Sector
Cuidar los tubos de Odebrecht costará S/ 172 millones más este año
Cuidar los tubos del fenecido Gasoducto Sur Peruano (GSP), abandonados por Odebrecht, costará S/ 172 millones 094.489 en el 2022. Por quinto año consecutivo, el Estado peruano invertirá entre US$ 42,5 millones solo para evitar que se deterioren o sean vandalizados mientras se resuelve el litigio que mantiene con la brasileña, según figura en la Ley de Presupuesto del periodo entrante. Sin embargo, el Gobierno está próximo a darle solución.
El resguardo de las tuberías, que tienen un potencial valor ya demostrado, está íntimamente ligado con la decisión del gobierno del presidente Pedro Castillo para sacar o no adelante el proyecto del SIT-Gas, que llega para cubrir la ruta de masificación dejada por el GSP, y el resultado de los arbitrajes internacionales que el Estado mantiene con Enagás (cuyo resultado podría conocerse en 2022 o 2023) y Odebrecht (que podría salir en 2024).
En esta línea, el Gobierno debe tomar la decisión acertada sobre cómo llevar a cabo el nuevo gasoducto y cuál es la política que se tendrá que seguir en el plano legal. Como se recuerda, el pasado 3 de octubre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó la resolución suprema n.° 108-2021-PCM, creada para la comisión multisectorial encargada la renegociación del contrato del gas de Camisea, la cual tenía una vigencia de 60 días hábiles.
Actualmente, dicha comisión, cuyo plazo de existencia se ha consumido, maneja cuatro alternativas para la continuidad de esta obra clave para llevar el gas natural a las regiones del sur del país, y con ella reorientar la matriz energética del Perú: obra pública, asociación público privada financiada, asociación público privada cofinanciada y gobierno a gobierno. Todo queda en manos del grupo conformado por cinco ministerios, además de PCM: Minem, MEF, Mincetur, Minjus y Cancillería.
Venia de Mott Macdonald
También se cumplen 15 meses desde que Minem anunció que la consultora británica Mott Macdonald, contratada para evaluar las posibilidades de retomar el proyecto -llamado a ser la piedra angular de la masificación del gas en sur-, terminó su cuarto informe referido a su prefactibilidad, ahora como SIT Gas, con una “inversión estimada de US$ 4.500 millones”.
Este informe no se ha hecho público en su totalidad, pese al pedido de distintas organizaciones y profesionales del ramo, que demandan conocer los pormenores de una obra emblemática para la campaña y asunción del presidente Castillo. Pero sí se han ido conociendo detalles.
La consultora analizó varias alternativas al proyecto original del GSP. La primera, utilizar el transporte marítimo, a partir de las instalaciones de Peru LNG en Pampa Melchorita (Cañete), de donde ahora se exporta el gas del Lote 56 de Camisea a México y otros destinos. La segunda alternativa sería el llamado “gasoducto costero”. Desde Pisco, se llevaría el gas por tierra hasta Arequipa y de ahí “se subiría” a la sierra peruana. Es decir, conectar Ica con Arequipa con un tubo por toda la costa, para luego llevar por camión cisterna el gas a Puno, Tacna, etc. desde la Ciudad Blanca. La tercera alternativa sería seguir la misma ruta que el caducado GSP.
La alternativa marítima fue la más cara: todas sus variantes superan los US$ 6.000 millones. Le sigue el gasoducto costero, con valores por encima de US$ 5.700 millones. La vía más económica y eficiente resultó ser la que sigue el mismo trazo que el caducado gasoducto: US$ 4.320 millones.
Nueva licitación en 2022
Si Mott Macdonald preparó el informe fue porque el Estado gestionó una opinión técnica, reconocida mundialmente, en torno al GSP, ahora encaminado como SIT-Gas, el cual continuaba siendo viable por encima de los escándalos en torno a su licitación con Odebrecht. La nueva licitación debe darse, precisamente, este 2022.
Con todo esto, en opinión de diversos especialistas del sector, es de vital importancia mantener el trazo original del GSP para aprovechar la tubería comprada, parte de la cual ya ha sido tendida bajo tierra, y cuyo valor se estima extraoficialmente por encima de los US$ 1.200 millones. Los estudios de demanda del SIT-Gas, que hasta la salida del exministro Jaime Gálvez no se habían culminado, ya están listos.
Mientras tanto, Perú le ha pagado más de US$ 216 millones a la colombiana Estudios Técnicos SAS para el cuidado de los tubos desde el segundo semestre del 2017.
Ello, contando las eventuales inyecciones de capital asumidas este año por el MEF, debido a la volatilidad del dólar. Es el caso del pasado 10 de noviembre, cuando se transfirieron S/ 29 millones adicionales a los S/ 150 millones originalmente previstos para el 2021, a cargo de Osinergmin, debido a que los recursos “solo alcanzaron hasta el mes de octubre”.
Demanda de gas en el sur ratificada
En su informe, Mott Macdonald afirma que el proyecto es económica y socialmente rentable. La rentabilidad social es US$ 4.580 millones y se paga en dos años. Las dos terceras partes le corresponden al ahorro para los consumidores de gas (ya no tienen que pagar los combustibles más caros).
Para la consultora, la demanda del SIT-Gas alcanza los 4.85 TCF de gas para los 30 años de su duración. Esto equivale a un consumo anual de 473.8 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd).
Sí se puede llegar a las 4.85 TCF que requiere el SIT: el Lote 88 proveería (1) TCF, el Lote 56 aportaría 0.29 TCF, seguido del Lote 57 con 1.43 TCF. El proveedor más grande sería el Lote 58, de la china CNPC, con 2.13 TCF.
Las cifras
1.080 kilómetros de ductos ocupaba originalmente el Gasoducto Sur Peruano.
90 % de conexiones del gas de Camisea están en Lima.
S/ 124 millones ha pagado hasta el momento Odebrecht de reparación al Perú por otros cuatro casos.
Sector
MINEM fortalece acciones para avanzar en medidas de remediación ambiental y diálogo social en Áncash
o A través de OGGS, participa en mesas técnicas para impulsar acciones sostenibles en beneficio de la población.
El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, se reunió con el congresista Elías Varas para abordar las acciones que el sector viene ejecutando en la región de Áncash, a través del Viceministerio de Minas y la Oficina General de Gestión Social (OGGS), en el marco de la política de desarrollo sostenible del sector minero.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) afirmó que su gestión viene impulsando acciones orientadas a fortalecer el diálogo social, promover una gestión ambiental responsable y generar mejores condiciones para el desarrollo de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia minera en la región.
A su turno, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, informó que el MINEM viene participando en las sesiones de la Mesa de Trabajo Multisectorial liderada por el Gobierno Regional de Áncash, coordinando con las entidades y actores vinculados en torno a la identificación de los posibles impactos ambientales asociados a la actividad minera en Huarmey.
Añadió que este análisis permitirá identificar responsabilidades y definir las medidas de remediación ambiental que correspondan, las cuales podrán ser ejecutadas por el Estado o por el sector privado, según las competencias determinadas.
En materia de gestión hídrica, la jefa de la OGGS, Fabiola Huallpa, señaló que el MINEM viene facilitando los espacios de diálogo entre la empresa minera Barrick y los Comités de Usuarios de Agua (CUA) de Atupa y Antahuran, con el objetivo de alcanzar consensos respecto al volumen de agua que sería otorgado como compensación por el uso del manantial Yarcok.
Los participantes destacaron la importancia de impulsar proyectos estratégicos con impacto directo en la población, como la construcción de plantas de tratamiento de agua con sistemas ablandadores, que permitan mejorar la potabilidad del recurso hídrico en zonas con tierras mineralizadas por causas naturales o actividades extractivas.
El MINEM reafirma el compromiso de continuar promoviendo un trabajo técnico y articulado con los gobiernos subnacionales y poderes del Estado, que contribuya a una gestión eficiente y al desarrollo de proyectos en beneficio de la mejora de la calidad de vida de las familias en la región.
Combustible
Waldir Ayasta Mechán es el nuevo ministro de Energía y Minas en reemplazo de Ángelo Alfaro
El nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, asumirá una cartera marcada por la crisis energética que viene generando alza de precios en los combustibles por la crisis del gas. Anteriormente fue viceministro de Electricidad.
El Gobierno de José María Balcázar, designó a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en reemplazo de Ángelo Alfaro, quien renunció a su cargo por estar vinculado en una denuncia por violación sexual.
Ayasta Mechán es ingeniero eléctrico, que asumirá el mando de una cartera con pendientes urgentes por resolver ante la crisis energética que viene generando alza de precios de los combustibles, lo que golpea el bolsillo de los ciudadanos.
El nuevo ministro de Energía y Minas se venía desempeñando, desde el 21 de enero de 2026, como gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A.
Perfil
Waldir Ayasta es ingeniero mecánico eléctrico graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), con especialización en Alta Dirección Empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
Cuenta con 25 años de experiencia en empresas del sector eléctrico como Electronorte, grupo Distriluz, Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.
Su perfil profesional está basado en conocimiento de negocios y competencias integrales para el desarrollo de organizaciones.
El funcionario también es catedrático de la facultad de ingeniería mecánica y de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Actualidad
Exdirector de Formalización Minera denuncia cobro de US$30 mil y revela presunta red de corrupción en el MINEM
El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.
Presunto cobro y red de intermediarios
Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.
El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.
La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.
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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites
El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.
Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.
En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.
Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político
El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.
El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.
Vínculos regionales y empresariales
La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.
En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.
Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber
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