Sector
Legislación ambiental peruana en cuidados intensivos

Mañana se cumple un mes del derrame de los 11.900 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, y aún no se encuentra a ciencia cierta al responsable de este ecocidio. Repsol insiste en culpar del siniestro al “oleaje anómalo”, pese a que el capitán del buque que trasladaba el petróleo aseguró a las autoridades que la embarcación no presentó incidentes y que los funcionarios de La Pampilla le ocultaron información sobre el suceso.
La semana pasada, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una primera multa de 100 UIT (S/ 460.000) relacionada a la identificación de las zonas afectadas en la emergencia ambiental.
Conforme a cifras del OEFA, las denuncias ambientales desde el 2014 superan los cuatro dígitos (ver infografía).
Lo sucedido este año en la costa peruana podría unirse a la lista de accidentes ecológicos que no se castigan de forma ejemplar. La razón de ello: la debilidad de nuestra legislación ambiental, según expertos consultados por La República.
Poca rigurosidad
El exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave sostuvo que la legislación es insuficiente, puesto que ha sido seriamente golpeada desde hace nueve años con medidas como los “paquetazos ambientales” impulsados por el Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Lo sucedido en Ventanilla debe significar un antes o un después para discutir a fondo qué marco legal e institucionalidad ambiental necesitamos en el país. Porque hoy en día las propias empresas dicen que el Estado no está jugando su rol de control y fiscalización, cuando durante años el sector empresarial ha buscado golpear a la institucionalidad ambiental”, aclaró de Echave.
Y es que en el año 2013 se decretaron las modificaciones de procedimientos ambientales con los decretos supremos 054 y 060. El primero aplicó el silencio administrativo para asuntos ambientales y de patrimonio cultural, para procedimientos de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del sector energía y minas; el segundo redujo el procedimiento de aprobación de EIA de 120 a 83 días.
De Echave recordó que el DS 054 trajo consigo los informes técnicos sustentatorios, “un proceso muy simplificado que se aprueba en 15 días sin ningún mecanismo de participación ciudadana”, y mediante el cual se dio luz verde al plan de contingencia de Repsol.
Luego vendría la Ley 30230, emitida en julio de 2014, con el fin de reactivar la economía y que establecía medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
“Esta ley nos trajo que el régimen sancionador de OEFA perdiera vigencia y nos dejó como gran lección que no podemos inmiscuir el poder del Estado, porque necesitamos que esté presente con todas las herramientas necesarias, para ejercer sus acciones de control”, explicó Carol Mora, directora del Programa de Política de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), al recordar que las multas no podían superar el 35% del total.
La moratoria estableció que en tres años el OEFA no castigara las vulneraciones ambientales de los operadores. Mora refiere que esta fue la razón por la que muchos derrames de hidrocarburos en la Amazonía “queden impunes”. Los denominados paquetazos ambientales perdieron validez en 2017.

Mano dura
De Echave afirmó que las multas en el Perú no son disuasivas, por lo que deberá ser un tema de reflexión en las autoridades el cómo fortalecer la capacidad sancionadora. A la fecha, las multas por subsector ascienden a 209.550 UIT.
Una de las propuestas del especialista implica que “las penalizaciones puedan revertir en los organismos reguladores en materia ambiental”, pero sin poner en discusión el aspecto económico “por ser largamente insuficiente”. Por ello, resaltó que debe ser el Estado quien tiene que prevenir, regular y fiscalizar de manera permanente.
Por otro lado, la judicialización de multas es un recurso empleado por las firmas con el fin de anularlas o recortarlas. La misma Repsol se resguardó en la justicia peruana en 2014, para invertir una sanción de 138,80 IUT interpuesta por el OEFA, un año antes, por un derrame ocurrido en la playa Cavero (Ventanilla). La entidad confirmó el correctivo, pero redujo la pena a la mitad al aplicar la Ley 30230, por lo que en el 2015, la empresa pagó un total de S/ 277.301,19.
“Muchas empresas judicializan las multas para postergar el pago de lo que debería ser una obligación, allí hay que simplificar los procesos, ya que es un periodo muy largo que afecta o diluye una sanción ejemplar para los que actúan de manera responsable”, remarcó De Echave.
El también exconsultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó en que también se debe reformar la norma que avala que los gastos de remediación de daños ambientales no sean deducibles de la base componible del impuesto a la renta.
Buscan precisar gastos no deducibles
Perú Libre busca modificar el artículo 44 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Impuesto a la Renta con la finalidad de establecer como no deducibles los pagos incurridos en la reparación de daños ambientales, a la salud, a los derechos de los pueblos indígenas u otros que afecten el interés público.
Juntos por el Perú propone la incorporación de dos incisos al mencionado artículo. El primero busca precisar que no son deducibles los gastos por el cumplimiento de medidas correctivas impuestas por la autoridad ambiental competente. Mientras que el segundo intentará que no sean descontables las indemnizaciones provenientes de mandatos judiciales y transacciones extrajudiciales por daños a la flora y fauna silvestre.
La palabra
José de Echave, exviceministro del Minam
“La institucionalidad ambiental se debe fortalecer y que el Ministerio del Ambiente no sea un elemento decorativo, porque hoy en día lo es, y que los organismos adscritos a este como el OEFA, el Senace y otras más también se refuercen”.
Combustible
Waldir Ayasta Mechán es el nuevo ministro de Energía y Minas en reemplazo de Ángelo Alfaro

El nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, asumirá una cartera marcada por la crisis energética que viene generando alza de precios en los combustibles por la crisis del gas. Anteriormente fue viceministro de Electricidad.
El Gobierno de José María Balcázar, designó a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en reemplazo de Ángelo Alfaro, quien renunció a su cargo por estar vinculado en una denuncia por violación sexual.
Ayasta Mechán es ingeniero eléctrico, que asumirá el mando de una cartera con pendientes urgentes por resolver ante la crisis energética que viene generando alza de precios de los combustibles, lo que golpea el bolsillo de los ciudadanos.
El nuevo ministro de Energía y Minas se venía desempeñando, desde el 21 de enero de 2026, como gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A.
Perfil
Waldir Ayasta es ingeniero mecánico eléctrico graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), con especialización en Alta Dirección Empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
Cuenta con 25 años de experiencia en empresas del sector eléctrico como Electronorte, grupo Distriluz, Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.
Su perfil profesional está basado en conocimiento de negocios y competencias integrales para el desarrollo de organizaciones.
El funcionario también es catedrático de la facultad de ingeniería mecánica y de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Actualidad
Exdirector de Formalización Minera denuncia cobro de US$30 mil y revela presunta red de corrupción en el MINEM

El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.
Presunto cobro y red de intermediarios
Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.
El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.
La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.
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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites
El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.
Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.
En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.
Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político
El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.
El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.
Vínculos regionales y empresariales
La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.
En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.
Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber

Combustible
Sindicato de Osinergmin exige destitución de presidente y denuncia encubrimiento en investigaciones

El Sindicato de Empleados de Osinergmin (SIEP) expresó su indignación tras el reportaje de Panorama que reveló una fiesta organizada por el presidente de la entidad, Omar Chambergo Rodríguez, en horario laboral. Los trabajadores exigieron su destitución inmediata, denunciaron encubrimiento en las investigaciones y remarcaron que ellos no participaron en los actos bochornosos atribuidos a la alta dirección.
El sindicato solicitó la salida inmediata de Chambergo Rodríguez y de los funcionarios involucrados, al considerar que sus acciones vulneraron el Código de Ética de la Función Pública, la Ley Servir y los reglamentos internos de seguridad y trabajo. Además, señalaron que podrían configurarse delitos como peculado de uso, aprovechamiento del cargo y omisión de funciones.
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Denuncias desatendidas
El SIEP recordó que, desde mayo, presentaron denuncias formales ante el Órgano de Control Interno, la Procuraduría Pública y otras instancias. Sin embargo, acusan que las autoridades internas se negaron a abrir investigaciones, restringieron el acceso a pruebas y habrían protegido a los responsables, lo que calificaron como un “blindaje” que agrava la crisis de gobernanza en la institución.
Los trabajadores se deslindan
El sindicato enfatizó que los trabajadores de Osinergmin no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos, que corresponden únicamente a la alta dirección y plana gerencial. Asimismo, advirtieron que existirían intentos de destinar recursos públicos para contratar estudios y campañas mediáticas orientadas a minimizar o encubrir el escándalo.
Llamado a recuperar la ética institucional
Finalmente, el SIEP pidió que Osinergmin recupere su honor, ética y misión de servicio al país. “¡Basta de blindajes, basta de impunidad!”, señaló el comunicado, subrayando que la ciudadanía merece instituciones serias y transparentes.

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