o Como resultado de la participación activa se logró establecer compromisos institucionales.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Oficina General de Gestión Social (OGGS), realizó con éxito una reunión informativa en Tingo María, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, como parte de su compromiso de fortalecer relaciones armoniosas entre las autoridades locales, la empresa a cargo del proyecto minero El Valiente y las poblaciones del área de influencia directa.

El encuentro multisectorial, desarrollado el 30 de octubre de 2025, contó con la participación de las municipalidades distritales de Leoncio Prado, así como de organizaciones sociales, colectivos ambientales y comunidades locales.

Durante la jornada, la empresa Hannan Metals, titular del proyecto El Valiente, expuso los alcances, ubicación, impactos y compromisos sociales de la iniciativa. Asimismo, representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR–MIDAGRI), la Administración Local del Agua (ALA) de Tingo María y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), abordaron los temas relacionados con la autorización forestal y las competencias de supervisión ambiental, respectivamente.

El espacio de diálogo ciudadano permitió recoger opiniones, consultas y aportes de las comunidades ubicadas en el área de influencia, promoviendo la transparencia, el diálogo participativo en torno al desarrollo sostenible de la provincia de Leoncio Prado.

El MINEM reafirma su compromiso de impulsar espacios de diálogo permanente, fortaleciendo la confianza entre el Estado, las empresas y la ciudadanía, en el marco de una gestión social preventiva y participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades.

El director de Compañía de Minas Buenaventura, Raúl Benavides, alertó que existen 238 pasivos ambientales mineros de alto riesgo en el país que requieren atención inmediata.

Asumir la remediación de los más de 50 mil pasivos ambientales mineros (PAMs) vinculados a las inscripciones vencidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) podría significar para el Estado peruano un costo superior a los US$ 25 mil millones. Así lo advirtió Raúl Benavides, director de Compañía de Minas Buenaventura, en su exposición “Pasivos ambientales y cierre de minas: Retos y oportunidades”, durante el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El especialista explicó que la magnitud del problema debe llamar a la reflexión sobre la urgencia de implementar una estrategia integral de gestión ambiental que involucre al Estado, la empresa privada y la academia. “El costo superaría los US$ 25,000 millones, una cifra equivalente a casi el 30% de las reservas internacionales del país”, manifestó en el auditorio del IIMP.

Esfuerzo prioritario

El ejecutivo señaló que, según el Anuario Minero 2024 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se han identificado 6,001 PAMs a nivel nacional, de los cuales 3,346 no están siendo gestionados. Sin embargo, precisó que hay un grupo de PAMs que deberían ser prioritarios.

“De ese total, unos 238 presentan un riesgo alto y muy alto, por lo que deberían ser el foco principal de intervención. Esos son los pasivos ambientales que pueden hacer daño a las personas, al ambiente y a la sociedad en conjunto, ahí tenemos que concentrar los esfuerzos”, sostuvo Benavides.

El ingeniero de minas aseveró que remediar los pasivos ambientales generados por las operaciones mineras puede costar en promedio alrededor de US$500 mil, “no es una tarea menor ni gratuita”.

De otro lado, Benavides remarcó que el cierre de una mina busca garantizar la estabilidad física, química, hidrogeológica, biológica y social de las áreas intervenidas, evitando impactos residuales y promoviendo su reutilización futura.

Lentitud en el proceso

El especialista resaltó que el proceso de cierre de minas requiere una revisión para hacerlo más eficiente. Señaló que los costos de mantenimiento post cierre son elevados, y la certificación de cierre final muchas veces tarda décadas. En ese sentido, cuestionó la lentitud del proceso, pues sólo 7 minas han obtenido certificación de cierre desde la implementación de las leyes sobre pasivos ambientales mineros y cierre de minas.

“Prácticamente, en más de 20 años de contar con las leyes de PAMs y de cierre de minas, sólo se han emitido 7 certificados. Quiere decir que los encargados de esto se quedan con estos pasivos a cargo y tienen que seguir viéndolos por más de 20 años, si no hacemos algo esto va a ser una responsabilidad perpetua”, aseveró.

Benavides culminó su ponencia destacando la importancia de agilizar los procesos y optimizar el uso de recursos con el fin de orientarlos hacia proyectos de rehabilitación que generen mayor impacto y beneficio para el entorno.

A través de la Resolución Ministerial N° 353-2025, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que Máximo Rodolfo Gallo Quintana retorna a la Dirección General de Formalización Minera, tras haber renunciado el último 5 de setiembre.

Hoja de Vida
Gallo Quintana, quien ya ocupó el cargo en septiembre pasado, es abogado de formación, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha complementado su preparación con una Maestría en Gerencia Social en la misma institución, así como un Diplomado en Gerencia de Proyectos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

El ejecutivo también se ha desempeñado en el campo de la gestión social. Ocupó el cargo de Gerente de Social en Graña & Montero Petrolera. Además, entre 2013 y 2014, Gallo Quintana fue gerente senior de Desarrollo Regional y Comunidades en Rio Tinto. Anteriormente ocupó el mismo cargo este año desde enero hasta septiembre pasado.

Resolución ministerial
La norma lleva la firma del ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz y publicada en el diario El Peruano. De acuerdo con el documento, la designación se sustenta en los informes técnicos y legales de las oficinas de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica e Integridad Institucional del Minem, que confirmaron que el funcionario cumple con los requisitos del puesto y no presenta conflicto de interés.

Además, la resolución precisa que el vínculo laboral del nuevo director se regirá por las disposiciones de la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil, su reglamento y las normas emitidas por Servir, entidad rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.