Tan solo un día después de asumir el cargo, la premier Mirtha Vásquez instaló la comisión multisectorial de naturaleza temporal que abordará la renegociación del contrato de concesión para la explotación del gas natural de Camisea. Aunque a dicha reunión no fueron invitados ni como observadores las autoridades locales de la zona de donde se extrae el recurso, lamentó el alcalde de la provincia de La Convención, en Cusco, Hernán De La Torre Dueñas.

El actuar de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha sido criticado también por el Comité Central de Lucha de la provincia cusqueña, que decidió ayer dar un plazo a la premier Mirtha Vásquez, hasta el 15 de octubre, para que los incluya en la comisión de renegociación.

“Estamos cansados de que se diga que el gas es de La Convención pero no exista ningún beneficio aquí. Entonces, si no nos integran informaremos a las bases y ellos tomarán acción, y si se decide hacer un paro, no será ni en Cusco ni en Quillabamba, sino, en Kiteni para dentro (Bajo Urubamba) y cerraremos el caño del gas”, dijo Sergio Sota Villena, presidente del Comité Central de Lucha, el cual está integrado por Sutep-La Convención, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba. (Comaru), Federación de Campesinos y Federación de Trabajadores.

El objetivo de la provincia gasífera, donde el balón de gas domiciliario se cotiza entre los S/ 52 hasta los S/ 110 (principalmente en las comunidades nativas más cercanas a los lotes 86, 87, 88 y 56), es que el Ejecutivo tome en cuenta sus demandas en el marco de la renegociación que se alista con el consorcio Camisea (integrado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK, Tecpetrol y Repsol), la empresa Repsol, la china National Petroleum Corporation y la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

“Me parece que quieren renegociar a espaldas del pueblo”, opinó el alcalde provincial.

Propuestas de renegociación

¿Qué implica para los representantes de La Convención la renegociación? Según Hernán De La Torres, un primer factor es “una cultura solidaria” a través de la cual, las empresas operadoras del gas natural contribuyan hasta con el 10% de sus utilidades anuales para destinarlos a proyectos de infraestructura, como puentes, caminos, maquinaria pesada, obras de salud, así como en proyectos para la revaloración de la cultura quechua-matsiguenga.

“Durante la pandemia le hemos pedido a las empresas operadoras apoyo con una ambulancia, planta de oxígeno, pero nada. Mientras en Chumbivilcas, las mineras que sí tienen responsabilidad social aportan un promedio de S/80 millones de sus utilidades”, dijo.

Otro punto que buscan incluir en la negociación es que las operadoras se comprometan a proveer con gas y a un precio accesible, a la futura planta de fraccionamiento de Kepashiato, un proyecto que se ejecutará de la mano del Gobierno Regional de Cusco y la Mancomunidad Amazónica de La Convención, y que tiene el objetivo de abastecer con gas barato a la región cusqueña. La licitación pública se lanzaría en el 2022.

“Nosotros esperamos que con la planta de fraccionamiento el precio del balón de gas se reduzca en un 40% en nuestra provincia. Pero si (las empresas operadoras) nos cobran el hidrocarburo a precio del mercado (minorista) nos perjudicarían, sabiendo que este recurso está aquí”, explicó el también excongresista.

La Convención recibió este año solo S/ 25 millones de canon gasífero, la sexta parte de lo que en sus mejores momentos llegó a percibir: S/ 120 millones al año, aunque la corrupción y falta de transparencia de anteriores gestiones municipales frenaron la posibilidad de que dichos recursos se traduzcan en desarrollo en la provincia.

“No hay ninguna obra que mostrar. Por eso, también estamos solicitando un Poder Judicial mucho más activo en Quillabamba; tenemos exalcaldes que aún siguen prófugos y hay procesos a otros funcionarios que nunca terminan”, indicó Sota.

Adicionalmente, las autoridades también solicitarán incluir en el debate la remediación a favor de las comunidades nativas y de colonos afectadas por los derrames de líquidos de gas y fugas de gas natural. Al respecto, demandan que éstas sean prioridad en la política social de las operadoras.

Por último, De La Torres señaló que de la mano con la renegociación debe trabajarse en el destrabe de proyectos de inversión en La Convención cuyos procesos dependen del Gobierno central, tales como el nuevo Hospital de Quillabamba que quedó inconclusa porque la constructora se declaró en quiebra; la ejecución de la última parte (20%) del plan maestro de agua potable -están a la espera de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento autorice a la Municipalidad Provincial la ejecución directa de la obra-, así como el mantenimiento permanente de la vía que va de Quillabamba a Ivochote, y que está a cargo de Provías.

Otra exigencia es el mejoramiento de conectividad a internet. La Municipalidad Provincial aprobó un presupuesto de más de S/ 500,000 para la instalación de antenas en el distrito de Santa Ana, a fin de facilitar acceso a internet a más comunidades, sin embargo, el pago del servicio solo lo podrán realizar por un año y esperan que luego el Ministerio de Educación se haga cargo.