eje clave para desarrollo energético nacional.
En ese marco, Teddy Cáceres, presidente de CAPPETROL, explicó que “la importancia de la refinería reside en el desabastecimiento de combustible ocasionado por las demoras en los traslados desde otras regiones”. Y aseguró que, en Ucayali, existen las condiciones que garanticen la viabilidad del proyecto.
A su turno, el gobernador regional destacó: “Ahora ya no solo reactivaremos el pozo de Sheshea, sino otros pozos que cuentan con crudo adecuado para su uso, lo que permitirá el abastecimiento constante en la región. Además, sumamos la propuesta para la construcción de la nueva refinería, con esto reactivaremos la operación petrolera en la Amazonía.

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