Al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas este lunes tras la explosión de una tubería de gas en una zona residencial de la ciudad brasileña de Sao Paulo, accidente que provocó la destrucción de unas 10 viviendas, informaron las autoridades locales.

La portavoz del Cuerpo de Bomberos, la capitana Karoline Burunsizian, informó que un hombre de 45 años fue hallado sin vida entre los escombros después de la explosión ocurrida en el barrio de Jaguaré, en la zona oeste de la mayor urbe de Brasil y Sudamérica.

De acuerdo con información preliminar de los bomberos, el incidente estaría relacionado con la empresa de saneamiento del estado de Sao Paulo (Sabesp), que habría afectado una tubería de gas durante trabajos de infraestructura.

Equipos de rescate, junto con agentes de la policía y bomberos, continuaban las labores de búsqueda ante la posibilidad de que haya más víctimas atrapadas bajo los escombros de las viviendas colapsadas.

La Defensa Civil informó que dos personas fueron rescatadas conscientes y trasladadas al Hospital Regional de Osasco, en la región metropolitana de Sao Paulo, mientras que un trabajador de Sabesp acudió por sus propios medios a un centro médico para recibir atención.

Las autoridades señalaron además que la explosión causó daños materiales en casas cercanas, incluida la rotura de ventanas en un complejo residencial próximo al lugar del siniestro.

Imágenes difundidas por la cadena de noticias Globonews mostraron viviendas destruidas y a equipos de emergencia trabajando entre los escombros.

El Poder Ejecutivo aprobó el decreto de urgencia nro. 003-2026 que establece medidas extraordinarias y urgentes para mitigar la crisis energética y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional. Estas comprenden un nuevo esquema de financiamiento de hasta 2000 millones de dólares que provendrá de la banca privada internacional para garantizar la operatividad de Petroperú.

La medida fue dada a conocer por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien enfatizó que no se trata de un rescate como los realizados anteriormente. “Por primera vez el financiamiento no vendrá del tesoro público, no se tocará un sol de los impuestos de todos los peruanos”, remarcó.

Para ello, la norma establece la creación de un vehículo de propósito especial para canalizar el dinero obtenido íntegramente de la banca privada internacional y protegerlo de las deudas anteriores.

Con ese fin se gestionará un fideicomiso que será controlado por ProInversión y contará con una garantía no financiera que será respaldada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). “Se trata de un respaldo estratégico para generar confianza en el mercado privado sin salida de recursos del tesoro. Este modelo tiene un principio fundamental: proteger el dinero de todos los peruanos”, subrayó.

Cabe indicar que estos recursos tendrán un uso restringido exclusivamente para la compra de crudo y el abastecimiento de la cadena de suministro. Asimismo, no constituye un rescate financiero estatal, sino una reforma estructural para asegurar la provisión de combustible en todo el país, especialmente en zonas críticas como Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde la empresa tiene una participación de hasta el 85 %.

En otro momento, el premier Arroyo reafirmó que Petroperú seguirá siendo una empresa estatal, pero su gestión debe cambiar para ser más sostenible. “Este Gobierno de transición ha asumido un compromiso: no repetir los errores del pasado. Estamos garantizando el abastecimiento de combustible, protegiendo la estabilidad económica y, al mismo tiempo, cuidando el dinero de todos los peruanos”, puntualizó.

La norma, que lleva la rúbrica del presidente José María Balcazar, permite el cumplimiento de las medidas extraordinarias adoptadas en el decreto de urgencia 010-2025 de diciembre de 2025, y contribuye a evitar una crisis energética e impulsa el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú.

El Gobierno peruano autorizó, mediante el Decreto de Urgencia Nº 003-2026, un rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para Petroperú, en respuesta a la crisis energética, la falta de liquidez de la compañía y el impacto de la reciente alza internacional de precios del petróleo.

Los fondos, autorizados como “medidas extraordinarias” (tras una resistencia previa del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF), serán finalmente canalizados mediante fideicomisos para garantizar la continuidad operativa y el abastecimiento nacional de combustibles.

Petroperú: el Estado reconoce impacto vulnerabilidad energética

El documento firmado por el presidente José María Balcázar detalla que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han reducido la oferta mundial de petróleo, encareciendo los precios y poniendo en riesgo la seguridad energética de países importadores como el Perú.

En esta línea, el decreto destaca que el 74% de la matriz energética nacional depende de hidrocarburos, y que la ausencia de estos insumos tendría efectos negativos en todas las actividades económicas del país.

“No se cuenta con sustituto de los combustibles que se obtienen a partir de los hidrocarburos, de tal manera que afiancen la seguridad energética que demanda el país”, señala.

La canalización, disposición y reposición de recursos se harán a través de fideicomisos, y solo la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) está autorizada para instruir sobre el uso de esos fondos.

MINEM podrá garantizar hasta USD 2.000 millones en garantías

El decreto autoriza a la primera empresa del país a constituir, individualmente o en asociación, un vehículo de propósito especial destinado a canalizar recursos y asegurar la continuidad de sus operaciones.

Sin embargo, esta operación deberá ser estructurada y acompañada por ProInversión, que también supervisará el uso de los fondos en todo el proceso.

Se establece que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) podrá asumir compromisos contingentes hasta por el equivalente a USD 2.000 millones, destinados exclusivamente a financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles y cubrir servicios necesarios para la producción de hidrocarburos. En otras palabras, Petroperú se volverá a endeudar con la banca y el Estado pondrá el pecho si no paga; es un aval.

El documento aclara que estos compromisos “no afectarán los fondos orientados a la electrificación rural”, y autoriza compromisos de corto plazo por hasta USD 500 millones que deberán pagarse con los recursos obtenidos por la operación principal.

ProInversión supervisará el uso de los recursos asignados

Se fija un plazo de 10 días para que ProInversión apruebe el protocolo para canalización y disposición de fondos, y 60 días para el protocolo de administración en el marco del decreto anterior (N° 010-2025).

Además, la petrolera estatal queda exceptuada de las disposiciones de su propio Estatuto que obstaculicen la implementación de estas medidas.

Finalmente, se ordena al Directorio y Gerencia General de la empresa ejecutar los actos societarios necesarios en un plazo máximo de 5 días hábiles tras recibir la decisión de ProInversión sobre el destino de los recursos.

“La atención de los compromisos contingentes en ningún caso afectará los fondos orientados a la electrificación rural”, subraya el documento.

Vigencia y responsabilidades

El Decreto de Urgencia Nº 003-2026 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La supervisión y validación técnica de los términos de la operación recaerán en ProInversión, que representará al MINEM en la formalización de los compromisos.

La publicación ocurre días después de que Edmundo Lizarzaburu asumiera la presidencia del directorio de Petroperú, coincidiendo con el regreso de directivos que habían sido removidos por la reestructuración.