El Ministerio de Energía y Minas analiza acciones para reforzar las reservas y mejorar la seguridad del abastecimiento de combustibles en la región.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) viene evaluando nuevas medidas para fortalecer el suministro de combustibles en Ucayali y garantizar que la población cuente con un abastecimiento seguro y continuo.

Como parte de estas acciones, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostuvo una reunión con el diputado Oswar Elbis Cahuaza Mitivire, en la que se abordaron alternativas para atender las necesidades de la región y prevenir eventuales problemas de abastecimiento.

Durante el encuentro se informó que Petroperú es actualmente responsable del suministro de combustibles en Ucayali, trasladando los productos desde la refinería de Conchán. Asimismo, se precisó que existen inventarios disponibles tanto en las instalaciones de almacenamiento como en tránsito, por lo que no se registra, actualmente, riesgo de desabastecimiento.

Plantean reforzar fiscalización del mercado

El diputado Cahuaza planteó la necesidad de intensificar la supervisión del mercado de combustibles en Ucayali, especialmente frente a posibles prácticas de especulación y acaparamiento que puedan afectar a los consumidores.

En ese sentido, propuso la participación coordinada de organismos como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y otras entidades competentes.

El ministro Shinno señaló que trasladará la propuesta a las instancias correspondientes para su evaluación y eventual implementación.

Buscan ampliar capacidad de almacenamiento

Otro de los temas abordados fue la necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento de combustibles en Ucayali, con el propósito de contar con mayores reservas y reducir la vulnerabilidad de la región ante posibles interrupciones en el transporte o distribución.

El titular del MINEM indicó que se evaluarán los mecanismos necesarios para atender esta necesidad y desarrollar alternativas que permitan mejorar la seguridad energética de la región.

“Trabajemos en estas soluciones para mejorar las existencias y brindar mayor seguridad a la población de Pucallpa y otras ciudades de la región Ucayali”, señaló el ministro.

Por su parte, el diputado destacó la disposición del sector para trabajar de manera conjunta y alcanzar acuerdos que permitan implementar soluciones sostenibles para garantizar el abastecimiento de combustibles en Ucayali.

 La Federación petrolera considera contradictorio anunciar un nuevo rumbo para Petroperú mientras se designa al frente de la empresa a un directivo vinculado a la estrategia que promovía la administración privada y el desprendimiento de activos de la empresa.

• Asimismo, expresa su preocupación porque el ministro de Economía y Finanzas destaque supuestos «resultados impresionantes» de ProInversión, cuando el proceso de reestructuración aún no exhibe logros concretos que justifiquen la continuidad del mismo plan.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) expresó su preocupación por las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien anunció un supuesto «cambio en el rumbo de gestión de Petroperú», al considerar que las decisiones adoptadas hasta el momento reflejan, por el contrario, la continuidad del mismo modelo de reestructuración que no han producido resultados verificables para fortalecer a la empresa.

La organización sindical señaló que resulta contradictorio hablar de un cambio de rumbo cuando se ha designado como presidente del Directorio de Petroperú a Oliver Stark Preuss, quien anteriormente integró una administración que impulsó propuestas orientadas a que la empresa sea administrada por operadores privados y que contemplaban el desprendimiento de diversas unidades de negocio de la empresa estatal.

Para FENPETROL, estas decisiones generan legítimas dudas sobre cuál será realmente la política que seguirá el nuevo Gobierno respecto de la principal empresa energética del país y si existe una verdadera voluntad de fortalecerla o, por el contrario, de continuar con una estrategia que los propios resultados demuestran que no ha alcanzado los objetivos planteados.

Incongruencia entre el discurso y las decisiones

La FENPETROL recordó que el propio ministro Elmer Cuba ha señalado públicamente que busca imprimir un nuevo rumbo a Petroperú. Sin embargo, considera que dicho objetivo resulta difícil de alcanzar cuando se mantiene la misma visión que condujo el proceso de reestructuración desarrollado durante los últimos meses.

En ese sentido, FENPETROL sostuvo que no basta con anunciar cambios de gestión si se continúa apostando por los mismos criterios, los mismos responsables y las mismas recetas que no lograron fortalecer la empresa ni recuperar su sostenibilidad financiera.

La Federación advirtió además que Petroperú seguirá sometido a los alcances de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026, bajo mecanismos de administración o supervisión vinculados a ProInversión. A juicio de FENPETROL, este esquema limita la autonomía de la empresa y particularmente su capacidad para adoptar decisiones financieras con criterios técnicos y empresariales, por lo que un verdadero cambio de rumbo debe contemplar el fortalecimiento de su autonomía y de sus mecanismos de gobernanza.

ProInversión aún no muestra resultados concretos

La FENPETROL también manifestó su preocupación por las declaraciones del ministro Cuba respecto a que ProInversión viene obteniendo «resultados impresionantes» en el proceso de reorganización de Petroperú.

Al respecto, FENPETROL reiteró que, luego de siete meses de implementación del proceso de reestructuración y de la asignación de importantes recursos públicos para dicho fin, no existen resultados públicos verificables que acrediten mejoras sustanciales en la eficiencia operativa, la gestión empresarial o la situación financiera de Petroperú.

Asimismo, recordó que la Federación ya había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas revisar integralmente la actuación de ProInversión, evaluar el uso de los recursos públicos destinados a este proceso y determinar si el modelo aplicado cumplió realmente los objetivos para los cuales fue diseñado.

El país necesita fortalecer a Petroperú, no repetir errores

FENPETROL reiteró que el Perú atraviesa un escenario internacional caracterizado por alta volatilidad en los mercados energéticos y que, en ese contexto, resulta indispensable contar con una empresa petrolera estatal sólida, financieramente sostenible y con capacidad operativa para contribuir a la seguridad energética nacional.

La FENPETROL enfatizó que la reestructuración de Petroperú nunca debe entenderse como un mecanismo para reducir progresivamente el rol de la empresa o fragmentar sus operaciones, sino como un proceso destinado a modernizar su gestión, fortalecer su gobierno corporativo y mejorar su competitividad.

En ese marco, FENPETROL subrayó que, pese a las restricciones y al proceso de reestructuración, Petroperú registró resultados positivos durante el primer semestre de 2026, desempeño que atribuye al esfuerzo y compromiso de sus trabajadores. Para la Federación, estos resultados evidencian la importancia de la empresa estatal y su capacidad de contribuir a la sostenibilidad y seguridad energética del país.

«Si verdaderamente se pretende cambiar el rumbo de Petroperú, corresponde empezar por revisar críticamente el modelo de reestructuración aplicado hasta ahora y evaluar objetivamente sus resultados. No es posible esperar resultados distintos cuando se mantienen las mismas estrategias y los mismos responsables de un proceso que, hasta la fecha, no ha demostrado haber fortalecido a la empresa», señaló Rafael Noblecilla Escobedo, secretario general de FENPETROL.

Solicitan una revisión integral

La Federación consideró indispensable que se realice una auditoría forense de Petroperú que permita revisar de manera integral las decisiones administrativas, financieras y patrimoniales adoptadas durante las gestiones anteriores, así como el destino y uso de los recursos públicos comprometidos en los distintos procesos de respaldo económico a la empresa. FENPETROL sostuvo que esta revisión debe contribuir a esclarecer las causas de las dificultades acumuladas, identificar eventuales responsabilidades y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En ese sentido, FENPETROL exigió que los anteriores administradores de la petrolera estatal rindan cuentas respecto de las decisiones que condujeron a los sucesivos salvatajes económicos otorgados por el Estado, de modo que cualquier evaluación sobre el futuro de Petroperú parta de información completa, verificable y transparente.

Finalmente, la Federación reiteró su solicitud para que el Ministerio de Economía y Finanzas realice una evaluación técnica e independiente de todo el proceso de reestructuración ejecutado por ProInversión, determine las responsabilidades correspondientes sobre el uso de los recursos públicos destinados a dicho proceso y abra un espacio de diálogo con los representantes de los sindicatos para construir una estrategia que permita recuperar la competitividad y sostenibilidad de Petroperú.

Por ello, FENPETROL exigió a la nueva Administración de Petroperú y a los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, en su condición de integrantes de la Junta General de Accionistas, el cumplimiento ineludible de los siguientes puntos:

–       Predictibilidad y respaldo financiero del Poder Ejecutivo.

–       Un plan de reestructuración responsable, con objetivos, plazos y resultados verificables.

–       Defensa del rol estratégico de Petroperú y de la soberanía energética nacional.

–       Autonomía y gobernanza técnica.

Asimismo, FENPETROL considera necesario conocer si el actual Directorio de Petroperú, cualquiera sea su postura frente a las decisiones adoptadas durante la etapa en que Oliver Stark presidió el Directorio, exigirá al Estado el pago de las obligaciones que mantiene pendientes con la empresa.

La Asociación de Consumidores de Gas del Perú pidió al Estado exigir al concesionario mejoras en la infraestructura para asegurar la continuidad del servicio ante futuras emergencias.

A cinco meses de la emergencia ocasionada por una deflagración en el ducto de Camisea, la Asociación de Consumidores de Gas del Perú (Acogas) advirtió que el sistema de transporte de gas natural todavía presenta vulnerabilidades que podrían derivar en una nueva interrupción del suministro.

Durante una entrevista en Economía Para Todos de RPP, el presidente de Acogas, Roberto Santiváñez, señaló que el incidente ocurrido en marzo puso en evidencia que la infraestructura no cuenta, según su apreciación, con el nivel de disponibilidad y capacidad de respuesta establecido en el contrato de concesión.

El representante del gremio sostuvo que, pese al tiempo transcurrido desde la emergencia, el Estado todavía no habría adoptado medidas suficientes para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario.

Santiváñez consideró que la seguridad energética debe convertirse en una prioridad, debido al papel estratégico que cumple el sistema de Camisea para el abastecimiento de gas destinado a la generación eléctrica, la industria, el transporte y los hogares.

Emergencia afectó el suministro de energía

El dirigente recordó que la interrupción registrada en marzo tuvo consecuencias sobre el abastecimiento de GNV para miles de usuarios del transporte, además de reducir la disponibilidad de GLP y generar presiones sobre los precios.

Asimismo, señaló que el impacto pudo haber sido mayor si la emergencia se hubiera producido durante una temporada de menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. En ese escenario, una interrupción prolongada del suministro de gas podría incluso incrementar el riesgo de restricciones en el servicio eléctrico.

Por ello, Santiváñez insistió en que el sistema debe contar con mecanismos adecuados para responder ante contingencias y evitar que una falla puntual termine afectando a distintos sectores de la economía.

Solicitan al Estado garantizar el cumplimiento del contrato

Acogas sostuvo que la respuesta del Estado no debería limitarse a establecer eventuales sanciones por la emergencia, sino que debe centrarse en garantizar que el sistema de transporte tenga la capacidad necesaria para enfrentar futuras fallas.

Santiváñez explicó que el contrato de concesión contempla una disponibilidad del sistema de 99 %, lo que supone que una interrupción no programada debería ser superada en aproximadamente tres días y medio.

Sin embargo, recordó que después de la emergencia de marzo la recuperación del servicio tomó alrededor de 13 días y medio, un plazo considerablemente superior al previsto.

El representante de los consumidores sostuvo que corresponde al Estado exigir resultados al concesionario y asegurar que existan suficientes mecanismos de respaldo, redundancia y capacidad de respuesta.

Finalmente, afirmó que los recursos provenientes de las tarifas deberían permitir contar con una infraestructura preparada para enfrentar contingencias y reducir el riesgo de que una nueva interrupción del sistema genere impactos sobre el abastecimiento energético y la economía nacional.