Cada proceso electoral moviliza a miles de trabajadores que asumen el rol de miembros de mesa y permanecen más de 12 horas cumpliendo una función cívica obligatoria. Sin embargo, el día siguiente a la votación suele abrir una discusión en algunas empresas: ¿el descanso es realmente obligatorio o puede coordinarse según la carga operativa?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859) y las disposiciones emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos que ejercen como miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso remunerado posterior a la jornada electoral, siempre que presenten la constancia correspondiente. No se trata de una liberalidad del empleador ni de un beneficio sujeto a políticas internas: es una obligación legal.

Negar este derecho no solo expone a la empresa a eventuales sanciones administrativas, sino que puede generar contingencias laborales y afectar su reputación interna, en un contexto donde el cumplimiento normativo es cada vez más observado por los propios colaboradores.

“Este descanso no está sujeto a negociación. Es un derecho reconocido por ley y las organizaciones deben asumirlo como parte de su responsabilidad institucional. Cuando una empresa decide relativizar por razones operativas, el mensaje que transmite es que el cumplimiento legal puede adaptarse a la conveniencia del momento”, sostiene Daniel Abusabal, country manager de Talana en Perú.

Si bien en la práctica algunas compañías coordinan con el trabajador la fecha exacta en la que se hará efectivo el descanso, especialmente en sectores críticos o de operación continua, ello no implica su eliminación. La norma garantiza el beneficio; la gestión interna puede ordenar su aplicación, pero no suprimirlo.

Más allá del cumplimiento formal, el verdadero desafío para las organizaciones está en cómo incorporan estas obligaciones dentro de su planificación operativa. Los procesos electorales son eventos previsibles; por lo tanto, la gestión adecuada del descanso de miembros de mesa forma parte de una correcta administración de riesgos laborales y continuidad del negocio. No anticiparlo no es un problema legal, es un problema de gestión.

“Las compañías que integran estas variables en su planificación demuestran madurez organizacional. No se trata solo de otorgar un día libre, sino de entender que el cumplimiento normativo y la operación eficiente no son opuestos, sino parte de una misma estrategia de gestión”, finaliza Abusabal.

El ministro del Interior, José Zapata Morante, anunció el despliegue de más de 61 000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en todo el país para asegurar el normal desarrollo de las elecciones generales de este domingo 12 de abril.

El titular del sector precisó que el contingente policial cumplirá funciones específicas de resguardo en los locales de votación, sedes de los organismos electorales y almacenes de material electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia, el orden y la fluidez del proceso democrático.

Asimismo, informó que el plan operativo contempla la protección de candidatos y el acompañamiento permanente en el traslado del material electoral, asegurando su integridad antes, durante y después de los comicios.

“Se brindará seguridad a los locales de votación, a los candidatos y al transporte del material electoral, garantizando en todo momento la tranquilidad de la ciudadanía”, detalló el ministro del Interior.

Zapata Morante remarcó que este despliegue no afectará las labores de seguridad ciudadana. Por el contrario, la PNP mantendrá su presencia activa en las calles para prevenir hechos delictivos, especialmente ante la alta afluencia de personas prevista durante la jornada electoral.

Estas acciones se ejecutarán de manera articulada con las Fuerzas Armadas, en el marco de un esfuerzo conjunto para asegurar el desarrollo pacífico y ordenado de las elecciones.

Al menos 14 unidades de transporte público, entre combis y cústeres, se quemaron en un incendio de gran magnitud desatado esta madrugada en la cochera del Mercado Túpac Amaru, ubicado en el jirón Pallcamarca, en el distrito limeño de Independencia.

Los propios comerciantes y los dueños de los vehículos intentaron apagar el fuego, pero este avanzaba incontrolable. A los minutos, llegaron los bomberos, que lograron sofocar las llamas.

No obstante, el daño ya estaba hecho: 14 unidades terminaron calcinadas, según informó Roger Blas Hernández, jefe de la Primera Brigada de Lima Norte.

“Son 14 vehículos entre combis y cústeres, (por el incendio) suscitado en lo que es en una cochera. La emergencia ha sido controlada, ya han estado diez vehículos contraincendios, hemos trabajado con 29 bomberos al momento”, detalló el alto mando.

Incendio en investigación

Al lugar, acudieron agentes de la Policía Nacional, que abrieron una investigación para determinar las causas del incendio, no descartándose que este haya sido provocado.

De hecho, los vecinos advirtieron que, antes de iniciarse el incendio, se escucharon varias explosiones.

Algunos transportistas, indicaron que sus unidades pertenecían a distintas empresas, como Sumito S.A.C., Correcaminos, entre otras; y no descartaron que se trate de un caso de extorsión. 

Y es que la quema de unidades es una modalidad muy usada por las bandas criminales, para amedrentar a los transportistas, a fin de que accedan a pagar cupos. De hecho, solo esta semana se registró un ataque similar contra un mototaxista de Ventanilla, que perdió su herramienta de trabajo.

Esto se suma a otros atentados contra el gremio, como el ataque a balazos contra un bus de la empresa Vipusa, perpetrado hace unos días en plena Panamericana Norte, en la jurisdicción de Puente Piedra. En la balacera, una pasajera perdió la vida.

Fuente: RPP