Sector
A un mes del derrame de petróleo de Repsol, ¿cuál es el impacto económico?

Al cumplirse un mes del desastre ecológico, ocasionado por el derrame de petróleo de la empresa Repsol en el litoral peruano, continúan muriendo las especies marinas, el crudo se sigue hundiendo en el mar, los pescadores afectados no tienen ayuda para solventar a sus familias, hay miles de empleos perdidos y no hay turismo en más de 20 playas. Una gran daño ambiental y también económico.
Según Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), más allá de lo evidente como los errores en la operación de la compañía petrolera, y que no se dijo toda la verdad al principio (que se vertieron en el mar 11,900 barriles de crudo), hay muchas reflexiones que sacar para estar preparados antes situaciones similares.
“En el Perú se ha actuado con mucha lentitud y hasta ahora se sigue hablando que vamos a recibir asesoría de técnicos… ¿Qué podría pasar si hay un terremoto con todas las instalaciones de combustibles en el mar o sustancias explosivas?, ¿quién nos garantiza que haya mecanismos de seguridad y protección? Urge reclamarle al Estado que nos informe cuál es el plan de contingencia para un desastre de esa naturaleza”, refirió.
Además, el experto sostuvo que con el derrame de petróleo hay una afectación de Ventanilla a Chancay y que amenaza en expandirse. Producto de este desastre ecológico, aproximadamente 3,000 pescadores artesanales se quedaron sin trabajo.
En una estimación de pérdida, Miranda manifestó que sería de S/ 10,000 mensuales por cada pescador en esta temporada; es decir, en total se registraría un perjuicio económico de S/ 30 millones.
“A ello hay que sumar un número importante de oficios que se realizan alrededor de la temporada de playa porque en verano aumentan los ingresos para ellos”, indicó.
Sin turismo y empleo
No solamente los pescadores son los que se han perjudicado, sino también la cadena de turismo y negocios en las playas que se han contaminado. En esa línea, la pérdida económica sumaría más de S/ 500 millones hasta marzo, proyectó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
“Las estimaciones son S/ 500 millones en la temporada de enero a marzo, ya que prácticamente se ha cancelado los servicios de turismo en más de 20 playas, porque muchas de ellas están cerradas por la contaminación”, comentó Carlos Canales, presidente del gremio.
Agregó que también dejaron de laborar aproximadamente 90,000 empleos en el sector turismo de playa por el derrame de petróleo.
Subsidio insuficiente
Tanto Canatur como Calamasur expresaron que es insuficiente el bono de S/ 1,000 que contempla dar el Gobierno a los trabajadores afectados por el derrame de petróleo.
“Los pescadores no pueden conformarse con un bono propina. Ellos necesitan ser resarcidos en la misma proporción que era su perspectiva de vida en ingresos de alimentación, vivienda, educación y de salud de sus familias. Tienen que indemnizarlo”, sostuvo Alfonso Miranda.
En tanto, el presidente del gremio de turismo replicó que “se tiene que hacer un estudio muy específico para cubrir las compensaciones adecuadas para los afectados y el pago debe salir de Repsol”.
De acuerdo a Repsol, ha alcanzado acuerdos y actas de colaboración con 34 colectivos de pescadores y comerciantes de Chancay, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, entre otros, que comprenden a más de 2,800 personas.
También puntualizó que se está en diálogo con otras asociaciones, que representan a más de 800 personas, para incorporarlas a este proceso. Asimismo, en coordinación con la población afectada, está desarrollando planes de apoyo a medio y largo plazo.
Multa para Repsol
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que impuso a Repsol una primera multa de 100 UIT (S/ 460,000) por incumplimiento de la primera medida ordenada, relacionada a la identificación de las zonas afectadas tras el derrame de crudo, la cual seguirá aplicándose de manera sucesiva hasta que se acredite su cumplimiento.
“Es importante precisar que también hay un procedimiento administrativo sancionador iniciado por el incumplimiento de esta medida, donde la multa puede ascender hasta 4,000 UIT (S/ 18 millones)”, señaló el OEFA vía twitter.
En un comunicado, la empresa petrolera precisó que, a través de sus abogados, han presentado un reclamo ante los propietarios del buque Mare Doricum y sus aseguradoras, que supone el inicio del proceso de cobertura por los daños ocasionados por el derrame de petróleo.
A la fecha, Repsol reportó un avance del 72% de limpieza en las zonas afectadas por el derrame del buque Mare Doricum, encontrándose ya en la fase final del cronograma de acciones de recogida del producto. Al finalizar esta labor, comenzarán a desarrollarse actividades de remediación ambiental.
Combustible
Waldir Ayasta Mechán es el nuevo ministro de Energía y Minas en reemplazo de Ángelo Alfaro

El nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, asumirá una cartera marcada por la crisis energética que viene generando alza de precios en los combustibles por la crisis del gas. Anteriormente fue viceministro de Electricidad.
El Gobierno de José María Balcázar, designó a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en reemplazo de Ángelo Alfaro, quien renunció a su cargo por estar vinculado en una denuncia por violación sexual.
Ayasta Mechán es ingeniero eléctrico, que asumirá el mando de una cartera con pendientes urgentes por resolver ante la crisis energética que viene generando alza de precios de los combustibles, lo que golpea el bolsillo de los ciudadanos.
El nuevo ministro de Energía y Minas se venía desempeñando, desde el 21 de enero de 2026, como gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A.
Perfil
Waldir Ayasta es ingeniero mecánico eléctrico graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), con especialización en Alta Dirección Empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
Cuenta con 25 años de experiencia en empresas del sector eléctrico como Electronorte, grupo Distriluz, Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.
Su perfil profesional está basado en conocimiento de negocios y competencias integrales para el desarrollo de organizaciones.
El funcionario también es catedrático de la facultad de ingeniería mecánica y de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Actualidad
Exdirector de Formalización Minera denuncia cobro de US$30 mil y revela presunta red de corrupción en el MINEM

El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.
Presunto cobro y red de intermediarios
Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.
El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.
La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.
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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites
El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.
Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.
En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.
Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político
El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.
El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.
Vínculos regionales y empresariales
La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.
En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.
Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber

Combustible
Sindicato de Osinergmin exige destitución de presidente y denuncia encubrimiento en investigaciones

El Sindicato de Empleados de Osinergmin (SIEP) expresó su indignación tras el reportaje de Panorama que reveló una fiesta organizada por el presidente de la entidad, Omar Chambergo Rodríguez, en horario laboral. Los trabajadores exigieron su destitución inmediata, denunciaron encubrimiento en las investigaciones y remarcaron que ellos no participaron en los actos bochornosos atribuidos a la alta dirección.
El sindicato solicitó la salida inmediata de Chambergo Rodríguez y de los funcionarios involucrados, al considerar que sus acciones vulneraron el Código de Ética de la Función Pública, la Ley Servir y los reglamentos internos de seguridad y trabajo. Además, señalaron que podrían configurarse delitos como peculado de uso, aprovechamiento del cargo y omisión de funciones.
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Denuncias desatendidas
El SIEP recordó que, desde mayo, presentaron denuncias formales ante el Órgano de Control Interno, la Procuraduría Pública y otras instancias. Sin embargo, acusan que las autoridades internas se negaron a abrir investigaciones, restringieron el acceso a pruebas y habrían protegido a los responsables, lo que calificaron como un “blindaje” que agrava la crisis de gobernanza en la institución.
Los trabajadores se deslindan
El sindicato enfatizó que los trabajadores de Osinergmin no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos, que corresponden únicamente a la alta dirección y plana gerencial. Asimismo, advirtieron que existirían intentos de destinar recursos públicos para contratar estudios y campañas mediáticas orientadas a minimizar o encubrir el escándalo.
Llamado a recuperar la ética institucional
Finalmente, el SIEP pidió que Osinergmin recupere su honor, ética y misión de servicio al país. “¡Basta de blindajes, basta de impunidad!”, señaló el comunicado, subrayando que la ciudadanía merece instituciones serias y transparentes.

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