Hidrocarburos
Camisea: existe consenso político y empresarial para renegociar

Renegociar Camisea es una propuesta que empieza a tomar cuerpo. Sobre esa posibilidad se han manifestado a favor casi todas las tiendas políticas, por tanto existe ya un consenso desde ese frente.
El expresidente Ollanta Humala renegoció durante su Gobierno el Lote 88. En la campaña electoral del 2016, los candidatos Alfredo Barnechea, de Acción Popular; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio; César Acuña, líder de Alianza para el Progreso; y Verónika Mendoza, entonces con el Frente Amplio, también prometieron esa renegociación.
En las recientes elecciones generales, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, también se sumó a ese coro. Igualmente lo hicieron Julio Guzmán del Partido Morado, Yonhy Lescano de Acción Popular y Hernando de Soto de Avanza País.
Al abierto interés de los partidos políticos se suman dos empresas del mismo Consorcio Camisea que, están dispuestas a sentarse a la mesa a negociar con el Estado peruano.
Esto fue reconfirmado por el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, a quien algunos de los consorciados le expresaron su disposición a renegociar. De esto tiene conocimiento el presidente Pedro Castillo.
Este diario también pudo conocer que se ha conformado una comisión de especialistas que se encargará de definir los lineamientos de la renegociación. Este equipo de trabajo viene reuniéndose y solo falta una resolución que oficialice su creación.
Un elemento, no menos importante, es que para cualquier renegociación se necesita la decisión unánime de Pluspetrol (operador), Sonatrach, SK, Repsol, Tecpetrol y Hunt Oil, los miembros del Consorcio Camisea. Basta que una de estas empresas diga que no y la renegociación no prosperaría.
Presente del gas natural
Actualmente, en el Perú se producen cerca de 1.500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Este volumen se destina tanto para el mercado interno como para la exportación. No obstante, de la parte que corresponde al mercado interno son 300 millones de pies cúbicos los que deben reinyectarse debido a la ausencia de demanda.
En esa medida, son diversas consideraciones las que se deben analizar para tener claro qué se busca renegociar.
De acuerdo con Luis Espinoza, profesor de la maestría en Gestión de la Energía de ESAN, ese volumen de gas que hoy se reinyecta es suficiente para masificar en el territorio por muchos años, por tanto, en su opinión no es un problema de más gas.
“Por ejemplo, para hacer un millón de casas (con gas natural) se requiere 20 millones de pies cúbicos y para hacer 5 millones de hogares se necesita 100 millones y sigue sobrando gas. No es un problema de volumen, como tampoco del precio del gas”, anotó el experto.
Respecto al precio de venta, Espinoza precisa que para la provincia Pluspetrol lo da a US$ 1 el millón de BTU, que termina siendo 10% del precio de venta del gas natural.
Hasta esta etapa es lo que corresponde a la parte del productor (Pluspetrol), que además de gas natural también explota líquidos de gas natural, de donde sale el GLP. Este energético tiene una producción declinante y que, por tanto, necesitará ser suplido con importaciones o un mayor consumo de gas natural.
Situación contractural
En 2028 culmina el contrato de Perú LNG, operador de la planta Pampa Melchorita. Este hecho pondría fin a la exportación porque, “a partir de allí ya no hay gas para ellos”, precisa Espinoza.
Lo que también es cierto es que Perú LNG, a través de Hunt Oil, tiene participación en los lotes 88 y 56.
Otro contrato próximo a vencer, en 2033, es el de Transportadora de Gas del Perú (TGP). Culminada esa concesión, la operación del transporte del gas natural y de los líquidos de gas natural que salen desde Cusco hasta la costa regresa gratis al Estado.
“Teniendo tan cerca la caducidad de esos contratos yo no sé qué habría que renegociar allí. Lo que nosotros como país no hemos hecho es más ductos o ramales, así como tampoco un plan más agresivo de masificación. En el Perú son 5 millones de hogares con GLP, a eso se debe llegar con gas natural”, enfatizó.
¿Qué renegociar?
Aun sin tener certeza de lo que buscará renegociar el Estado con el Consorcio, algunas pistas se desprenden del ideario de Perú Libre. En este documento se menciona que el verdadero impuesto anual -entre canon, regalías e impuesto a la renta- que debe pagar el operador sería de US$ 23.000 millones, empero hoy paga US$ 1.135 millones.
Según los especialistas consultados para este informe, la proyección de ingresos toma marcadores internacionales máximos de un momento coyuntural, por tanto el cálculo de Perú Libre es con base en una cuenta mal hecha.
En opinión de Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult, lo primero que debe tenerse claro es la política energética de este Gobierno, de tal manera “se saldrá de una discusión política, para ir a una discusión técnica”, con el objetivo de masificar el gas y de “consumir menos GLP, y encontrar una solución al tema del transporte y llevar más gas al interior del país”.
Asimismo, el también exministro de Energía y Minas precisó que el Gobierno deberá decidir si la infraestructura necesaria para avanzar con la masificación será encargada a privados, lo cual ve difícil por el nivel tan pequeño del mercado, o se avanza a través de APP o iniciativas públicas.
“Esto es un tema económico y dependerá de cómo se paguen los costos y que el consumidor tenga una tarifa, que se conecte y bote el balón de GLP; para ello la única forma es que cambie el gas natural y se quede con dinero en el bolsillo, que económicamente se beneficie”, subrayó.
Para Germán Alarco, profesor investigador de la Universidad del Pacífico, la prioridad absoluta, en el marco de un posible renegociación, es la atención al consumo interno del gas natural y en segundo lugar la extensión de la mejora en los precios para el mercado doméstico.
“La intensificación del uso del gas natural no solo reduciría las importaciones de derivados del petróleo, sino que reduciría los costos energéticos para familias y empresas entre 1% y 2% del PBI”, estimó.
Según Alarco, además del proceso de renegociación se puede ir avanzando al mismo en otras actividades. Citó, entre ellas, al gasoducto del sur peruano; diseñar y desarrollar otros gasoductos; ampliar las redes de distribución urbana; establecer redes de distribución en otras ciudades de la sierra sur; y obligar el uso del gas natural vehicular en todo el transporte público urbano e interurbano a nivel nacional. “Esto último debe caminar con programas de financiamiento vía el precios del GNV, como se hizo anteriormente”.





Congreso también apoya
El Parlamento es otro frente en el que la posibilidad de renegociar Camisea también genera unidad. “Los contratos no están escritos sobre piedra. Están sujetos a negociación. El objetivo es que el precio del gas sea accesible a la población”, manifestó Carlos Anderson, de Podemos Perú.
En Renovación Popular, el portavoz alterno Alejandro Muñante, señaló que todo contrato puede ser renegociado, pero dentro del marco del Estado de derecho, nada fuera de él.
Wilmer Elera, vocero alterno de Somos Perú, opinó en la misma línea. “Para negociar los contratos tenemos que fijarnos sobre el tema constitucional. Si se hace dentro del respeto irrestricto, evidentemente que sí se puede. Me gustaría que tengamos la oportunidad, sobre todo en la zona del sur. En este caso, tenemos la oportunidad de hacer la renegociación dentro del marco constitucional y las leyes peruanas. Yo pediría renegociar para que no se venda el gas a S/ 100″, dijo.
Claves
Mercado. Unos 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural se destina al mercado nacional.
Tareas. El Congreso tiene las siguientes funciones en esta encrucijada: fiscalizar que el Ejecutivo no vulnere el Estado de derecho y no cometa infracciones a la Constitución en la renegociación. En caso el Gobierno opte por la expropiación, necesitará una ley, que debe pasar antes por manos del Parlamento.
PCM plantea renegociar desde el 6 de octubre
El lunes pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dejó en las oficinas de Pluspetrol un oficio (que no habría pasado por Consejo de Ministros) manifestándoles “el propósito del Gobierno peruano de establecer un nuevo pacto, que implique la renegociación de contratos, en beneficio del Estado peruano y en función a los intereses del conjunto de la población del Perú”.
Asimismo, el documento consigna una invitación a participar en una primera sesión de trabajo en las instalaciones de la PCM el día miércoles 6 de octubre.
El oficio suscrito por el premier Bellido llevó copia al Ministerio de Energía y Minas (Minem), y si bien lleva el sello de recibido de Pluspetrol, señala claramente “sin estar necesariamente de acuerdo con el contenido”.

Reacciones
César Acuña, APP
“Es un abuso. Nosotros somos productores de gas, y la verdad es que no debería importarse porque no hay acuerdos que beneficien al país. Tenemos que hacer un estudio y reajustar todo”.
Keiko Fujimori, Fuerza Popular
“(Queremos) poder investigar y renegociar los contratos del gas de Camisea. Sabemos hoy que las regalías que recibe el Perú son mínimas. Queremos saber qué contrato firmó Pedro Pablo Kuczynski”.
Hernando de Soto, Avanza País
“Se puede cambiar cualquier aspecto monopólico que no le permite al Estado modificar la situación del gas. El problema con Camisea es que no hay con qué compararlo, eso ya no debe ocurrir”.
Alfredo Barnechea, Acción Popular
“Yo no planteo expropiar nada, yo no planteo desconocer los contratos, sino renegociarlos para que nosotros podamos supervisar los precios de referencia. Voy a negociar los contratos”.

Combustible
Dos refinerías de Petroperú se paralizarían si no se inyectan US$ 2,000 millones

Petroperú atraviesa una crítica situación financiera que ya impacta directamente en sus operaciones, tras la paralización de la refinería de Iquitos y el riesgo inminente de detener las plantas de Talara y Conchán por falta de recursos para adquirir materias primas.
Así lo advirtió el presidente de la empresa estatal, Roger Arévalo, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde detalló que la compañía enfrenta severas limitaciones de liquidez que afectan su capacidad operativa.
Según explicó, las deudas totales de Petroperú ascienden a US$ 7,899 millones a febrero de este año, de los cuales US$ 3,578 millones corresponden a obligaciones de corto plazo, incluyendo capital de trabajo que actualmente no está disponible.
El funcionario precisó que la empresa mantiene deudas por US$ 2,500 millones con proveedores, quienes han comenzado a exigir pagos al contado, lo que ha generado restricciones en el suministro de petróleo necesario para el funcionamiento de las refinerías.

Como consecuencia, la refinería de Talara opera actualmente a una producción reducida de 60,000 barriles por día, mientras que la planta de Iquitos ya se encuentra paralizada, siendo abastecida desde Lima.
«La refinería de Iquitos ya paró, estamos abasteciendo a (la ciudad de) Iquitos desde Lima, hemos financiado (el funcionamiento de) la refinería con capital de proveedores y no pagamos porque no tenemos plata», aseveró.
Medida de emergencia
Ante este escenario, el Gobierno evalúa implementar una medida de emergencia que permita obtener financiamiento por US$ 2,000 millones a través de una entidad privada, respaldada por una garantía contingente.
No obstante, la aprobación de esta iniciativa se ha visto retrasada debido a interpretaciones normativas, lo que agrava la urgencia de la situación financiera de la empresa estatal.
Arévalo también planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de capitalización que incluya aportes estatales, señalando que, sin medidas inmediatas, Petroperú podría verse obligada a paralizar completamente sus operaciones.
“Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que también se pida un sistema de capitalización allí sí es aporte del Estado (…), hay que capitalizar lo que dé el Banco de la Nación”, puntualizó.
“En algún momento se tiene que capitalizar (a la empresa) un decreto de urgencia (el DU 010) no puede incluir capitalización, dennos los US$2,000 millones, sino paramos, estamos por parar Conchán, estamos por parar Talara», insistió el funcionario.
En paralelo, el ejecutivo cuestionó el Decreto de Urgencia 010, indicando que la reorganización planteada podría replicar esquemas previos de fragmentación de activos que derivaron en procesos de privatización.

Participación en el mercado de combustibles
Finalmente, reconoció que la empresa ha perdido participación en el mercado de combustibles, situándose entre 19% y 20%, por debajo de estimaciones previas, y adelantó que buscarán recuperar competitividad mediante estrategias de precios.
«Yo me he propuesto hacerlo de todas maneras en el corto plazo, porque definitivamente necesitamos regresar a ese nivel de competitividad para Petroperú (con una participación del 50%)», anotó.

Combustible
Petroperú reportó utilidades, pero no por eficiencia sino por reducción de actividad y de costos

A marzo de este año, Petroperú registró una utilidad neta de US$133.2 millones, luego de perder US$111.2 millones en el mismo periodo de 2025, según reportó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Sin embargo, la mejora de resultados no respondería a una mayor eficiencia operativa, sino a una reducción de actividad y de costos.
Durante el primer trimestre del año, las compras de crudo de la petrolera cayeron casi 40% y pasaron de US$1,008 millones entre enero y marzo de 2025, a US$608.5 millones en el mismo periodo de 2026.
En paralelo, el costo de ventas se desplomó 48.5%, debido a que la empresa adquirió menos petróleo y redujo su operación. A la vez, los ingresos ordinarios retrocedieron 21.4%, reflejando una menor actividad comercial y menores ventas de combustibles.

En su informe financiero, Petroperú reconoce que viene registrando una reducción en los niveles de venta de combustibles en el mercado interno, asociada al menor volumen de producción de diésel de bajo azufre y Turbo A1. Según explicó, esto se debe a problemas de liquidez que afectaron el suministro de crudo para su procesamiento y a paradas programadas de algunas unidades por mantenimiento. Asimismo, la petrolera señaló que aún está en proceso de estabilización de la refinería de Talara.

Hidrocarburos
SNMPE: no se dan señales claras de avances en reestructuración de Petroperú y nuevo apoyo financiero generaría riesgos fiscales

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó que otorgar un nuevo apoyo financiero a Petroperú por US$2,000 millones, mediante una garantía a un préstamo, implicará que el Estado asuma un riesgo fiscal sin visos de una reestructuración real y técnica de la petrolera estatal.
“La crisis financiera de Petroperú es pública desde hace años, pero ya no es viable continuar dándole fondos o garantías ante la falta de evidencias de que se está buscando corregir su situación económica y operativa, así como de los avances concretos en su proceso de reestructuración y buena gobernanza que ofrecieron en su oportunidad las autoridades”, comentó el gremio minero energético.
La SNMPE señaló que Petroperú no puede seguir operando en base al apoyo financiero que le viene dando el Estado, el cual solo en el periodo de 2017 a 2024 ascendió a más de US$ 5,225 millones, desviando recursos que podrían servir para mejorar los servicios de salud, educación, saneamiento, entre otros, que necesita la población que viven en zonas de extrema pobreza.
“Hemos manifestado en reiteradas oportunidades que es importante para el país y las arcas fiscales, que la petrolera estatal compita en igualdad de condiciones con otros agentes del mercado, tanto en el segmento upstream como en el downstream”, indicó el gremio, al alertar que los lotes petroleros que le fueron entregados a Petroperú en los últimos años, hoy se encuentran paralizados o con niveles de producción reducidos.

Asimismo, puntualizó que con el transcurrir de los meses se ha perdido el apoyo político a los objetivos que se plantearon a través del D.U. N° 10 – 2025 que buscaban una solución integral a la crisis de Petroperú; y que lamentablemente, se agudiza la inestabilidad de la petrolera estatal con los sucesivos cambios de directorios y la dación de medidas paliativas.
De otro lado, la SNMPE informó que, en la actualidad, la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que aún no honra el Estado peruano con las empresas hidrocarburíferas que operan en el país asciende a más de 900 millones de soles y que esta situación, más allá del impacto que genera en los agentes del sector y la falta de predictibilidad, no permite el funcionamiento adecuado de este mecanismo destinado a mitigar el efecto económico que a la fecha genera la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles.
Finalmente, subrayó que la reactivación del sector hidrocarburos es prioritaria y para ello se requiere medidas claras y urgentes que permitan recuperar esta industria, por lo que es vital promover una política promoción de inversiones, acompañada con acciones orientadas garantizar la seguridad energética para el país.
Fuente: Perú 21

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