Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA, aclaró de manera enfática que no existe ninguna regulación que obligue a las compañías distribuidoras a destinar la oferta de GLP de Ecopetrol, exclusivamente al sector residencial. “De hecho, la oferta actual de ECOPETROL con precio regulado solamente alcanza para atender la mitad de la demanda de los hogares, una cifra que continuará disminuyendo drásticamente el próximo año. El resto de las necesidades se atiende con GLP importado.Es desafortunado que, frente a los retos de abastecimiento que tiene el país, se busque restringir la libre competencia acudiendo al regulador para proteger artificialmente el mercado del gas natural”, precisó.

Preocupan las declaraciones de VANTI carentes de sustento técnico, en la medida en que:

1.- El abastecimiento de gas natural en el corto, mediano y largo plazos no está resuelto del todo. Hay incertidumbres sobre reservas probadas a incorporar (onshore y offshore), curvas de producción, tasas de declinación, la oportunidad y real ejecución de los proyectos de importación de gas natural, entre otros.

2.- No es prudente dar un parte de tranquilidad al país en el sentido de que está asegurado el abastecimiento de gas natural durante el fenómeno de El Niño, salvo contingencias.

3.- Este tipo de afirmaciones mandan señales equívocas que pueden inducir a error en la toma de decisiones para garantizar la seguridad energética del país.

4.- La industria sí ha tenido carencia de suministro de gas natural en firme. La falta de dicha firmeza y el mejoramiento de la competitividad del GLP, debido a los incrementos en los precios del gas natural, explican la decisión de la industria de pasarse al GLP.

5.- Es desafortunado que se pretenda restringir la competencia entre el GLP y el gas natural, acudiendo a la expectativa de que la CREG expida regulaciones que la limiten o la prohíban, con el ánimo de proteger el mercado del gas natural.

6.- El real desbalance entre los dos energéticos, que es de vieja data, radica en que el sector del gas natural opera bajo condiciones de monopolio, y tiene subsidios al consumo en todo el país, mientras que el GLP solo tiene en los estratos 1 y 2 de 6 departamentos. Por ejemplo, Chocó no tienen acceso a subsidios al consumo de GLP.

De otra parte, GASNOVA explicó que la industria del GLP se anticipó a la actual situación de abastecimiento, con inversiones privadas frente a la caída sostenida de la oferta nacional de este combustible. Los distribuidores del GLP en el país han emprendido importantes inversiones en infraestructura portuaria, así como para el fortalecimiento de la logística del transporte por carretera y tren (piloto Chiriguaná – La Dorada).

Gracias a esta oportuna planeación logística y financiera de los distribuidores, el sector cuenta con la capacidad para traer el producto desde el exterior. Se estima que, a comienzos de 2027, más del 70% del consumo nacional provendrá de importaciones, asegurando el suministro sin depender de la oferta decreciente de los campos productores del país. El Gas Licuado del Petróleo (GLP), reconocido oficialmente por ser un combustible limpio, se ha consolidado como un servicio esencial para 12 millones de personas en el 98% del territorio nacional, brindando seguridad energética cuando más se requiere.

“En momentos de estrés energético el país necesita acudir a todas sus fuentes, diversificando la canasta para garantizar la seguridad en el suministro. El gas natural y el GLP deberían trabajar bajo un escenario de colaboración y complementariedad, para atender los retos de abastecimiento”, afirmó el presidente de GASNOVA.

El experto internacional peruano Carlo Renato De Los Santos analizó el rol del Estado frente a la pobreza energética y destacó al GLP como una opción costo-eficiente para ampliar el acceso a energía en poblaciones vulnerables.

En el marco del 8.º Congreso Internacional del GLP, realizado en el Club El Nogal de Bogotá, el experto internacional peruano Carlo Renato De Los Santos abordó la problemática de la pobreza energética en América Latina y su impacto sobre el desarrollo humano, destacando la necesidad de una intervención articulada entre el Estado y el sector privado.

Durante su exposición, De Los Santos explicó que la pobreza energética es un fenómeno multidimensional que trasciende el acceso a un energético y tiene efectos directos sobre las condiciones de vida, la salud, el desarrollo económico y la productividad de las poblaciones más vulnerables.

GLP presenta mayor costo-eficiencia

Uno de los aspectos centrales de su análisis fue la diferencia en los costos de acceso entre el GLP y el gas natural por redes. Según los datos presentados, conectar a una familia mediante cilindros de GLP representa un costo aproximado de US$295, incluido el consumo anual, mientras que una conexión a una red de gas natural demanda alrededor de US$976.

Esta diferencia, sostuvo, convierte al GLP en una alternativa que permite ampliar la cobertura energética de manera más rápida y con menores requerimientos de inversión, particularmente en zonas donde la infraestructura de redes todavía no está disponible.

Impactos sociales y ambientales

El especialista también destacó los beneficios asociados a la transición del uso de leña hacia el GLP. Además de contribuir a detener la deforestación, este cambio permite reducir la exposición al humo y, con ello, la morbilidad asociada a enfermedades respiratorias.

Otro impacto relevante se produce sobre el tiempo destinado por las mujeres rurales a las labores domésticas. De acuerdo con los datos expuestos, el acceso a GLP puede representar un ahorro de entre tres y cuatro horas diarias de trabajo no remunerado, liberando tiempo para actividades productivas, educativas o de cuidado.

En el caso colombiano, De Los Santos señaló que reducir la pobreza energética podría generar un ahorro estimado de US$13.877 millones, cifra que evidencia el impacto económico que puede tener una política efectiva de acceso a energía moderna.

Focalización y articulación público-privada

Frente a este escenario, el experto planteó que las políticas para combatir la pobreza energética deben sustentarse en una adecuada focalización de los recursos, de modo que los beneficios lleguen efectivamente a las poblaciones que más los necesitan.

“Reducir la pobreza energética requiere una adecuada focalización y, sobre todo, un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado”, sostuvo.

De Los Santos remarcó que el GLP constituye una alternativa accesible, eficiente y de rápida implementación, capaz de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables y avanzar en la reducción de las brechas de acceso energético en América Latina.

Este fue el mensaje central que dejó la conferencia del director del gremio mundial del GLP, que participó en el 8° Congreso Internacional del GLP – GASNOVA “Energía en crecimiento”.

Durante el desarrollo de la segunda jornada del 8° Congreso Internacional del GLP organizado por GASNOVA, James Rockall, CEO de la World LPG Association (WLGA), enfatizó que un marco regulatorio basado en la libre empresa, un precio funcional y una competencia real son los motores esenciales en cualquier país para transformar y garantizar el suministro de Gas Licuado del Petróleo (GLP) a los sectores residencial, comercial e industrial.

En su conferencia «Haciendo que los mercados del GLP sean funcionales», Rockall señaló que las políticas públicas deben enfocarse en un diseño de mercado que asegure que el sector privado tenga las reglas adecuadas para invertir y para operar de manera eficiente.

El líder gremial internacional desmitificó la efectividad de los subsidios universales, argumentando que un precio artificialmente bajo suprime las decisiones de inversión privada en todos los eslabones de la cadena de suministro, desde la producción e importación hasta el llenado y transporte. «Un precio que es demasiado bajo para sostener el suministro es inalcanzable si el cilindro no está disponible», sentenció Rockall, explicando que la voluntad operativa de la industria desaparece cuando el margen de retorno es inviable, lo que termina perjudicando directamente al consumidor final. Debe subsidiarse directamente a los usuarios que realmente lo necesitan y no al producto.

La evidencia internacional compartida por la WLGA, respaldada por estudios del Banco Mundial, demuestra que los subsidios universales a todos los usuarios suelen ser capturados desproporcionadamente por usuarios comerciales o familias de mayores ingresos, abriendo la puerta al contrabando, la escasez y el mercado negro. Como referente en América Latina, Rockall destacó la evolución regulatoria de Brasil, que tras enfrentar el peso fiscal de subsidios universales insostenibles, implementó el programa «Gas do Povo». Este modelo es un caso de éxito al focalizar el apoyo estatal de manera directa y exclusivamente en los hogares vulnerables, separando efectivamente la política de acceso social, de la política de fijación de precios.

Al analizar el panorama energético colombiano, el CEO de la WLGA comentó que el país cuenta con un mercado en gran medida libre y funcional que no requiere intervenciones disruptivas. Destacó que, si bien Ecopetrol ha tenido  su precio de venta regulado, hoy solo suple el 30% – 40% de la demanda. El volumen restante proviene de importaciones a precios de mercado que fomentan un ecosistema altamente competitivo. Es en este eslabón donde las empresas han asumido un rol logístico y comercial protagónico, que garantiza el acceso en el 98% del territorio colombiano.

El marco regulatorio ideal, según la visión global de la WLGA, requiere una regulación activa pero objetiva que apunte a resultados concretos: seguridad en el manejo del producto, fomento legal de la libre competencia, y protección a los usuarios a través de estándares predecibles. Proteger a las personas, no distorsionar los precios, es el pilar para que el GLP mantenga su condición de asequibilidad, seguridad y sostenibilidad en el tiempo.

Finalmente, Rockall invitó a la industria latinoamericana de GLP a actuar ahora y seguir uniendo esfuerzos de manera articulada para construir resiliencia frente a la incertidumbre global. Estos debates regulatorios y operativos sobre seguridad y suministro continuarán marcando la agenda mundial del sector durante la Liquid Gas Week, cumbre que se celebrará en Estambul del 12 al 16 de octubre de 2026.