La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que 202 empresas de transporte público accedieron al segundo desembolso del subsidio temporal al combustible, establecido mediante el Decreto de Urgencia n.° 006-2026.

La cifra representa un aumento frente al primer periodo del programa, cuando 159 empresas cumplieron con las condiciones necesarias para recibir este beneficio económico.

El segundo periodo de aplicación se desarrolló entre el 3 de julio y el 1 de agosto. En ese lapso, el programa alcanzó a 12 642 vehículos de transporte público regular que operan en 275 rutas autorizadas de Lima y Callao.

Del total de unidades beneficiadas, 8364 corresponden a ómnibus, 2304 a minibuses y 1974 a microbuses. En conjunto, estos vehículos acumularon 32 548 881 kilómetros recorridos durante el periodo considerado para el cálculo del subsidio.

Según la ATU, el incremento de empresas beneficiarias estuvo relacionado con el fortalecimiento de las acciones de orientación dirigidas a los transportistas. La entidad realizó jornadas presenciales en su sede para explicar los requisitos, procedimientos y criterios establecidos para acceder al programa.

Uno de los aspectos fundamentales fue la correcta transmisión de la información sobre los recorridos de los vehículos mediante el sistema GPS. Estos registros fueron posteriormente revisados y validados por la ATU mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).

A partir de la información validada se calculó el monto correspondiente a cada vehículo, de acuerdo con su categoría. El subsidio fue de S/0,50 por kilómetro recorrido para los ómnibus, S/0,40 para los minibuses y S/0,30 para los microbuses.

En esta segunda etapa, el Gobierno destinó S/15 221 102 para cubrir los pagos correspondientes. La ATU efectuó los depósitos en las cuentas bancarias que las empresas de transporte habían registrado previamente en el SICM.

La autoridad también señaló que continúa revisando las incidencias y observaciones detectadas en la información presentada por algunas empresas. Los casos serán evaluados conforme a las reglas del programa para establecer si corresponde realizar los pagos pendientes.

El subsidio temporal tiene como finalidad apoyar la sostenibilidad de las operaciones de transporte y garantizar la continuidad de las rutas autorizadas, contribuyendo así a mantener el servicio que utilizan diariamente miles de pasajeros en Lima y Callao.

La presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, destacó la necesidad de contar con un cronograma actualizado para la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, con el fin de fortalecer el seguimiento de una de las obras de infraestructura más importantes del país.

Durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso de la República, sostuvo que el proyecto enfrentó diversas contingencias a lo largo de su desarrollo, principalmente vinculadas a la entrega de terrenos necesarios para la construcción de la infraestructura.

Según indicó, esta situación afectó la elaboración de los expedientes técnicos, ocasionó retrasos en las obras y derivó en controversias contractuales entre las partes.

Asimismo, refirió que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para las etapas pendientes.

“Actualmente la Línea 2 continúa construyéndose y nosotros supervisamos, pero no tenemos plazos que acotarle porque no hay calendario vigente”, manifestó.

La titular del Regulador precisó que disponer de un nuevo cronograma permitiría dotar de mayor predictibilidad al proyecto y fortalecer el monitoreo de sus avances. En ese contexto, consideró necesario trabajar una nueva adenda contractual que incorpore aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte.

Zambrano recordó que la Línea 2 fue concebida para ejecutarse en cinco años y advirtió que, de no actualizarse la programación de la obra, los plazos podrían seguir extendiéndose. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

También resaltó la relevancia estratégica del proyecto para el país. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Las empresas de transporte público de Lima están adoptando medidas de protección con recursos propios frente al incremento de los ataques de extorsionadores y sicarios. Entre estas acciones figura el blindaje de las cabinas de los conductores, debido al cambio en las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales.

Julio Bertoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano (ACTU), señaló que la situación de inseguridad ha obligado a los empresarios del sector a asumir gastos adicionales para proteger a sus trabajadores.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV, explicó que blindar completamente un bus puede costar entre 80.000 y 120.000 dólares, monto que consideró inviable para las empresas de transporte. Por ello, se ha optado principalmente por reforzar las cabinas de los conductores.

Según detalló, estas estructuras cuentan con una protección fabricada con una aleación externa de acero y vidrios de aproximadamente 21 milímetros de espesor. El objetivo es reducir el riesgo ante ataques registrados durante los recorridos, que representarían alrededor del 70 % de los casos y suelen ejecutarse desde motocicletas.

Otra modalidad identificada es la del “falso pasajero”, que estaría detrás de entre el 14 % y 15 % de los atentados contra las unidades de transporte.

Las amenazas ahora llegan acompañadas de ataques

Bertoneche advirtió que las organizaciones criminales han modificado su manera de operar. Explicó que anteriormente los extorsionadores enviaban mensajes y amenazas antes de exigir el pago de dinero, dejando un margen para una eventual negociación.

Ahora, en cambio, los ataques pueden producirse sin previo aviso, lo que ha incrementado la preocupación entre empresarios y trabajadores del sector.

El dirigente también reveló que algunas compañías llegan a enfrentar simultáneamente las exigencias económicas de tres o cuatro bandas extorsivas, situación que incrementa considerablemente la presión sobre sus operaciones.

Frente a este escenario, la ACTU viene trasladando las denuncias por amenazas y cobro de cupos a la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional (Divinext).

Bertoneche indicó que las acciones policiales recientes han permitido obtener resultados favorables. De las cerca de 25 empresas afiliadas al gremio, siete ya habrían conseguido dejar de pagar extorsiones luego de las intervenciones y capturas de integrantes de organizaciones criminales.

Inseguridad también genera déficit de conductores

El temor provocado por los ataques ha comenzado a afectar directamente la disponibilidad de trabajadores. Bertoneche sostuvo que existe una importante falta de conductores en el transporte formal, situación que deja numerosos vehículos fuera de circulación pese a que existe demanda de pasajeros.

“Me da mucha pena entrar a las empresas de transporte y ver 30, 40, 50 buses parados sin trabajar cuando existe una demanda”, manifestó.

La delincuencia tampoco se limitaría a los conductores. De acuerdo con el representante gremial, los directivos de las empresas también son blanco de amenazas y actos de intimidación. Entre las estrategias empleadas estaría el denominado “doxeo”, mediante el cual los delincuentes recopilan información personal disponible en internet para amedrentar a sus víctimas.

El dirigente recordó además diversos hechos registrados contra representantes del sector, entre ellos casos de extorsión, amenazas, el asesinato de un gerente general y un ataque con una granada ocurrido en Santa Anita.

Gremio denuncia situación relacionada con dos conductores

Finalmente, Bertoneche informó sobre una denuncia vinculada con las familias de dos conductores de la empresa Nueva América, quienes fueron víctimas de atentados ocurridos aproximadamente hace 45 días y tres semanas, respectivamente.

El representante de la ACTU señaló que estos casos forman parte de la compleja situación que afrontan actualmente los trabajadores y empresas del transporte público frente a la delincuencia organizada.