Sector
Legislación ambiental peruana en cuidados intensivos

Mañana se cumple un mes del derrame de los 11.900 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, y aún no se encuentra a ciencia cierta al responsable de este ecocidio. Repsol insiste en culpar del siniestro al “oleaje anómalo”, pese a que el capitán del buque que trasladaba el petróleo aseguró a las autoridades que la embarcación no presentó incidentes y que los funcionarios de La Pampilla le ocultaron información sobre el suceso.
La semana pasada, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una primera multa de 100 UIT (S/ 460.000) relacionada a la identificación de las zonas afectadas en la emergencia ambiental.
Conforme a cifras del OEFA, las denuncias ambientales desde el 2014 superan los cuatro dígitos (ver infografía).
Lo sucedido este año en la costa peruana podría unirse a la lista de accidentes ecológicos que no se castigan de forma ejemplar. La razón de ello: la debilidad de nuestra legislación ambiental, según expertos consultados por La República.
Poca rigurosidad
El exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave sostuvo que la legislación es insuficiente, puesto que ha sido seriamente golpeada desde hace nueve años con medidas como los “paquetazos ambientales” impulsados por el Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Lo sucedido en Ventanilla debe significar un antes o un después para discutir a fondo qué marco legal e institucionalidad ambiental necesitamos en el país. Porque hoy en día las propias empresas dicen que el Estado no está jugando su rol de control y fiscalización, cuando durante años el sector empresarial ha buscado golpear a la institucionalidad ambiental”, aclaró de Echave.
Y es que en el año 2013 se decretaron las modificaciones de procedimientos ambientales con los decretos supremos 054 y 060. El primero aplicó el silencio administrativo para asuntos ambientales y de patrimonio cultural, para procedimientos de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del sector energía y minas; el segundo redujo el procedimiento de aprobación de EIA de 120 a 83 días.
De Echave recordó que el DS 054 trajo consigo los informes técnicos sustentatorios, “un proceso muy simplificado que se aprueba en 15 días sin ningún mecanismo de participación ciudadana”, y mediante el cual se dio luz verde al plan de contingencia de Repsol.
Luego vendría la Ley 30230, emitida en julio de 2014, con el fin de reactivar la economía y que establecía medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
“Esta ley nos trajo que el régimen sancionador de OEFA perdiera vigencia y nos dejó como gran lección que no podemos inmiscuir el poder del Estado, porque necesitamos que esté presente con todas las herramientas necesarias, para ejercer sus acciones de control”, explicó Carol Mora, directora del Programa de Política de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), al recordar que las multas no podían superar el 35% del total.
La moratoria estableció que en tres años el OEFA no castigara las vulneraciones ambientales de los operadores. Mora refiere que esta fue la razón por la que muchos derrames de hidrocarburos en la Amazonía “queden impunes”. Los denominados paquetazos ambientales perdieron validez en 2017.

Mano dura
De Echave afirmó que las multas en el Perú no son disuasivas, por lo que deberá ser un tema de reflexión en las autoridades el cómo fortalecer la capacidad sancionadora. A la fecha, las multas por subsector ascienden a 209.550 UIT.
Una de las propuestas del especialista implica que “las penalizaciones puedan revertir en los organismos reguladores en materia ambiental”, pero sin poner en discusión el aspecto económico “por ser largamente insuficiente”. Por ello, resaltó que debe ser el Estado quien tiene que prevenir, regular y fiscalizar de manera permanente.
Por otro lado, la judicialización de multas es un recurso empleado por las firmas con el fin de anularlas o recortarlas. La misma Repsol se resguardó en la justicia peruana en 2014, para invertir una sanción de 138,80 IUT interpuesta por el OEFA, un año antes, por un derrame ocurrido en la playa Cavero (Ventanilla). La entidad confirmó el correctivo, pero redujo la pena a la mitad al aplicar la Ley 30230, por lo que en el 2015, la empresa pagó un total de S/ 277.301,19.
“Muchas empresas judicializan las multas para postergar el pago de lo que debería ser una obligación, allí hay que simplificar los procesos, ya que es un periodo muy largo que afecta o diluye una sanción ejemplar para los que actúan de manera responsable”, remarcó De Echave.
El también exconsultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó en que también se debe reformar la norma que avala que los gastos de remediación de daños ambientales no sean deducibles de la base componible del impuesto a la renta.
Buscan precisar gastos no deducibles
Perú Libre busca modificar el artículo 44 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Impuesto a la Renta con la finalidad de establecer como no deducibles los pagos incurridos en la reparación de daños ambientales, a la salud, a los derechos de los pueblos indígenas u otros que afecten el interés público.
Juntos por el Perú propone la incorporación de dos incisos al mencionado artículo. El primero busca precisar que no son deducibles los gastos por el cumplimiento de medidas correctivas impuestas por la autoridad ambiental competente. Mientras que el segundo intentará que no sean descontables las indemnizaciones provenientes de mandatos judiciales y transacciones extrajudiciales por daños a la flora y fauna silvestre.
La palabra
José de Echave, exviceministro del Minam
“La institucionalidad ambiental se debe fortalecer y que el Ministerio del Ambiente no sea un elemento decorativo, porque hoy en día lo es, y que los organismos adscritos a este como el OEFA, el Senace y otras más también se refuercen”.
Sector
Primax Perú obtiene por quinto año consecutivo la certificación de su huella de carbono

El nuevo proceso de verificación permitió a la compañía establecer el compromiso de reducir en 5% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 2030.
Primax Perú alcanzó un nuevo hito en su gestión ambiental al obtener, por quinto año consecutivo, la certificación de la medición de la Huella de Carbono, otorgada por la empresa certificadora (ICONTEC). Este reconocimiento acredita que la compañía ha calculado y verificado sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) correspondientes al periodo 2025, consolidando un proceso de medición y seguimiento basado en información confiable, trazable y verificable.
La certificación contempla la verificación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Primax y Coesti, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO 14064-1:2018. El proceso evaluó los límites organizacionales y operacionales definidos por ambas compañías, así como la calidad, trazabilidad y consistencia de la información reportada para las categorías de emisiones 1, 2, 3, 4 y 5.
“Verificar nuestra Huella de Carbono por quinto periodo consecutivo refleja el fortalecimiento de nuestra gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y nuestro compromiso con una gestión ambiental transparente y basada en datos. Contar con información verificada y trazable nos permite tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de mejora e impulsar acciones alineadas con el crecimiento sostenible del negocio y el cuidado del medio ambiente”, señaló Juan Carlos Condor, gerente de SSMA de Primax.
El Programa “Huella de Carbono Perú”, impulsado por el MINAM, reconoce a las organizaciones que miden, verifican, reducen y reportan sus emisiones de gases de efecto invernadero, a partir de información confiable y la identificación de oportunidades de mejora frente al cambio climático, Primax Peru forma parte de este programa y continúa sumando esfuerzos para obtener la tercera estrella.
La medición de la huella de carbono se enmarca en un conjunto de acciones orientadas al uso eficiente de los recursos y la reducción de impactos. Durante 2025, Primax valorizó 6.2 toneladas de plástico PET, papel y cartón de sus oficinas, y alrededor de 5.11 toneladas de aceite automotriz usado de sus estaciones de servicio para su valorización y reutilización en otros procesos industriales. Además, implementó medidas de ecoeficiencia, como el reemplazo de equipos por otros de mayor eficiencia energética y la migración a iluminación LED en sus plantas de envasado de GLP.
Con esta quinta certificación, Primax Perú da un paso más en su gestión ambiental, midiendo y mejorando de forma constante su desempeño. A partir de los resultados de su última verificación, la compañía ha establecido el compromiso de reducir en 5% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 2030, fortaleciendo el trabajo conjunto con sus grupos de interés para avanzar hacia una cadena de valor más sostenible.
Sector
Petroperú refuerza acciones preventivas ante la llegada del Fenómeno El Niño Costero

Petroperú informó que viene fortaleciendo sus planes de prevención y respuesta en sus principales operaciones a nivel nacional ante la afectación prevista por el Fenómeno El Niño Costero durante el 2026.
Como parte de estas acciones, la empresa implementa un plan específico para cada una de sus instalaciones operativas, el cual contempla el planeamiento estructurado del suministro de crudo e insumos, así como medidas orientadas a garantizar el normal abastecimiento de combustibles en todo el país.
El plan también comprende inspecciones técnicas de la infraestructura crítica, mantenimiento preventivo de los sistemas de drenaje, revisión de equipos esenciales y verificación de los sistemas eléctricos y de respaldo. Estas labores se ejecutarán en función de la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, Petroperú realizará reuniones de coordinación con gobiernos regionales, municipalidades y entidades del Estado para identificar riesgos y definir acciones conjuntas de prevención.
La empresa señaló que estas actividades forman parte de su compromiso con una gestión responsable e integral de sus procesos, con el objetivo de contribuir al abastecimiento oportuno de combustibles para la población y los sectores productivos del país.
Además, indicó que, a través de su Comité de Lluvias, efectuará un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y mantendrá una comunicación continua con las autoridades competentes para salvaguardar a las personas, la infraestructura de sus operaciones, el ambiente y la seguridad energética del país.

Hidrocarburos
SPH pide que próximo gobierno defina designación de directores de organismos reguladores
- El gremio sostiene que, en un sector que requiere previsibilidad regulatoria de largo plazo, decisiones de este tipo no deberían tomarse en las últimas semanas de una administración saliente.

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) exhortó al Gobierno a que la designación de los nuevos directores de los organismos reguladores sea asumida por la próxima administración que iniciará funciones el 28 de julio.
El pedido comprende los procesos de selección actualmente en curso para Osinergmin, Osiptel, Ositran y Sunass, entidades responsables de supervisar sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país.
El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, señaló que decisiones de esta naturaleza no deberían adoptarse en las últimas semanas de una gestión saliente, debido a que definirán la conducción de organismos clave durante los próximos años.
Asimismo, indicó que en el caso de Osinergmin existe una preocupación particular por el impacto que estas decisiones pueden tener sobre la estabilidad regulatoria del sector energético. Recordó que las inversiones en hidrocarburos son de largo plazo y requieren un entorno predecible para su desarrollo.

Cantuarias sostuvo que la designación de nuevas autoridades en los organismos reguladores debe realizarse en el marco de una transición ordenada y con una visión de largo plazo, garantizando la continuidad de criterios técnicos y la confianza en las instituciones.
Finalmente, la SPH remarcó que el próximo gobierno debe conducir estos procesos de selección, contribuyendo a preservar la estabilidad regulatoria que demandan los sectores productivos del país.

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